Una controversial y trascendental operación financiera sacudió los cimientos del sector público nacional tras confirmarse la adjudicación definitiva de la mayor empresa estatal de agua y saneamiento.
Mientras el Palacio de Hacienda acelera los plazos para efectivizar el traspaso del control operativo, crecen las sospechas e interrogantes en torno a la opaca estructura de propiedad de un enigmático fondo internacional que lidera el consorcio ganador.
El Gobierno adjudicó el 90% de AySA por US$ 340,2 millones
Mediante la Resolución 1818/2026 firmada por el ministro de Economía Luis Caputo, el Estado nacional adjudicó el 90% del paquete accionario de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) al consorcio integrado por Rowing SA, Arcos Saneamento e Participações SA, PHX Aqua AR BV y Transclor SA.
La oferta ganadora superó por US$ 55,2 millones a la propuesta del grupo cordobés Roggio (US$ 285 millones) en una tasación respaldada por el BICE. El pliego establece que el 13 de noviembre se firmará el contrato de compraventa y los adjudicatarios deberán constituir una sociedad argentina para recibir 135.000 acciones Clase A,manteniendo el 10% restante en manos de los trabajadores mediante el Programa de Propiedad Participada.
Fondo en Curaçao, sociedades fantasma y empresarios salpicados
El aspecto más oscuro de la privatización radica en PHX Aqua AR BV, sociedad creada en Ámsterdam en agosto de 2026 (semanas antes de la licitación) con solo un empleado y vinculada a Phoenix Global Investment Fund BV en el paraíso fiscal de Curaçao, manejada por Amicorp Fund Services.
Aunque se estima que tendría el 55% del consorcio, la resolución no detalla los dueños finales ni la distribución interna. El resto del grupo se compone por Arcos Saneamento (del brasileño Grupo Equipav) con 15% como operador técnico; Rowing SA (20%) ligada a Walter Román; y Transclor SA (10%) de Mauricio Filiberti, histórico proveedor de químicos potabilizadores e inversor en Edenor.
Pese a que el pliego exige certificar activos por US$ 1.000 millones para fondos privados e identificar a los beneficiarios finales, los documentos oficiales saltean la especificación de estos requisitos patrimoniales.