Un temblor político y judicial sacude los despachos del Poder Ejecutivo tras una drástica presentación penal.
El abogado Gregorio Dalbón formalizó un pedido de detención inmediata contra el ministro de Economía, Luis Caputo, el presidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA), Santiago Bausili, y el director de la entidad monetaria, Juan Curutchet. La solicitud se fundamenta en las controvertidas maniobras con derivados financieros sobre las reservas de oro concretadas durante el año 2025.
Pérdidas millonarias, presunta asociación ilícita y maniobras con el oro
El letrado precisó que las gestiones con el metal precioso deben ser juzgadas bajo los delitos de defraudación contra la administración pública, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Asimismo, no descartó la figura de asociación ilícita encabezada por Caputo. Dalbón remarcó que, de acuerdo con los registros de la Auditoría General de la Nación (AGN), las operaciones con derivados generaron un saldo negativo de 1.023 millones de dólares por egreso de divisas ($960,2 millones por opciones y $62,8 millones en primas), contraponiéndose a una ganancia por diferencia de cotización de $8.002.500 millones.
El escrito que será ratificado ante el juez Ariel Lijo y el fiscal Eduardo Taiano exige la detención de los funcionarios bajo el argumento de obstrucción a la justicia por mentir en las auditorías. Además, el letrado solicitó la prohibición de salida del país para los imputados, el veto de ingreso a dependencias clave del BCRA y del Palacio de Hacienda, y la inhabilitación para contactar a testigos o auditores del proceso.
La denuncia previa de Marcela Pagano y el reclamo por los fondos públicos
La embestida judicial se suma al frente penal que ya habían abierto legisladores nacionales. El pasado 10 de agosto, la diputada Marcela Pagano hizo pública una denuncia penal contra la dupla Caputo-Bausili por casi $4 billones de fondos públicos sin trazabilidad. En aquel entonces, la legisladora fustigó la respuesta brindada por la conducción del BCRA al sostener que la frase «en algún lado están» resultaba inaceptable para la administración del patrimonio nacional.
De esta manera, la causa impulsada por la querella busca esclarecer el destino exacto de cada divisa implicada, determinar las responsabilidades operativas e identificar si existieron beneficiarios privados a expensas de las arcas públicas.