La Comisión de Presupuesto y Hacienda recibe a las autoridades de Educación con un piso oficial de $7,7 billones, frente a los $11 billones reclamados por las universidades. Oposición y bloques provinciales exigen cumplir la Ley de Financiamiento, mientras la UCR se suma al reclamo y las calles vuelven a movilizarse.
En una jornada clave para la ley de gastos del próximo ejercicio, la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, presidida por el legislador libertario Bertie Benegas Lynch, retoma este martes desde las 10:00 el debate del proyecto de Presupuesto 2027. El encuentro estará centrado en las partidas destinadas a la educación superior y contará con las exposiciones del secretario de Educación, Carlos Torrendell, y del subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, ambos funcionarios del Ministerio de Capital Humano.
El eje central del cruce parlamentario radica en la brecha de recursos: el proyecto presentado por el Poder Ejecutivo fija transferencias para las universidades nacionales por un total de $7,7 billones, mientras que el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) solicitó una partida global de $11 billones para asegurar la operatividad de las casas de estudio.
La presión de la oposición: «En democracia las leyes se cumplen»
Los bloques opositores y bancadas dialoguistas coordinaron posturas para exigir que el texto final contemple los fondos previstos por la normativa vigente. Desde Encuentro Federal, el diputado Miguel Pichetto ratificó su postura en defensa del sistema universitario:
«Financiar la educación es una política de Estado que debe sostenerse a través de los gobiernos y las generaciones. Es la posición que defendí en el Senado y mantengo en Diputados: garantizar el presupuesto universitario, la gratuidad y la posibilidad de estudiar en todo el país. El Gobierno debe cumplir la Ley de Financiamiento Universitario y garantizar los recursos para el funcionamiento de las universidades públicas», remarcó Pichetto.
En esa misma línea, el diputado socialista Esteban Paulón fue tajante al reclamar a la administración central:
«En democracia las leyes se cumplen. Cumplan con las universidades», aseveró Paulón.
Desde el oficialismo, la respuesta llegó a través de la diputada jujeña de La Libertad Avanza, Bárbara Andreussi, quien defendió el modelo de gratuidad pero cuestionó severamente la eficiencia en la administración de los fondos públicos:
«Estamos a favor de la universidad pública sin aranceles. Estamos en contra de que se niegan a ordenar las cuentas: hay rectores que cobran hasta 18 millones y universidades como la UNA que gastan $423 millones por graduado, con bajísimas tasas de egreso. Basta de malgastar el dinero de los argentinos», replicó Andreussi.
Proyectos provinciales, respaldo de la UCR y movilización en las calles
El reclamo parlamentario sumó también la presión de los bloques provinciales. Desde la bancada de Argentina Federal —conducida por Oscar Herrera Ahuad y alineada con los gobernadores de Salta, Gustavo Sáenz, y de Misiones, Hugo Passalacqua—, el diputado misionero Alberto Arrúa presentó un proyecto de resolución para obligar al Ejecutivo a adecuar las partidas presupuestarias.
«El financiamiento de nuestras universidades públicas debe ser una prioridad en la planificación presupuestaria del Estado nacional. No alcanza con reconocer la importancia de la educación superior: es indispensable garantizar los recursos que permitan sostener su funcionamiento, acompañar a sus trabajadores y asegurar el acceso de nuestros jóvenes a la educación universitaria», sostuvo Arrúa.
A la par, la conducción nacional de la Unión Cívica Radical (UCR), encabezada por Leonel Chiarella, anunció su respaldo explícito al presupuesto de $11 billones solicitado por el CIN, tras un plenario mantenido con legisladores y el bloque de Rectores Reformistas.
El debate en las comisiones coincidirá en las afueras del Congreso con la quinta Marcha Federal Universitaria. Un informe elevado por los sectores académicos advierte que el presupuesto universitario de 2026 cayó un 25,3% en términos reales en comparación con 2023, al tiempo que los salarios docentes se encuentran un 24,2% por debajo de los niveles de aquel período. Según sus cálculos, se requiere una recomposición del 32% sobre las planillas de septiembre para cumplir la ley.
El proyecto de Presupuesto 2027 contempla, entre sus pautas macroeconómicas generales, una proyección de crecimiento del PBI del 4%, una inflación interanual del 18% y un tipo de cambio oficial estimado en $1.847,60 para diciembre de 2027.