La Comisión de Presupuesto y Hacienda recibe al secretario Carlos Torrendell y a Alejandro Álvarez tras las masivas protestas frente al Congreso. Las universidades nacionales exigen $11 billones, mientras el Gobierno insiste en que actúa «a derecho» y justifica la suspensión de fondos.
En un clima atravesado por la alta tensión política y el reclamo de la comunidad académica, la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados debatirá este martes las partidas asignadas al Presupuesto Universitario 2027. La jornada contará con las exposiciones de los principales funcionarios del área educativa del Poder Ejecutivo, pocos días después de las multitudinarias manifestaciones registradas en las inmediaciones del Congreso Nacional.
La delegación oficial estará encabezada por el secretario de Educación, Carlos Torrendell, y el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, quienes tendrán a su cargo la defensa técnica y política de los recursos fijados en la pauta de gastos para el próximo ejercicio.
El punto central del conflicto radica en la brecha financiera: mientras que la propuesta formal del Poder Ejecutivo contempla una partida de $7,3 billones para las casas de altos estudios, el conjunto de las Universidades Nacionales reclama una asignación global de $11 billones para garantizar el funcionamiento operativo, los programas sanitarios y el sostenimiento salarial.
La postura de la Casa Rosada y el debate por la vía legal
Durante la reunión de comisión, los representantes del Gobierno ratificarán ante los legisladores que la gestión oficial actúa bajo estricto cumplimiento normativo, amparándose en las leyes de Ejecución Presupuestaria y de Administración Financiera vigentes.
Al argumentar sobre la controversia originada por la suspensión de fondos que habían sido aprobados por el Poder Legislativo, el subsecretario Alejandro Álvarez fundamentó la posición del Palacio de Hacienda y del Ministerio de Capital Humano:
«Votaron una ley que asigna fondos por fuera de la Ley de Administración Financiera. Por tanto, resulta aplicable el artículo 5 de la Ley de Ejecución Presupuestaria», sostuvo Álvarez respecto al accionar de los parlamentarios.
En ese sentido, el funcionario justificó las decisiones administrativas tomadas por el presidente y la conducción económica:
«Obliga a promulgar y suspender la ejecución de la ley votada sin fondos asignados. Tras ello, también cumplimos la medida cautelar dictada. Al día de hoy, la causa se encuentra apelada ante la Cámara y, por tanto, actuamos plenamente a derecho», enfatizó el subsecretario.
Asimismo, el texto oficial estipula que las instituciones académicas deberán remitir periódicamente la información necesaria al Ministerio de Capital Humano para auditar las transferencias. El articulado faculta al Ejecutivo a congelar giros de fondos en caso de incumplimientos administrativos y establece un límite máximo para los incrementos salariales del sector docente y no docente durante 2027.
Recortes en programas, becas y foco en la alfabetización
El presupuesto global proyectado para el área de Educación alcanzará los $9,8 billones. No obstante, el proyecto oficial prevé reducciones presupuestarias en programas clave, como las becas Progresar, la infraestructura escolar universitaria y los fondos destinados a la Educación Sexual Integral (ESI).
En contrapartida, la propuesta destinará $773.000 millones al desarrollo del Plan Nacional de Alfabetización y garantiza la continuidad del esquema de reparto automático de recursos a las provincias.