En un giro decisivo para la agenda legislativa y la lucha contra la impunidad en la Argentina, el bloque oficialista de La Libertad Avanza (LLA), en alianza estratégica con espacios dialoguistas, acelera el tratamiento de un durísimo proyecto de ley que propone la imprescriptibilidad de los delitos sexuales más aberrantes y el endurecimiento generalizado de las penas contra los agresores.
La iniciativa es impulsada por la diputada Virginia Gallardo y cuenta con el respaldo de sus pares libertarias Laura Rodríguez Machado, Johanna Longo, Gladys Humenuk, Giselle Castelnuovo y Gabriela Flores; además del apoyo de Carolina Basualdo (Provincias Unidas), Nancy Picón Martínez (Producción y Trabajo), Gladys Mendoza (Tucumán) y Pamela Berasay (UCR).
Modificación del Código Penal: fin del beneficio del tiempo para los abusadores
El eje central de la reforma apunta a modificar el artículo 65 e incorporar el artículo 65 bis al Código Penal para dictaminar que la acción penal no prescriba en los delitos sancionados con pena de prisión perpetua. Asimismo, el texto extiende de 12 a 15 años el plazo general para la prescripción de las causas por delitos contra la integridad sexual, evitando que el paso del tiempo extinga la responsabilidad criminal.
«Si para determinados delitos el propio Código Penal establece la pena más grave de todo el sistema, no resulta coherente que el Estado pierda para siempre la posibilidad de perseguirlos simplemente porque pasó el tiempo», argumentó Gallardo en los fundamentos del proyecto, remarcando la urgencia de dotar de coherencia al sistema judicial.
Escalada en las penas por abuso a menores y freno a las excarcelaciones
El proyecto endurece drásticamente las condenas por ataques contra menores de 13 años: se establecen escalas de 1 a 6 años para abusos simples, de 4 a 12 años cuando configure un sometimiento agravado y de 6 a 20 años en casos de violación. En cuanto a las agresión contra adolescentes de entre 13 y 16 años, las penas aumentan a rangos de 3 a 6 años y de 6 a 10 años, lo que imposibilitará que estos delitos sean excarcelables.
Con esta ofensiva parlamentaria, el oficialismo busca enviar un mensaje contundente contra la impunidad, en el marco de las políticas de seguridad que constituirán uno de los ejes centrales de cara al escenario político de 2027.