En un fallo judicial de alto impacto político e institucional, el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11 declaró inconstitucional el polémico Decreto 759/2025 emitido por el Poder Ejecutivo y ordenó la aplicación inmediata de la Ley de Financiamiento Universitario.
La resolución representa un rotundo revés para la estrategia del presidente en su intento por congelar la actualización presupuestaria de las casas de altos estudios y la recomposición de los salarios.
La medida fue firmada por el juez Martín Cormick al dar lugar favorable al amparo colectivo promovido por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) junto a la Universidad de Buenos Aires (UBA) y diversas universidades públicas del país, justo en el inicio de una nueva jornada de paro nacional de docentes y no docentes.
Un mecanismo «extraconstitucional» para bloquear la decisión del Congreso
La disputa legal escaló luego de que el Gobierno intentara frenar la ley mediante el veto presidencial. Tras el contundente rechazo del Congreso que ratificó la normativa con mayorías agravadas, el Ejecutivo emitió un decreto donde condicionaba el financiamiento a que se determinen partidas presupuestarias específicas. Ante esto, el magistrado remarcó que el decreto funcionó como «una figura de instancia de veto no prevista en la Constitución Nacional» para eludir la voluntad parlamentaria.
En el texto del fallo, Cormick fundamentó que la decisión del Gobierno «no supera un test mínimo de razonabilidad, en tanto permite suspender e inaplicar una ley en donde el Congreso insistió». Asimismo, el juez dejó en claro que «el control judicial de decisiones con impacto presupuestario es una de las consecuencias propias de la justiciabilidad del Estado», tirando por tierra los argumentos oficiales para postergar los fondos.
Intimación para recomponer salarios y el bajo costo fiscal en debate
Con esta sentencia, la Justicia intimó al Poder Ejecutivo a avanzar de forma urgente con el dictado de las normas reglamentarias necesarias para transferir las partidas operativas y salariales a las universidades. Además, el fallo desarticuló el discurso oficial sobre la presunta insostenibilidad financiera del proyecto en un contexto de prórroga presupuestaria del ejercicio 2023.
El magistrado citó informes oficiales de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) para cuestionar la magnitud del impacto en las cuentas públicas, precisando que la aplicación de la ley para todo el año 2025 representa únicamente cerca del 0,23% del PBI nominal proyectado. La resolución abre ahora un escenario decisivo para el reclamo de la comunidad universitaria.