La cotización de la petrolera británica Rockhopper Exploration sufrió este lunes un estrepitoso derrumbe de casi un 20% en los primeros movimientos de la Bolsa de Londres.
La abrupta caída se desencadenó tras la confirmación de la propia compañía de que mantendrá en pie el polémico proyecto de exploración e hidrocarburos offshore Sea Lion, emplazado en la cuenca marina de las Islas Malvinas. Con este desplome del 19,28% en una sola jornada, las acciones de la firma acumulan una alarmante pérdida del 32% en el último mes, conteniendo retrocesos del 8,13% en los dos primeros días hábiles de octubre y una merma del 18% registrada a lo largo de septiembre.
Desafío a las sanciones de Argentina en el Atlántico Sur
La profunda crisis bursátil de la compañía británica cobra fuerza en un escenario de altísima tensión geopolítica. Rockhopper ratificó de manera categórica que continuará adelante con las tareas extractivas en la plataforma marina de Malvinas, ignorando frontalmente las severas sanciones dispuestas por la administración nacional por operar ilegalmente y sin la correspondiente habilitación del Estado argentino.
En la estructura societaria del yacimiento, Rockhopper ostenta una participación del 35%, mientras que el 65% restante pertenece a la firma israelí Navitas Petroleum, que actúa como operadora directa. La fase inicial del desarrollo hidrocarburífero contempla la perforación de 11 pozos, cuyo financiamiento fue formalmente aprobado a finales de 2025. El cronograma trazado prevé iniciar los trabajos de perforación de desarrollo a comienzos del año 2027, estimando el arranque del proceso de producción masiva para el primer trimestre de 2028.
La embestida judicial de Milei y el arbitraje internacional
Ante el avance unilateral en la plataforma insular, la Casa Rosada resolvió endurecer la contraofensiva diplomática e implementar un paquete integral de penalizaciones contra toda entidad vinculada a la explotación ilegal de recursos en el Atlántico Sur. El plan de acción oficial abarca desde expedientes administrativos sancionatorios hasta denuncias penales y querellas judiciales directas contra los ejecutivos involucrados.
El presidente Javier Milei instruyó formalmente esta misma semana el inicio de un procedimiento de arbitraje internacional amparado en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR). La acción prevé la constitución de un tribunal arbitral integrado por cinco magistrados; no obstante, el Estado argentino evalúa requerir medidas cautelares urgentes e interinas ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar con el objetivo de paralizar los trabajos en el proyecto Sea Lion. De este modo, la República Argentina consolida e intensifica sus reclamos de soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes.