Una votación clave en la Cámara alta promete sacudir el mapa logístico argentino y encendió de inmediato las alarmas en los sindicatos del transporte terrestre y marítimo.
Con el respaldo de mandatarios provinciales y de la Casa Rosada, la iniciativa busca abaratar los fletes de larga distancia abriendo la competencia en ríos y mares, aunque dejó expuesta una fuerte grieta sobre el empleo local y la soberanía nacional.
El Senado aprobó y giró a la Cámara de Diputados un proyecto de desregulación del cabotaje que habilita a buques extranjeros a operar entre puertos argentinos con el objetivo de ampliar la oferta de embarcaciones y reducir los costos logísticos del transporte automotor.
42 votos a favor, cruces en el recinto y rechazo sindical
Impulsada por las senadoras Carolina Moisés (Convicción Federal) y Silvana Schneider (UCR) con el apoyo de los gobernadores del norte del país y del Gobierno Nacional, la norma cosechó 42 votos afirmativos provenientes de La Libertad Avanza, Convicción Federal, Movimiento por Misiones, Despierta Chubut y Primeros los Salteños, frente a 24 votos negativos del Bloque Justicialista y Moveré Santa Cruz.
En sentido opuesto, gremios de camioneros,navieros y armadores locales rechazan la medida al advertir que el desembarco de naves foráneas amenaza el empleo argentino.
Durante el debate, Moisés defendió la iniciativa: «Este proyecto de régimen de cabotaje, marina mercante y admisión temporaria es un consenso de todos los gobernadores. Fue una iniciativa de los gobernadores del Norte Grande que cuestionaron por qué tenemos que pagar para llegar al puerto de Buenos Aires».
En esa sintonía, Schneider sostuvo que «la reforma del régimen de cabotaje permitiría aprovechar la capacidad de la flota mercante que ya opera en la hidrovía vinculando la infraestructura portuaria existente con la producción regional”, mientras que la misionera Sonia Decut Rojas expresó: «Tenemos que darle a nuestra argentina esta herramienta que necesita. Es un proyecto impulsado por los gobernadores del Norte Grande pero con un amplio consenso de todos los gobernadores para hacer más competitivas a nuestras economías regionales”.
Por el contrario, el senador justicialista Jorge Capitanich —quien intentó sin éxito devolver el expediente a comisión— cuestionó el rumbo oficial: «Defender los intereses de la patria y trabajadores, y el compromiso de tener una logística integrada del sistema de cabotaje fluvial, no significan desregular para destruir la industria y el trabajo ni ceder soberanía».
De Barranqueras a Ushuaia: qué cambia y qué sigue reservado al país
En la red social X, el secretario de Desregulación, Alejandro Cacace, explicó que el cabotaje estaba reservado a la bandera nacional desde 1944 y detalló: «Como no hay buques suficientes, funciona a fuerza de excepciones: unos 540 pedidos desde 2018, más del 98% autorizados, con demoras de hasta 90 días. La ley vuelve regla la excepción».
Además,celebró el alcance geográfico de la apertura: «Se abre el río y el mar: Hidrovía, río Uruguay y costa atlántica hasta Ushuaia. Se puede cargar en Barranqueras y descargar en Bahía Blanca sin pedir permiso. Siguen reservados combustibles, pesca, remolque y pasajeros y vehículos en embarcaciones menores».
El dictamen aprobado habilita a buques extranjeros a realizar tareas de navegación, comunicación y comercio de cabotaje nacional, manteniendo bajo exclusividad de naves de bandera argentina (o con trato equivalente) la pesca, el transporte de combustibles, el remolque de maniobra, las lanchas de amarre, la navegación deportiva y las lanchas de prácticos.
Asimismo, establece que las condiciones laborales de las tripulaciones se regirán por la ley del país de bandera,exige a las agencias marítimas reportar su actividad ante la ANPYN y ARCA, prohíbe operar a buques vinculados con empresas que hayan asistido a firmas no autorizadas a explorar o explotar hidrocarburos en la plataforma continental argentina, y crea un régimen de promoción tributaria para que los armadores locales puedan amortizar aceleradamente bienes muebles adquiridos, fabricados o importados en un mínimo de dos cuotas anuales iguales y consecutivas.
