El presidente de la Cámara Argentina de la Industria Pesquera, Eduardo Boiero, cuestionó con dureza la iniciativa del ministro de Desregulación de abrir licitaciones para los recursos marítimos. Desde el sector defendieron el actual sistema de permisos y cuotas, advirtiendo sobre el impacto negativo en la sustentabilidad y el empleo local.
La industria pesquera argentina expresó su enérgico rechazo a la posibilidad de modificar el sistema de administración de los recursos marítimos mediante la apertura de licitaciones a nuevos operadores, una propuesta impulsada por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.
En declaraciones públicas, Eduardo Boiero, titular de la Cámara Argentina de la Industria Pesquera, sostuvo que el esquema actual de permisos y cuotas no constituye un privilegio, sino una herramienta indispensable para regular la explotación de recursos naturales limitados y garantizar la sustentabilidad de toda la actividad. Asimismo, rechazó la comparación realizada por el funcionario entre el sector pesquero y la actividad naviera, recordando que iniciativas similares ya habían fracasado en el pasado por sus graves consecuencias sobre las empresas y el empleo.
Funcionamiento del sistema y advertencia sobre la competencia extranjera
Uno de los ejes principales de la postura empresaria radica en diferenciar los permisos de pesca —que habilitan a operar en el caladero— de las cuotas de captura, que fijan los volúmenes máximos extraíbles. Boiero advirtió que abrir licitaciones a empresas extranjeras generaría condiciones de competencia desleal, ya que nuevos actores ingresarían sin afrontar las mismas estructuras laborales, plantas en tierra y obligaciones fiscales que las firmas radicadas en el país.
El dirigente remarcó que actualmente no se otorgan nuevas licencias debido a que las principales especies ya se encuentran en su máximo nivel de explotación. Quienes desean incorporarse al negocio deben adquirir una compañía o embarcación con permisos vigentes. Las cuotas actuales poseen una duración de 15 años —pudiendo extenderse hasta 30 años en el caso del calamar para quienes poseen plantas de procesamiento locales—, un modelo consolidado a partir de la Ley Federal de Pesca y regulado por el Consejo Federal Pesquero y el INIDEP para evitar crisis de sobrepesca como las vividas en los años noventa.
Exportaciones millonarias y presión por los costos operativos
En el plano comercial, la actividad mantiene cifras relevantes: durante los primeros nueve meses del año, las exportaciones pesqueras se acercaron a los 2.000 millones de dólares, con envíos a más de 180 mercados. No obstante, el sector enfrenta una dura competencia internacional frente al langostino de cultivo asiático y ecuatoriano, que cuenta con disponibilidad continua y precios más económicos.
A este escenario externo se suma una fuerte presión sobre la rentabilidad interna a raíz del incremento de los costos operativos:
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Combustibles y energía: Acumularon subas superiores al 70% y al 90%, respectivamente.
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Cargas fiscales: Impacto de las retenciones y los derechos únicos de extracción.
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Negociaciones paritarias: Tensiones superadas mediante acuerdos salariales con los gremios para garantizar el inicio de la temporada.
Por último, el sector destacó la importancia de que la reforma laboral haya reincorporado a la actividad dentro de la ley de navegación, contemplando las particularidades operativas de campañas prolongadas y esquemas de remuneración atados a la producción.
