Construir un proyecto de vida propio, conseguir empleo o simplemente salir a hacer las compras se vuelve una carrera de obstáculos en el país.
Un contundente informe revelado por la Red de Asistencia Legal y Social (RALS) expone cómo la ausencia de políticas públicas adecuadas condena a las personas con discapacidad en Argentina que tienen altas necesidades de apoyo a depender casi exclusivamente de sus entornos familiares, enfrentando serias barreras en vivienda, transporte y asistencia personal.
El trabajo, titulado “Entre la autonomía y la supervivencia: desafíos en la construcción de la vida adulta de personas con discapacidad con altas necesidades de apoyo en Argentina”, recoge testimonios directos de protagonistas y familiares para desnudar las trabas cotidianas que impiden el pleno ejercicio de sus derechos.
Infantilización y prejuicios: cuando otros deciden por ellos
La investigación señala que la carencia de respaldo estatal deja la organización de los cuidados atada al bolsillo, la obra social y el lugar donde vive cada persona. En ese escenario aparece la infantilización: familiares, instituciones o profesionales que hablan en nombre de adultos con discapacidad y anulan su poder de decisión.
Ana, de 53 años, quien tiene discapacidad motora e intelectual, resumió esa necesidad de independencia en su entrevista: “Yo soy una persona y entiendo (…) Me gustaría que mi mamá me deje ser un poco más libre. Que deje que yo elija lo que quiero hacer”. Por su parte, Alejandro, de 26 años y con discapacidad motora y del habla, relató el trato discriminatorio sufrido en un consultorio médico cuando un especialista ignoró su presencia y le habló únicamente a su acompañante: “¿No va a verlo?”, consultó su asistente al dermatólogo, quien respondió: “Solo la parte de arriba”. Para RALS, estos episodios evidencian prejuicios capacitistas arraigados.
Luchas burocráticas, barreras urbanas y vida afectiva restringida
Otro punto crítico es la falta de regulación integral de la figura del asistente personal, clave para acompañar actividades diarias sin sustituir la voluntad del individuo. Las familias suelen atravesar verdaderos laberintos administrativos o judiciales frente a obras sociales y prepagas, sumados a la escasez de personal capacitado, honorarios bajos y demoras de meses en los pagos. “En mi ciudad ni existen los asistentes personales (…) Además, si les pagan, les pagan dos mangos. Y les pagan en seis meses. ¿Qué le puedo exigir yo?”, cuestionó Pablo, de 34 años, residente del Noroeste argentino.
A esto se suman obstáculos físicos y de movilidad que aíslan socialmente. Gabriela Bruno, activista de 49 años del Litoral, describió lo difícil que resulta algo tan simple como ir al almacén: “A mí me encantaría poder ir en la silla de ruedas al súper. Tengo el súper a dos cuadras. Pero es una batalla imposible, porque las veredas no te lo permiten”. Y remarcó: “A mí me encantaría hacer cosas sola. Eso es lo que no puedo… Porque yo todo el tiempo estoy negociando con alguien para poder vivir”.
El relevamiento también advierte que estas restricciones condicionan la vida afectiva y sexual, ya que conocer gente o compartir salidas depende muchas veces de conseguir transporte y espacios accesibles, mientras persisten tabúes sobre el derecho a formar una pareja o ejercer la maternidad y paternidad.
El miedo a perder pensiones y la sobrecarga sobre las mujeres
En el plano laboral, las oportunidades formales escasean y el temor a que un empleo registrado resulte incompatible con el cobro de pensiones necesarias para costear tratamientos empuja a muchos a la informalidad o a depender de terceros para manejar su dinero. “Me gustaría tener un trabajo fijo y poder manejar mi plata yo sola”, reclamó Ana.
Mientras tanto, el peso de coordinar terapias, traslados, trámites y gastos no cubiertos recae sobre el entorno íntimo. Eugenia, de 63 años, graficó esa exigencia asegurando que debe convertirse en “una especie de pulpo” para sostener el cuidado, su trabajo y la economía del hogar. El estudio remarca que esta carga afecta la salud física, mental y el descanso principalmente de las mujeres, quienes suelen postergar carreras o empleos. Iris, otra familiar entrevistada, confesó lo difícil que fue poner frenos ante esa presión social: “Y yo aprendí a decir que no, esto no puedo, esto no puedo porque me va a llevar puesta. Porque yo era todo sí, yo me encargo, lavo, plancho. No, entonces ahí aprendimos … que de otro modo a todo le decimos que sí, viste, esta cultura culpógena”. Cuando quienes cuidan envejecen o enferman, la falta de redes comunitarias deja a la institucionalización como única salida forzada.
Del sobrevivir al derecho real de elegir
Frente a este diagnóstico, RALS propone dejar atrás la “autonomía de supervivencia” para garantizar una verdadera “autonomía de derecho”. Entre las medidas urgentes recomendadas figuran crear un sistema integral de apoyos, profesionalizar y regular a los asistentes personales, agilizar prestaciones de salud, impulsar viviendas comunitarias, mejorar la accesibilidad urbana y eliminar las trabas entre el trabajo formal y la protección social.
Como concluyeron las autoras del estudio, ser autónomo no significa hacer todo en soledad, sino contar con el respaldo necesario para poder decidir sobre la propia vida en igualdad de condiciones.
