Se trata de los instrumentos legales que establecen la prohibición por 10 años de transferir tierras que contuvieren bosques dañados por acción del fuego; la intervención por tres meses del IAC y la elaboración del proyecto para crear un Instituto de Regulación de Uso y Tenencia de Tierras; y la creación de una Comisión Investigadora para el Relevamiento de Transferencias de Tierras Rurales en el ámbito de la Provincia del Chubut.
El gobernador de la Provincia del Chubut, Martín Buzzi firmó los decretos anunciados el lunes en conferencia de prensa, que plasman una serie de medidas en relación con los incendios en la zona cordillerana y la polémica por el presunto trasfondo inmobiliario del tema.
Siendo el bosque nativo un recurso del Estado Provincial, independientemente de encontrarse en tierras fiscales provinciales, ejidos municipales, comunas rurales o en dominios privados, el Estado Provincial debe ejercer las facultades de poder de policía y regulación jurídica que expresamente establece el artículo 105 de la Constitución de la Provincia del Chubut.
En este sentido, el asesor general de Gobierno, Jorge Echelini, explicó que los instrumentos legales firmados por el gobernador Martín Buzzi en relación con la tenencia de la tierra con bosques en Chubut están originados “en el incendio en Cholila y a raíz de las denuncias de muchos vecinos acerca de supuestos negociados con tierras quemadas”.
De esta manera, el Gobernador decretó la prohibición “por un plazo de 10 años de todas aquellas transferencias de tierras de dominio provincial a particulares, así como las transferencias realizadas desde municipios o Comunas Rurales dentro de sus respectivos ejidos, que contuvieren bosques dañados por acción del fuego”.
Además se prohíbe, por el término de 180 días, la transferencia de tierras provinciales o que pertenezcan a ejidos municipales y que posean bosques; mientras que también se prohíbe por 180 días la transferencia privada de tierras con bosques, lo cual, explicó Echelini, responde a “una medida de emergencia mientras la comisión investigue las transferencias realizadas”.
Además, el mismo instrumento legal firmado por el Gobernador establece “suspender por 180 días cualquier transferencia en trámite”, a partir de la fecha del decreto, 3 de marzo de 2015.
Asimismo, el Gobernador decretó la “intervención por tres meses del Instituto Autárquico de Colonización y Fomento Rural (IAC)”, designando como interventora a la ministra de Desarrollo Territorial y Sectores Productivos, Gabriela Dufour.
La intervención tendrá como función reorganizar el IAC, a fin de readecuar al nuevo organismo a crearse en su sustitución. Este decreto fue rubricado por la ministra Dufour y el ministro coordinador de Gabinete, Juan Garitano.
En dicho decreto, se establece que se remitirá a la Honorable Legislatura de la Provincia del Chubut un proyecto para dejar sin efecto el actual IAC, y crear un Instituto de Regulación de Uso y Tenencia de Tierras, cuya misión será el desarrollo y productividad de las tierras y la preservación de los recursos naturales, en consonancia con las políticas que promueve el Estado provincial.
Finalmente, Buzzi refrendó el decreto a través del cual se establece la creación de una “Comisión Investigadora para el Relevamiento de Transferencias de Tierras Rurales en el ámbito de la Provincia del Chubut”, la cual funcionará bajo la órbita del Ministerio de coordinación de Gabinete.
Dicha Comisión estará integrada por el ministro coordinador de Gabinete, dos miembros designados por la Legislatura Provincial y dos representantes legales, de la Asesoría General de Gobierno y del Ministerio de Desarrollo Territorial y Sectores Productivos.
Entre las funciones que tendrá esta Comisión, se destaca la de requerir a las autoridades los antecedentes de los dominios donde se hayan registrado transferencias de tierras donde se registre la existencia de bosque. También requerir a la Inspección General de Justicia de la Nación, los antecedentes societarios de las personas involucradas en la adquisición de tierras fiscales de la provincia. La investigación incluirá a las adjudicaciones que hayan realizado las comunas rurales o municipios cordilleranos.
A las autoridades judiciales se les requerirá la totalidad de las actuaciones vinculadas con denuncias penales que estén relacionadas con transmisión de dominios de tierras públicas y citar a los denunciantes para que brinden información al respecto.
Duración
El decreto dice claramente que la Comisión deberá elaborar en 120 días, a partir de la publicación del mismo, un informe detallado de las transferencias de tierras rurales de dominio provincial o privado que contengan bosque. Dicho documento deberá ser remitido a la Fiscalía del Estado, con el fin de que evalúe la posible comisión de delito de acción pública.
Una vez elaborado el informe, la Comisión deberá también elevar al Poder Ejecutivo, en la persona del Gobernador y del Presidente de la Legislatura, esos datos para evaluar la posibilidad de declarar de utilidad pública las tierras transferidas y la conveniencia de someterlas al procedimiento establecido en la Ley de Expropiaciones I Nº 45.