La justicia federal de esta ciudad le ordenó a Gendarmería Nacional y a otras fuerzas de seguridad que se “abstengan de ingresar al territorio de la comunidad Raquituhue sin autorización judicial”.
Si bien se alude a la citada comunidad, se interpreta que los efectivos de las fuerzas también tienen impedido el ingreso a otra territorios mapuches.
La decisión de la jueza Silvina Domínguez, quien aceptó el habeas corpus presentado oportunamente por los mapuches, sienta un precedente en un contexto nacional signado por la desconfianza entre los protagonistas.
La resolución del expediente se definió en la noche del miércoles en el juzgado zapalino en una audiencia donde estuvieron presentes la magistrada federal, representantes de Gendarmería Nacional y miembros de la comunidad, junto al defensor oficial, Gonzalo Vergés.
La causa se dio en el marco de la intromisión que efectivos de Gendarmería Nacional realizaron semanas atrás en el campo que los Raquithue ocupan en cercanías de la ciudad de Junín de los Andes.
El operativo referido se desarrolló a las cuatro de la madrugada, sin orden judicial que lo posibilitara ni la aprobación de las autoridades de la comunidad, el lonko Hernán Cañicul y el werken, Fidel Collipan.
Oficialmente se explicó que el allanamiento, que incluyó la presencia de vehículos oficiales y el despliegue de efectivos de seguridad, se produjo en el marco de la búsqueda de Santiago Maldonado.
Ese episodio tuvo un fuerte impacto mediático y tras ser denunciado generó un repudio generalizado a la fuerza.
En ese sentido, entre otras organizaciones, se manifestó la Asamblea por los Derechos Humanos Neuquén en un comunicado.
Fuentes judiciales revelaron que Gendarmería Nacional tenía datos aportados por la policía de la provincia de Neuquén que señalaban que una persona muy parecida a Maldonado había sido visto acampando en el interior de la comunidad mapuche.
Más allá del revés judicial que esta decisión representa para Gendarmería, trascendió que mantendrán abierto el canal de diálogo con la comunidad a fin de avanzar en la elaboración conjunta de un protocolo que permita resolver este tipo de situaciones a futuro.
En este sentido, la semana pasada se desarrolló un encuentro entre ambas partes en San Martín de los Andes y en los próximos días podría repetirse la experiencia.
En función de la conflictividad que se registra entre comunidades mapuches y fuerzas de seguridad en diferentes puntos de la Patagonia, la resolución de la jueza Domínguez puede sentar un precedente en la materia. El caso Maldonado puso a Gendarmería en el centro del debate.