“Con el fin de asegurar mayores ganancias económicas, industrias como la farmacéutica, de insumos agrícolas y de ingeniería genética, entre otras, realizan labores de incidencia y cabildeo frente a diversos gobiernos para proponer nuevos tipos de legislación que conduzca y facilite la privatización y apropiación corporativa de la naturaleza y continuar generando negocios, sin necesariamente considerar los efectos ambientales de su labor.”
¿Cómo sucede esto?
Se afirma que si no se pagan servicios ambientales los bosques no se van a proteger a pesar de que las comunidades históricamente los han cuidado sin mediar esta figura mercantil. Este pago lo han relacionado a diversas funciones que el bosque realiza, como la absorción de dióxido de carbono (CO2).
Luego de realizar algunos cálculos, se llegó a establecer que un determinado bosque tiene la capacidad de absorber una cantidad específica de CO2, que se traduce en créditos de carbono, o sea dinero, dinero fácil. Una vez realizado este cálculo, los créditos de carbono se ofrecen por medio de mecanismos financieros, sujetos a la oferta y la demanda. Para algunos, esto ayudará a erradicar el problema del cambio climático pues las emisiones de gases contaminantes generadas por la industria se compensarán con dichos créditos de carbono.
La integración de los bosques y la biodiversidad en los mercados de carbono se está imponiendo poco a poco a través de los proyectos de compensación voluntaria. Numerosas empresas y algunas ONG defienden estas iniciativas, sosteniendo que son complementarias a los esfuerzos de reducción de las emisiones. El argumento es ingenuo y perjudicial: tanto si la compensación es voluntaria como exigida, pues se basa en la misma lógica errónea: permitir la contaminación y destrucción en un lugar con el pretexto de supuestas reducciones de emisiones en otra parte.
Desde la experiencia podemos constatar que esta solución es más bien un problema, puesto que eterniza las causas que provocan el cambio climático: no se reducen las emisiones de gases contaminantes y no se obliga a cambiar ningún patrón de producción. Además se crean nuevos impactos siendo el principal la privatización de los bosques, ya que cuando se venden este tipo de créditos de carbono, lo que se exige a sus ocupantes es que los bosques elegidos sean inalterados de manera que, desde una visión conservacionista, las comunidades no pueden practicar la utilización de los elementos del bosque para sus usos tradicionales. Éste es el caso de la estrategia REDD+ (reducción de emisiones provenientes de la deforestación y degradación de bosques) que se está impulsando internacionalmente.
Con la crisis climática se dio auge a este tipo de mecanismos, que han incluido activamente a los mercados financieros, los cuales están encaminando sus esfuerzos a convertir la naturaleza en un activo financiero (bonos, fondos de inversión, títulos, contratos, etc.). Esta nueva relación entre finanzas y naturaleza es conocida como financiarización de la naturaleza.
En Costa Rica se ha visto como natural aceptar este mecanismo debido a que es parte del mismo modelo de desarrollo neoliberal vigente. Esta actividad ya ha empezado a manifestarse sobre la base de mecanismos que tienen historia en el país y además gozan de credibilidad. Por ejemplo, el pago por servicios ambientales (un mecanismo a través del cual se paga por conservar bosques), la construcción de un mercado doméstico voluntario de carbono o de la estrategia REDD+. Esto facilita su inserción y al mismo tiempo genera un mayor reto para las organizaciones que, como la nuestra, tienen una visión crítica, ya que la mayoría de la población no ve como nocivo pagar para conservar.
Por lo tanto, la financiarización de la naturaleza no la protege sino que solamente crea instrumentos y políticas para que el sector financiero siga obteniendo mayores beneficios para eximir de responsabilidad a quienes practican grandes actividades contaminantes.
Es de trascendental importancia incluir a las comunidades campesinas y pueblos indígenas para construir una visión crítica común para que sean los propios actores quienes tomen las decisiones sobre lo que puede o no pasar en su territorio. Aunado a lo anterior, será necesario apoyar propuestas para la defensa y la recuperación de los bienes comunes, y esto implica el respeto de los derechos de las comunidades campesinas e indígenas así como el reconocimiento del papel fundamental que desempeñan en la toma de decisiones relativas a sus bienes naturales.
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