«La Oficina Anticorrupción informó que existen trabados embargos por casi u$s 7.000 millones en estos casos de corrupción que se están investigando y esta cifra no incluye lo descubierto en el caso conocido como el de los Cuadernos», dijo a ámbito.com el Ministro de Justicia, German Garavano.
Al término de la reunión de seguimiento de Justicia en la cual participó el presidente Mauricio Macri, se evaluó la marcha de la Justicia y los temas de corrupción. En este sentido, el funcionario destacó que los avances contra la corrupción fueron posibles por la batería legal que ahora se dispone. Entre ellas destacó: la Ley de Medidas de Pruebas Especiales, el Régimen de Responsabilidad Penal de las Personas jurídicas; la Ley del Arrepentido y la Ley de Protección a los Testigos. A todo este paquete de leyes, explicó el ministro, se sumó el trabajo de la Oficina Anticorrupción.
«Este año ya hay 9 condenados por hechos de corrupción y se esperan cinco juicios para los próximos meses», aseveró Garavano para demostrar que al menos las causas avanzan.
Respecto a las cifras mencionadas en el caso de los Cuadernos y las confesiones de los arrepentidos, el ministro prefirió no adelantar ningún monto excusándose de que la causa está bajo el secreto de sumario.
Aunque sí preocupan las empresas involucradas. Justamente uno de los temas que se están analizando es la responsabilidad de las empresas en los hechos de corrupción.
Al respecto, el funcionario mencionó la creación del fideicomiso para facilitar la continuidad de la obra pública (anunciado este lunes por el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich): «Se está evaluando elevar el estándar en los requisitos en relación a las empresas que están involucradas en hechos de corrupción», dijo Garavano. Explicó que la Ley de Obras prevé que sea firme el procesamiento de algún directivo de las empresas y «se está analizando si la restricción se puede transformar en un simple procesamiento».
El sistema penal establece la responsabilidad penal «de las personas y no afectan a las empresas», por esta razón, explicó en el Gobierno se está pensando en establecer, por ejemplo, que normas en el fideicomiso que establezca «determinados estándares para que no se repitan estas conductas». «También, las empresas que se vieron vinculadas anteriormente (a hechos de corrupción) deban tomar medidas como separar directivos, aplicar programas de integridad, y eventualmente un bono reparación o un pago a cuenta», dijo Garavano.
En tanto, la nueva ley prevé que en el futuro las empresas se verán afectados a una multa e incluso de que se le quite la personaría jurídica.
En relación a la Ley de Extinción de Dominio votada en el Senado que no permitiría recuperar lo pasado, el ministro señaló que a su juicio «sí se podría recuperar». En la Rosada sostienen que sus diputados insistirán con el proyecto de esa Cámara pero para Garavano es importante «que salga la Ley».
El funcionario volvió a ratificar la decisión del Gobierno de que «la Justicia debe avanzar independientemente de quien se vea afectado. No importa caiga quien caiga», concluyó el ministro.
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