El trabajador marítimo, oriundo de Puerto Madryn, recibió un golpe de puño en el rostro durante una pelea con Francisco Lillo. Las lesiones lo dejaron fuera de la temporada pesquera. La fiscalía pidió seis meses de investigación y el caso fue caratulado como lesiones graves. La víctima ya tiene abogado querellante.
Un marinero recibió una brutal golpiza durante una pelea en el puerto de Rawson. Debido a las graves consecuencias en el rostro, debió quedar fuera de la temporada y aún sigue en recuperación. La Justicia de Chubut resolvió la apertura de investigación contra el agresor. Según ADNsur.
La pelea, el golpe y las graves lesiones
El hecho ocurrió cuando la víctima y el agresor protagonizaron una discusión —por motivos que aún no fueron informados— que escaló rápidamente a la violencia física. En ese contexto, el agresor, identificado como Francisco Lillo, le propinó un golpe de puño en el rostro a un trabajador marítimo oriundo de Puerto Madryn, provocándole lesiones de consideración. El impacto fue tal que la víctima sufrió la fractura de la mandíbula y del arco ocular, lo que no solo requirió atención médica inmediata, sino que además lo dejó imposibilitado de continuar con su actividad durante la temporada pesquera, con el consecuente perjuicio económico.
La investigación judicial y el pedido de seis meses
A partir de la denuncia y las pruebas reunidas —entre ellas pericias médicas e historia clínica— el caso avanzó a instancia judicial. Durante una audiencia realizada en la Oficina Judicial de Rawson, el Ministerio Público Fiscal solicitó la apertura formal de la investigación, encuadrando provisoriamente el hecho como lesiones graves. La representante de fiscalía, Etelvina Medina, pidió un plazo de seis meses para profundizar la investigación, la cual estará a cargo del fiscal general Leonardo Chuequeman Levill.
La defensa y el rol del querellante
En la misma audiencia también se formalizó la participación del abogado Diego Cruceño como querellante en representación de la víctima. Por su parte, la defensa de Lillo, encabezada por el abogado Pablo Sánchez, no se opuso a la apertura de la investigación, aunque sí cuestionó la reconstrucción de los hechos presentada por la fiscalía. Además, dejó abierta la posibilidad de avanzar en una salida alternativa al conflicto. Finalmente, la jueza Laura Martini hizo lugar al pedido del Ministerio Público Fiscal, habilitando el plazo de seis meses para investigar lo ocurrido e incorporando formalmente al querellante en la causa.
El caso entra ahora en una etapa clave para determinar responsabilidades en un hecho de violencia que dejó secuelas importantes y vuelve a poner en foco los conflictos que pueden surgir en ámbitos laborales exigentes como el puerto.