La jueza de Familia de Comodoro María Marta Nieto se refirió a los delincuentes menores de edad y apuntó contra la falta de centros de rehabilitación para jóvenes adictos en la ciudad. Explicó que “pertenecen a familias con vulneración de derechos” y reclamó: “en Comodoro no hay centros de salud públicos provistos por el Estado. Tampoco hay un hogar de adolescentes. Sólo podemos alojar provisoriamente en Casa del Niño, hasta los 12 años de edad”.
“En materia de atención de víctimas de violencia contamos con La Casa. Las instituciones no dan abasto con la demanda que tiene la ciudad. Esquel o Trelew tienen centros de adolescentes”, comparó. Dijo que se los puede derivar a esos otros puntos de la provincia pero “sufren el desarraigo de su familia y grupo de pertenencia”.
Además, “son establecimientos a puertas abiertas. El adolescente debe querer estar en ese lugar porque no hay una privación de la libertad y hay casos en donde no quieren esa derivación y se escapan”, advirtió la jueza.
En diálogo con La Cien Punto Uno, comentó que “el organismo de Protección de Derechos lo que hace es proponer cuál sería el plan de trabajo para abordar a la familia y revertir esa situación. Este plan puede contemplar a otros operadores; por ejemplo: si hay un problema de adicciones, se da intervención al área de salud de Hospital Regional y se trabaja a través del Centro de Tratamiento de Adicciones y se les consigue turno. De ahí se evalúa si es necesario que el tratamiento sea ambulatorio o psicológico ,detalló .
Dijo que “también hay programas municipales y provinciales que tienen que ver con el acompañamiento de los padres en los cuidados para fortalecer los vínculos, siempre teniendo en cuenta la pertenencia del niño, niña o adolescente en el mismo grupo familiar”.
“Cuando estos programas trabajan con déficit o la intervención llega tarde, interviene la Justicia a fin de dictar medidas que fortalezcan el trabajo de los organizamos de protección. Son medidas de protección y prevención; no estamos en el ámbito punitivo”, aclaró la jueza.
En tanto, reiteró que “el diagnóstico de si una persona necesita un tratamiento lo hace un equipo interdisciplinario, no judicial. Lo hacen psicólogos, trabajadores sociales”.
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