Los abogados de la familia presidencial solicitaron el apartamiento de la fiscal Gabriela Boquín y que se rechazaran las medidas de prueba que solicitó.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación no hizo lugar al recurso de queja presentado por los abogados del Correo Argentino S.A, empresa del Grupo Macri, para desplazar a la fiscal Gabriela Boquín del expediente del concurso preventivo abierto en septiembre de 2001. El rechazo fue por unanimidad y los jueces argumentaron que la apelación no se presentó contra una sentencia definitiva.
Los letrados que representan a los Macri agotaron así las instancias para evitar que se implemente una serie de medidas clave solicitadas por Boquín y que apuntan directamente a los Macri.
El operativo para intentar separar a Boquín surgieron cuando la fiscal solicitó diversas medidas de prueba tendientes a constatar supuestas maniobras de vaciamiento del Correo en favor de las firmas Sideco y Socma, ambas también propiedad de la familia presidencial.
El intento de los Macri ya había fracasado en primera instancia y también en la Cámara de Apelaciones que, con la resolución de las camaristas María Lilia Gómez Alonso de Díaz Cordero y Matilde Ballerini, reconoció la “legitimación” de la fiscal para requerir medidas.
En esa ocasión, las camaristas rechazaron el recurso extraordinario presentado por los abogados del Correo S.A. para llegar a la Corte Suprema, por lo que el único recurso pendiente era el recurso en queja.
La causa, que lleva años sin avanzar, cobró notoriedad a comienzos de 2017, cuando la fiscal se opuso al acuerdo que intentó cerrar el Estado, que favorecía al Grupo Macri con una condonación de deuda de más de 70.000 millones de pesos.
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