Iniciativa Ciudadana por la Transparencia y contra la Corrupción en Chubut pidió decomisar y entregar a una entidad de bien social la chacra de Trelew que Diego Lüters compró con un $ 1 millón para Diego Correa con dinero del presunto desfalco al Estado, en el marco de la causa El Embrujo. Tiene 6.000 metros cuadrados.
Según la presentación ante el juez de garantías, “es necesario dictar medidas de preservación y adecuada administración del inmueble, dado que en la actualidad se encuentra expuesta al deterioro del inmueble, el riesgo de intrusiones, con sus impuestos impagos, etcétera”.
Para IC la mejor preservación de la chacra es su “entrega social” tomando en cuenta “la excepcional ubicación, dimensiones y potencial”. Propone adjudicarla en comodato a una entidad social, sindical, de producción familiar, etcétera, que desarrolle actividades beneficiosas para la comunidad.
La explotación del predio sería en tenencia por dos años, prorrogables anualmente sólo con autorización del Ministerio Público Fiscal.
La chacra deberá usarse con menos una de los siguientes fines: actividades de promoción de los derechos de algún grupo con especial tutela constitucional; actividades recreativas, educativas, deportivas, de esparcimiento familiar y comunitario, o producción agrícola familiar o comunitaria.
A cambio de aprovechar el terreno, la entidad beneficiada pagará sus impuestos entregando los comprobantes al MPF, hará un cerco perimetral y asumirá los gastos del uso. No podrá reclamar si introduce mejoras. También asumirá “los riesgos de cualquier naturaleza que implique la utilización del predio y cumplirá con las normas en materia de cooperativas, laborales o de cualquier índole, incluidos los seguros”.
La entidad aceptará auditorías o inspecciones de Fiscalía y de IC. Iniciativa Ciudadana se compromete a colaborar, a pedido de la entidad o las familias que obtengan la chacra, en las gestiones ante entidades públicas o de asistencia técnica, crediticia, etcétera.
Antes de cualquier decisión, la entidad pidió la opinión del MPF, y de Lüters y Correa. Al pedido lo firmaron Aldo Griffiths, Claudia Iun, Ángel Callupil, María Pagasartundua y Eduardo Hualpa, querellantes del caso.
Ya en junio de 2018 este grupo propuso al MPF convocar a cooperativas de trabajo o instituciones gremiales, educativas, sociales, para un uso comunitario del predio. Pero Fiscalía respondió que como no se había hecho la audiencia preliminar restaba saber cómo seguiría el proceso penal. Ahora falta un día para el inicio del juicio. “Están reunidos los requisitos de fondo y de forma para definir la situación del inmueble”, dice la presentación. Aunque el juicio termine en el primer semestre, las posibles impugnaciones de la sentencia “generará una dilación demasiado extensa como para esperar su total finiquito”.
Se puede
IC explicó que cuando se trata de bienes producto de lavado de dinero, un juez puede ordenar el decomiso definitivo aunque no haya todavía condena, si se comprobó su origen ilícito. “Los activos que fueren decomisados serán destinados a reparar el daño causado a la sociedad, a las víctimas en particular o al Estado. Sólo para cumplir con esas finalidades podrá darse a los bienes un destino específico”.
En la causa, Lüters reconoció que chacra se compró con fondos obtenidos con maniobras ilícitas. El lote no se alcanzó a inscribir a nombre de Dual Core o Sepat, sociedades pantalla para blanquear los fondos ilícitos, debido a las detenciones. “De este modo es serio afirmar que la chacra es un bien ilícito en su origen y el imputado que lo adquirió reconoció su procedencia ilícita”.
Diario Jornada
