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Diego Correa

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Diego Correa, condenado por delitos de corrupción contra el estado, podría preservar algunos bienes que la Justicia le incautó como garantía por la multa de $ 29 millones que debe pagar. Así lo indicó este martes el fiscal Omar Rodríguez al programa “Fuera de Hora” por Cadena Tiempo.

Al secretario de Mario Das Neves, que hoy está en libertad condicional, la Justicia le decomisó varias propiedades que probó que habían sido adquiridas con maniobras ilícitas, mientras que otras fueron embargadas por un monto en pesos que perdió su valor.

En 2019, cuando se fijó la multa que debía pagar el condenado, estas propiedades sumaban un valor de $29 millones, pero cuatro años después por la depreciación de la moneda, esta suma solo representaría alguna de estas, lo que le permitiría conservar otras que ya daba por perdidas.

“Se decomisaron una casa y un dúplex en Playa Unión, una chacra en Trelew, un lote con construcción al lado de Gendarmería Rawson, para hacer un edificio médico, un terreno cerca de las Margaritas y casi 30 mil dólares en efectivo”, enumeró Rodríguez las propiedades que le quitaron a Correa y no habría vuelta atrás.

Al mismo tiempo, Correa tiene otros bienes que solo fueron embargados por el valor de la multa millonaria que hoy -por efecto devaluatorio del peso- no representa lo mismo que en el momento en que fijaron la condena.

“Hay más propiedades embargadas: con un dúplex puede satisfacer el impacto de la multa”, resumió Rodríguez la ventaja que podría sacar Correa de la volatilidad del tipo de cambio que caracteriza a este país.

El fiscal explicó que, al tratarse de una pena, la Justicia entiende que debe fijar un monto al momento de la sentencia, razón por la cual en este caso quedó en 29 millones de pesos que en aquel momento era mucho más dinero.

Rodríguez, en vistas de que esto se presta a especulaciones, asumió que “en este país amerita una reforma; si se le aplica una pena por un delito de corrupción tiene que haber una manera de establecer una actualización de esos montos”.

“¿De nuevo adentro?”

Así como la inestabilidad económica del país podría permitirle quedarse con algunos bienes, no todas son buenas noticias para Correa.

Este martes quedó firme la sentencia de la causa Embrujo, luego de la Corte Suprema ratificara el fallo contra él y los otros condenados.

El fiscal Rodríguez apuntó que Diego Correa quedó en libertad condicional por haber cumplido buena parte de esa condena, pero todavía la Corte tiene que expedirse sobre otras dos causas en las que fue condenado cuyas penas se unificarían.

“Correa no empezó a cumplir pena de Revelación y la Emergencia Climática. Cuando llegue a la Corte, las tres se unifican y queda una pena única, y si tiene que cumplir con días de encierro va a tener que volver”, concluyó.

La Justicia otorgó este jueves la libertad condicional al ex funcionario provincial Diego Correa, condenado en las causas de corrupción “Embrujo”, “Revelación” y “Emergencia Climática”. Residirá en Playa Unión.

En marzo de 2018 Correa, ex secretario privado del gobernador Mario Das Neves, fue detenido por la causa “Embrujo” y posteriormente estuvo involucrado en las causas “Revelación” y “Emergencia Climática”.

En este caso, la Justicia otorgó la libertad condicional al haber cumplido más la mitad de la pena de 10 años de prisión que se le impuso en la causa “Embrujo”.

Vale señalar que esa condena se encontraba firme ya que las restantes por “Revelación” (5 años y medio) y “Emergencia Climática” (4 años y medio) se encuentran en etapa de impugnación, a la espera de la resolución de la Justicia.

En noviembre Correa ya había sido beneficiado con las salidas transitorias y ahora con la decisión de la Justicia, que no tuvo oposición de parte de la Fiscalía, el ex funcionario dejará la Alcaidía de Trelew para radicarse en su casa de Playa Unión.

El ex encargado de la Unidad Gobernador fue condenado a diez años de prisión por «fraude a la administración pública». Fue considerado el jefe de una asociación ilícita durante las gestiones del extinto gobernador Mario Das Neves.

La jueza de ejecución penal de Rawson, Karina Breckle, resolvió este martes otorgarle salidas transitarias durante dos domingo al mes, por ocho horas, a uno de los condenados de la denominada «Causa Embrujo».

Se trata de Diego Correa, quien fue condenado a diez años de prisión efectiva por el delito de «fraude a la administración pública provincial, negociaciones incompatibles con la función pública, enriquecimiento ilícito y autolavado de activos».

Concretamente, Correa fue considerado el jefe de la asociación ilícita desde su cargo al frente de la Unidad Gobernador durante las gestiones del extinto gobernador Mario Das Neves.

El beneficio para el ex funcionario fue solicitado por su defensor, Fabián Gabalachis, quien adelantó que el próximo mes pedirá la ampliación de las salidas de su asistido en forma progresiva conforme lo prevé la ley.

Por su parte, el representante del Ministerio Público Fiscal (MPF), Omar Rodríguez, estuvo de acuerdo con las dos salidas durante 8 horas, como asimismo con el garante propuesto, quien además será responsable ante la ley de alojar a Correa, quien saldrá de la Alcaidía de Trelew hasta la ciudad de Rawson y deberá regresar posteriormente.

Rodríguez, durante su argumentación, aclaro que aún restan resolver varias causas en su contra, que al quedar firmes la situación de Correa cambiará

La parte querellante, Fiscalía de Estado, adhirió a la postura del MPF.

Finalmente, la jueza Breckle dispuso que en treinta días se realice una nueva audiencia en la Oficina Judicial de Rawson para debatir sobre la ampliación de las salidas transitorias de Correa.

Este lunes continuó el debate por la causa Revelación con las declaraciones, en primer lugar, del abogado Alberto Gilardino, ex ministro de Coordinación de Gabinete del ex gobernador Mario Das Neves. Preguntado por los fiscales del Ministerio Público Fiscal, hizo referencia de haber aceptado dinero en más de una oportunidad y que el mismo le fue entregado por quien comandaba en principio esta asociación ilícita que era Diego Correa, por la suma de 100 mil pesos, indicó.

El exministro de Coordinación de Gabinete durante la gestión del ex gobernador Mario Das Neves consideró que si los sueldos de los funcionarios fueran más altos no hubieran ocurrido los hechos de corrupción que se ventilan en el juicio.

Por otro lado dio cuenta de las funciones que cumplían los secretarios de la Unidad Gobernador, Diego Correa y Gonzalo Carpintero, haciendo referencia que el primero se ocupaba más de la parte administrativa y Carpintero de las cuestiones institucionales del Gobernador.

También hizo mea culpa de la hipocresía que existe en la política y sobre todo apunto a los sueldos bajos que percibían los funcionarios públicos en esos momento, indicando que no debería ser así para evitar que ocurra este tipo de situaciones, haciendo referencia a lo que se está ventilando en este juicio oral y público.

A modo de conclusión Alberto Gilardino reconoció haber recibido dinero en primer lugar, pero con respecto a la suma que se expresan en la lista no eran coincidentes. Asimismo refirió al momento de su renuncia al cargo de ministro de coordinación de gabinete, haciendo hincapié sobre todo en la entrega de un sobre por parte de su ex secretaria lo cual motivo dicha decisión. El sobre que se dio a conocer a través de los periódicos fue reconocido como «el sobre Bomba» que fue entregado en la honorable legislatura dando inicio a las investigaciones en relación a delitos de corrupción, más específicamente a las causa Embrujo, Revelación y Emergencia Climática entre otras más.

El segundo de los testigos, se trató del arquitecto, Alejandro Bertorini, expresidente del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) reconoció que durante su gestión no envió planilla alguna de obra pública a Diego Correa, ex secretario de la unidad del gobernador. Bertorini dijo ser arquitecto hace 22 años y conocer a todos los imputados. Asimismo detalló cómo funcionaba el organismo del IPV siendo un ente autárquico. Resaltó que «el envío de planillas sería una acción indebida».

La tercer testigo, fue Sandra Torres, contadora del Instituto Provincial de la Vivienda, refirió durante la gestión de Martin Bortagaray, cuando se enviaban las planillas con las órdenes de pago tanto a Martin Bortgaray como a Diego Correa, siendo esto llamativo, como un Instituto autárquico envía esas planillas a un secretario del Gobernador, acción totalmente fuera de la ley. Asimismo reconoció los chats que fueron entregados por ella y que eran enviados a Diego Correa. También dio detales de las planillas con órdenes de pago que eran enviadas a Diego Correa.

De los testimonios recogidos hasta el momento surgió “un detalle no menor, en la época de la gestión al frente del IPV, su presidente Martin Bortagaray, enviaba planillas de órdenes de pago, maniobra que no se volvió a repetir en otras gestiones”.

Es un grupo electrógeno y una heladera de alta gama que fue recuperado de uno de los domicilios de Diego Correa, condenado por corrupción.

Mañana jueves los fiscales Omar Rodríguez y Alex Williams, de la Agencia de Investigaciones contra Delitos al Estado, conjuntamente con el Procurador Jorge Miquelarena y el ministro Alejandro Panizzi, harán entregarán un grupo electrógeno para el Hospital.
Los bienes serán entregado al Ministerio de Salud, que lo remitirá Hospital de Rawson por gestiones del intendente de dicha ciudad, Damián Biss.

“Los bienes recuperados que provenían de actividades delictivas deben volver a la sociedad. En este caso son un grupo electrógeno y una heladera de alta gama, ambos por un valor cercano al millón de pesos. Son elementos que estaban en uno de los domicilios de Diego Correa, y se decidió conjuntamente entre la Procuración y el Superior Tribunal de Justicia que se entregue al Hospital”, indicó el fiscal Omar Rodríguez. “Se trata de equipamiento utilizado para emergencias en caso de eventuales cortes de energía eléctrica. Tiene potencia para abastecer a varias viviendas”, agregó el fiscal y explicó que “se entregan en carácter de depositario judicial”

El Embrujo

Diego Correa fue condenado a 10 años de prisión y una multa económica superior a 20 millones de pesos en la causa de corrupción denominada “Embrujo”. Además de Correa, fueron condenados Diego Luthers, Natalia Mc Leod, Daniela Souza, Federico Gatica, Sandro Figueroa, Juan Carlos “Tato” Ramón, Christian Gisande, Rubén Darío “Bedo” Reinoso y Jorge Godoy por asociación y enriquecimiento ilícito, lavado de activos e incumplimiento con los deberes de funcionario público, entre otros delitos por los que fueron acusados.

La causa judicial se encuentra en etapa de apelación por parte de las defensas, y la Cámara Penal de Trelew informará el próximo lunes 13 de abril a las 12 horas la lectura de la resolución para definir si deja firme o revoca la sentencia.

Este viernes se procedió a la lectura de la pena para los 10 imputados en la causa más emblemática de corrupción en Chubut. Los años que deberán afrontar en prisión: Luthers 5; Daniela Souza 4; Federico Gatica 4; Natalia McLeod 3; Sandro Figueroa 3; Juan Carlos Ramón 3 años y 3 meses; Ruben Reinoso 2; Cristian Gisande 2 y Jorge Godoy 2.

AlexWilliams y Omar Rodríguez, fiscasles del Ministerio Público Fiscal, resaltaron que los jueces ratificaron los imputados que recibieron condenas menores a 3 años, deberán cumplirlas efectivamente igual.

Este viernes, en la Oficina Judicial de Rawson, se conoció la condena definitoria para los diez culpables, por el tribunal de enjuiciamiento, que tuvo la Causa Embrujo: Diego Correa, el jefe de la asociación ilícita, fue condenado a 10 años de prisión con una multa de $22.294.000.

A su vez, Natalia Mc Leod deberá pagar una multa de $525.000 y Federico Gatica deberá afrontar una sanción de $ 5.000.000 por lavado de activos.

El resto de los condenados que deberán ir a la cárcel son: Diego Luthers 5 años; Daniela Souza 4 años; Federico Gatica 4 años; Natalia McLeod 3 años; Sandro Figueroa 3 años; Juan Carlos Ramón 3 años y 3 meses; Ruben Reinoso 2 años; Cristian Gisande 2 años y Jorge Godoy 2 años.

El juez Alejandro Soñis también ordenó el decomiso del lote en Sarmiento 1088, un inmueble de Mitre Rawson, una Chacra de Trelew, un Lote Más Allá del Verde, una camioneta Amarok, un vehículo Palio Weekend, un rodado Hyundai H1 y plazo fijo de $294.000 y otro de U$S 30.000.

El abogado querellante por Iniciativa Ciudadana, Eduardo Hualpa, expresó en su twitter tras el veredicto de los jueces:

 

Esta mañana comenzó la audiencia de cesura de pena y los fiscales del Ministerio Público Fiscal sostuvieron: «La naturaleza de la acción, el ámbito de poder en el que se manejó Correa, le permitió extenderse en el tiempo desarrollando acciones delictivas, es un hecho gravoso que provocó un daño de 22 millones». Su abogado defensor marcó que el tope de condena son 8 años.

El abogado defensor de Diego Correa, Fabián Gabalachis, explicó que «no han sido demostrado los agravantes, por lo tanto acepto la pena de cinco años conforme el mínimo punitivo», sin multa económica.

Esta mañana se dio comienzo a la audiencia de cesura de pena para los condenados en la emblemática Causa Embrujo. Los fiscales del Ministerio Público Fiscal, Alex Williams y Omar Rodriguez solicitaron al tribunal de enjuiciamiento una multa de 22 millones, además de la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos y el decomiso de bienes a Diego Correa, el jefe de la asociación ilícita.

Williams reafirmó: «La caja de la organización criminal la manejaba Diego Correa, fue quién ideó todo, no colaboró en el proceso». A su vez, pidió el decomiso de una serie de bienes:

Vehículos:

Palio Weekend
Volswagen Amarok
Hyundai H1
Mercedez Benz
Plazo fijo por U$S 30.239.

Propiedades:

Casa en Playa Unión: $ 8.000.000
Dúplex en Playa Unión: $ 2.500.000
Lote Rawson: $ 250.000
Lote Rawson II: $ 250.000
Chacra de Trelew: $ 2.800.000
Lote Más Allá del Verde $ 1.680.000

En este sentido de los bienes, el abogado querellante Eduardo Hualpa no compartió la idea de que el Poder Judicial administre los bienes: «Es el menos democrático porque sus autoridades no son elegidas por el pueblo, por eso no comparto que sean los encargados de administrar los bienes. Tiene que haber amplia participación ciudadana».

 

En la causa “Embrujo” a Diego Correa se le imputó el delito de fraude a la administración pública, negociaciones incompatibles con la función pública, enriquecimiento ilícito y auto lavado de activos. Está considerado como jefe de la asociación ilícita desde su cargo al frente de la Unidad Gobernador durante las gestiones del extinto gobernador Mario Das Neves.

Para los fiscales desde ese puesto de secretario de la Unidad Gobernador, se hizo de un patrimonio de 35 millones de pesos, entre vehículos, terrenos e inmuebles. Se le atribuye además haber salido 20 veces del país en los últimos cinco años y de ser titular de una membresía de 20.000 dólares para disponer libremente durante sus vacaciones.

Según la acusación, el exsecretario privado de Mario Das Neves, trabajó en la administración pública provincial entre agosto de 2004 y diciembre de 2011, para luego reincorporarse en diciembre de 2015 hasta el momento de su detención en marzo de 2018. En ese periodo no contó con ningún otro ingreso que no sea su sueldo. En ese lapso Correa adquirió varias propiedades y siete vehículos. La lista incluye una casa y tres dúplex construidos en Playa Unión, dos terrenos y una chacra en Trelew, una chacra en Lago Puelo y dos terrenos en Rawson, uno con la obra de los consultorios médicos iniciada. Al momento de su detención se disponía a viajar a Buenos Aires con 22.500 euros en su poder.

En una audiencia desarrollada en el tercer piso de los Tribunales de Trelew, el Ministerio Público Fiscal, representado por la fiscal general Silvia Pereira y el funcionario Rubén Kholer, solicitó la apertura de investigación en una causa por el delito de dádivas, siendo uno de los involucrados Diego Correa.

En su relato, la Fiscalía indicó que se investiga el hecho ocurrido a partir del día 11 de enero del presente año en la ciudad de Trelew, cuando el oficial principal de Policía Pedro Santos Muñoz, jefe de Seguridad interna de la Alcaidía policial aceptó, por parte de Diego Miguel Correa, interno alojado en el pabellón 7 del mencionado instituto, la promesa de alojamiento sin cargo en un hotel de Puerto Madryn.

Según se describió en la audiencia, el alojamiento fue gestionado, minutos antes de aquel ofrecimiento, por Diego Correa ante los propietarios del hotel, a quienes puso en conocimiento respecto de la necesidad de alojar gratuitamente al jefe de Seguridad interna de la Alcaidía, tal como surge en una conversación telefónica. Ya el día 15 de enero Pedro Santos Muñoz materializó la aceptación de aquella promesa realizada por un interno del cual no podía recibirla, alojándose en el hotel de acuerdo a la ficha de registro de pasajeros secuestrada el día 15 de febrero del corriente año en el establecimiento mencionado.

Los hechos relatados podrían encuadrar como ofrecimiento de dádivas, artículos 259 y 45 de Código Penal en el caso de Diego Correa y admisión de dádivas para Pedro Santos Muñoz. Tanto el defensor Carlos Pericich en representación de Muñoz, como el abogado Javier Romero  no pusieron objeciones a que se realice la apertura de investigación, aunque dieron por sentado que ninguno de sus defendidos cometió ilícito alguno, lo que intentarán demostrar a lo largo del proceso.

Así las cosas, el juez José Alberto García resolvió dejar abierta la investigación de acuerdo a la presentación de los hechos por parte del Ministerio Público Fiscal y con las imputaciones que fueran comunicadas, así lo informó el chubut.

La pretensión original era de 8 años pero consideran que la gravedad de los episodios es suficiente para una sanción mayor. Incluye a los imputados que mintieron al declarar.

Si Diego Correa es declarado culpable por asociación y enriquecimiento ilícito, fraude al Estado y autolavado de activos, la Unidad Anticorrupción pedirá para él al menos 10 años de prisión. La acusación original preveía una pretensión punitiva de 8 años pero los fiscales Alex Williams y Omar Rodríguez creen que los episodios que se probaron en el juicio oral y público por El Embrujo permiten una sanción mayor. También para los imputados que mintieron al declarar.

Según Rodríguez, si hay veredicto de culpabilidad, además del monto de la pena “lo importante es recuperar los bienes y la inhabilitación perpetua, porque el funcionario que intervino en actos de corrupción no puede volver jamás a trabajar al Estado”, así lo informo el Diario Jornada.

En este sentido, “seguramente vamos a pedir más pena para los más comprometidos teniendo en cuenta el reproche en función de lo que mostró este debate”. Según su versión, el más complicado es Correa: “Fue el jefe de la organización y el que teniendo vínculos con el poder se aprovechó de la función pública”.

Bienes

En cuanto al valor de los bienes, el fiscal explicó que “este país es tan dinámico con la inflación que en el año y medio desde que hicimos la valuación a la fecha subieron muchísimo el dólar y las propiedades”.

Precisó que la casa y los tres dúplex de Playa Unión rondan en no menos de 500 mil dólares. “Es muy probable que el total esté cercano al millón de dólares y hay que recordar que Correa fue un funcionario cuyo último sueldo no llegaba a los $ 40 mil”.

Rodríguez detalló que en caso de ser decomisados, los bienes pasan a la órbita del Poder Judicial como depositario. “Deberán volver al Estado en obras o en subasta, pero por ejemplo, es una oportunidad para terminar el edificio de la Procuración General que está parado hace tiempo y compartido con la Defensa Pública”.

“Sugiere”

Sobre la declaración de Correa asegurando que el exgobernador Mario Das Neves le había dado dinero para las obras, el fiscal se preguntó: “¿Cómo hacemos para determinar que es cierto? Das Neves era funcionario público, no un empresario que tenía millones. De alguna manera Correa sugiere y reconoce que una persona fallecida robaba”.

“Lo cierto es que no hay ninguna documentación que lo avale. Decir lo que dijo y decir ´Me encontré un bolso con diez millones de dólares tirado en la calle´ es exactamente lo mismo. Es no justificar el enriquecimiento ilícito”, concluyó.