El intento de los gobernadores opositores para frenar ante la Corte Suprema de Justicia las medidas económicas de Mauricio Macri, dirigidas a aliviar el impacto de la crisis, generó una fuerte reacción del Gobierno, que calificó de «extorsivo» el reclamo de las provincias y consideró que «el esfuerzo debe ser «compartido» y «entre todos».
La voz más fuerte la aportó, al cabo de una jornada intensa y de muchas reuniones en la Casa Rosada, el senador Luis Naidenoff, jefe del interbloque de Cambiemos e integrante de la Mesa de Acción Política que trazó el Presidente. Precisamente, tras salir de ese encuentro de mesa chica, que encabezó Macri, apuntó con fiereza contra los mandatarios. «Los gobernadores no presionan, extorsionan. En la Argentina hay que dejar de lado la extorsión», cuestionó, enojado, el legislador.
Su correligionario, Mario Negri, jefe del interbloque en Diputados, también fue filoso: «Creemos que la responsabilidad es colectiva.Desde el Gobierno se les dio a los gobernadores lo que no les habían dado en 12 años. Antes venían a golpear la puerta y se iban con una anchoa…», ironizó.
Por la mañana, en la conferencia de prensa posterior a la reunión de Gabinete, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, había expuesto la postura del Gobierno: «Lo que nosotros les pedimos a los gobernadores un esfuerzo compartido para aliviar el bolsillo de la gente», afirmó. «En estos años -prosiguió- nuestro Gobierno ha tenido una actitud muy abierta y muy federal respecto a la devolución automática de fondos. Entonces en este momento se está planteando la necesidad de que en vez de presentar medidas de este tipo, se sienten a buscar un diálogo y un acuerdo que le sirva a la sociedad».
A su lado, Alejandro Finocchiaro (Educación) apuntaló: «Hay que asumir la responsabilidad y creo que no sólo nosotros debemos escuchar la voz de la gente. Nuestro gobierno ha sido muy federal, no ha discriminado a ninguna provincia. Y en 2018 casi todas las provincias terminaron con un 0,4% de superávit fiscal. Lo que quiero decir es que tenemos que hacer un esfuerzo y lo tenemos que hacer todos, para que la gente pueda vivir mejor».
En el Gobierno recordaron que la semana pasada se había iniciado una ronda de diálogo con los ministros de Economía de las 19 provincias -todas excepto las que integran Cambiemos- que firmaron el documento en rechazo a la medida unilateral del Gobierno. «Hay que dirimir las diferencias en una mesa de diálogo, no en la justicia. Hicimos muchos esfuerzos éstos años para ponerle un punto final a los juicios prexistentes entre Nación y provincias, y entre provincias», fue el mensaje que transmitieron desde el Ministerio del Interior que conduce Rogelio Frigerio.
El argumento que plantean en la Casa Rosada tiene que ver con que las medidas anunciadas son beneficiosas para las familias, independientemente de a qué provincia pertenezcan, y que el esfuerzo fiscal no sólo lo hacen las provincias, sino también el Estado nacional, al perder el 50 por ciento de lo recaudado.
Con todo, los canales de diálogo, dicen en el Gobierno, «están abiertos»: lo lideran el secretario de Provincias, Alejandro Caldarelli; y el subsecretario Paulino Caballero; y en los próximos días podría sumarse el secretario de Hacienda Rodrigo Pena. Pero el escenario, admiten, luce complicado. De todos modos, ya entrada la noche, en Balcarce 50 se conformaban con que, en medio de la fragilidad política que exhibe tras las PASO, el Gobierno había evitado que algunas provincias opositoras que firmaron el documento se abstuvieran de ir a la Justicia.
Pese a la reacción ante la movida de los gobernadores, en el oficialismo advertían que no tendrá impacto en el actual Presupuesto ya que, entienden, se trata de un litigio que «va para largo» y que, en caso de resultar adverso para el Ejecutivo, deberá hacerse cargo «quien esté después del 10 de diciembre». Todo un mensaje para Alberto Fernández, así informó el Clarín.