Este viernes, el secretario general de la Asociación de Trabajadores de la Educación del Chubut, Santiago Goodman, adelantó que «no hay ninguna razón objetiva para levantar la medida de fuerza por lo que seguiremos desde el lunes hasta el sábado próximo inclusive».
El secretario general de la Asociación de Trabajadores de la Educación del Chubut, Santiago Goodman, adelantó este viernes que «no hay ninguna razón objetiva para levantar la medida de fuerza por lo que seguiremos desde el lunes hasta el sábado próximo inclusive», para cumplir así la décima semana consecutiva sin clases.
El dirigente gremial explicó a Télam que «ya lo hemos dicho hasta el cansancio y lo seguiremos diciendo, si no se regulariza el tema salarial que se paga de manera escalonada, no se corrige la prestación de la obra social cortada y no mejoran los edificios escolares, no hay posibilidades de retrotraer la medida porque así lo dispusieron las asambleas escolares».
En este contexto, el juez de Familia de Rawson, Martín Alesi, hizo lugar a un recurso de amparo que presentó la integrante de la Defensoría Pública, Alexia López, exigiendo a las autoridades que garanticen el servicio de educación, pedido que el magistrado orientó al gobierno central interpretando que es el Estado nacional quien lo debe garantizar.
López, en diálogo con Télam, explicó que «en principio la presentación la realicé en representación de los niños del nivel inicial, primario y secundario de Rawson, que es el ámbito de mi competencia, pero por extensión se interpreta que abarca a todos los alumnos de la provincia».
La funcionaria judicial, asesora de familia de la circunscripción Rawson de la defensa general, explicó que «lo primero que hice, antes del recurso de amparo, fue presentar una nota al propio gobernador intimándolo a que resuelva la situación y se garantice el dictado».
«Pero no tuve ninguna respuesta -describió Alexia López-, y el paso siguiente fue la presentación ante la oficina del juez local Alesi, que es el lugar donde habitualmente hago las presentaciones por una cuestión de competencia».
La abogada fundó su recurso en la ley nacional 25.864 que establece «un ciclo lectivo anual mínimo de 180 días efectivos de clase, para los establecimientos educativos de todo el país en los que se imparta Educación Inicial, Educación General Básica y Educación Polimodal, o sus respectivos equivalentes».
El juez que acogió el amparo y le dio curso fue más allá basándose en el artículo 4to. de esa norma, que indica: «A fin de asegurar el cumplimiento del ciclo, las jurisdicciones provinciales que, una vez vencidos los plazos legales y reglamentarios, pertinentes, no pudieran saldar las deudas salariales del personal docente, podrán solicitar asistencia financiera al Poder Ejecutivo Nacional».
Según explicó la abogada de la asesoría de familia, el «juez le dio al Ejecutivo nacional cinco días para que ejecute lo dictado por la ley, cuyos plazos creo ya están corriendo».
Por otra parte, fuentes judiciales adelantaron a Télam que la jueza de Familia número 1 de Puerto Madryn, María Fernanda Palma, también hizo lugar a un recurso colectivo del mismo perfil que su colega de Rawson para exigir el retorno a clases, en este caso impulsados por padres a través del abogado del foro local Néstor Coronel.