Dirigentes sindicales estatales estuvieron ayer en la Legislatura insistiendo ante los distintos bloques en que se apruebe el proyecto que busca elevar los impuestos a empresas del ámbito privado.
Sin embargo, atento a que la crisis también viene golpeando a las compañías de distintos sectores, incluso en muchos casos tratando de sostener el empleo pese a las condiciones actuales del país y de la provincia, varios legisladores encontrarían al menos incongruente aprobar esa iniciativa que reclaman desde la Mesa de Unidad Sindical.
La crisis del Estado chubutense tiene repercusión directa en el sector privado, y si a eso se le suma más carga impositiva, el combo podría ser explosivo, señalaron sectores del empresariado, pero también de las PyMEs que son las que más vienen padeciendo los golpes de la economía.
Santiago Goodman de la Atech y Tomás Montenegro de la CTA se reunieron ayer con todos los bloques de la Legislatura con la finalidad de tratar la ley Tributaria Extraordinaria. Por el momento no hay consenso y las petroleras ya advirtieron que irán a la justicia si se aprueba.
Chubut Somos Todos advirtió que el proyecto no será acompañado y dejaron en claro que una ley de estas características «necesita de grandes consensos» y principalmente contar con la voz de las principales compañías involucradas como las petroleras, hidroeléctricas, pesqueras, el agro y los casinos.
Desde Cambiemos, la postura es similar y por el momento no darán luz verde al proyecto que declara la emergencia en la educación, la salud y la seguridad y crea un Fondo Especial a través de mayores aportes de las grandes empresas de Chubut.
El posicionamiento en el Frente Para la Victoria está más alineado al de los gremios, aunque también son cautos y advierten la necesidad de lograr «fuertes consensos» para sacar adelante esta iniciativa.
Desde el sector empresarial aseguraron a EL CHUBUT que el proyecto «afecta el derecho a la propiedad privada» de acuerdo al artículo 17 de la Constitución Nacional, y en ese sentido «es confiscatorio y viola el principio de razonabilidad de la norma». Además, esgrimieron que «afecta el derecho constitucional del libre comercio y fomentan una doble imposición tributaria», ya que no solo prescribe adelanto «sino también incremento del porcentaje de regalías».