El magistrado, que afronta el segundo sumario por cuestionamientos a su labor, afirmó que se están cometiendo “delitos” por parte del Consejo de la Magistratura en este proceso de investigación en su contra. Según dijo Toquier, ese órgano “perdió competencia en un proceso plagado de irregularidades”.
El juez de Ejecución de Comodoro Rivadavia, Gustavo Toquier, dialogó con Actualidad 2.0 este jueves, tras conocerse que el Consejo de la Magistratura denunciará al conjuez Ricardo Mutio, acusado de actuar en forma contraria a derecho en su rol de conjuez, al conceder por segunda vez una medida cautelar que ordena suspender un sumario en su contra, por considerar que los plazos para dicha actuación están vencidos.
El magistrado, que afronta el segundo sumario por cuestionamientos a su labor, afirmó que se están cometiendo “delitos” por parte del Consejo de la Magistratura en este proceso de investigación en su contra. Según dijo Toquier, ese órgano “perdió competencia en un proceso plagado de irregularidades”.
Luego de que el pleno del cuerpo resolviera por unanimidad formular una denuncia penal contra el abogado Ricardo Mutio, en su carácter de conjuez interviniente en un recurso de amparo presentado por la defensa de Toquier, éste resaltó que “la defensa original se fundó en el vencimiento del plazo de la competencia que tenía el Consejo de la Magistratura para instruir el sumario. El plazo legal son 90 días corridos a partir de que está radicada la denuncia”, remarcó en alusión a que éstos empezaron a correr “en marzo de 2017”.
El primer sumario que involucró a Toquier fue por su actuación en el concurso de Oil Combustibles, lo que derivó en una sanción administrativa aplicada por el Superior Tribunal de Justicia, que lo suspendió durante 30 días en el cargo, en agosto de 2018.
El origen del segundo sumario
Toquier recordó que el sumario actual “se inició a raíz de una denuncia de José Luis Ronconi, secretario del SITRAJUCh (Sindicato de Trabajadores Judiciales del Chubut) ante el Superior Tribunal de Justicia (STJ), que dispone que se haga una investigación administrativa en el Poder Judicial y remite actuaciones a la Cámara de Apelaciones. Esta dispuso un sumariante, que recayó en el Dr. (Manuel Horacio) Pis Diez, expediente en el que nunca tuve participación, pero tengo entendido que a Ronconi se lo citó a ampliar la denuncia y Pis Diez ordenó el archivo de actuaciones. Luego el sindicato tuvo una reunión con miembros del STJ, que se aboca a la causa, pide el expediente y nulifica todo lo actuado por la Cámara y el Dr. Pis Diez y dispone que se remitan copias al Consejo de la Magistratura como a la Fiscalía de turno en Comodoro Rivadavia –detalló el juez Toquier-. Ahí se inició ese sumario, en marzo de 2017. Yo fui recién notificado en 2018. Esto es contemporáneo con la cuestión resuelta en el marco de la causa Oil”, puntualizó.
De esa manera, se iniciaron dos tipos de investigaciones: en la Fiscalía y el Consejo de la Magistratura. “El equívoco es que el Consejo reglamenta su funcionamiento y pasa por encima de la ley. Es el argumento constitucional que yo he planteado”, dijo en referencia a las exenciones al plazo de 90 días, por las que el Consejo de la Magistratura entiende que dicho período no está vencido y que corresponde que sean abordadas sus conclusiones.
Para Toquier, el Consejo no tenía facultades para seguir el sumario más allá de los 90 días corridos desde el inicio de las actuaciones. En esa línea, también cuestionó la prórroga por otros 90 días, que se le concedió a la consejera sumariante el 21 de marzo de este año.
“La consejera sumariante advirtió que el plazo que le faltaba era insuficiente para llevar adelante el sumario y pidió una ampliación de 90 días más, que fue concedida por el pleno. Yo considero que el primer plazo, igual que mi letrado, está completamente excedido, que la interpretación del reglamento no puede ir más allá de lo que dice la norma. Hay un exceso de la potestad reglamentaria y su modo de aplicación. Y aparte transcurrieron otros 90 días que se dieron de gracia. Perdió competencia el Consejo de la Magistratura en un proceso plagado de irregularidades”.
“Hubo falso testimonio”
Toquier agregó que “Ronconi es citado como testigo, presta juramento a decir verdad, me hace la acusación formal de un delito en su declaración pero yo le presento una contraprueba que refuta esto y donde le afirmo a la Dra. Erostegui (sumariante) que está mintiendo y ella, que tiene una función pública, tiene la obligación legal de hacer la denuncia y hacer intervenir un fiscal remitiendo las copias pertinentes porque se está incurriendo en el delito de falso testimonio”.
En el segundo sumario, que ahora se encuentra en suspenso por efecto del amparo interpuesto por su defensa, una de las conclusiones cuestiona la actuación del juez por haber tomado decisiones judiciales que involucran a una empresa, de carácter financiero, en cuya sociedad tenía participación su señora esposa. Consultado en torno a si ese hecho, en el que se le cuestiona haber fallado (a favor o en contra) de una firma involucra a su propia sociedad conyugal, respondió: “No es es una irregularidad para nada. La ley dice de manera textual que quedan exceptuadas las sociedades anónimas, porque yo tengo la obligación de conocer a sus integrantes”.
En relación al cuestionamiento que formuló el Consejo sobre la actuación de Mutio, por haberse llevado el expediente de la sede del organismo tras resolver la suspensión de actuaciones, manifestó: “Puede hacer lo que quiere con el expediente, se lo lleva a su estudio porque no tiene un despacho como conjuez para actuar. Yo tampoco ahora puedo hacer presentaciones en el expediente porque lo tiene él para resolver. ¿De qué se lo quiere acusar?”, dijo Toquier, quien consideró que “Montenovo se equivoca. Lamentablemente tal vez no conoce el ámbito del derecho civil. La medida cautelar es anticipatoria para evitar daños en el proceso y que la sentencia se torne abstracta. No puede haber un obstinamiento en querer resolver una cuestión cuando se está planteando todo el vicio que hubo en el proceso. Esperemos que funcionen los órganos institucionales, que funcione la justicia, que dicte una sentencia y diga si el proceso ha sido viciado o no”, así lo informó ADN Sur.
Toquier aseveró que está planteando ese viciamiento en el recurso de amparo. “Esto se basa en un nuevo hecho, en un nuevo plazo que se le venció al Consejo”, precisó. Y consultado sobre si el sumario no se podrá tratar hasta que haya una definición judicial, explicó que “no. La denuncia del juez la pueden hacer; hasta que haya un fiscal que acuse y lleve a juicio él va a seguir participando”.