Integrantes de la Asamblea de Jacobacci por el Agua y el Territorio volvieron a manifestarse en contra de la megaminería en Calcatreu. Además, en el marco de los acontecimientos ocurridos a nivel nacional, repudiaron el accionar del gobierno de Mendoza en la movilización que se realizó en esa provincia para evitar la reforma de la Ley 7722.
La posición se dio a conocer en la jornada en la que se conoció el otorgamiento de permisos por parte del DPA a Minera Aquiline Argentina para que pueda iniciar una nueva campaña de exploración en Calcatreu y concretar el campamento que levanta en la zona de Lipetrén, a unos 82 kilómetros al sur de Jacobacci.
La agrupación ambientalista dejó en claro su postura opositora a través de un comunicado, en el que señalaron que Calcatreu «es solo la punta de un ovillo que involucra a cientos de proyectos de minería metalífera que, lejos de resolver los problemas como localidad y región “nos va a terminar de definir como zona de sacrificio”.
“Nos quieren hacer creer que esta minería es inevitable, que estamos condenados a resignarnos por vivir en un territorio rico en minerales y que estos son totalmente necesarios para la vida cotidiana»
Asamblea de Jacobacci por el Agua y el Territorio
«Nunca podría ser sustentable en la medida que vuelan cerros con toneladas de explosivos y usan cianuro, mercurio y ácido sulfúrico que se acumulan en embalses junto a millones de litros de agua como residuos contaminantes”
Respecto a la necesidad de generar empleos en una región con su principal economía como lo es la ganadería ovina y caprina, aún en crisis, admitieron que las fuentes de trabajo de los proyectos mineros son temporales y en un estado avanzado son mínimas y altamente calificadas. “Nosotros no somos los responsables del desempleo y en muchos casos hay un vacío intencional de propuestas laborales para favorecer la instalación de estos proyectos mineros”.
Agregaron que los organismos competentes no cuentan ni con las capacidades ni con los recursos necesarios para garantizar el control del más mínimo impacto ambiental.
“Nos dicen que la minería metalífera es aceptada por la mayoría de la población, entonces por qué en las campañas electorales no se expresan a favor… por miedo a perder votos? Nos preguntamos: ¿estamos dispuestos a utilizar en nuestra región cada vez más afectada por la sequía millones de litros de agua por día para extraer minerales destinados en su mayoría a la especulación financiera? ¿A qué vuelen nuestros cerros con toneladas de explosivos y utilicen sustancias contaminantes para separar los minerales que se llevarán, a cambio prácticamente de nada con los pasivos ambientales que esto implica? ¿A que estos proyectos se instalen en territorios de comunidades indígenas y de campesinos que generación tras generación han sostenido a sus familias a partir de la producción?”, agregaron.
Detallaron que la opción para cubrir las necesidades sigue estando en el fomento de la ganadería, de la agricultura, el turismo, el comercio y empresas de servicios y las industrias no contaminantes.
Río negro – Mendoza
Por otro lado compararon lo que sucede en Mendoza, con lo ocurrido en Río Negro en diciembre de 2011 cuando, días antes de Navidad, el ex gobernador Carlos Soria (FpV) a pocos días de haber asumido derogó la Ley Provincial 3981, similar a la ley 7722 de Mendoza.
“Más allá de los partidos políticos y de los funcionarios y funcionarias de turno, lo que está cada vez más claro es que el modelo extractivo no se toca. La Ley de Inversiones Mineras del año 1993 está más vigente que nunca. Parece que nada importa lo que dice la Constitución Nacional y Provincial en materia de protección ambiental ni las Leyes que van en el mismo sentido, todo esto es violado sistemáticamente por aquellos que juran por Dios, la Patria y por el Pueblo”, sentenciaron.
