Aníbal Fabián Martínez sostuvo que el senador brasileño ingresó y salió del país con documentación válida y sin restricciones de INTERPOL. Sin embargo, las causas por presunto encubrimiento en Comodoro Py continúan activas.
El fiscal federal de Puerto Iguazú, Aníbal Fabián Martínez, solicitó este jueves el archivo por inexistencia de delito de la denuncia radicada en la provincia de Misiones sobre el presunto paso irregular del senador brasileño Flávio Bolsonaro y su posterior abordaje hacia un vuelo privado.
Según el dictamen al que tuvo acceso la prensa, la fiscalía consideró que “no existe ingreso ilegal alguno ni ilícito penal imputable, puesto que el causante contaba con plena aptitud legal y documental para ingresar, transitar y egresar del territorio argentino”.
La decisión judicial responde a dos denuncias presentadas este miércoles —una de ellas promovida por la diputada nacional Marcela Pagano— que solicitaban investigar un posible ingreso irregular, evasión de controles de frontera y la presunta complicidad de empresas de transporte terrestre y de aviación privada como Baires Fly S.A.
Al respecto, la propia diputada Pagano apuntó contra el Poder Ejecutivo a través de su cuenta en la red social X:
“Desde el Gobierno nacional están apretando a la justicia y a los funcionarios de Misiones para que no salgan a la luz las pruebas (fotos y videos) que involucran a funcionarios del Ejecutivo apoyando la fuga de Bolsonaro. Por eso, como imaginé que esto iba a pasar les aviso algo: la denuncia también la radiqué en los tribunales federales de Brasil”, remarcó la legisladora.
En la misma línea institucional, el jefe de Gabinete de Ministros, Diego Santilli, respaldó el accionar del área migratoria:
“Como lo expresó la Dirección General de Migración: ingresó con la documentación correspondiente, en regla y terminó saliendo en avión, también en las mismas condiciones”, ratificó el funcionario nacional.
Los informes técnicos que fundamentan el dictamen
Para sostener el desestimamento de la denuncia, el representante del Ministerio Público Fiscal de Puerto Iguazú fundamentó su postura en dos reportes clave emitidos por organismos de control:
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Informe de INTERPOL: Determinó que en sus bases de datos “no se registran restricciones, requerimientos ni órdenes de captura vigentes” contra Flávio Bolsonaro, ni constan alertas rojas o antecedentes de impedimentos internacionales al momento del cruce.
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Informe de la Dirección Nacional de Migraciones: Precisó que el legislador ingresó al país desde Brasil el pasado 27 de octubre a las 22:37 a través del Puente Internacional Tancredo Neves utilizando su documento de identidad brasileño, y egresó esa misma noche a las 23:52 desde el Aeropuerto Cataratas del Iguazú en un vuelo privado hacia Ecuador, presentando pasaporte italiano.
Con base en estas actuaciones, Martínez remarcó que “ha quedado fehacientemente acreditado que el ciudadano Flávio Nantes Bolsonaro ingresó y egresó del territorio nacional en forma plenamente regular”, ratificando “la inexistencia de vicios o irregularidades en el procedimiento migratorio”.
Asimismo, el fiscal desestimó los pedidos de medidas de prueba adicionales —solicitudes de cámaras de seguridad en fronteras, manifiestos de vuelo de la aeronave LV-JQW y registros de empresas turísticas— por considerar que “su producción resulta enteramente inconducente, innecesaria y superflua”, advirtiendo que impulsarlas “constituiría un dispendio judicial e instruccional manifiestamente innecesario e injustificado”.
Las causas paralelas continúan abiertas en Comodoro Py
El desestimamento firmado en Misiones circunscribe su alcance exclusivamente a la jurisdicción de Puerto Iguazú. Martínez remitió copia de las actuaciones a la Fiscalía Federal N.º 10 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para que continúe la investigación sobre las contrataciones aerocomerciales con origen en Aeroparque.
En forma paralela, en los tribunales federales de Comodoro Py, la jueza María Eugenia Capuchetti hizo lugar al requerimiento de la fiscal Paloma Ochoa y solicitó informes a la Cancillería y a Migraciones para verificar si existía conocimiento previo de las restricciones judiciales fijadas en Brasil por el juez Alexandre de Moraes, del Supremo Tribunal Federal.
Capuchetti requirió además los registros audiovisuales de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), Policía Federal, Gendarmería Nacional y Aeropuertos Argentina. Dichas actuaciones derivan de las denuncias interpuestas por el dirigente Gabriel Solano y el diputado Esteban Paulón contra el presidente Javier Milei y funcionarios del Gabinete por presunto encubrimiento.