Durante la inauguración de una planta de procesamiento de carbonato de litio de la firma Río Tinto en la provincia de Catamarca, el presidente Javier Milei destacó el impacto del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) en la atracción de capitales internacionales.
Según precisó el mandatario, el esquema cuenta con 13 proyectos mineros aprobados que representan desembolsos por US$ 28.000 millones enfocados en la extracción de litio y minerales estratégicos.
En el marco general del programa económico, la Casa Rosada contabiliza 29 iniciativas autorizadas por un total cercano a los US$ 80.000 millones en diversos sectores productivos, al tiempo que expedientes por otros US$ 130.000 millones permanecen en proceso de evaluación técnica y administrativa.
«El RIGI es sinónimo de estabilidad fiscal, aduanera y cambiaria y de seguridad jurídica para el que arriesga su capital. Eso se convierte rápidamente en inversiones y puestos de trabajo, además de fortalecer el frente externo a través de las exportaciones», remarcó el presidente Javier Milei durante el acto oficial.
Proyectos en Catamarca, generación de empleo y producción de litio
La expansión de la actividad minera en la región del NOA muestra avances operativos antes de los plazos estipulados originalmente:
-
Impacto laboral en la provincia: En Catamarca se radican 5 de los 13 proyectos aprobados por el RIGI, los cuales prevén la creación de más de 19.000 puestos de trabajo directos e indirectos en las etapas de construcción y explotación.
-
Aceleración de Río Tinto: Las plantas Fénix 1B y Sal de Vida concretaron desembolsos conjuntos por US$ 1.400 millones, iniciando la fase productiva en el segundo trimestre de 2026 para sumar 25.000 toneladas anuales adicionales de carbonato de litio.
-
Proyección de escala global: Con el desarrollo proyectado en el yacimiento Rincón, la compañía minera contempla alcanzar una capacidad de extracción de 160.000 toneladas anuales en territorio argentino.
-
Seguridad jurídica y agilización: El Poder Ejecutivo ratificó su compromiso de simplificar trámites burocráticos y eliminar trabas regulatorias para posicionar a la Argentina como un proveedor competitivo ante la demanda global de insumos para la transición energética.
Las certezas normativas otorgadas por el marco legal buscan consolidar el ingreso de divisas y dinamizar la cadena de proveedores locales en las provincias cordilleranas.