Mendoza se puso de pie en contra la reforma de la ley minera, luego de que se habilitara el uso de sustancias tóxicas, como el cianuro. Por tal motivo, con manifestaciones en diferentes puntos de la provincia, el reclamo popular, principalmente de ambientalistas, productores y defensores del agua, comenzó a hacerse sentir con fuerza en las principales calles de la provincia.
De hecho, este domingo miles de ciudadanos iniciaron «la marcha más grande de la historia mendocina» y finalizaron este lunes en las puertas de la Casa de Gobierno para exigirle al flamante gobernador radical Rodolfo Suarez que vete los cambios a la norma 7.722. Este lunes hubo una nueva marcha que terminó con incidentes y represión. La policía lanzó gases lacrimógenos y balas de goma al aire.
Mendoza se puso de pie en contra la reforma de la ley minera, luego de que se habilitara el uso de sustancias tóxicas, como el cianuro. Por tal motivo, con manifestaciones en diferentes puntos de la provincia, el reclamo popular, principalmente de ambientalistas, productores y defensores del agua, comenzó a hacerse sentir con fuerza en las principales calles de la provincia.
De hecho, este domingo miles de ciudadanos iniciaron «la marcha más grande de la historia mendocina» y finalizaron este lunes en las puertas de la Casa de Gobierno para exigirle al flamante gobernador radical Rodolfo Suarez que vete los cambios a la norma 7.722. Este lunes hubo una nueva marcha que terminó con incidentes y represión. La policía lanzó gases lacrimógenos y balas de goma al aire.
«Estamos aquí para sumarnos al rechazo a los cambios que se le hicieron a la ley. No queremos una Mendoza contaminada, por el futuro de nuestros hijos. No creemos en los supuestos controles ambientales. Venimos a defender el agua y a exigir que se dé marcha atrás», expresó a LA NACION María González, una vecina de la comuna de Luján de Cuyo, quien junto a sus hijos se plegó a la movilización durante la noche del domingo a la vera de la ruta 40, acompañando a las personas que venían marchando horas antes desde el sur provincial, principalmente de las comunas de General Alvear y San Carlos, bajo las consignas «La 7.722 no se toca» y «El agua es de todos».
«Es una ley parida por el pueblo, ningún legislador la puede tocar. Exigimos al gobernador que la vete ya. No nos sentimos representados por los legisladores. Somos un pueblo libre de minería y de tóxicos», expresó una de las manifestantes durante el acto en el Palacio Cívico.
El secretario de Ambiente, Humberto Mingorance, aseguró que la ley se promulgará pese a las protestas y que «obviamente no habrá veto», como piden los manifestantes.
Desde el Valle de Uco, el intendente de San Carlos, Jorge Difonso, histórico referente del reclamo ambientalista y autor de la 7.722, participó también de la movilización, exigiendo dejar sin efecto los cambios. «Acompaño como un vecino más, preocupado por esta reforma que compromete seriamente el agua de Mendoza, en un contexto de sequía muy grande en la provincia y de las recomendaciones de la comunidad científica internacional. Esperamos que el gobernador entienda que no existe consenso social para el avance de esta reforma y que la vete. Caso contrario iniciaremos una declaración de inconstitucionalidad», expresó a este diario.
El viernes, con un trámite veloz, los legisladores provinciales, en sesión especial, decidieron modificar la reconocida «Ley Antiminera», permitiendo ahora la utilización de sustancias tóxicas, como el cianuro y el ácido sulfúrico. En tanto, al igual que el viernes, hoy la Iglesia volvió a intervenir, pidiéndole a Suarez que derogue la normativa, que fue aprobada en el Senado por 29 votos a favor y 7 en contra; y en Diputados por 36 voluntades positivas y 11 negativas.
Así las cosas, mientras se producen las manifestaciones, el grueso del oficialismo y la oposición defienden la reforma, haciendo hincapié en la necesidad de Mendoza de cambiar la matriz productiva, apuntando a la generación de nuevos empleos de la mano de la minería, que llegarían a 50.000 puestos de trabajo, según estiman en Casa de Gobierno. Asimismo, ya son una veintena los proyectos que esperan desarrollarse en tierra cuyana.
Tras años de quejas, los empresarios mineros, finalmente lograron el aval del Gobierno para reactivar el sector. La norma, conocida como «Ley Antiminera», había sido sancionada hace más de una década, y en 2015, la Suprema Corte declaró su «constitucionalidad», lo que significó un duro revés para las compañías. Sin embargo, ahora, se abren las puertas a diversas iniciativas de extracción metalífera a gran escala de oro y cobre, entre otros minerales. Por eso, según advierten los especialistas, también serán de extrema importancia los controles ambientales que se dispongan. Mientras, no se detiene la resistencia de sectores ecologistas y populares, que portan la bandera del cuidado del agua y prometen dar pelea, principalmente en la Justicia.
Los principales cambios a la Ley Antiminera
Las modificaciones clave a la normativa se centran en los artículos 1 y 3, donde se observan claramente las diferencias. De esta manera, el artículo 1 que establecía la expresa prohibición de sustancias contaminantes pasó ahora a la autorización de su uso para los proyectos que aseguren «sostenibilidad». Antes de los cambios, el artículo en cuestión dejaba en claro su finalidad.
«A los efectos de garantizar debidamente los recursos naturales con especial énfasis en la tutela del recurso hídrico, se prohíbe en el territorio de la Provincia de Mendoza, el uso de sustancias químicas como cianuro, mercurio, ácido sulfúrico, y otras sustancias tóxicas similares en los procesos mineros metalíferos de cateo, prospección, exploración, explotación y/o industrialización de minerales metalíferos obtenidos a través de cualquier método extractivo».
Pues bien, quedará redactado de la siguiente manera: «A los efectos de garantizar la sustentabilidad en el aprovechamiento de los recursos naturales, con especial énfasis en la tutela del recurso hídrico y asegurar el cumplimiento de la actividad minera de los principios ambientales de sustentabilidad establecidos (en diferentes leyes nacionales y provinciales), establécese que el uso de sustancias químicas, mezclas o disoluciones de ellas, quedará restringido a aquellas que aseguren la sostenibilidad del proyecto y estará limitado a aquellos productos cuya producción, importación y uso esté permitido en la República Argentina, y su aplicación, transporte, almacenamiento y distribución estará sujeto a las normas vigentes provinciales, nacionales e internacionales. En el marco de las obligaciones asumidas por la República Argentina en el Convenio de Minamata, prohíbase el uso de mercurio en la Provincia de Mendoza en todas sus formas.»
En cuanto al artículo 3, se pone en evidencia el sustancial cambio que se introdujo: las declaraciones de impacto ambiental no deberán pasar más por la Legislatura. En la ley inicial se establecía: «Para los proyectos de minería metalífera obtenidos las fases de cateos, prospección, exploración, explotación, o industrialización, la DIA debe ser ratificada por ley. Los informes sectoriales municipales, del Departamento General de Irrigación y de otros Organismos Autárquicos son de carácter necesario, y se deberá incluir una manifestación específica de impacto ambiental sobre los recursos hídricos conforme al artículo 30 de la Ley 5961».
En tanto, en la nueva ley se dispuso lo siguiente: «Todo proyecto minero que tenga como finalidad obtener concentrados o metales, aplicando cualquier método de explotación e industrialización, la Declaración de Impacto Ambiental (D.I.A) deberá contener los informes sectoriales Municipales del lugar donde pretenda ejecutarse, del Departamento General de Irrigación, del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales(IANIGLA), y de otros organismos que considere la autoridad de aplicación como necesarios».
