Finalmente, el pedido desesperado de las cámaras empresarias se verá correspondido en la práctica: el gobierno lanza un comunicado con el cual establece la nueva moratoria fiscal para atenuar las dificultades impositivas que sufren la pymes y miles de monotributistas a partir de la cual se verían beneficiados con quitas de hasta el 42% y planes de pago para su refinanciación de hasta un plazo de 10 años.
La nueva reglamentación está contemplada en la Ley de Emergencia y Reactivación Productiva sancionada a pocos días de la asunción de Alberto Fernández y se terminó de idear en la reunión que mantuvo Cafiero con sus secretarios y otros ministros.
La medida llega en un momento más que oportuno. De hecho, fue uno de los puntos más aclamados de la mencionada ley. Es que la situación es realmente compleja: a agosto del año pasado, un total de 665 mil CUITS acumulaban $153.051 millones en deudas con la AFIP, según datos aportados por el mismo ente recaudador. Las cargas financieras que implican los intereses y multas por atrasos y falta de pago de los compromisos impositivos son demasiado grandes como para no contar con una medida que ayude a descomprimirlas.
La moratoria incluye a pymes y monotributistas- que no estén enmarcados en el Monotributo Social- y se estima que ofrecerá quitas de hasta un 42% de la deuda que éstos contraigan. Asimismo, los saldos pendientes se podrán refinanciar hasta en 120 cuotas en el caso de obligaciones tributarias y aduaneras, y hasta 60 en las deudas adheridas por aportes y retenciones.
Para tener en cuenta, las pequeñas y medianas empresas deberán tener el certificado “MiPyme” para acceder a la moratoria. Hasta el momento, hay 608.000 firmas que figuran con esa documentación.
Con respecto a las tasas de interés, confirman que durante el primer año será fijo del 3% todos los meses. A partir del segundo, se moverá según BADLAR, lo que la hará variable.
El tiempo para la inscripción a la moratoria irá del 17 de febrero al 30 de abril. La primer cuota vencerá el 16 de julio.
La medida viene como objetivo morigerar el alto impacto que tienen las gigantescas cargas impositivas en Argentina, que llevaron a numerosas empresas no poder pagarlas y tener que cerrar o ajustar más de la cuenta. Según datos de AFIP, entre 2015 y 2019 cerraron 24.505 empresas, siendo los empleadores de hasta 10 empleados los más afectados.