En un documento emitido por el Partido Justicialista de Chubut que preside Ricardo Mutio se remarca que «el Poder Ejecutivo provincial, en el marco de las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional para combatir la pandemia, ha diseñado un esquema de funcionamiento para tratar de atenuar ante la opinión pública, la exclusiva que responsabilidad que le cabe en la generación de la crisis económica y financiera que padece la sociedad chubutense, más allá de la emergencia sanitaria».
Decretazos
Según el PJ, el gobierno de Arcioni «estima que la utilización de los decretos de necesidad y urgencia (DNU) les permitirá gobernar sin el Poder Legislativo, es decir sin oposición, aumentando indebidamente las atribuciones del Gobernador y los Ministros, y avanzando sobre los derechos y garantías de los ciudadanos y también en muchos casos sobre las autonomías municipales».
Los límites constitucionales
«La Constitución Provincial lo establece con amplitud y claridad en su artículo 156, marcando una significativa avanzada normativa para este instrumento. Las condiciones impuestas por la Constitución Provincial para el dictado y vigencia de un DNU, son restrictivas, excepcionales, y desalientan y acotan significativamente su utilización», afirma.
«Al dictar un DNU el Poder Ejecutivo está asumiendo el rol de Poder Legislativo y debe comunicarlo a la Legislatura dentro de los cinco días de dictado. A partir de ese momento, para sostener la vigencia del mismo, se le impone al oficialismo legislativo la tarea de conseguir su aprobación por los dos tercios del cuerpo legislativo, dentro de los treinta días de su comunicación. No conseguir el voto de 18 legisladores dentro de los treinta días, implica no aprobación o rechazo del mismo», explica el comunicado del PJ.
«Si la Legislatura no sesiona en treinta días a contar desde la presentación ante ella del DNU, éste queda irremediablemente derogado. Esto debe tenerse presente por todas las autoridades porque en tal caso no resultarán válidas ni obligatorias las disposiciones que contuviera el decreto.
Ningún funcionario público podría intentar hacer cumplir tal decreto así derogado, ni ningún habitante de la provincia estaría obligado a cumplirlo. La ilícita pretensión de renovar el decreto ya derogado no podría tampoco provocar efecto jurídico alguno vinculante para ninguna persona, pública o privada, salvo las responsabilidades penales y civiles de quienes lo intenten.
De darse tal situación, que representaría una grosera burla a la Constitución Provincial, nuestro Partido llevará adelante en los ámbitos que correspondan, todas las acciones a su alcance dentro de la ley, tanto las necesarias para sostener en Chubut las normas jurídicas dispuestas por el Gobierno Nacional para toda la República Argentina, en el marco de la emergencia, como la irrestricta defensa del pleno funcionamiento de los tres poderes que conforman el Estado Social de Derecho, organizado democráticamente bajo la forma republicana y representativa», finaliza.
Fuente: El Extremo Sur
