El Ministerio Público Fiscal comenzó una investigación a la titular del Ministerio de Desarrollo Social, Cecilia Torres Otarola; en la que solicitó información sobre los sueldos, viáticos, ticket de combustible, pasajes terrestres y aéreos, como así también de las personas designadas como secretarios, asesores y contratados.
Luego de que el domingo la exdiputada emitió su descargo en los medios, asegurando que todo se trata de una cuestión personal, este lunes el fiscal Omar Rodríguez efectuó algunas aclaraciones al respecto.
En los micrófonos de LaCienPuntoUno, Rodríguez hizo un recorrido desde el comienzo de la causa, que tuvo sus inicios tras una denuncia radicada en Esquel contra la funcionaria, acusándola de extorsión.
Desde allí, la fiscalía de la localidad cordillerana redireccionó la investigación del caso a Rawson, donde el funcionario toma el mando de la misma, comenzando con la recolección de la información.
Rodríguez recibió la denuncia (con documentación) de Martín Sandoval, quien fue asesor mientras Torres Otarola era diputada, y luego la acompañó al Ministerio de Desarrollo y Familia. Él comentó al funcionario judicial que hay personas designadas que cumplen funciones en el Ministerio que tienen causas penales, e incluso no tienen el nivel académico pertinente para ocupar el cargo.
El fiscal adelantó que hay dos designaciones que ingresan en este grupo: un director peruano que reside en Buenos Aires con causas por violencia de género vigentes; y el caso de un exfuncionario imputado por corrupción al que no se podía contratar como asesor, por el que su madre ocupó el rol de “prestanombre”.
Rodríguez afirmó que el código no permite que llame a declaración indagatoria a la ministra hasta que se realice la apertura de investigación judicial. De igual manera, adelantó que hoy la expectativa se encuentra puesta en encontrar si existió el delito, y luego establecer las responsabilidades.
En caso de comprobarse el delito, el fiscal comentó que por el momento la figura que caería sobre la exdiputada sería Fraude a la Administración Pública, por la que correspondería una pena de entre 2 a 6 años de prisión.
