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La nena tenía 11 años cuando era sometida por su padrastro al momento en que se quedaban solos porque la madre de la víctima se iba a trabajar. “Vení monita, haceme mimos”, le decía y la sentaba sobre su falda para tocarle sus partes intimidas y luego acostarse sobre ella, según se detalla en la acusación fiscal que terminó en condena tras un juicio abreviado en el que el imputado aceptó su responsabilidad a cambio de que le bajaran la pena.

El cargo por el que al policía terminaron sentenciándolo a tres años de cárcel con condena de cumplimiento condicional es; “abuso sexual simple agravado por la situación de convivencia preexistente, en la modalidad de delito continuado en carácter de autor”.

Los hechos, según la Justicia, ocurrieron a partir de febrero de 2018 en las Mil Viviendas de Trelew; en el departamento en el que el condenado convivía con su pareja y la hija de esta, que en la actualidad tiene casi 18 años.

El juicio abreviado se llevó a cabo hasta hace unos días, fue presidido por la jueza Mirta del Valle Moreno, se concretó a puertas cerradas, y el policía condenado –que debería ser echado de la fuerza, deberá atenerse a cumplir en los próximos cuatro años determinadas imposiciones que le ha fijado la magistrada, tales como; someterse a un tratamiento psicológico, no consumir estupefacientes, ni abusar de bebidas alcohólicas y no tener ningún tipo de contacto con la víctima.

El juez penal Marcos Nápoli dicto sentencia en una causa vinculada con la tenencia de Material de Abuso Sexual Infantil (MASI) en poder de una persona que se desempeñaba como profesional médico en el Cuerpo Interdisciplinario Forense de Trelew hasta el momento de ser exonerado en función del sumario administrativo interno dispuesto por el STJ al ser notificados oficialmente sobre la investigación que se seguía al funcionario judicial.

La sentencia fue emitida el pasado viernes 16 de febrero de 2024 en el marco en el marco de las actuaciones caratuladas: «Ministerio Público Fiscal s/inv. pta.inf. art. 128 CPP. Trelew 2021” correspondientes al caso fiscal Nro. 98499 y a la carpeta judicial Nro. 9554 de la Oficina Judicial de Trelew. El caso había sido primicia de ADNSUR.

En su sentencia, Napoli decretó improcedente el pedido de incompetencia formulado por la defensa del imputado, Juan Orlando Juárez y declaró al acusado autor material y penalmente responsable del delito de “tenencia de toda representación de un menor de 18 años dedicado a actividades sexuales explícitas, con fines predominantemente sexuales, agravado por tratarse de víctimas menores de 13 años, en carácter de autor”.

En cuanto a la condena, el magistrado resolvió imponer una pena de 8 meses de prisión de ejecución en suspenso, accesorias legales y costas. Entre las condiciones que conlleva este tipo de pena, se cuenta que la persona condenada deba residir en el domicilio aportado o hacer saber inmediatamente al tribunal cualquier cambio que se suscitare en tal sentido; no cometer nuevos delitos y la obligatoriedad de realizar 200 horas de tareas comunitarias en beneficio de la comunidad por el término que dure la pena, sugiriendo el juez que las mismas “sean desarrolladas en algún hogar de adultos mayores, siempre que la entidad tenga carácter de pública”.

Napoli ordenó además el decomiso de bienes secuestrados durante la investigación penal, entre los que se cuenta un teléfono celular y dos equipos informáticos.

En juicio, la acusación estuvo a cargo de los Dres. Fernando Rivarola y Eugenia Domínguez por el Ministerio Público Fiscal, ambos integrantes de la Unidad Fiscal especializada en Cibercrimen y Evidencia Digital del Chubut. También participaron en representación directa los representantes de la Asesoría de Menores e Incapaces, la Dra. Ivana Vaskov y el Dr. Pablo Rey, en tanto que la defensa técnica del acusado fue realizada por el Dr. Marcelo Urbano Quintero.

La medida fue otorgada por la justicia ante un pedido de la fiscal General de Rawson, Florencia Gómez.

La audiencia se realizó este jueves en la Oficina Judicial en Rawson, en el marco de la causa por presunta extorsión que iniciaron empresarios de la estiba contra la conducción chubutense del Sindicato Unidos Portuarios Argentinos (SUPA).

La fiscal general de Rawson, Florencia Gómez, es la encargada de llevar adelante la investigación y, en la audiencia, solicitó la prisión preventiva por seis meses para los dirigentes sindicales Alexis Gutiérrez, Bruno Vega, Claudio Villarroel, Juan Zambrano y Juan Inalef.

Las denuncias de los empresarios, indican que entre agosto y septiembre de 2023 los dirigentes sindicales habrían exigido sumas de dinero a cambio de no frenar la actividad portuaria, afectando a varias empresas estibadoras. Esto fue informado por Gustavo González, presidente de la Cafach, en FM EL CHUBUT.

Luego de un cuarto intermedio, la justicia resolvió dictar un mes de prision preventiva domiciliaria para los sindicados, además de imputarlos y abrir una investigacion formal por un plazo de 6 meses. En la ocasión se expuso que los fueros sindicales no contenmplan el delito endilgado. Como medida adicional, se impuso una prohibicion de contacto de los acusados hacia los denunciantes.

ANTECEDENTES DEL HECHO

El SUPA tiene una delegación en la Provincia del Chubut y representa a los trabajadores del rubro de la estiba en los puertos de Comodoro Rivadavia, Camarones, Puerto Madryn y Rawson. Estos trabajadores se encargan de la descarga de barcos que llegan a los muelles con materia prima.

El sindicato controla la oferta de mano de obra en todos los muelles de la Provincia del Chubut a través de las modalidades de «centro de contratación» y «Bolsa de Trabajo».

Empresas Empleadoras Agremiadas al Sindicato SUPA

– PATAGONIA ESTIBAJES SA
– RUTA 40 SA
– MURCHISON SA ESTIBAJES Y CARGAS INSTRIAL Y COMERCIAL
– LOGINTER SA
– MARLOURD SA
– TREKAN SRL
– DON GERONIMO SRL
– SCARICO SRL
– RV SA
– ESTIBAJES SUARMO SA
– ESTIBAJES FRANCO
– ESTIBAJES RAWSON SA
– COOPERATIVA DE TRABAJO PROVISIÓN DE SERVICIOS DE ESTIBAJES PUERTO MADRYN LTDA
– COOPERATIVA DE TRABAJO FRESCO ESTIBAJES LTDA
– CRISTAL PEZ SRL
– ARAVALES E HIJO S. R. L.

Elecciones Sindicales

El 7 de julio de 2023, se celebraron elecciones para elegir nuevas autoridades en el SUPA. La lista ganadora fue «Celeste y Blanca», con GUTIERREZ Alexis Gabriel como Secretario General, VERA Igor Bruno como Secretario Gremial, INALEF Juan Carlos como Pro-Secretario, VILLARROEL Claudio como Pro-Tesorero, PEREZ Cristian como 1° Vocal Titular y ZAMBRANO José como 1° Vocal suplente, entre otros.

Reunión por Paritarias

El 26 de julio de 2023, a instancias del SUPA, se celebró una reunión por paritarias en Puerto Madryn. En esta reunión, GUTIERREZ Alexis, en su calidad de Secretario General, subió un 5% adicional a todas las empresas, excepto a las de «fresco», a las cuales se les extendió un anexo complementario al acta con un aumento del 15%.

Negativa de Firma del Acuerdo

Las empresas estibadoras se negaron a firmar el acuerdo debido a la diferencia de trato entre ellas y las empresas de «fresco». Ante esta negativa, la cúpula directiva del SUPA negó proporcionar personal para las descargas de barcos a menos que se firmara el acuerdo. Esto podría afectar la descarga de mercadería fresca, lo que resalta la importancia de la celeridad en el proceso de descarga para que la materia prima llegue a las plantas respectivas.

HECHO 1

Reunión entre el SUPA y las Empresas Estibadoras

El 18 de agosto de 2023, se llevó a cabo una reunión en la ciudad de Trelew entre representantes del Sindicato Unidos Portuario Argentino (SUPA) y empresas estibadoras para llegar a un acuerdo en los valores de mercado. Por parte del SUPA asistieron el Secretario General Alexis GUTIERREZ, el Secretario Gremial Bruno VERA, y el Protesorero Claudio VILLARROEL. Por parte de las empresas estibadoras asistieron representantes de ARAVALES E HIJO S. R. L., ESTIBAJES RAWSON SA, ESTIBAJES SUARMO S. A., SCARICO SRL y DON GERONIMO SRL.

Demanda de Pagos Injustificados por el SUPA

Durante la reunión, el Secretario General del SUPA, Alexis GUTIERREZ, exigió que cada empresa pagara un monto de dos millones cuatrocientos mil pesos por día a los representantes del sindicato (GUTIERREZ, VERA y VILLARROEL), bajo amenaza de paralizar toda la actividad del puerto y evitar las descargas de materia prima. Ante esta situación, la reunión terminó ya que los empresarios se negaron a realizar dicho pago injustificado.

Amenazas y Coacción

Después de la reunión, el empresario Alejandro SUAREZ se comunicó con Raúl Matías CERESETO de RV SA para informarle sobre lo sucedido en la reunión, donde se había exigido el pago de dinero bajo amenazas por parte del SUPA. Ante la negativa de CERESETO de realizar el pago injustificado, GUTIERREZ lo amenazó directamente, advirtiéndole sobre posibles consecuencias negativas para él y su familia.

Orden de No Enviar Trabajadores

El 25 de agosto de 2023, la cúpula sindical del SUPA ordenó no enviar trabajadores a las estibas en el Puerto de Rawson a las empresas RV SA, SCARICO SRL y ESTIBAJES SUARMO SA, que se habían negado a realizar el pago exigido injustificadamente.

Intervención de la Secretaría de Trabajo

La Secretaría de Trabajo de la Provincia del Chubut constató la situación en el Puerto de Rawson mediante un Acta de Inspección. Posteriormente, se dictó una resolución de conciliación obligatoria entre las partes, intimando al personal afiliado al SUPA a abstenerse de tomar medidas que alteraran la prestación laboral normal.

Acuerdo y Transferencias de Dinero

El 29 de agosto de 2023, se llegó a un acuerdo entre las partes para resolver el conflicto, en el que se afirmó que el incidente del 25 de agosto fue un malentendido. Sin embargo, posteriormente, Maximiliano ARAVALES propuso unilateralmente pagar una suma de dinero a los representantes del SUPA para evitar futuros conflictos.

Transferencias de Dinero Coaccionadas

El 1 de septiembre de 2023, las empresas, bajo presión y temor, realizaron transferencias bancarias a las cuentas personales de Alexis GABRIEL GUTIERREZ, Igor Bruno NICOLAS VERA y Claudio VILLARROEL. Estas transferencias fueron realizadas bajo coacción, lo que generó un perjuicio económico para las empresas y un beneficio ilegal para los representantes del SUPA.

HECHO 2

Reunión entre el SUPA y las Empresas Estibadoras

El 18 de agosto de 2023, se llevó a cabo una reunión en la ciudad de Trelew entre representantes del Sindicato Unidos Portuario Argentino (SUPA) y empresas estibadoras para llegar a un acuerdo en los valores de mercado. Por parte del SUPA asistieron el Secretario General Alexis GUTIERREZ, el Secretario Gremial Bruno VERA y el Protesorero Claudio VILLARROEL. Por parte de las empresas estibadoras asistieron representantes de ARAVALES E HIJO S. R. L., ESTIBAJES RAWSON SA, ESTIBAJES SUARMO S. A., SCARICO SRL y DON GERONIMO SRL.

Demanda de Pagos Injustificados por el SUPA

Durante la reunión, el Secretario General del SUPA, Alexis GUTIERREZ, exigió que cada empresa pagara a cada uno de los representantes del SUPA (GUTIERREZ, VERA y VILLARROEL) un monto de dos millones cuatrocientos mil pesos por día, bajo amenaza de paralizar toda la actividad del puerto y evitar las descargas de materia prima. Ante esta situación, la reunión terminó ya que los empresarios se negaron a realizar el pago injustificado.

Orden de No Enviar Trabajadores

El 25 de agosto de 2023, la cúpula sindical del SUPA ordenó no enviar trabajadores a las estibas en el Puerto de Rawson a las empresas RV SA, SCARICO SRL y ESTIBAJES SUARMO SA, que se habían negado a pagar el dinero exigido injustificadamente y bajo amenazas por parte del Secretario General Alexis GUTIERREZ, el Secretario Gremial Bruno VERA y el Protesorero Claudio VILLARROEL.

Intervención de la Secretaría de Trabajo

La Secretaría de Trabajo de la Provincia del Chubut constató la situación en el Puerto de Rawson mediante un Acta de Inspección. Posteriormente, se dictó una resolución de conciliación obligatoria entre las partes, intimando al personal afiliado al SUPA a abstenerse de tomar medidas que alteraran la prestación laboral normal.

El 29 de agosto de 2023, se llegó a un acuerdo entre las partes en Puerto Madryn, en el que se afirmó que el incidente del 25 de agosto fue un malentendido. Sin embargo, posteriormente, Maximiliano ARAVALES de ARAVALES E HIJO S. R. L. propuso unilateralmente pagar una suma de dinero a los representantes del SUPA para evitar futuros conflictos.

Alexis Gabriel GUTIERREZ, en nombre del SUPA, amenazó a SUAREZ con paralizar el puerto si no pagaba dicha suma. Esto llevó a SUAREZ a realizar transferencias de dinero fuera del convenio firmado, creando un perjuicio económico y obteniendo un beneficio ilegal para los representantes del SUPA.

HECHO 3

El 18 de agosto de 2023, se llevó a cabo una reunión entre representantes del Sindicato Unidos Portuario Argentino (SUPA) y empresas estibadoras en Trelew, para negociar los valores de mercado. Por parte del SUPA asistieron Alexis GUTIERREZ, Bruno VERA y Claudio VILLARROEL, mientras que las empresas estuvieron representadas por ARAVALES E HIJO S. R. L., ESTIBAJES RAWSON SA, ESTIBAJES SUARMO S. A., SCARICO SRL y DON GERONIMO SRL.

Durante la reunión, GUTIERREZ exigió a cada empresa el pago de dos millones cuatrocientos mil pesos por día a los representantes del SUPA, bajo amenaza de paralizar la actividad del puerto. Ante la negativa de las empresas, la reunión terminó sin acuerdo.

En una fecha indeterminada de agosto, Claudio VILLARROEL amenazó a Sergio Gustavo PANTANO con consecuencias si no se presentaban en el sindicato del SUPA en Puerto Madryn y realizaban el pago.

Después de la reunión del 18 de agosto, Ezequiel JAROSLAVSKY se reunió con Alexis GUTIERREZ en Puerto Madryn, donde GUTIERREZ exigió nuevamente el pago. Ante la negativa de JAROSLAVSKY, GUTIERREZ amenazó con impedirles trabajar en el puerto.

El 25 de agosto, los representantes del SUPA ordenaron no enviar trabajadores a las empresas que se negaron a pagar. Esta medida fue respaldada por una resolución de la Secretaría de Trabajo de Chubut.

Maximiliano ARAVALES propuso unilateralmente pagar una suma a los representantes del SUPA para evitar problemas.

El 29 de agosto, se alcanzó un acuerdo entre el SUPA y las empresas estibadoras en Puerto Madryn, alegando un malentendido. Sin embargo, JAROSLAVSKY y PANTANO se vieron obligados a realizar pagos a GUTIERREZ, VERA y VILLARROEL para evitar paralizaciones en el puerto.

Transferencias de Dinero Coaccionadas:

– SCARICO SRL transfirió:
– $271,330 el 30/08/23 a la cuenta de GUTIERREZ.
– $271,330 el 03/10/23 a la cuenta de GUTIERREZ.
– $271,330 el 30/08/23 a la cuenta de VERA.
– $271,330 el 03/10/23 a la cuenta de VERA.
– $271,330 el 30/08/23 a la cuenta de VILLARROEL.
– $271,330 el 03/10/23 a la cuenta de VILLARROEL.
– DON GERONIMO SRL transfirió:
– $300,000 el 07/09/23 a la cuenta de GUTIERREZ.
– $400,000 el 22/09/23 a la cuenta de GUTIERREZ.

Estas transferencias se realizaron bajo coacción, causando perjuicio económico a JAROSLAVSKY y PANTANO y beneficiando ilegalmente a GUTIERREZ, VERA y VILLARROEL.

HECHO 4

El 24 de septiembre de 2023, se interrumpió la descarga en el Puerto de Comodoro Rivadavia del Barco LUCAS SANTINO, a cargo de la Empresa TREKAN SRL representada por Luis SANTANDER. Alexis GUTIERREZ, Secretario General del SUPA, se negó a reanudar la descarga debido a un supuesto incumplimiento de un acuerdo previo sobre los jornales básicos de los estibadores.

El 28 de septiembre de 2023, SANTANDER se reunió con dirigentes gremiales del SUPA, José ZAMBRANO y Juan Carlos INALEF, quienes exigieron el pago de cuatro jornales por mes para evitar futuras medidas de fuerza. Otros empresarios confirmaron haber cedido a estas demandas.

Ante la presión del SUPA y para evitar más problemas, SANTANDER realizó transferencias de dinero a las cuentas personales de los dirigentes sindicales GUTIERREZ, INALEF y ZAMBRANO. Estas transferencias equivalían a cuatro jornales por mes para cada uno.

Transferencias de Dinero Coaccionadas

– Desde la cuenta corriente en pesos 380-000602/2 de la Empresa TREKAN SRL:
– Se transfirieron $109,678.80 a la cuenta de GUTIERREZ el 07/10/2023, por el mes de septiembre.
– Se transfirieron $109,678.80 a la cuenta de GUTIERREZ el 07/10/2023, por el mes de octubre.
– Se transfirieron $109,678.80 a la cuenta de INALEF el 07/10/2023, por el mes de septiembre.
– Se transfirieron $109,678.80 a la cuenta de INALEF el 07/10/2023, por el mes de octubre.
– Se transfirieron $109,678.80 a la cuenta de ZAMBRANO el 07/10/2023, por el mes de octubre.
– Se transfirieron $109,678.80 a la cuenta de ZAMBRANO el 07/10/2023, por el mes de septiembre.

Implicados

Los dirigentes sindicales GUTIERREZ, VERA, VILLARROEL, ZAMBRANO e INALEF están imputados por el delito de extorsión en concurso ideal, en relación con los hechos descritos.

Se ha designado defensores particulares para los imputados.

Agravados

Se mencionan a varios individuos y representantes de empresas afectadas por las acciones del SUPA, incluyendo a Raúl Matías CERESETO, Rafael Alejandro SUAREZ, Ezequiel Alberto JAROSLAVSKY, Sergio Gustavo PANTANO y Luis SANTANDER.

Calificación Legal Provisional

Las acciones de los dirigentes del SUPA se encuadran como delito de extorsión en concurso ideal, según lo establecido en el Código Penal Argentino.

Fiscal a Cargo de la Investigación

La investigación está a cargo de la Dra. Florencia GOMEZ, Fiscal General.

Un Tribunal Oral dispuso la prisión preventiva del «imputado colaborador» Leonardo Fariña en una causa por la compra multimillonaria de un campo en Uruguay, en la cual es juzgado en la actualidad junto a otros acusados, entre ellos el empresario Lázaro Báez.

La decisión se tomó tras la detención de Fariña en una «cueva» cambiaria del barrio porteño de Belgrano por orden de un juzgado en lo penal económico, con lo cual quedó ahora preso en tres causas penales, informaron a Télam fuentes judiciales

La decisión del Tribunal Oral Federal 4 se tomó ante un pedido de la fiscalía en esta causa por la compra multimillonaria del campo El Entrevero, en Uruguay, que habría gestionado Fariña para el dueño de «Austral Construcciones».

El Tribunal realiza este juicio en la actualidad contra Báez, ya condenado al igual que Fariña por lavado de activos y otros acusados y el «imputado colaborador» transitaba esta etapa excarcelado.

Pero ahora se ordenó la prisión preventiva ante los riesgos procesales de fuga y entorpecimiento de la investigación.

Los jueces Néstor Costabel, Jorge Gorini y María Gabriela López Iñiguez remarcaron que al ser detenido por orden del juez en lo penal económico Pablo Yaradola, Fariña » tenía en su poder cuantiosas sumas de dinero en un contexto de actividades financieras a priori delictivas, presumiblemente por ello, no informadas a este Tribunal», según la resolución a la que tuvo acceso Télam.

Estas circunstancias permiten inferir que cuenta «con acceso a medios económicos suficientes, líquidos, de circulación clandestina y al margen de cualquier control formal, como para lograr eludir el accionar de la justicia».

El TOF4 remarcó que hay una «expectativa razonable de nuevas condenas (tanto en la presente causa como en la nueva investigación que tramita en el fuero Nacional en lo Penal Económico)» que » aumentan significativamente la expectativa del tiempo en detención que todavía le resta cumplir».

Fariña ya tiene condena firme a tres años y seis meses de prisión en el primer juicio al que se lo sometió por lavado de activos y gozaba de liberad condicional hasta que se lo detuvo en la financiera de Belgrano.

El TOF4 revocó la semana pasada ese beneficio y dispuso que termine de cumplir su pena detenido.

El gobierno británico del conservador Rishi Sunak tiene un plan para el alojamiento de los inmigrantes irregulares: barcazas gigantes donde estarán enclaustrados. Bibby Stockolm, una de ellas con una capacidad para unas 500 personas, ya está anclada en Dorset, en el sur de Inglaterra, a la espera de los primeros ocupantes que llegarán a finales de este mes.

El aspecto de Bibby Stockolm impresiona. Parece una mole flotante o una cárcel sobre el mar. Ha sido adquirida por el gobierno británico, que justifica este método, criticado por las organizaciones humanitarias que la califican de «prisión flotante», en razones económicas.

En la barcaza hay 222 habitaciones dobles con baño o ducha. Los migrantes podrán bajar siempre que se registren. La localidad más cercana es Weymouth. Los habitantes de la zona han organizado protestas en contra de la instalación de la barcaza. Está pagado su amarre durante más de un año.

«Creo que lo mejor para el conjunto de los ciudadanos es que dejemos de destinar seis millones de libras al día (casi siete millones de euros) del dinero de los contribuyentes a alojar a estas personas en hoteles», dijo a los medios un portavoz del gobierno británico. Según el gobierno, ese sería el coste de mantenimiento diario de 51.000 migrantes irregulares hasta ahora alojados en hoteles. En total hay unos 160.000 solicitantes de asilo en el Reino Unido.

El plan del gobierno es que haya más barcazas en otros lugares del Reino Unido habilitadas para el mismo fin. Ha anunciado que serán varones los primeros que ocupen la barcaza en Dorset. Se calcula que puedan estar entre tres y seis meses en esta instalación flotante. El coste diario supera los 20.000 euros.

«A partir de la semana que viene se trasladarán al buque unos 50 solicitantes de asilo, en el marco de un plan cuidadosamente estructurado para aumentar el número de personas a bordo en los próximos meses. El gobierno está proporcionando una financiación sustancial a los servicios locales, incluida la policía y el servicio público de salud, para apoyarles y minimizar el impacto en la comunidad, y habrá seguridad 24 horas al día, 7 días a la semana. El centro está diseñado para ser autosuficiente y minimizar el impacto en la comunidad local, con servicio de comidas, zonas de recreo y atención sanitaria básica», afirmó esta fuente del gobierno, según Sky News.

Ley para frenar las llegadas

Este lunes se debatió en la Cámara de los Lores el proyecto de ley de inmigración ilegal, que finalmente fue aprobado. Endurece las condiciones para los inmigrantes irregulares. Los que llegan por el Canal de la Mancha no podrán solicitar asilo.

El ministro del Interior, Lord Simon Murray, barón de Blidworth, afirmó que el sistema de asilo británico estaba «desbordado» por la llegada de pequeñas embarcaciones. «Con más de 45.000 personas cruzando peligrosamente el Canal el año pasado, esto ya no es sostenible. Si la gente sabe que no puede quedarse en el Reino Unido, no arriesgará su vida ni pagará miles de libras a delincuentes para llegar ilegalmente», añadió el ministro.

El gobierno británico presentó un recurso ante el Tribunal Supremo después de que el Tribunal de Apelación dictaminara que los planes para enviar solicitantes de asilo a Ruanda eran ilegales. Aún se demorará este plan. Según la diputada laborista Lucy Powell, el uso de barcazas demuestra que los planes del gobierno no funcionan.

La ministra del Interior en la sombra, la laborista Yvette Cooper, ha tildado el proyecto de ley de inmigración ilegal de «estafa», insistiendo en que «solo empeorará el caos de los conservadores en materia de asilo». A su juicio, solo retrasará la tramitación de las solicitudes de asilo, lo que supondrá mayores costes.

Para Cooper, el gobierno británico va de mal en peor. «El retraso en la concesión de asilo es récord, el número de personas en hoteles sigue aumentando, el plan para Ruanda se está desmoronando y las travesías en barco en junio fueron superiores a las del año pasado. Al igual que la ley de inmigración conservadora del año pasado, esta nueva ley va a empeorar las cosas».

El fundador de la plataforma de intercambio de criptomonedas Thodex, Faruk Fatih Özer, quien huyó de Turquía tras estafar a sus clientes con 2.000 millones de dólares, fue condenado junto a dos hermanos suyos a 11.196 años de prisión, dijo la prensa local.

La inusual condena por resuelta por un tribunal de Estambul, según la agencia de noticias estatal turca Anadolu.

Turquía es conocida por dictar sentencias de prisión exorbitantes, más habituales desde que el país abolió la pena de muerte en 2004 para favorecer su ingreso en la Unión Europea, recordó la agencia de noticas AFP.

El fundador de la plataforma Thodex, buscado con una notificación roja de Interpol, fue detenido en Albania en agosto de 2022, 16 meses después de huir de Turquía, y fue extraditado en abril pasado.

Las autoridades turcas acusaron a Faruk Fatih Özer, de 29 años, de haber huido con 2.000 millones de dólares en activos pertenecientes a cerca de 400.000 usuarios.

La plataforma suspendió de un día para otro su actividad tras mostrar un misterioso mensaje que indicaba que necesitaba cinco días para tratar una inversión extranjera no especificada.

Thodex había realizado una gran campaña publicitaria para atraer inversores, prometiendo entre otras cosas regalar vehículos de lujo a algunos de ellos.

La plataforma también había hecho fuertes descuentos del dogecoin, una criptomoneda que nació como una parodia pero que ganó valor gracias al interés, entre otros, del multimillonario Elon Musk, director de Tesla y de X.

El conductor televisivo identificado con la movida de la música tropical Daniel «La Tota» Santillán fue condenado a 5 años y 6 meses de prisión en la causa por violencia de género contra su ex pareja.

El fiscal Oscar Ciruzzi, titular de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Nº7, había pedido la pena de cuatro años y medio de prisión por haber ejercido violencia de género y amenazas a su ex mujer, a su ex suegro y su ex empleada doméstica.

Ricardo Daniel Carías, tal es su verdadero nombre, no irá a prisión hasta que la condena no quede firme. Según pudo saber Noticias Argentinas, la defensa, liderada por el abogado Juan Pablo Merlo apeló la sentencia.

Por ende, la Cámara de Apelaciones deberá ratificar el fallo para que vaya preso, ya que por tratarse de una pena superior a los tres años resulta de cumplimiento efectivo.

Tras conocerse el fallo, el conductor habló en Desayuno Americano y se armó un debate con el abogado que pidió que no le hagan reconocer que fue violento porque van a apelar el fallo y eso lo puede perjudicar.

Además, destacó que recién dentro de 20 días se escucharán los fundamentos que determinaron la sentencia.

«No veo a mis hijas desde el 2019. Las veo por videollamadas.

Me arrepiento de las discusiones que tuve, de la separación que cuando te separás es discutiendo.

Me arrepiento del exceso que tuve de poner las fotos de mis hijas y mi ex suegro reclamando ver a mis hijas. Yo nunca amenacé de muerte a nadie. No hubo violencia de género, nunca le puse una tijera en el ojo a mi mujer. Si yo me ponía violento era en una discusión, si le he gritado. Y muchas veces», dijo Santillán.

Si el fallo se ratifica, el conductor quedaría preso por los delitos de amenazas agravadas por el uso de armas, privación ilegítima de la libertad agravada por ser cónyuge y lesiones leves agravadas por haberse cometido en el marco de la pareja y por mediar violencia de género.

Al momento de solicitar la pena de 4 años y 6 meses de prisión, el fiscal tuvo en cuenta la reiteración de hechos cometidos por Carias y los daños causados.

«Actuó siempre con pleno conocimiento y voluntad», resaltó, y destacó la relevancia de abordar el caso con perspectiva de género, tal como lo exige la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, conocida como Convención de Belém do Pará.

El fiscal relacionó la situación vivida por la expareja de Carias con dos secuencias en las cuales fueron víctimas, por un lado, una exempleada de la mujer y, por el otro, su padre.

Con respecto a la primera, entre junio y agosto de 2016, consideró probado que el imputado le profirió una serie de amenazas a la mujer que se desempeñaba como empleada doméstica del lugar donde vivía su ex mujer.

De acuerdo a la acusación, durante el verano de 2013 el acusado y su pareja se encontraban en Mar del Plata a bordo de un auto manejado por Carias, quien en un momento aceleró a toda marcha mientras decía: «Te voy a matar en el acantilado y nadie te va a encontrar».

Indicó que Carias la llamó en reiteradas ocasiones y le dijo que, si volvía a trabajar con su ex, «la mataría». Además, publicó en redes sociales una serie de mensajes donde la acusaba de «ladrona» y la señalaba como la responsable de su separación de pareja.

A esa serie de publicaciones le siguieron llamados a la víctima, donde le decían que «sabían todo de ella y de sus padres» y que la iban a matar.

La actual diputada y ex ministra de Educación, Graciela Cigudosa, es juzgada por 22 hechos de corrupción. Dos de los acusados ya reconocieron ser culpables. La Fiscalía los acusa por «arreglar» concursos para refacciones de escuelas y adelantó que pedirá penas de prisión efectivas.

Este lunes se inició el juicio oral y público contra ex funcionarios del Ministerio de Educación de la provincia del Chubut, entre ellos la ex ministra Graciela Cigudosa, por la causa de contrataciones presuntamente irregulares para la reparación de escuelas durante durante el año 2019. Los otros dos imputados son Raúl Care y Ariel Hueichán.

El Tribunal está integrado por los jueces Martín O´Connor, Marcelo Nieto De Biase y Patricia Reyes.

Quien estuvo a cargo de la investigación, el fiscal general Omar Rodriguez, dijo que en el debate -a través de los testigos y de documentación- quedará probado que se “simularon” supuestas compulsas de precios para realizar contrataciones “direccionadas” para reparar 24 escuelas de la zona, con la reposición de materiales -como por ejemplo inodoros, luminarias y caloramas- con marcados sobreprecios, con un perjuicio al Estado provincial por una suma cercana al millón y medio de pesos en el año 2019.

Destacó en la acusación que hubo un “plan para evitar ser detectados en el accionar por los distintos órganos de control” y que “los instrumentos administrativos firmados por la ex Ministro Cigudosa permitió abrir el camino para la configuración de la maniobra ilícita”.

El fiscal general Rodriguez es además el titular de la Unidad Fiscal de Delitos contra la Administración Pública, creada por el procurador general Jorge Miquelarena.

Dijo en el alegato inicial que los hechos descriptos e investigados “quedarán probados en el debate a través de los testimonios que aquí escucharemos, de contadores, asesores legales, directoras de escuelas y delegados administrativos, además de abundante documentación que presentaremos”.

Para el ardid, fue necesaria la actuación de tres empresarios que, ante el avance de la investigación de la maniobra, se sometieron a la suspensión del juicio a prueba. Otros imputados originales en la investigación fueron sobreseídos.

El defensor Andrés Meiszner (representa a Care y Cigudosa) destacó que las obras investigada se ejecutaron y que el mecanismo de contratación fue el correcto, al punto tal que se siguen empleando por parte del Ministerio de Eduación.

Por su parte el defensor oficial Miguel Moyano (asiste a Hueichán) adelantó el pedido de sobreseimiento. Dijo que se trata de un simple empleado contratado, monotributista, sin poder para las maniobras que se le endilgan que además “nunca participó en las maniobras que se investigaron”.

El imputado Hueichán pidió declarar. Dijo que es un auxiliar de farmacia con servicios pasados también en el Ejército Argentino, con actividades en atletismo y que aún continúa como contratado en el Ministerio de Educación, siempre en carácter de monotributista. Dijo que “nunca participé en ninguna contratación ni en el armado de carpetas para las compulsas de precios”.

Rodríguez, acusó a los tres imputados de los delitos de defraudación por administración fraudulenta en contra de la administración pública. En el caso de Graciela Cigudosa por 22 hechos y dos tentados, Raul Care, por 22 hechos y Ariel Hueichan 18 hechos.

Para Cigudosa y Raúl Care los investigadores pedirán 3 años y seis meses de prisión, y para Ariel Hueichan 2 años de prisión.

Los primeros testigos del juicio por las maniobras para reparar 24 escuelas de la zona

El primer testigo en el juicio oral y público que se lleva adelante en Rawson fue Eduardo Conde, en carácter de ex diputado provincial al momento del inicio de la investigación de los hechos.

Indicó que al momento de ocupar una banca en la Cámara de Diputados estaba al tanto de información respecto de presuntas irregularidades en el Ministerio de Educación cuando Cigudosa era Ministra de Educación y de las infructuosas convocatorias para que la ahora imputada brinde información ante los diputados provinciales.

Afirmó que se contaba con “información informal que se venía recibiendo”, hasta que en una sesión el entonces diputado provincial Alfredo Di Filippo hizo mención a la existencia de “coimas”. Fue en una sesión especial del 27 de marzo del 2019. Otra vez Cigudosa había faltado a la cita y las declaraciones de Di Filippo, lo llevó a realizar las denuncias.

Este jueves 2 de febrero se dará a conocer el veredicto del juicio por el crimen de Lucio Dupuy. El hecho ocurrió en noviembre de 2021 en la ciudad de Santa Rosa, La Pampa, y las dos imputadas son su madre y su pareja.

Por el hecho están imputadas Magdalena Espósito Valenti, mamá del menor, y Abigail Páez, su pareja, quienes pidieron no estar presentes para la lectura del veredicto.

El abuelo de Lucio pidió hoy que la madre y la pareja de su nieto reciban “una condena ejemplar, a prisión perpetua y sin beneficios” y reclamó que “sean separadas”, ya que actualmente cumplen prisión en el mismo penal.

Cadena perpetua en Argentina: ¿cuántos años son?

La condena máxima en Argentina es de 35 años y el término “cadena perpetua” ya no existe más, sino que en la reforma de la Contitución en 1994 pasó a llamarse “prisión perpetua”.

Según las normas y el reglamento carcelario, antes de ese lapso de tiempo las detenidas podrán obtener la libertad bajo ciertas condiciones, que establece la Ley Penal en su artículo 13.

Qué dice el artículo 13 del Código Penal sobre la prisión perpetua

Artículo 13.- El condenado a reclusión o prisión perpetua que hubiere cumplido treinta y cinco (35) años de condena, el condenado a reclusión o a prisión por más de tres (3) años que hubiere cumplido los dos tercios, y el condenado a reclusión o prisión, por tres (3) años o menos, que hubiere cumplido un (1) año de reclusión u ocho (8) meses de prisión, observando con regularidad los reglamentos carcelarios, podrán obtener la libertad por resolución judicial, previo informe de la dirección del establecimiento e informe de peritos que pronostique en forma individualizada y favorable su reinserción social, bajo las siguientes condiciones:

1º.- Residir en el lugar que determine el auto de soltura;

2º.- Observar las reglas de inspección que fije el mismo auto, especialmente la obligación de abstenerse de consumir bebidas alcohólicas o utilizar sustancias estupefacientes;

3º.- Adoptar en el plazo que el auto determine, oficio, arte, industria o profesión, si no tuviere medios propios de subsistencia;

4º.- No cometer nuevos delitos;

5º.- Someterse al cuidado de un patronato, indicado por las autoridades competentes;

6º.- Someterse a tratamiento médico, psiquiátrico o psicológico, que acrediten su necesidad y eficacia de acuerdo al consejo de peritos.

Estas condiciones, a las que el juez podrá añadir cualquiera de las reglas de conducta contempladas en el artículo 27 bis, regirán hasta el vencimiento de los términos de las penas temporales y hasta diez (10) años más en las perpetuas, a contar desde el día del otorgamiento de la libertad condicional.

La etapa de alegatos en el juicio a los ocho rugbiers imputados por el crimen de Fernando Báez Sosa culminó este jueves, con la presentación que hizo el abogado Hugo Tomei, defensor de los acusados.

Después de que la fiscalía y los abogados de Silvino Báez y Graciela Sosa plantearan la pena de prisión perpetua para los detenidos, la jornada de este jueves tuvo un final distinto, aunque poco sorpresivo. La audiencia arrancó unos minutos después de las 12 y Tomei planteó desde el inicio que quería pedir la absolución de sus defendidos.

Las 4 posibles condenas a los rugbiers si son encontrados culpables

Tal como indica el artículo 95 del Código Penal, el homicidio en riña se caracteriza por ser un homicidio en el que intervienen más de dos personas pero en el que no se puede determinar quién provocó la muerte.

  1. Homicidio en riña. A diferencia de la prisión perpetua, este tipo de delito tiene una pena de cárcel que va de dos a seis años, por lo que, en caso de ser condenados bajo esta carátula, los rugbiers podrían salir en prisión en pocos años.
  2. En cuanto al homicidio preterintencional, que es cuando el agresor actúa con la intención de causar un daño en el cuerpo o en la salud, con un medio idóneo para ello, pero finalmente provoca la muerte de la persona, la pena de prisión va de tres a seis años.
  3. En cuanto al último escenario planteado por Tomei, un homicidio simple con dolo eventual, la pena es mayor, porque va de 8 a 25 años de prisión.
  4. Aún así, ninguna de las condenas pedidas se compara con la prisión perpetua solicitada por el particular damnificado y la fiscalía, que prevé una pena de 35 años, tal como establece el Código Penal.

El alegato de la defensa de los rugbiers en la última audiencia antes del veredicto

“Lo que ayer nos pasó es escuchar cosas que no están incluidas en la acusación. Desde ese lugar, voy a pedir la absolución de los imputados. Ese hecho no está probado”, dijo al comienzo de su exposición.

Si bien adelantó que pensaba ir por la absolución, porque según él, el dolo tampoco se pudo comprobar durante el debate, lo cierto es que después de esa primera afirmación, el abogado comenzó una reconstrucción del caso en la que cuestionó el tratamiento mediático que se le dio y en la que habló de una condena social anticipada.

El letrado sostuvo que durante estos tres años se les atribuyó a los rugbiers el rol de asesinos, aún sin que estuvieran condenados por la Justicia.

“Acá nunca hubo un plan para matar. Máximo Thomsen no quiso matar a nadie, pero, claro, ¿cómo le van a creer si es un salvaje, un asesino?”, cuestionó y aseguró que esa imagen de líder la construyó la opinión pública con ayuda de los medios.

Del mismo modo, aseguró que los acusados nunca tuvieron idea “de lo que había pasado”, y que en verdad se trató de una agresión de sus defendidos a un grupo de chicos en el que estaba Fernando Báez Sosa.

“Cometieron un delito, pero hay que verlo todo en su conjunto. Si se pusieron de acuerdo para dar muerte, ¿van a grabarlo todo y teniendo dos autos no van a escaparse?”, preguntó.

Por eso mismo, repitió en dos ocasiones que quería la absolución de sus clientes por una cuestión extremadamente técnica. “Se prueba lo que se imputa. Pero se imputó otra cosa distinta de lo que se alegó ayer. La imputación inicial habla de cinco sujetos en la golpiza, pero en cambio los alegatos, de los ocho”, aclaró.

Su exposición duró apenas dos horas, a diferencia de la jornada del miércoles que se extendió durante 10 horas, pero bastó para dejar en claro lo que pretende para los acusados.

Si bien habló de absolución como primera salida, luego planteó otros escenarios para el caso de que los jueces del Tribunal Oral en lo Criminal Nº1 decidan un destino condenatorio para los rugbiers.

Por eso mismo, hacia el final de su relato, dijo que, en todo caso, los ocho imputados deberían ser condenados por homicidio en riña o, en todo caso, por homicidio simple con dolo eventual u homicidio preterintencional.

Lo cierto es que después de 15 audiencias, cargadas todas de mucha prueba y de incontables testimonios, la sentencia se conocerá finalmente el próximo lunes 6 de febrero, tal como estableció el tribunal en las últimas horas.