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En Trelew, condenaron a Héctor Alfredo Coñuel a la pena 20 años de prisión ya que fue declarado culpable de cinco delitos vinculados con la integridad sexual.

Condenaron a Héctor Alfredo Coñuel a la pena 20 años de prisión ya que fue declarado culpable de cinco delitos vinculados con la integridad sexual.

El fallo fue unánime y corresponde al tribunal de juicio presidido por la jueza María Tolomei, y los vocales Marcelo Nieto Di Biase y Mirta del Valle Moreno.

Al sacerdote de la iglesia católica se lo condenó como responsable de abuso sexual simple aprovechándose que la víctima no pudo consentir libremente la acción agravado por la calidad de autor por haber sido cometido por ministro de un culto reconocido (un hecho) en concurso real con abuso sexual doblemente agravado por haber sido cometido con acceso carnal, mediante amenazas y violencia.

Los hechos que le fueron imputados a Coñuel datan desde mediados de 2011 hasta el 2012, cuando la víctima tenía alrededor de 15 años y acudía a una capilla del barrio San Martín de Trelew donde se realizaban actividades, sumándose a otras que se desarrollaban en la agrupación de exploradores de Don Bosco. En ese contexto y durante esos años, se produjeron los ultrajantes ataques, informó el Diario Jornada.

Héctor Alfredo Coñuel ya había sido condenado en agosto del 2019 en Santa Rosa (La Pampa) a una pena de cinco años de prisión por ser autor del delito de abuso sexual simple, aprovechándose de que la víctima no podía consentir libremente la acción, y agravado por haber sido cometido por un ministro de un culto reconocido, como delito continuado. Esta condena ya fue ratificada por el Superior Tribunal de esa provincia.

Es la pena más baja solicitada entre los culpables de esta causa, pero Huichaqueo acumula ademas 4 años de prisión por peculado en la causa “Royal Canin”. Para Diego Correa y Diego Lüters los fiscales pidieron 5 años y cuatro meses y 5 años respectivamente, durante la audiencia de cesura de pena celebrada este martes, en la causa que aborda sobreprecios e irregularidades en la compra de elementos destinados a la emergencia climática que vivió Comodoro durante el temporal de lluvias del 2017.

Este martes se realizó la audiencia de cesura de pena en la causa Emergencia Climática, luego de que días atrás el tribunal encontrara culpables a nueve de los once imputados en la causa por corrupción durante el temporal de marzo de 2017 en Comodoro.

En el juicio se probó que esos nueve imputados, entre ex funcionarios provinciales y empresarios, fueron responsables de sobreprecios y expedientes fraguados para la compra de elementos para los damnificados que nunca llegaron a la zona de emergencia.

Previo a pedir las penas, el fiscal Omar Rodríguez indicó «estamos para dar respuesta a la sociedad, claro que se siente el dolor de la madre de Luters, pero si ello me condicionará debería dejar mi cargo». «Defraudar al Estado es siempre un delito grave», remarcó por su parte el fiscal Alex Williams.

El fiscal Rodríguez había anticipado que pediría penas mayores a los 3 años para los nueve funcionarios días atrás fueron encontrados culpables, de modo que las condenas no sean excarcelables.

LAS PENAS SOLICITADAS POR LOS FISCALES

Este martes, los fiscales pidieron la pena de 5 años y 4 meses para el ex secretario de la gobernación Diego Correa, más inhabilitación perpetua para cargos públicos. Actualmente se encuentra detenido, ya que fue condenado en las causas Embrujo y Revelación como parte de una asociación ilícita.

Para Diego Lüters ex secretario de Diego Correa, ambos fiscales pidieron la pena de 5 años de prisión, mas inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Actualmente con libertad condicional.

Para el ex subsecretario de Desarrollo Social, Marcelo Suárez, los fiscales pidieron la pena de 4 años y 8 meses de efectivo cumplimiento más la inhabilitación perpetua.

La pretensión para Vanina Barale, exjefa de los depósitos del Ministerio deFamilia, la pena de 3 años y 8 meses.

Para la exministra de Familia, Leticia Huichaqueo, condenada a 4 años de prisión por peculado en la causa “Royal Canin” hace pocas semanas, los fiscales de la Unidad Especial de Delitos contra la Administración pidieron la inhabilitación perpetua y una pena de 2 años y 6 meses.

Para la empresaria Marta Fracasso, dueña de “Blanquería Matices”, la solicitud de pena fue de 4 años y efectivo cumplimiento, lo mismo que para Franco Finiguerra, de “Mall Don Bosco”, los fiscales solicitaron 4 años y 6 meses de prisión efectiva.

Para Bruno Taurelli Chiribao, participe necesario, la pena solicitada por los fiscales, fue de 4 años de prisión efectiva y para César Hughes la pena de dos años de prisión en suspenso.

Además pidieron la reparación del perjuicio de manera integral por el monto que será actualizado en el momento de su ejecución. Sería la indemnización por el perjuicio causado al estado en el momento que la sentencia quede firme.

CULPABLES Y ABSUELTOS EN LA CAUSA EMERGENCIA ECONÓMICA

Culpables de “defraudación con administración fraudulenta, en carácter de coautores en la modalidad de delito continuado”: Diego Correa, Diego Luters, Leticia Huichaqueo, Marcelo Suárez, Vanina Barale.

Culpables de “defraudación y administración fraudulenta en carácter de partícipes primarios»: Estanislao Finiguerra, Orsi Barale, Marta Fracasso, Bruno Taurelli Chiribao, César Hughes.

Absueltos: Cecilia Sadaba, Cristian Orsi, Guillermo Williams

El tribunal integrado por María Tolomei, Marcelo Nieto Di Biasse y César Zaratiegui, impuso la pena de diez años de prisión al exdirigente social por hechos de abuso sexual agravado en perjuicio de su hija, de acuerdo a lo expuesto durante el juicio oral correspondiente por el Ministerio Público Fiscal, que estuvo representado por la fiscal general jefa Silvia Pereira.

El imputado, que estuvo defendido por Custodio Gómez, fue encontrado autor penalmente responsable de abuso sexual gravemente ultrajante en concurso real con abuso sexual simple agravado por el vínculo en la modalidad de delito continuado. Cabe destacar que por otra parte el mismo individuo resultó absuelto por el hecho presentado por la querella, de abuso en perjuicio de su hijo, tal lo expuesto oportunamente por Gladys Olavarría y Paula Farías.

La sentencia que impone diez años de prisión de cumplimiento efectivo fue dada a conocer a las partes en las primeras horas de esta mañana, luego de la realización de la cesura de pena efectuada la semana pasada. La resolución emitida por el tribunal se explaya en setenta y tres páginas donde resalta la gravedad y el carácter intrafamiliar de los delitos endilgados.

La parte resolutiva del escrito de los magistrados expresa: condenar a P.F.H., a la pena de diez años de prisión; accesorias legales y costas, por considerarlo autor penalmente responsable del delito de abuso sexual gravemente ultrajante (en relación a los hechos que se sitúan entre los años 2009 y 2011, aproximadamente), en concurso real con el delito de abuso sexual simple (por el hecho ocurrido en el mes de enero de 2017 ó 2018), todo ellos agravados por haberse cometido por un ascendiente en carácter de autor, por los hechos que se le atribuyó en perjuicio de su hija (arts. 45, 55 y 119, primero, segundo, cuarto párrafo inc. b y último párrafo del Código Penal y Arts. 25; 330, ss. y cc. del Código Procesal Penal).

Luego resuelve absolver a P.F.H. por el hecho del que fuera imputado por la querella, esto es abuso sexual gravemente ultrajante agravado por el vínculo preexistente en la modalidad de delito continuado, en perjuicio de su hijo ( Art. 44 de la Constitución de la Provincia del Chubut; Arts. 25; 28 y 330 del CPP y Arts. 45 y 119 párrafo 2 y 4 inciso “b” del Código Penal).

Finalmente emplaza al acusado para que en el término de diez días haga efectiva la suma efectiva la suma de $4.359 (cuatro mil trescientos cincuenta y nueve) en concepto de tasa de justicia, haciéndole saber que de no abonarse en ese plazo será intimado a su cobro con una multa del 50% de la tasa omitida.

La Justicia condenó este lunes a 4 años de prisión a la ex Ministra por la causa conocida como “Royal Canin”, mientras que a Gómez se le impuso la pena de 3 años y medio y a Suarez 2 años y medio.

Este lunes se leyó la pena que impuso la Justicia a los 3 condenados de la causa conocida como “Royal Canin”, donde se investigó y juzgó el desvió y venta de bolsas de alimento para perros donadas para los damnificados del temporal de Comodoro Rivadavia de 2017.

De esta forma, se impuso la pena de 4 años de prisión de efectivo cumplimiento para la ex Ministra de Familia, Leticia Huichaqueo, hallada culpable del delito de “peculado en modalidad continuada”.

Además se le impuso una inhabilitación perpetua para ejercer y ocupar cargos o empleos públicos, lo cual deberá ser analizado ya que la ex Ministra aún es funcionaria del Ministerio de Familia.

En tanto, a la ex pareja de Huichaqueo, Juan Carlos Gómez, fue condenado a 3 años y 6 meses de prisión de efectivo cumplimiento además de ser inhabilitado de manera perpetua para ocupar o ejercer cargos en la administración pública.

Finalmente, al ex Subsecretario de Promoción Social, Marcelo Suarez, se le impuso la pena de 2 años y 6 meses de prisión condicional, además de la inhabilitación para ejercer y ocupar cargos o empleos públicos por 5 años. Esto último, deberá ser evaluado por el Municipio de Rawson ya que Suarez es empleado municipal capitalino.

Los jueces Fabio Monti y Gustavo Castro resolvieron este martes al mediodía, la detención domiciliaria, con tobillera electrónica y control satelital para los condenados Víctor Cisterna, Martin Bortagaray y Alejandro Pagani.

El lunes el tribunal confirmó el pedido de pena de 7 años y medio de cárcel a Víctor Cisterna, el ex ministro Coordinador de Gabinete de Chubut durante la gestión de Mario Das Neves; y de 5 años y medio para Diego Correa, exsecretario de la Unidad Gobernador, entre otros de los funcionarios hallados penalmente responsable por la conformación de una asociación ilícita , en la que exigían “retornos” para liberar pagos a empresarios de la construcción.

Este martes por la mañana, en las oficinas judiciales de Rawson, se lleva adelante la audiencia de impugnación al fallo que los jueces de la causa “Revelación” que dispusieron la prisión inmediata para Víctor Cisterna, Alejandro Pagani y Martín Bortagaray, tras dar a conocer la condena.

Pasado el mediodía, los jueces Fabio Monti y Gustavo Castro resolvieron este martes al mediodía, la detención domiciliaria, con tobillera electrónica y control satelital para los condenados Víctor Cisterna, Martin Bortagaray y Alejandro Pagani.

Los abogados defensores de los ex funcionarios ya condenados , Emilio Galende, Carlos Villada y Jorge Rubiolo, insistieron con el arraigo que los imputados tienen en la zona, además de tener en cuenta aspectos como la edad y los riesgos de contagio por el COVID, con el fin de evitar que vayan a la carcel. Y plantearon el arresto domiciliario y otras condiciones para evitar que se fuguen. Destacaron además que el fallo aún no está firme y que los ahora condenados siempre cumplieron con las disposiciones de la Justicia durante los dos años que lleva el proceso.

Tras el planteos de defensores se procedió a pasar a un cuarto Intermedio hasta las 12:30 horas.

El Senado de Uruguay avanza con una reforma al Código Penal para penar con hasta dos años de prisión a aquellas personas que incumplan las normas sanitarias y violen la cuarentena, informaron los medios uruguayos.

La medida es impulsada en momentos en que Uruguay vive una profunda crisis sanitaria, por el fuerte incremento de los casos de coronavirus, que esta semana llegaron a más de 160.000 con casi 2.000 muertos.

De aprobarse, algo que los medios uruguayos dan por hecho, el nuevo texto del Código Penal dirá: «El que mediante violación de disposiciones sanitarias pusiere en peligro efectivo la salud humana o animal, será castigado con tres a veinticuatro meses de prisión».

La iniciativa, aprobada en comisiones y que será debatida en el recinto el próximo martes, justifica además la pena máxima «cuando el hecho se suscitare declarada una emergencia sanitaria».

El legislador oficialista Mario Colman había presentado el proyecto para su aprobación en Diputados, pero hasta ahora el Gobierno no había avanzado con el texto legal.

Uno de los pioneros de esta iniciativa fue el procurador general de la nación, Jorge Díaz, quien en el inicio de la pandemia planteó la necesidad de modificar el delito de daño contra las medidas sanitarias, y transformarlo en «delito de peligro», para habilitar al Poder Judicial a imputar penalmente a todos aquellos que violen la cuarentena, en el marco de la emergencia sanitaria.

El Frente Amplio dijo que no va a acompañar la medida.

«No acompañamos la modificación al delito de violación de las disposiciones sanitarias ya que consideramos que para hacer esa modificación, se debe, desde el Estado, tratar las situaciones de vulnerabilidad social», explicó el senador del FA Charles Carrera en declaraciones a Télam y señaló que los diputados de su partido hicieron aportes pero no fueron tenidos en cuenta.

«Además -destacó-, es un delito difícil (de probar) persecución y prueba» y el artículo reformado «puede servir para criminalizar a ciertas personas que no tienen un sustento y tengan que salir a trabajar», alertó Carrera.

Fuente: Telam

La expresidenta interina de Bolivia Jeanine Áñez fue trasladada en la madrugada de este sábado desde la cárcel de Obrajes en La Paz a la de Miraflores, a unos cuatro kilómetros de distancia, luego de que un juez revocara la orden de llevarla a un centro médico, y se espera que hoy apele su prisión preventiva dictada por su participación en el que el gobierno actual considera que fue un golpe de Estado en 2019.

”Me sacaron diciéndome que iba a la clínica del Sur”, dijo Áñez según reproducen los diarios El Deber y La Razón, que también publicaron imágenes de su ingreso en la cárcel de Miraflores.

La exmandataria iba a ser llevada en principio a una clínica para que se evalúe su estado médico tras empezar una huelga de hambre contra su detención e indicar que tiene hipertensión, pero un juez revocó ese traslado.

El magistrado Armando Zeballos dispuso en cambio que personal del Instituto de Investigación Forense o profesionales en salud acudan al penal para evaluar allí su estado, indicó la Agencia Boliviana de Información (ABI).

Por otro lado, Áñez y sus dos exministros Álvaro Coimbra y Rodrigo Guzmán, también detenidos, tienen fecha para concurrir este sábado a una audiencia judicial para apelar la detención preventiva.

La Sala Penal Segunda de la ciudad de La Paz será la encargada de escuchar los argumentos de las partes.

De acuerdo con la agencia ABI, la estrategia de la defensa es lograr la detención domiciliaria de Áñez, es decir, su traslado a su casa ubicada en el departamento de Beni donde fue aprehendida la semana pasada.

Áñez es investigada por la presunta comisión de delitos de sedición, terrorismo y conspiración durante el golpe de Estado contra el entonces presidente Evo Morales. Su nombre figura en una denuncia que hizo en diciembre pasado la exdiputada del Movimiento Al Socialismo (MAS) Lidia Patty, contra el líder cívico de la rica región de Santa Cruz, el derechista Luis Fernando Camacho, gobernador electo del departamento en recientes elecciones locales. En la demanda figuran cinco exministros de Áñez, jefes policiales y militares y civiles.

Simultáneamente, la Iglesia Católica, enfrentada con el gobierno del MAS, criticó este sábado las detenciones y afirmó que en 2019 no se produjo un golpe de Estado.

El clero dijo, en un comunicado, que en aquellos días se llegó al “consenso” de que Añez asuma el poder. ”Interpretar aquellos hechos como ‘golpe de Estado’, es una fantasía que no corresponde con la realidad, por lo que afirmamos que las detenciones basadas en esta interpretación, son del todo injustas y los detenidos por esta razón lo son en virtud de una persecución política”, indicó la Iglesia.

Fuente: La Nación

Diego Luther, actualmente en juicio por la causa “Revelación”, recuperó la libertad al haber cumplido 2/3 de la condena a 5 años de prisión que se le dictó en la causa por corrupción conocida como “Embrujo”.

La Justicia resolvió dejar en libertad a Diego Luthers, condenado a 5 años de prisión por la causa de corrupción conocida como “Embrujo”, al haber cumplido los 2/3 de la pena. Esto lo resolvieron los jueces Alejandro Soñis, Marcela Pérez y Ricardo Rolón este viernes.

Vale remarcar que si bien Luthers recibió la libertad en esta causa, actualmente está en juicio por otra causa de corrupción en la que se lo investiga, “Revelación”.

Los Magistrados hicieron lugar al pedido de los defensores de Luthers, quienes plantearon al Tribunal que además del plazo transcurrido, la pena aún no ha quedado firme. Además, al planteo la Fiscalía no hizo objeciones.

Vale recordar el ex funcionario del Gobierno del Chubut fue hallado culpable de por los delitos de “asociación ilícita; enriquecimiento ilícito y defraudación por administración fraudulenta en perjuicio de la Administración Pública”.

En esta misma audiencia donde se resolvió la libertad, Luthers informó su decisión de capacitarse y de ser posible ampliar sus tareas en la firma en la que venía desempeñándose en los últimos meses con salidas laborales.

De esta forma, el condenado deberá mantener el domicilio fijado y comparecer ante el Tribunal las veces que sea convocado.

La jueza penal de garantías, Ivana González, dictó la apertura formal de la investigación en un caso de robo agravado y resolvió la continuidad de la prisión preventiva del único acusado, hasta la finalización de la etapa de investigación.

Viviana Díaz, funcionaria del Ministerio Publico Fiscal, relató que el hecho a investigar ocurrió el pasado sábado 30 de enero en un comercio ubicado en la calle Cabrera al 300 de Trelew, cuando un sujeto identificado como Jonathan Ferreira ingresó al local y amenazó a la propietaria con matarla si no le entregaba el dinero.

El sujeto había ingresado algunos minutos al local y realizó una compra de menor valor, para luego volver al sitio y apuntar con un arma a la mujer, pidiendo la recaudación y asegurando que mataría a la propietaria sino lo hacía.

Díaz afirmó que las cámaras de seguridad del local captaron el ingreso de Ferreira y que además la propia víctima lo reconoció en las fotografías exhibidas por personal de la brigada de investigaciones. Sostuvo que, si bien de los procedimientos realizados por el personal policial se logró el secuestro de un arma de juguete, el hecho tuvo características violentas por las amenazas proferidas a la mujer de parte del agresor.

ANTECEDENTES
En cuanto al imputado, informó a la jueza que el mismo estuvo alojado hasta hace dos meses en la Unidad Penitenciaria N° 6 de Rawson, donde cumplió una condena por privación ilegítima de la libertad y tentativa de homicidio. En ese contexto pidió que se dicte una medida de prisión preventiva hasta el final de la investigación.

La defensora pública Romina Rowlands cuestionó el pedido de la fiscalía en cuanto a la prisión preventiva al señalar que Ferreira tiene arraigo en la zona producto de estar en pareja desde el 2015 con una joven de nuestra ciudad y que, si bien es oriundo de Buenos Aires, ya no tiene familiares allí.

Sostuvo además que durante el hecho no ejerció violencia sobre la víctima ni tampoco sobre otras personas, solicitando la libertad del acusado o en todo caso una medida de arresto domiciliario.

La jueza González, tras escuchar a las partes, resolvió declarar legal la detención y habilitó la investigación penal preparatoria por el plazo de seis meses.

En cuanto a la medida solicitada por la fiscalía, consideró que el hecho tuvo características violentas por haber sido cometido en plena luz del día y por la intimidación que sufrió la víctma.

En ese sentido dictó la prisión preventiva por el plazo que dure la investigación.

Un tribunal chino condenó el lunes a cuatro años de prisión a una ciudadana y periodista que informó sobre el coronavirus desde la ciudad de Wuhan durante, el punto álgido del brote, por “provocar peleas y disturbios”, dijo su abogado.

Zhang Zhan, de 37 años, fue una de las personas que con su testimonio de primera mano desde hospitales abarrotados y calles vacías ofreció un retrato más funesto que el que arrojaba la información oficial del Gobierno.

“No lo entiendo. Todo lo que hizo fue decir unas pocas verdades, y por eso le cayeron cuatro años”, dijo Shao Wenxia, la madre de Zhang, que asistió al juicio con su marido.

El abogado de Zhang, Ren Quanniu, dijo a Reuters: “Probablemente apelaremos”.

“La Sra. Zhang cree que está siendo perseguida por ejercer su libertad de expresión”, apuntó el letrado antes del juicio.

Pekín ha censurado las críticas a la gestión temprana de la crisis y ha advertido y señalado a los denunciantes, varios de los cuales son médicos. Los medios de comunicación estatales han atribuido el éxito del país en el control del virus al liderazgo del presidente Xi Jinping.

La COVID-19 se ha propagado por todo el mundo infectando a más de 80 millones de personas y acabando con la vida de más de 1,76 millones.

En Shanghái, la policía impuso una estricta seguridad fuera del tribunal donde se inició el juicio siete meses después de la detención de Zhang.

Un hombre en silla de ruedas, que dijo a Reuters que venía de la provincia central de Henan para demostrar su apoyo a Zhang como cristiano, escribió su nombre en un cartel antes de que la policía llegara para llevárselo bajo escolta.

A los periodistas extranjeros se les negó la entrada al tribunal “debido a la epidemia”, dijeron los funcionarios de seguridad del tribunal.

Zhang, exabogada, llegó a Wuhan el 1 de febrero desde su Shanghái, su lugar de residencia. A través de videos cortos subidos a YouTube fue dando testimonio del impacto del virus en la ciudad.

Detenida a mediados de mayo, inició una huelga de hambre a finales de junio, según documentos judiciales a los que tuvo acceso Reuters. Sus abogados dijeron ante el tribunal que fue maniatada por la policía y obligada a comer por la fuerza a través de un tubo.

Las peticiones al tribunal para liberar a Zhang bajo fianza antes del juicio y para que el juicio se retransmitiese en directo fueron ignoradas, indicó su abogado.

(Gráfico interactivo de seguimiento de la propagación mundial del coronavirus: here)

Información de Brenda Goh en Shanghái y Yew Lun Tian en Pekín; editado por Clarence Fernandez; traducción de Jorge Martínez.