El fiscal Omar Rodríguez lleva adelante la causa “Ñoquis Calientes” que tiene como principal imputada a la ex diputada provincial y ex Ministra Cecilia Torres Otárola, la ex funcionaria tenía un mecanismo aceitado por el que se quedaba con parte del sueldo de sus asesores, algunos de ellos vivían en Buenos Aires y nunca trabajaron en legislatura, el juicio quedó suspendido por una estrategia dilatoria, el fiscal Rodríguez hablo con FM DEL LAGO y dio detalles de esta instancia y expreso, “a comienzos de esta semana los defensores plantean la suspensión de juicio a prueba de varios de las personas que defienden, con excepción de Torres Otárola porque los defensores defienden a todas las personas acusadas, a jueza González resuelve rechazar el pedido de juicio a prueba, las defensas plantean la impugnación de esa resolución, la jueza le da lugar al trámite de impugnación y eso debe ir ahora a la Cámara de Impugnación Penal a los fines de que fijen audiencia y se discuta allí en la cámara la resolución, si está bien ajustada a derecho la resolución de la jueza o por el contrario rechazar y confirmar la misma resolución, una vez que la cámara resuelve hay que fijar una nueva fecha y comenzar con el juicio”.

Rodríguez explico que significa la suspensión de un juicio a prueba y dijo que espera que se continúe el proceso del juicio, “la suspensión de juicio a prueba es un instituto que se aplica en aquellos casos que no tienen penas elevadas, siempre se aplican por debajo de aquellos delitos que tienen por debajo de 3 años de prisión, esto permite que se suspenda el juicio a cambio del ofrecimiento de una reparación y ciertas reglas de conductas, es para personas que no son funcionarias públicas, la ley contempla un obstáculo procesal justamente para que las personas que son funcionarias públicas no puedan acceder a este tipo de instituto”, en ese contexto el fiscal agrego “no se discute la responsabilidad porque muchas veces se confunde suspensión de juicio a prueba con juicio abreviado y son dos cosas distintas, el juicio abreviado es un juicio en el que se abrevia en función de toda la prueba, pero la persona resulta condenada, acá no, porque en la suspensión de juicio a prueba solamente se suspende el juicio y si cumple con las reglas de conductas al termino de determinado tiempo el juez dicta un sobreseimiento, en esta instancia en función del CPP, la suspensión del juicio a prueba es hasta el inicio del debate, generalmente los fiscales nos oponemos y se traba la instancia porque el defensor tiene derecho a apelar esta decisión del juez, hasta que no se resuelva esa instancia de apelación no se puede continuar con el debate”.

El fiscal sostiene que es importante seguir con la causa a fondo, confía en la prueba colectada y dijo que hay varios testigos que están nerviosos ya presentaron la impugnación ante el juez que resolvió, en este caso la Dra. González quien admitió y va a la cámara de impugnación, ahora tienen un plazo y esto va a la cola de otras audiencias que están primero, hay que esperar un tiempo para llevar a la audiencia, entre la audiencia preliminar y donde se eleva a juicio, a esta altura no pasó nada nuevo, los funcionarios eran funcionarios, estaban acusados, lo único que cambió es que de la audiencia preliminar a ahora son otros los defensores, antes estaba Gabalachis, hubo un cambio de defensores y estos defensores plantean esta situación intentando que se resuelva en favor de sus asistidos con la suspensión del juicio a prueba, hace dos semanas que estamos preparando el juicio, citamos a los testigos, están nerviosos”.

Respecto a la causa que se investiga contra Otárola, Rodríguez remarco los principales elementos que la sostienen, “en el 2020 inicio esta causa, eso se origina con una denuncia que fue publica a partir de una persona que trabajaba en el ministerio, es el contador Sandoval, el vio ciertas irregularidades y denuncio en fiscalía, allí comenzó la investigación”, expreso el fiscal, quien sostiene que la hipótesis de la fiscalía es que Otárola se aprovechaba de la función que tenía y tenía asesores a los cuales les exigía parte del sueldo, “tenía una persona que cobraba el sueldo de legislatura pero no trabajaba allí, sino que cuidaba a los hijos de Otárola, vamos a probar que era la niñera, se encargó no solo en la etapa en la que fue diputada, sino cuando fue ministra, en legislatura también tenía una persona que cobraba y estudiaba medicina y nunca concurrió a Chubut, también tenía otras personas que viven en Buenos Aires, tenían cargos jerárquicos como directores generales, ninguna cumplía una función concreta dentro de la administración pública, cobraban un sueldo y debían dar una contraprestación, pero cobraban un sueldo y no trabajaban en el estado”, manifestó y agrego “parte de algunos de los que estaban nombrados debían retornar parte de su salario y esto lo hacían a través de la niñera que recibía la transferencia y a su vez esta le transfería a Torres Otárola, está registrado en la trazabilidad del banco, está identificado por donde venía el dinero y el destino final”.

Para terminar, fue consultado sobre la posibilidad de que prescriba la causa, en ese sentido el fiscal sostuvo que es imposible porque está dentro del plazo que estipula la ley, “entiendo que no hay peligro que prescriba la causa, es caso complejo y tiene 5 años de plazo razonable, entiendo que este año se va a poder hacer el juicio”.