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Para el abogado de Martín Sandoval, la jueza Ivana González incurrió en un error q la coloca en una de las causales de ser denunciada ante el Consejo de la Magistratura. «Permitirá incorporar prueba a la defensa cuando esa etapa concluyó».

Esta mañana habló el denunciante de la causa conocida como «Ñoquis Calientes», el contador Martín Sandoval, con FM EL CHUBUT sobre el pedido del abogado defensor del levantamiento del secreto bancario del acusador, como así también de Erica Paludi y Pamela Matamala.

«La verdad que el pedido nos sorprendió porque no se nos informó de esto», detalló Sandoval, ante la solicitud del abogado de Cecilia Torres Otarola a investigar sus movimientos bancarios.

Luego de q la jueza Ivana González ordenara levantar el secreto bancario de sus cuentas bancarias a partir de un pedido del abogado de la imputada y ex ministra. «Es un apriete para que no se denuncie corrupción», recalcó.

En el diálogo, se sumó el abogado del denunciante, quien indicó que «lo que plantea el colega de la defensa es incorporar pruebas en una etapa que ha precluido. Expone al Ministerio Público Fiscal en una situación distinta de un informe que no tiene la posibilidad de incorporar pruebas».

Según explicó Sandoval, «en su momento recibí ‘aprietes’ al momento de la denuncia. Hoy nos encontramos en esta situación, donde vemos el avance de la presentación de la defensa como un nuevo apriete».

Sobre el motivo del por qué el pedido del abogado defensor, el denunciante opinó que es «para tratar, quizás de que no declaremos o bajemos el tono al momento de llevar la declaración adelante».

La acusación 

Presuntamente, la ex ministra de Familia y ex diputada provincial Cecilia Torres Otarola se quedaba con el dinero de sus asesores. Recordando que nombró en cargos a todo su entorno, hasta el jardinero y la niñera.

También nombró como asesor en Legislatura a una persona que estudiaba medicina en una facultad privada y nunca prestó servicios en el Poder Legislativo. Lo llamativo fue que la propia Torres Otarola había presentado un proyecto de ley para limitar a parientes en los ingresos a distintos cargos en la Provincia.

Lo confirmó el fiscal Omar Rodríguez, reconoció que aún resta realizar una audiencia para analizar una documental de un banco. A la ex diputada y ex ministra se la acusa de haber nombrado asesores que nunca cumplieron funciones en Legislatura y a los cuales les cobraba un «retorno». El juicio comenzaría el año que viene.

El fiscal Omar Rodríguez confirmó este viernes que la jueza Ivana González decidió que la causa conocida como «Ñoquis Calientes» vaya a juicio con siete personas imputadas, entre ellas la ex diputada provincial y ex Ministra de Desarrollo Social, Familia, Mujer y Juventud, Cecilia Torres Otarola.

De este modo, la jueza Gonzáles no hizo lugar al pedido de sobreseimiento a favor de la principal imputada, solicitado por su defensor Fabián Gabalachis.

«Solamente resta esperar una documental, la cual tiene que venir de un banco para analizarla. Es una cuestión técnica. Posteriormente se va a generar una audiencia a los fines de determinar si esa documental es pertinente o no para que vaya a juicio», precisó el fiscal en diálogo con Radio 3.

«Los tiempo procesables -aún- no se conocen, ya que ahora de manera urgente se mandan los oficios y los bancos van a contestar. Una vez que ocurra ello se hace la audiencia y después ya definitivamente ya va a estar elevado el caso a juicio. Calculo yo que el juicio se va a hacer el año que viene», estimó.

Con respecto a la extensa declaración que brindó Torres Otarola en la audiencia del pasado miércoles, el fiscal reconoció que «desde el punto de vista de la Fiscalía no sirvió. Sin embargo, la jueza lo valoró como positivo y le dio entidad, pero dijo que no alcanza a los fines de lograr una certeza en este sentido para sobreseerla».

Pata finalizar, Rodríguez destacó que la magistrada González «entendió que este caso tiene que ser debatido en un juicio, en el cual van a haber siete personas imputada».

La jueza de garantías Ivana González será quien deberá resolver si la investigación cumple con todos los requisitos legales para que los imputados sean sometidos a juicio oral y público.

Para el próximo día 27 de este mes está previsto que se realice la audiencia preliminar al juicio oral y público en la causa denominada como “Ñoquis calientes” que tiene a la ex ministro y diputada provincial Cecilia Torres Otarola como principal imputada.

Se trata de una de las etapas fundamentales del proceso penal donde quedará develado si los imputados fueron culpables o no de los delitos que se les endilga. “Es la forma más transparente que tiene nuestro sistema, independientemente de los resultados”, indicó el fiscal general Omar Rodriguez.

La audiencia preliminar se realizará en la Oficina Judicial de Rawson. La investigación se encuentra a cargo del fiscal general Omar Rodriguez quien estará acompañado por la funcionaria de Fiscalía, Analía Acuña. Ambos integran la Unidad Fiscal Anticorrupción del Ministerio Público Fiscal del Chubut.

EL PRESUNTO ILÍCITO INVESTIGADO

Presuntamente, Cecilia Torres Otárola se quedaba con el dinero de sus asesores. Además, habría nombrado a todo su entorno proveniente de los Roderas, hasta el jardinero y la niñera. También nombro como asesor en Legislatura a un pariente de los Roderas, que estudiaba medicina en una facultad privada y nunca presto servicios en Legislatura.

Lo llamativo fue que la propia Cecilia Torres Otarola había presentado un proyecto de ley para limitar a parientes en los ingresos a distintos cargos en la Provincia.

Delincuente Paulino Gómez – Imputada Cecilia Otárola – Delincuente Néstor Gómez Ocampo

El Ministro de Seguridad Federico Massoni se mira a un espejo cada vez que habla por los medios porque nada de lo que dice lo puede confirmar con sus acciones, más bien habla de sí mismo.

Massoni critico el asistencialismo en época electorales declarando “estoy en contra de quienes juegan con la necesidad de la gente”. Hace pocos días se lo vio con “El Loco” Varela emblema de los que juegan con la necesidad de la gente en el Barrio Máximo Abasolo en Comodoro Rivadavia.

Massoni con VarelaMassoni con Varela

También manifestó: “muchas veces hay un cabecilla que decide a quién le dan el beneficio y a quién no, que después le tienen que dar un porcentaje”. Declaró esto cuando Cecilia Torres Otárola a quién puso de Ministra de Familia fue denunciada e imputada por pedirle reintegros millonarios a sus asesores en la denominada causa “Ñoquis Calientes” bajo la calificación fiscal de fraude a la administración pública.

Massoni justamente fue asesor de “La Chechu” cuando esta fue Diputada Provincial y fue denunciado por pedir de coima un terreno en Playa Unión a cambio de votar un proyecto de Ley.

Ahora como si fuera poco es la misma jefatura de policía la que juega con la necesidad de la gente con un ex funcionaria que esta investigada por utilizar a la gente, que trata de sobrevivir en política con la fundación “Celedonio Rodera” a la cual habría que investigar cuantas “cosas” recibe del gobierno de Arcioni y del Ministerio de Seguridad.

Es así como los delincuentes del Sub Jefe de Policía Néstor “El Tero” Gómez Ocampo y el delincuente del Director de Seguridad Paulino Gómez parecen encubrir a la “La Chechu” una mujer investigada por la justicia que lleva donaciones que le juntan. De està manera quienes deberìan investigarla son los que se sacan fotos con ella a plena luz del dìa mientras el Ministerio Pùblico Fiscal brilla por su ausencia. Massoni no solamente le toma el pelo a los Chubutenses sino tambièn al MPF.

Esta foto corresponde a la misma Jefatura de Policía desde donde sale el asistencialismo para que la “Chechu” haga política barata promocionando la candidatura a Senador de Federico Massoni.

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El dirigente justicialista de la ciudad de Esquel, Francisco “Paco” Massardi, realizó una presentación en la comisaría, donde aseguró que la ex ministra de Familia y ex diputada de Chubut, Cecilia Torres Otarola, llegó a la cordillera desde Playa Unión y no realizó el aislamiento de los 14 días, tal como está previsto por las medidas de coronavirus.

Massardi -quien fue pareja de Otarola – realizó la presentación en la comisaría, pidió asesoramiento a Fiscalía, y pidió explicaciones sobre las circunstancias en que la ex funcionaria había ingresado a la ciudad días atrás. Según relató, estaba circulando por las calles de Esquel cuando cruzó la camioneta de Torres Otarola, la reconoció y como sabía que era de Playa Unión hizo la denuncia en la comisaría.

«Los esquelenses tenemos que entender que estos personajes que le robaron a la provincia hoy vienen como santos a entregar cosas a nuestra sociedad, cuando lo que se necesita son funcionarios que estén a la altura de sus cargos», manifestó.

Si bien hay ingresos habilitados con el criterio de aislamiento intermitente, se aplica a personas que tienen tareas esenciales. Y para Massardi, ex esposo de quien fue funcionaria provincial, no está claro cuál sería el encuadre en este caso. “La Justicia tendrá que investigar por qué tiene el permiso de circulación por 48hs, no sabemos si es funcionaria. Uno pelea por la verdad y decir que lo que se hace mal hay que denunciarlo”, dijo.

Según indicó EQS, Torres Otárola habría visitado la zona realizando entregas de elementos con una Fundación en la que está trabajando desde hace un tiempo. «Me han informado que tenía alojamiento en ruta 71 y yo la vi alojada en la ciudad de Esquel en un famoso complejo, también los complejos van a tener que dar explicaciones por qué un pasajero que no tenía su destino estaba alojado ahí», expresó.

Torres Otárola atraviesa un proceso judicial donde se intenta determinar si fue autora del delito de fraude contra el estado provincial. Massardi recordó estos procesos y señaló que estos personajes “bancarizaron la coima y dejaron muy mal a la cordillera”.

«Espero que el juez revise claramente lo que hará con este tipo de acuerdos», dijo el exdiputado Blas Meza Evans al criticar el acuerdo alcanzado por Gonzalo Carpintero con el fiscal Marcos Nápoli.

“Carpintero estaba acusado de haber sido el organizador de una asociación ilícita y de enriquecimiento ilícito; por eso le habían pedido una pena de ocho años. Si reconociera los dos delitos de los que estaba acusado, nunca hubiera tenido una pena, más allá de un acuerdo, de tres años, y en consecuencia debería ir preso. Se le quita la figura de asociación ilícita y se le deja la de enriquecimiento ilícito para justiciar los tres años”, señaló el exdiputado provincial Blas Meza Evans al cuestionar duramente el acuerdo alcanzado por Gonzalo Carpintero con el fiscal Marcos Nápoli en el marco de la causa Revelación que debería haber ido a juicio este año.

“Oca reconoce haber sido organizador de una asociación ilícita con la misma pena, pero con ninguna sanción pecuniaria. Oca no tiene multa, no tiene nada, se va a la casa y seguirá viviendo como hasta hoy”, añadió sorprendido el también exfiscal de Estado en declaraciones a Radio 3.

Meza Evans entiende que “no están poniendo la plata de ellos; están poniendo la nuestra para salir libre; esa es la indignación”.

“Supongamos que sea el 100 por ciento de lo que se ‘choreó’. No lo creo, pero igual es ridículo. ¿Qué sentido tiene el sistema penal entonces? La prisión es una amenaza que actúa como una cuestión ejemplificadora”, agregó.

“Ahora cualquier funcionario va a decir que esto no es grave; ‘hagamos lo que se pueda hacer que no pasa nada’. La transacción no cumple con el precepto del sistema penal, que no sólo es la reparación, sino operar como ejemplo para que este tipo de conductas no vuelvan a repetir”, insistió.

Justamente, con la posibilidad de iniciar otra causa de corrupción como “Ñoquis Calientes”, Meza Evans especuló con que “ahora Torres Otarola ofrecerá 500 mil pesos y se irá a la casa porque pedirá un tratamiento similar”.

Concluyó que “acá hay un acuerdo entre imputados y fiscal, pero en definitiva es el juez quien debe resolverlo”, informó El Patagónico.

Al momento de describir los hechos en la causa “ñoquis calientes”, el fiscal general Omar Rodríguez dijo en la audiencia de apertura de investigación que la ex diputada provincial y ministro de familia Cecilia Torres Otarola, “obligaba al resto de los imputados a dejar sus sueldos en provecho propio”. La audiencia se inició en la mañana de este martes y los abogados defensores cuestionaron algunos de sus términos por lo que la jueza de garantías Ivana González se tomó algunas horas para analizar su resolución.

En la audiencia y ante los presentes en el edificio de la Oficina Judicial de Rawson solo ocupada por periodistas y los presuntos querellantes en representación de la Fiscalía de Estado, acompañado por el funcionario de fiscalía Lucas Koltsch, el fiscal general Omar Rodríguez realizó consideraciones sobre la investigación realizada hasta el momento.

Dijo que Torres Otarola “contrataba asesores sabiendo que no existiría contraprestación, porque la mayoría ni siquiera residía en la provincia del Chubut. Algunos de ellos ni siquiera se comunicaban telefónicamente con ella, trabajaban de manera informal de los que comúnmente se lo conoce como en negro”. Agregó que “aún no está cuantificado el monto total de los ilícitos y que ello estará a cargo de los contadores que trabajan con los fiscales en la medida que avance la investigación”.

Manifestó además que “estamos trabajando también en la presunción de estar frente al delito de enriquecimiento ilícito por parte de Torres Otarola. Oportunamente pediremos la apertura de investigación”, anticipó Rodríguez.

En la causa existe un total de 13 personas imputadas y está caratulada como “Cecilia Torres Otarola y otros, presunto fraude a la administración pública”. Además de la ex funcionaria, se encuentran imputados Silvana Cañumil, Patricia Claudina Antonio, Alberto Gilardino, Jaquelina Rodera, Marcelo Neira,Facundo Solari Rodera, Mara Rodera, Branco Rodera Neira, el ingeniero Carlos Cundari, Miguel Reto Trelles, Pamela Matamala y Facundo Jofré.

La mayoría de los abogados defensores no se opusieron a la apertura de la investigación aunque en general coincidieron en rechazar el pedido de los fiscales en cuanto a se considere al caso como “complejo” que permitiría extender el tiempo de la investigación. Los fiscales dijeron que la gran cantidad de hechos a probar, la gran cantidad de imputados y las dificultades para la investigación que genera la cuarentena por el COVID 19 justifican la extensión de los plazos.

La jueza Ivana González se cree que convocará nuevamente a las partes en horas de esta tarde para dar a conocer su resolución.

La jueza penal Ivana Gonzales decidirá este martes por la tarde si autoriza la apertura de investigación en contra de la ex ministra de la familia Cecilia Torres Otarola por los delitos de fraude a la administración pública e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

Este martes por la mañana los fiscales Omar Rodríguez y Lucas Koltsch le solicitaron a la jueza Gonzales la autorización para iniciar formalmente la investigación que la tiene como probable imputada a la ex ministra Otarola y a otros 12 ex funcionarios de la cartera de familia.

Ninguno de los acusados decidió declarar en la audiencia de esta mañana que tuvo una duración de dos horas y que tuvo la sola presencia en la sala de los fiscales y de dos representantes de la fiscalía de estado.

El fiscal Omar Rodríguez reiteró que la ex ministra Otarola diseñó un sistema para percibir dinero de los sueldos de funcionarios designados por ella en el Ministerio de la Familia y con anterioridad como diputada provincial.

“De todos los elementos colectados surge la posibilidad de que en el futuro iniciemos otra causa contra Torres Otarola por el presunto delito de enriquecimiento ilícito” adelantó el fiscal Rodríguez.

Los abogados defensores Omar López y Damián D’Antonio en representación de Patricia Antonio y Alberto Gilardino se opusieron a la apertura de investigación, cuestión que deberá resolver esta tarde la jueza Ivana Gonzales.

Cecilia Torres Otarola, ex diputada provincial y ex ministra de Familia, y otras doce personas están imputadas por presunto fraude a la administración pública y a partir de hoy serán enjuiciadas en la Sala 2 de la Oficina Judicial de Rawson por videoconferencia en la causa de los «ñoquis calientes».

La Unidad Fiscal de Delitos contra la Administración pública en la figura del fiscal general Omar Rodríguez, había confirmado durante el pasado mes de julio el respectivo pedido de imputación en la causa; según publicó Mil Patagonias.

De la presentación realizada por la Oficina Anticorrupción del Ministerio Público Fiscal se desprende que son trece las personas involucradas en la misma cantidad de hechos. Se trata de Jaquelina Rodera, Marcelo Neira, Facundo Solari Rodera, Mara Rodera, Branco Rodera Neira, Carlos Antonio Cundari y Miguel Angel Reto Trelles, Silvana Adriana Cañumil, Pamela Matamala, Facundo Andrés Jofré, Patricia Claudina Antonio y Alberto Gilardino.

Los hechos 

Como hipótesis de la acusación contra Torres Otarola el MPF señala que en el año 2014 Torres Otarola empleó en su comercio a Silvana Adriana Cañumil. Luego, ya como diputada provincial, gestionó y logró que Cañumil ingresara a la Legislatura como empleada administrativa de tercera, para luego ascender hasta convertirse en asistente de bloque. Sin embargo Cañumil no prestaba funciones en el poder legislativo sino que en los hechos cumplía funciones como niñera a cargo de los hijos de la entonces diputada. De hecho la imputación sostiene que Cañumil, vivía en la casa de Torres Otalora en la ciudad de Esquel.

De manera simultánea, Torres Otarola, también gestionó y concretó el ingreso a la Legislatura, de Jaquelina Rodera, actual Subsecretaria del Ministerio de Desarrollo y Familia del esposo de ésta última, Marcelo Neira, actual Director de Políticas Sociales. Además, la entonces diputada, gestionó un contrato de locación de obra, respecto del hijo de los nombrados, Branco Rodero Neira, para que también cumpliera funciones en la Legislatura.

A todo lo descrito anteriormente, Otarola gestionó la incorporación más personas a la Legislatura. En el año 2017 ingresó a prestar servicios Alexis Ganga, luego Erica Paludi, y Martín Sandoval.

A las tres personas mencionadas la diputada Otarola obligaba a dejar parte de su sueldo en provecho propio.

Para ello, dichas personas al momento de cobrar sus haberes mensuales debían entregar un porcentaje elevado de su sueldo a Silvana Cañumil; la cajera. La operación aludida se hacía por medio de transferencias bancarias. Cañumil una vez que se hacía del dinero lo giraba a las cuentas del Banco de Chubut, del Nación cuya titular es Torres Otalora.

La operatoria luego sufre alguna modificación, cuando Otarola deja su banca como diputada y asume al frente del Ministerio de Desarrollo Social y Familia. Desde diciembre del 2019, Otarola emprende un rol activo en el nombramiento de un grupo de personas cercanos a ella, como lo son la familia Rodera-Neira, los cuales en su mayoría cobrará un haber mensual sin prestar ningún tipo de contraprestación.

Dicho grupo se puede diferenciar de otro, ya que ocupan cargos que no tienen vínculo estrecho con Otarola, pero los objetivo espurios eran los mismos.

Ya en el cargo de Ministra, Otarola, gestionó y logró el nombramiento de Jaquelina Rodera, como Subsecretaria de Desarrollo Social, el esposo de ésta, Marcelo Neira, asume como Director de Políticas Sociales, Mara Rodera, (hermana de Jaquelina) se hace cargo de la Dirección de Control de Auditoría y compras, Facundo Solari Rodera, (sobrino de la Subsecretaria) ingresa como Director General, Raúl Rodera, (hermano de Jaquelina) lo hace como Secretario de la Ministro, Silvana Cañumil, como Subsecretaria, Carlos Antonio Cundari, se desempeña como Secretario Privado de Jaquelina Rodera, mientras que Miguel Reto, es nombrado Director General.

De los elementos analizados hasta el momento, surge de acuerdo a la hipótesis del Ministerio Público Fiscal, la clara la relación de Torres Otarola con los Rodera-Neira. Relación que resulta anterior al ala asunción de Torres Otarola como Diputadas Provincial.

Pero además de todas las personas antes nombradas, la ahora ex ministra se encargó de gestionar la designación de Carlos Antonio Cundari. Este fue socio de Marcelo Neira en varias sociedades. ELEMEC SRL, Talleres de Electricidad y Mecánica, en 1998, y otra sociedad denominada INDUSTRIA CARMA SRL en 2005. Por otro lado, la designación en el cargo de Director de Miguel Reto, también está vinculada a una relación preexistente con los Rodera-Neira.

Ya en el año 2010 Jaquelina Rodera, y Mara Lorena Rodera, constituyen otra sociedad denominada, Devorebuenosayres Com SRL, fijando el domicilio de la sede Social en Guatemala N° 4168, de la Ciudad de Buenos Aires. Al consultar el NOSIS, sitio que registra en otras cosas información de antecedentes comerciales, surge que el domicilio fiscal de Miguel Reto, cuyo nombre completo es Reto Trelles Miguel Angel, es precisamente Guatemala N° 4168, de la Ciudad de Buenos Aires, coincidente con el domicilio de la Sociedad aludida en el párrafo anterior, lo que explica su designación como Director en el Ministerio de Otarola, por su vinculación con los Rodera.

A esta altura, la Fiscalía, no puede dejar de mencionar, que el común denominador que tienen Jaquelina Rodera, Mara Rodera, Facundo Solari Rodera, Marcelo Neira, Antonio Cundari, Miguel Reto, es que todos ellos tienen domicilio en Buenos Aires. De los nombrados la única persona que reside en la zona de manera esporádica es Jaquelina, y lo hace en el domicilio de Cecilia Torres Otarola. En el otro grupo de la planta política nombrada por Torres Otarola, se menciona a Pamela Matamala, Directora de la Juventud, quien presta servicios en la privada de la Ministro.

Por su parte, Facundo Andrés Jofre, Director General, es oriundo de la ciudad de Dolavon y tendría vínculos con la nombrada Matamala. Según los registros bancarios, el nombrado el día 7 de mayo de este año, realizó una transferencia de 75.000 $ a Pamela Matamala. A su vez, según los informes remitidos del Banco de Chubut, Pamela Matamala, le realizó transferencias bancarias a la cuenta de Silvana Cañumil, que posee en el mencionado banco, los días 24 de abril de este año por un monto de 87,816 $, y el día 7 de mayo de 2020, por un monto de 84.216 $.

Por su parte Cañumil Silvana le hace una transferencia a Torres Otarola a una cuenta de su titularidad, el día 27 de abril de 2020, por un monto de 100.000 $. Asimismo, con fecha 4 de mayo de 2020 la nombrada Cañumil le hace otra transferencia a Torres Otarola, a la cuenta sueldo por un monto de 78.656,82 $. Además, el día 8 de junio de 2020, Cañumil le efectúa una tercera transferencia a Jaquelina Rodera por un monto de 50.000 $, y nuevamente a Torres Otarola, por un monto de 100.000 $ el día 8 de junio de 2020.

También y de acuerdo a lo señalado por el Ministerio Público Fiscal, Silvana Cañumil, en mayo de 2019, efectuó transferencias bancarias a favor de Macayo Marcelo, por un monto de 21.467, 63 $, en concepto de pago de cuotas el Instituto de Ingles de una obligación que tenía Torres Otarola con el instituto aludido. También se destacan las transferencias entre Mauro Sebastian Valenzuela (pareja de Silvana Cañumil) y Torres Otarola. Unos meses antes, (febrero y marzo) Otarola transfiere a Valenzuela montos de $10.000 y $15.000 respectivamente.

En el período comprendido entre los años 2016 y 2020, Silvana Cañumil realizó transferencias bancarias a Torres Otarola, por más de $1.500.000.

Por su parte, Miguel Reto el día 3 de junio de este año realiza una extracción de 50.000 en efectivo, para luego hacerle un depósito por ese monto a Silvana Cañumil, en la misma fecha.

Párrafo aparte, merece ser contada la situación de M.N.F., quien figura ocupando un cargo de Directora en el Ministerio aludido. Se trata de la hija Sandra Jaramillo quien prestó servicios como empleada doméstica en la casa de Otarola, desde mediados del 2019 hasta enero del 2020. Torres Otarola, ya como Ministra le ofreció incorporar a la hija de Jaramillo al organismo a su cargo. Dicha situación se concretó, y la nombrada fue designada pocos días más tarde. M.N.F., solamente concurrió al lugar de trabajo un par de días, y no fue más. Dos circunstancias fueron las que determinaron dicha situación. La primera es que M.N.F., se tuvo que presentar en donde funcionaban las oficinas de CORFO, que en ese momento se vivía un clima de tensión. Y, en segundo lugar, la ruptura de la relación laboral entre Jaramillo y Torres Otarola, significó que la primera le dijera a su hija que no concurriera más a trabajar al Ministerio.

En todo este contexto, debemos destacar una situación relatada por la testigo. Es que, al momento de que Torres Otarola le ofrece el cargo para su hija, la misma le habría referido que cumpliría funciones de secretaria privada de la funcionaria, y que el sueldo sería de 20.000 $, sin tener conocimiento la deponente que los haberes correspondientes al cargo que fuera designada su hija eran de 43.558 $. Situación que pone en evidencia la intención de quedarse con más de la mitad del salario, por parte de la funcionaria.

Lo dicho cobra fuerza, al analizar la documentación respecto de la cuenta sueldo de M.N.F., del cual se desprende que no hubo ningún tipo de movimiento del dinero, los cuales permanecen intacto en su cuenta sueldo. Tanto la hija como la madre desconocían que existían pagos de haberes por el cargo que ocupaba, que dicho sea de paso prácticamente no concurrió.

La Fiscalía también menciona la situación de Antonio Patricia, quien ocupa un cargo de Directora General. La nombrada es madre de Alberto Gilardino. La Motivación de su designación en la planta política tiene que ver con la imposibilidad de nombrar en el cargo a su hijo Alberto, por haber estado relacionado el sindicado con causas de corrupción. La nombrada habría prestado su nombre para que en los hechos sea su hijo quien desempeñase las tareas en el cargo. Del análisis preliminar de los movimientos bancarios, se desprende que la nombrada en el mes de junio del 2020, le efectuó transferencias bancarias al cuil 20294165194, perteneciente a su hijo, un total de $187.200, luego de haber ingresado en su cuenta a sueldo el dinero en concepto de haberes por el cargo de Directora, con la cual refuerza la hipótesis ensayada.

Está claro que todos los nombrados actuaron de manera coordinada, cumpliendo distintos roles, siempre bajo la cobertura que le da el poder estatal.

En ese contexto Torres Otarola no tuvo ningún inconveniente, para lograr engañar al gobernador, abusando de su confianza, quien finalmente firmó los decretos de designación de los funcionarios solicitados por la nombrada, en función de una aparente idoneidad invocada. La ex ministra tuvo en sus manos las riendas de los hechos, y el resto de los coimputados realizaron aportes necesarios para lograr su consumación. Los funcionarios del estado, sumergidos en el error, efectuaron los pagos a personas que no cumplían ningún tipo de contraprestación, llevando a cabo una disposición patrimonial perjudicial para sus arcas públicas, consumándose así, la maniobra estafatoria. Ya con el dinero a disposición en sus respectivas cuentas sueldo, los cómplices, no en todos los casos retornaban parte del mismo a manos de Otarola, generalmente a través de transferencias o depósitos bancarios, dirigidos a su persona de confianza Silvana Cañumil, en algunas ocasiones a Pamela Matamala, circunstancia ésta, que robustece el contenido de la conducta final emprendida, que no era otra que hacerse de manera ilegal de fondos públicos.

Calificaciones legales 

Todos estos detalles se encuentran discriminados en trece hechos donde la víctima resulta ser el Estado Provincial y por los que se encuadra el accionar de Cecilia Torres Otarola en el delito de fraude a la administración pública (art. 174 inc. 5, en función del art. 172 del Código Penal, en calidad de autora, -10 hechos-, concusión art. 266, -3 hechos-, todos ellos en concurso ideal con incumplimiento de los deberes del funcionario público, art. 248, art. 54), y a su vez concurriendo materialmente entre ellos, art. 55, y 45 del código penal, al igual que Jaquelina Rodera, bajo el encuadramiento de los mismos delitos pero en cinco hechos.

En tanto Mara Rodera, Facundo Solari Rodera, Carlos Antonio Cundari, Miguel Angel Reto Trelles, Marcelo César Neira, Claudia Patricia Antonia, Alberto Gilardino, Patricia Claudina Antonio, Pamela Matamala y Facundo Andrés Jofré, por el delito de fraude a la administración pública art. 174 inc. 5, en función del art. 172 del Código Penal, en calidad de partícipes necesarios, -1 hecho-, art. 45 del código penal. Mientras Silvana Adriana Cañumil fue imputada por el mismo delito pero en dos hechos y como partícipe necesaria.

Medida cautelar 

Por último el Ministerio Público Fiscal, solicitó una medida cautelar sobre los bienes de Torres Otarola, a los fines de las eventuales reparaciones que en el futuro podrían tener lugar, en función de la extensión del daño ocasionado que se vislumbra prima facie, y en la inteligencia que surge como una medida razonable y proporcional a los hechos atribuibles.

Esta mañana comenzó la audiencia contra la ex ministra de Familia de Chubut, Cecilia Torres Otarola y otros ex empleados de la cartera provincial.

En la Oficina Judicial de Rawson se lleva a cabo la audiencia de apertura de investigación en la causa judicial denominada como “Ñoquis calientes”, en la que se encuentran involucradas 13 personas, entre ellas la ex Ministro de Familia del Gobierno del Chubut, Cecilia Torres Otarola.