Una resolución judicial alteró de inmediato el escenario ambiental en Santa Cruz al impedir que la reforma de la Ley de Glaciares tenga efectos en la provincia. La medida impacta directamente sobre cualquier intento de habilitar actividades en áreas protegidas, en un contexto donde distintos sectores advertían sobre posibles cambios en el uso del territorio.
El freno se aplica de forma inmediata y obliga al Estado Nacional a modificar su accionar en la región. El fallo fue firmado por el juez federal Claudio Vázquez , con asiento en Río Gallegos, quien ordenó que el Estado se abstenga de aplicar o autorizar actos administrativos vinculados a la reforma.
La acción judicial fue impulsada por autoridades de El Calafate , junto a dirigentes provinciales y nacionales.
El planteo: la reforma reduce la protección ambiental
Los impulsores de la acción judicial sostuvieron que la modificación legal implica una reducción en los niveles de protección ambiental. El planteo apunta a que la nueva normativa habilitaría intervenciones en zonas que hasta ahora permanecían resguardadas. En el expediente, identificado como “Honorable Concejo Deliberante de El Calafate y otros c/ Estado Nacional” , se sostiene que la reforma introduce cambios sobre competencias que corresponden al Congreso. El tribunal evaluó que existe un grado de verosimilitud en ese planteo, lo que justifica una intervención urgente.
«La prevención del daño prima sobre su reparación»
Uno de los ejes del fallo radica en el riesgo asociado a la posible habilitación de actividades extractivas en zonas de alta fragilidad ambiental. El magistrado consideró que la demora en una decisión final podría afectar de manera irreversible recursos estratégicos. “La tutela judicial efectiva en materia ambiental exige privilegiar la prevención del daño por sobre su reparación ulterior, especialmente cuando se encuentran comprometidos ecosistemas sensibles y recursos esenciales como el agua” , sostuvo Vázquez en los fundamentos de la resolución.
El impacto económico en el turismo
El fallo también incorpora una dimensión económica vinculada al modelo de desarrollo de la provincia. En localidades como El Calafate y El Chaltén , la actividad turística depende directamente de la conservación del entorno natural. La posible alteración de esos ecosistemas podría impactar sobre una de las principales fuentes de ingresos regionales. El tribunal advirtió que la modificación de la ley podría afectar no solo áreas glaciares, sino también zonas periglaciaresque cumplen funciones ambientales clave.
La suspensión regirá hasta una sentencia de fondo
La suspensión de la reforma se mantendrá vigente en todo el territorio de Santa Cruz hasta que se dicte una sentencia de fondo sobre la constitucionalidad de la norma. Durante ese período, el Estado Nacional no podrá avanzar con autorizaciones basadas en el nuevo esquema legal.
Un juez federal bloqueó la reforma de la ley de glaciares en Santa Cruz y frenó actividades extractivas. «La prevención del daño prima sobre su reparación», sostuvo el magistrado. La suspensión regirá hasta un fallo definitivo.