Las denuncias de juicio político contra el Gobernador Mariano Arcioni y el ministro de Seguridad, Federico Massoni, comenzaron a tomar forma con el primer encuentro entre los doce diputados que integran la Sala de Acusar. Los legisladores se reunieron en las últimas horas y quedó así conformada la Comisión Investigadora y la Sala de Acusar, que será presidida por Andrea Aguilera, de Juntos por el Cambio.
De las denuncias presentadas dos son en contra del Gobernador. Una presentada por la madre de una joven que fue asesinada con ensañamiento y que cuestiona que en Chubut “no hay partidas presupuestarias para prevenir y erradicar la violencia de género según lo establecido en la Ley XV N° 26”. Y, en consecuencia, acusa al mandatario provincial de no cumplir con los deberes a su cargo –según publica Ámbito-. La segunda fue presentada por la falta de pago en tiempo y forma de manera reiterada a todos los empleados de la Administración Pública que afecta a jubilados, retirados y pensionados. También arguye incumplimiento de los deberes de funcionario público.
La diputada Aguilera, a cargo de la Sala de Acusar, sostiene que “el procedimiento es la herramienta que encontró la ciudadanía para pedirle al Gobernador que reaccione y resuelva alguno de los tantos problemas, ya que Chubut está en una situación crítica con un gobierno que no presenta un plan de acción a corto, mediano o largo plazo”.
En este marco, las denuncias contra Arcioni ya tomaron estado parlamentario y se encuentra ahora en la Comisión de Asuntos Constitucionales, también presidida por Aguilera. “No hay plazos de tiempo. Vamos a darle la celeridad que amerita pero respetando el orden cronológico. Tengo claro que todas las miradas están puestas hoy en la Sala de Acusar”, sostiene la diputada.
La Constitución provincial establece dos salas para la remoción de un funcionario público: una para juzgar y otra para acusar. La sala a cargo de Aguilera cuenta con una Comisión Investigadora encargada de estudiar las pruebas y considerar si están las acciones necesarias para llevar adelante el juicio político.
Por su parte, el pedido de juicio político al ministro Federico Massoni, es promovido por dos abogados de Comodoro Rivadavia. Los letrados argumentan que el funcionario provincial habría impartido “órdenes ilegales a la Policía de la Provincia” incurriendo en “la violación de derechos y garantías de la población en general” en el marco cuarentena decretada tras el brote del COVID-19 en la Provincia.
El martes pasado también se sumó un pedido de informe dirigido a la Secretaría General de Gobierno, impulsado por la diputada Leila Lloyd Jones, a cargo del bloque se escindió del oficialismo. Al organismo se le pide que explique los fundamentos de las declaraciones del Ministro de Seguridad provincial, quien esta semana afirmó que en algunos barrios de la ciudad de Trelew existe “un transa por cuadra”.
“Se encuentran protegidos por funcionarios del poder Judicial, Ejecutivo y por el Legislativo”, sostuvo Massoni. Ante esto, ahora deberá rendir cuentas de sus dichos.