Tag

denuncias

Browsing

Más países de Europa anunciaron hoy expulsiones de diplomáticos rusos acusados de espionaje y de trabajar contra los intereses nacionales, luego de que Ucrania denunciara masacres deliberadas de civiles de las que se acusa a fuerzas militares de Rusia.

El jefe de la diplomacia de la Unión Europea (UE), Josep Borrell, en tanto, anunció que fueron declarados «persona non grata» varios miembros de la representación de Rusia ante la UE por «actividades contrarias» a su estatuto de diplomáticos, sin precisar ni el número ni la fecha de su expulsión.

Un día después de que Alemania y Francia expulsaran a más de 70 diplomáticos rusos y Lituania al embajador de Rusia, la ola de expulsiones fue continuada por Italia, que temprano anunció la expulsión de 30 diplomáticos por razones de «seguridad nacional».

La medida, dijo el canciller italiano, Luigi Di Maio, «ha sido necesaria por razones vinculadas a nuestra seguridad nacional y en el contexto de la situación actual de crisis relacionada con la agresión injustificada de Ucrania por parte de la Federación de Rusia».

Ante la ola de expulsiones, el Kremlin denunció «la falta de visión» de Europa y anticipó que responderá con medidas similares.

Las expulsiones reducen «las posibilidades de comunicar en el ámbito diplomático en estas circunstancias difíciles» y «va a complicar más» las relaciones entre Europa y Rusia, declaró a la prensa el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov.

«Y esto conllevará inevitablemente medidas de represalia», añadió.

Varios países occidentales manifestaron esta semana su repulsa tras denuncias del Gobierno ucraniano de matanzas de civiles por parte de tropas rusas en Bucha, una ciudad cercana a Kiev que Rusia ocupó durante semanas.

Ucrania lanzó sus acusaciones luego de que la agencia de noticias francesa AFP publicara fotos de muertos, al parecer civiles, tirados en calles de Bucha, que fueron tomadas hace dos días durante una recorrida con el Ejército ucraniano.

Rusia rechazó las acusaciones y dijo que se trató de un «montaje» y una «puesta en escena» organizada por el Gobierno ucraniano «para los medios occidentales» y para denigrar la imagen de los soldados rusos.

Dinamarca también decidió expulsar a diplomáticos rusos, 15 en este caso, acusándolos de ser «agentes de inteligencia» que llevaron a cabo «actividades de espionaje en suelo danés», declaró el jefe de la diplomacia danesa, Jeppe Kofod.

La decisión de expulsar a los diplomáticos, que según Dinamarca son oficiales de inteligencia y deberán abandonar el país en 14 días, le fue comunicada al embajador ruso durante una reunión celebrada hoy, dijo Kofod, informó AFP.

Otro país escandinavo, Suecia, en la misma línea, se sumó a la media y anunció la expulsión de tres diplomáticos rusos.

La canciller sueca, Ann Linde, dijo que «no es fácil expulsar diplomáticos, porque también implica consecuencias para nuestro personal diplomático en Rusia», pero aun así no descartó que el Gobierno decida más expulsiones.

Luego España anunció la expulsión de «alrededor de 25» diplomáticos de la Federación Rusa que representan «una amenaza para los intereses de seguridad» del país, dijo el canciller José Manuel Albares.

Letonia y Esrtonia anunciaron que cerrarán misiones consulares de Rusia en dos ciudades, una de cada país, y que expulsarán a un total de 27 diplomáticos rusos que cumplen funciones en ambas naciones bálticas.

El 29 de marzo, Bélgica anunció la expulsión en 15 días de 21 personas que trabajaban para la embajada y el consulado de Rusia, sospechosas de estar implicadas en «operaciones de espionaje e influencia que amenazan la seguridad nacional», reportó la agencia de noticias Europ Press.

Países Bajos y Polonia siguieron sus pasos y también expulsaron a decenas de diplomáticos.

La invasión rusa de Ucrania, iniciada el 24 de febrero, representa el peor conflicto en décadas en Europa, y dejó miles de muertos y más de 10 millones de refugiados o desplazados.

En esta primera reunión del año se avanzaría en conformar las comisiones que tendrán a su cargo resolver si las denuncias son admisibles o no.

En su primera sesión del año, prevista para los días 22 y 23 de febrero en la ciudad de Sarmiento, el Consejo de la Magistratura prevé sortear los integrantes de las comisiones de admisibilidad para tratar las dos denuncias formuladas contra la jueza Mariel Suárez, para quien se promovieron dos pedidos de destitución por su vínculo con el condenado por dos homicidios Cristian Bustos.

Según confiaron fuentes cercanas al organismo encargado de evaluar la conducta de los magistrados de la provincia, en esta primera reunión del año se avanzaría en conformar las comisiones que tendrán a su cargo resolver si las denuncias son admisibles o no.

Es posible que se resuelva conformar una sola comisión para evaluar el carácter de ambas presentaciones, en tanto se trata de una instancia en la que debe verificarse si hay elementos suficientes para impulsar dicha presentación, pero no se requiere una investigación exhaustiva en esta etapa.

En caso de aceptarse los planteos, lo que podría transcurrir en un plazo que la ley no estipula pero que se extenderá mínimamente un mes, al menos hasta que haya una nueva sesión del Consejo de la Magistratura, se debería sortear a los consejeros que tendrán a su cargo los eventuales sumarios, para lo cual se establece un plazo de 90 días.

Dos planteos que promueven la destitución

Vale recordar el pedido de destitución de la jueza Suárez es promovido desde la Asesoría Legal del municipio de Comodoro Rivadavia, por un lado; y por parte de los senadores Ignacio Torres y Edith Terenzi, por el otro, en una presentación promovida junto a familiares del policía Tito Roberts, asesinado por Bustos y en cuyo juicio intervino Suárez.

Aunque con matices que enfocan los argumentos en distintos puntos, las denuncias coinciden en cuestionar la conducta de la jueza por vulnerar normas vinculadas a la ética pública y al ejercicio de la función.

“La magistrada denunciada habría reconocido el ofrecimiento/formalización de una relación laboral/localitva con un procesado –Sr Bustos- en un caso donde se encuentra abocada para el ejercicio de su labor jurisdiccional, ello a fin de obtener un beneficio (producto destinado a ser ‘ofrecido’ a editoriales) acceso a la disponibilidad de los datos personales del procesado para volcarlos en una obra intelectual destinada a ser ofrecida a terceros; labor incompatible con el artículo 21 de la ley de Etica en la Función Pública”, se lee en uno de los fundamentos de la presentación impulsada por el abogado Iván Alexandre Visser, en representación del municipio de Comodoro Rivadavia.

Uno de los ejes que se desprende de esa denuncia es la posible obtención de un rédito económico a partir de la publicación del libro que la jueza pretende elaborar, según argumentó al referirse públicamente al tipo de vínculo que ha establecido con el preso, rechazando una relación de carácter personal, como denunció el responsable de turno en la penitenciaría, el día de su visita a Bustos, al señalar que hubo “abrazos y besos (en la boca)”.

La difusión que tuvo el caso del niño Lucio Dupuy, de 5 años, quien falleció en un hospital de La Pampa a raíz de las heridas recibidas presuntamente por su madre y su pareja, motivó que las denuncias por maltrato a la niñez al programa del Ministerio de Justicia de la Nación se multiplicaran en un 73% en los últimos cinco días.

La psicóloga especializada en maltrato infantil y directora del programa “Las Víctimas contra las Violencias”, Eva Giberti, dijo a Télam que se trata “de un incremento exponencial que no se daba desde la denuncia de Thelma Fardín por violación contra Juan Darthés” y aseguró que “cada vez son más los chicos que se animan a denunciar”.

“Son denuncias hechas por sus protagonistas, o por vecinos del mismo barrio o por niños que aseguran que un familiar suyo es abusado. Acá las víctimas son absolutamente ingenuas e inocentes y no pueden hacer nada para defenderse”, destacó Giberti.

La conmoción por el asesinato del nene de 5 años trascendió las fronteras de La Pampa al ser descubiertos todo tipo de golpes, quemaduras de cigarrillo, mordeduras y abusos sexuales que databan de años. Las acusadas son su madre Magdalena Valenti y su novia Abigail Pérez y, tras la autopsia, se descubrió que el niño tenía heridas de vieja data y que la causa de la muerte fue por hemorragia interna a raíz de un golpe, presuntamente provocado por una de las tantas palizas que recibía.

“Los sistemas de protección hacia los niños están fracasando ante situaciones como esta, porque la escuela y el barrio tendrían que haber estado viendo lo que pasaba. En esos sistemas hay varias cosas que no funcionan bien, protocolos hay, esta el síndrome del niño golpeado que es típico, pero aquí tenemos a dos perversas que se ocupaban placenteramente de golpearlo”, refirió Giberti.

Para Giberti lo que ocurrió después de la difusión de este hecho lamentable es que se haya superado en un 73% la media de denuncias que recibimos y aseguró que “cada vez más son chicos de 7, 8, 9 y 10 años los que se animan a denunciar en la línea 137”.

Esta vía de denuncias totalmente anónima es utilizada por los niños mediante los llamados por WhatsApp “y no sólo llaman para denunciar el maltrato o abuso que reciben sino que también lo hacen cuando se enteran de que por ejemplo una tía es abusada”, destacó la profesional.

Entre los meses de octubre de 2020 y septiembre de 2021, las consultas de denuncias recibidas por el Programa a través de la Línea Nacional 137 y la línea de WhatsApp fueron 15.118, para un total de 20.520 víctimas (pueden existir más de una víctima por consulta), de las cuales 9.989 fueron niños, niñas y adolescentes.

En la cuarentena los llamados a la línea 137 por violencias intra familiares y/o sexuales aumentaron un 20% respecto al mismo período de 2019. La cantidad total de niñas y niños que sufrieron estos tipos de violencias se incrementó un 23%, mientras que hubo un aumento del 28% en violencia familiar y del 13% en violencia sexual.

En tanto, la cantidad de chicos y chicas que fueron violentados/as en el entorno digital, lo que incluye principalmente al grooming y la utilización de imágenes en pornografía, creció un 267%”.

“Lo novedoso e impresionante que vemos este año es como los chicos llaman. Tenemos una perversión que aumenta, pero también tenemos gente que se ocupa. Los que denuncian los niños son las situaciones de maltrato y las cuentan a las operadoras con mucha valentía”, dijo Giberti.

Pero el hecho de que los adultos no denuncien un hecho de maltrato tiene que ver “por un lado con la naturalización de la violencia y por el otro con el no registro del chico como persona sujeta de derechos: La invisibilización del niño es un fenómeno que ocurre en toda América Latina”, remarcó Giberti. “Tampoco la Justicia los ve como personas -dijo la especialista- , hay mucha legislación en favor de los chicos pero los que tienen que intervenir no los ven como personas”.

En los casos de abuso, “es difícil probarlo salvo que haya habido penetración y sabemos que los abusos están muy lejos de ser sólo un acto físico. Hay tocamientos, manoseos, muestra de imágenes pornográficas, las formas de abuso son de una variedad enorme”.

Y explicó que, en este contexto, “los medios juegan un papel fundamental. Pese a lo terrible del hecho sufrido, los chicos cuando llaman a la línea 137 no tienen reparos en decir su nombre, donde viven y asombra que ellos
mismos digan que fueron abusados”.

Por otra parte, Giberti consideró que la legislación que hay en la Argentina en la materia “es aceptable”, pero dijo que los responsables de llevar justicia “tienen que estudiar y escucharnos a los psicólogos que estamos en el terreno. La Justicia no sólo es machista, sino fanáticamente patriarcal”.

Y esto, concluyó, “incide en el juzgamiento de los casos de maltrato y abuso infantil, por eso cuesta tanto conseguir que un abusador de niños vaya preso. La tendencia es que una vez que se consolida la denuncia, cuenten con la simpatía de mucha gente de la Justicia”.

El ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación dijo que se presentará una denuncia para que se investigue la muerte de centenares de pingüinos y sus pichones en un campo lindero a la reserva protegida de Punta Tombo. Reveló que una Brigada de Control Ambiental está viajando a la zona para inspeccionar el lugar.

El ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible nacional, Juan Cabandié, anunció que la cartera a su cargo presentará una denuncia penal para que se investigue el hecho ocurrido en una área Natural Protegida Punta Tombo, por el que cientos de ejemplares y nidos de pingüinos de Magallanes resultaron muertos. La presentación por maltrato animal será en conjunto con la provincia de Chubut.

El funcionario nacional aseguró: “Vamos a denunciar penalmente a los responsables de la matanza de pingüinos que se produjo en Punta Tombo. Este daño ambiental es irreparable”.

Además reveló que “en este momento está viajando a Chubut la Brigada de Control Ambiental del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible para inspeccionar el campo donde ocurrió este delito”.

“Estamos comprometidos con el bienestar animal y es por eso que vamos a buscar todas las herramientas normativas y de gestión para que estos hechos de maltrato se castiguen y no se vuelvan a repetir”, remarcó Cabandié.

Así lo comunicaron desde la Agencia Regional Federal Patagonia Sur de la Policía Federal Argentina, con sede en Comodoro Rivadavia

La Agencia Regional Federal Patagonia Sur de la Policía Federal Argentina, ubicada en la Avenida Rivadavia 1.183, con jurisdicción en las provincias de Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego, informó a la ciudadanía que se encuentran disponibles tanto la línea telefónica: 297-4461189 y el correo oficial: dg.arf.patagoniasur@policiafederal.gov.ar.

Sobre los mismos se podrán recepcionar denuncias sobre ilícitos de índole federal.

Daniel Esteban Báez, uno de los propuestos por el gobernador Mariano Arcioni para ser ministro del Superior Tribunal de Justicia de Chubut, ha sido denunciado en varias ocasiones ante el Consejo de la Magistratura por “mal desempeño” de su función como fiscal y nunca ha dado explicaciones sobre qué vínculos tuvo o tiene con un narcotraficante de Puerto Madryn, junto al que aparece fotografiado en distintos lugares y diferentes circunstancias, acompañado del actual subjefe de Policía Néstor “El Tero” Gómez Ocampo, otro de los ha venido siendo muy cuestionado ante la opinión pública por esa sospechosa y nunca aclarada relación con Omar “El Cura” Segundo.

Vale clarificar que Segundo está actualmente condenado a 9 años de prisión por intentar traficar a España un cargamento de más de cien kilos de cocaína disimulados en contendedores con langostino en la planta pesquera que era de su propiedad, que iban a partir en barco desde el puerto de Madryn cuando las fuerzas federales realizaron el operativo por el que Segundo terminó preso tiempo después.

Daniel Esteban Báez, es actual jefe de los fiscales de Puerto Madryn, se dice que tiene estrechos vínculos amistosos con altos dirigentes políticos. Aunque en su momento se decía que era un protegido del extinto gobernador Mario Das Neves y que siempre contó con el padrinazgo del procurador General Jorge Miquelarena.

Con esas relaciones Báez –se supone- supo sortear sin ningún problema toda denuncia que le hicieron aquellos que se consideraron damnificados de su mal desempeño en alguna causa penal o juicio, en donde el fiscal debe sentirse más que realizado cuando ve que su trabajo terminó en la condena de un culpable.

Entre las últimas acusaciones que le han hecho le atribuyen nada más ni nada menos que negarse a investigar a una pareja sindicada de haber abusado sexualmente de uno de sus hijos, que pese a ello logró ser llevada a juicio y terminó condenada.

Sobre este caso, el Consejo de la Magistratura todavía no se ha expedido; no se sabe en qué va a terminar la presentación que hizo contra Báez una organización que trabaja por los derechos del niño en Puerto Madryn.

Entre las denuncias “más pesadas” de las que pudo salir sin sobresaltos el fiscal, se recuerda las dos que le hicieron en su momento por haber “beneficiado” con su tarea de acusador público a los que fueron llevados a juicio por el crimen del empresario pesquero Raúl “Cacho” Espinosa.

Las presentaciones fueron realizadas por la ultima pareja de la víctima y sus abogados, y el Consejo de la Magistratura salvó literalmente a Báez, desestimando las graves imputaciones que se le hicieron.

Como se recordará, por el homicidio de Espinosa ninguno de los que sospechosos de haber participado del crimen con distintas implicaciones fueron condenados y terminaron desvinculados del caso. En el último juicio, por una llamativa maniobra del fiscal Báez –que a último momento cambió su acusación- todos quedaron afuera de toda sospecha.

Al empresario pesquero “Cacho” Espinosa lo asesinaron de un balazo en el pecho frente a su pareja, en el anochecer del 30 de enero de 2003, cuando ambos estaban por ingresar a su domicilio en la zona sur de Puerto Madryn y el crimen hoy está impune, es una deuda que tiene la Justicia con la sociedad chubutense.

Con estos antecedentes, que son solo algunos de los que han llegado a conocerse, el actual jefe de fiscales de Puerto Madryn quiere llegar a ser miembro del máximo tribunal judicial de Chubut.

 

El Ministerio de Educación de la Nación y la Secretaría de Derechos Humanos habilitaron un canal destinado a recibir denuncias de trabajadores de la educación y padres que hayan recibido presión para que sus hijos concurran a las escuelas y reciban clases de modo presencial, a contramano de las medidas dispuestas por el gobierno nacional para moderar el contagio de coronavirus en la población.

La decisión oficial «se da frente a las crecientes consultas y reclamos de familias y trabajadores del sistema educativo que optan por no asistir a las escuelas y respetar la resolución dispuesta por el Consejo Federal de Educación, que determinó que, en caso de alerta epidemiológica, se suspende transitoriamente y en la mínima unidad geográfica posible, la presencialidad de acuerdo al DNU vigente», se explicó en un comunicado.

Las denuncias serán recibidas por la Secretaría de Derechos Humanos a través del teléfono gratuito 0800-122-5878, del Whatsapp (011) 4091-7352 y del correo electrónico dnpcvi@jus.gov.ar.

Tales vías de contacto, señaló el comunicado, permitirán a las familias, docentes y no docentes «realizar denuncias ante diferentes abusos de las autoridades jurisdiccionales de la Ciudad de Buenos Aires y la provincia de Mendoza hacia aquellas familias y trabajadores que decidan no concurrir a los establecimientos educativos en aquellas zonas de alerta o de alarma epidemiológica».

«Con el fin de resguardar el derecho humano de todas las personas a una educación y un trabajo con salud, el gobierno nacional, a través de la Secretaría de Derechos Humanos y el Ministerio de Educación, recibirá las denuncias pertinentes y llevará adelante las acciones que correspondan», explicaron las autoridades.

La Secretaría de Derechos Humanos manifestó además que, «desde la vigencia de las disposiciones mencionadas, los reclamos más frecuentes de las familias han sido: sanciones a través del cómputo de inasistencias o la puesta en riesgo de sus vacantes, como así también la falta de garantía del cumplimiento de clases a distancia para mantener la continuidad pedagógica de niñas, niños y adolescentes».

Los docentes y no docentes, conforme a ese organismo, manifestaron haber sido apercibidos con el descuento de haberes , incluso ofreciendo trabajar a la distancia, y con «fuertes amenazas» para conservar sus fuentes de ingreso.

El fraude y estafa en cuentas bancarias, como el robo de claves de acceso a homebanking o de datos de tarjetas de crédito, fue uno de los delitos que más creció el año pasado al pasar de 22 casos denunciados en 2019 a 641 en 2020.

Esta cifra representa un incremento de casi el 3.000 por ciento tras el vuelco masivo de usuarios a canales digitales durante la pandemia, según datos de la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (Ufeci).

Las estafas pueden tener llegar a tener formas más o menos elaboradas pero, en todos los casos, se trata de estrategias con las que los delincuentes atraen la atención de usuarios de dinero digital para hacerse de datos personales y, entonces, robarles dinero, hacer consumos con sus tarjetas o pedir préstamos de rápido otorgamiento.

«Hasta antes de la pandemia este tipo de delito se venía dando más a cuentagotas. Si bien era algo que estaba presente, nunca se había dado con tanta virulencia como cuando empezó la cuarentena», señaló a Télam Horacio Azzorin, fiscal de la Ufeci.

Desde entonces arreciaron casos de personas con cuentas bancarias o tarjetas de crédito asociadas contactados por delincuentes a través de redes sociales, correo electrónicos o hasta llamados telefónicos para ofrecerles supuestas promociones exclusivas, la solución a un inconveniente operativo o hasta regalos o beneficios especiales.

«Hasta antes de la pandemia este tipo de delito se daba a cuentagotas. Nunca se había dado con tanta virulencia como cuando empezó la cuarentena»
HORACIO AZZORIN

«Es el cuento del tío digital -dijo Azzorin-. Los delincuentes contactan por mensajes privados y piden los datos de una cuenta para transferir ese dinero a un tercero que, generalmente, nada tiene que ver pero al que le crearon una cuenta falsa con alguna foto de DNI y datos robados de Internet».

Si bien la Ufeci no centraliza los casos a nivel nacional, el incremento en las denuncias que recibieron en 2020 habla de un aumento que afectó a todo el ecosistema de clientes bancarios o semibancarizados.

En ese sentido, aunque no hay un perfil definido de las víctimas, sí se vio durante la pandemia un salto muy fuerte de personas económicamente activas que comenzaron a comprar con comercio electrónico o de personas que usaron las redes sociales para contactarse con sus bancos ante la dificultad de acceder a una sucursal.

«El denominador común pasa si es una persona atenta o no y cuenta con una educación digital previa», señaló Azzorin.

Las estafas pueden tener llegar a tener formas más o menos elaboradas.
Las estafas pueden tener llegar a tener formas más o menos elaboradas.

Uno de las principales cambios que deja la pandemia es el salto en bancarización de usuarios que, por ejemplo, crearon millones de nuevas cuentas para acceder a los programas como el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) o que comenzaron a usar billeteras digitales para pagar consumos cotidianos.

Para el especialista en ciberseguridad, Alexis Sarghel, el problema de la educación digital y financiera explica por qué en la Argentina funcionan ataques que usan «técnicas viejas» que afectan, sobre todo, «a quienes iniciaron su proceso de bancarización de forma reciente y son más vulnerables».

«En Argentina no hay focos de bandas de crimen organizado que hagan operaciones fuertes, como en México, Chile y Perú, donde se atacaron los protocolos de comunicación bancaria donde se robaron cientos de millones de dólares. Pero sí se ven estos delitos de menor escala», dijo Sarghel,

En ese sentido, agregó. «La clave para frenar este avance de casos pasa más por acciones preventivas que correctivas porque, se quiera o no, el avance de la tecnología es un hecho. Hay que trabajar en la educación digital».

«En Argentina no hay focos de bandas de crimen organizado que hagan operaciones fuertes, como en México, Chile y Perú, pero sí se ven estos delitos de menor escala»
ALEXIS SARGHEL

En los últimos meses, tanto el Banco Central (BCRA) como las principales entidades bancarias del país trabajaron en campañas de concientización conjunta para aconsejar a los usuarios financieros de modo que eviten caer en ciberataques.

La clave, insisten desde el sector financiero, es que la gente advierta que compartir claves o gestionar nuevas por pedido de un supuesto representante del banco es algo muy peligroso.

Entre los consejos más simples pero imprescindibles están: no dar datos confidenciales por teléfono, correo o SMS; ingresar siempre al homebanking a través de la página oficial del banco y no por un buscador; nunca ir a cajeros automáticos si te lo piden por teléfono; verificar que las cuentas de redes sociales de los bancos cuenten con un tilde azul de validación.

También, en el caso de recibir una llamada de un representante del banco del que son clientes: no dar datos personales ni bancarios (claves, Token, números completos de tarjetas o cuentas), no realizar transferencias a cambio de futuros beneficios, e informar al banco si recibimos un contacto desde un canal no oficial.

Por último, la mayoría de los bancos tiene un sistema de alertas por correo y mensaje de texto con el detalle de operaciones realizadas, que les permite mantenerse informado y prevenir o accionar a tiempo en caso de ceder datos personales sin saberlo y que puede activarse a través del homebanking.

La Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia explicó que los delincuentes atraen la atención de usuarios de dinero digital para hacerse de datos personales y robarles, hacer consumos con sus tarjetas o pedir préstamos de rápido otorgamiento.

El fraude y estafa en cuentas bancarias, como el robo de claves de acceso a homebanking o de datos de tarjetas de crédito, fue uno de los delitos que más creció el año pasado al pasar de 22 casos denunciados en 2019 a 641 en 2020.

Esta cifra representa un incremento de casi el 3.000 por ciento tras el vuelco masivo de usuarios a canales digitales durante la pandemia, según datos de la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (Ufeci).

Las estafas pueden tener llegar a tener formas más o menos elaboradas pero, en todos los casos, se trata de estrategias con las que los delincuentes atraen la atención de usuarios de dinero digital para hacerse de datos personales y, entonces, robarles dinero, hacer consumos con sus tarjetas o pedir préstamos de rápido otorgamiento.

«Hasta antes de la pandemia este tipo de delito se venía dando más a cuentagotas. Si bien era algo que estaba presente, nunca se había dado con tanta virulencia como cuando empezó la cuarentena», señaló a Télam Horacio Azzorin, fiscal de la Ufeci.

Desde entonces arreciaron casos de personas con cuentas bancarias o tarjetas de crédito asociadas contactados por delincuentes a través de redes sociales, correo electrónicos o hasta llamados telefónicos para ofrecerles supuestas promociones exclusivas, la solución a un inconveniente operativo o hasta regalos o beneficios especiales.

«Hasta antes de la pandemia este tipo de delito se daba a cuentagotas. Nunca se había dado con tanta virulencia como cuando empezó la cuarentena» HORACIO AZZORIN.

«Es el cuento del tío digital -dijo Azzorin-. Los delincuentes contactan por mensajes privados y piden los datos de una cuenta para transferir ese dinero a un tercero que, generalmente, nada tiene que ver pero al que le crearon una cuenta falsa con alguna foto de DNI y datos robados de Internet».

Si bien la Ufeci no centraliza los casos a nivel nacional, el incremento en las denuncias que recibieron en 2020 habla de un aumento que afectó a todo el ecosistema de clientes bancarios o semibancarizados.

En ese sentido, aunque no hay un perfil definido de las víctimas, sí se vio durante la pandemia un salto muy fuerte de personas económicamente activas que comenzaron a comprar con comercio electrónico o de personas que usaron las redes sociales para contactarse con sus bancos ante la dificultad de acceder a una sucursal.

«El denominador común pasa si es una persona atenta o no y cuenta con una educación digital previa», señaló Azzorin.

Uno de las principales cambios que deja la pandemia es el salto en bancarización de usuarios que, por ejemplo, crearon millones de nuevas cuentas para acceder a los programas como el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) o que comenzaron a usar billeteras digitales para pagar consumos cotidianos.

Para el especialista en ciberseguridad, Alexis Sarghel, el problema de la educación digital y financiera explica por qué en la Argentina funcionan ataques que usan «técnicas viejas» que afectan, sobre todo, «a quienes iniciaron su proceso de bancarización de forma reciente y son más vulnerables».

«En Argentina no hay focos de bandas de crimen organizado que hagan operaciones fuertes, como en México, Chile y Perú, donde se atacaron los protocolos de comunicación bancaria donde se robaron cientos de millones de dólares. Pero sí se ven estos delitos de menor escala», dijo Sarghel,

En ese sentido, agregó. «La clave para frenar este avance de casos pasa más por acciones preventivas que correctivas porque, se quiera o no, el avance de la tecnología es un hecho. Hay que trabajar en la educación digital».

«En Argentina no hay focos de bandas de crimen organizado que hagan operaciones fuertes, como en México, Chile y Perú, pero sí se ven estos delitos de menor escala». ALEXIS SARGHEL.

En los últimos meses, tanto el Banco Central (BCRA) como las principales entidades bancarias del país trabajaron en campañas de concientización conjunta para aconsejar a los usuarios financieros de modo que eviten caer en ciberataques.

La clave, insisten desde el sector financiero, es que la gente advierta que compartir claves o gestionar nuevas por pedido de un supuesto representante del banco es algo muy peligroso.

Entre los consejos más simples pero imprescindibles están: no dar datos confidenciales por teléfono, correo o SMS; ingresar siempre al homebanking a través de la página oficial del banco y no por un buscador; nunca ir a cajeros automáticos si te lo piden por teléfono; verificar que las cuentas de redes sociales de los bancos cuenten con un tilde azul de validación.

También, en el caso de recibir una llamada de un representante del banco del que son clientes: no dar datos personales ni bancarios (claves, Token, números completos de tarjetas o cuentas), no realizar transferencias a cambio de futuros beneficios, e informar al banco si recibimos un contacto desde un canal no oficial.

Por último, la mayoría de los bancos tiene un sistema de alertas por correo y mensaje de texto con el detalle de operaciones realizadas, que les permite mantenerse informado y prevenir o accionar a tiempo en caso de ceder datos personales sin saberlo y que puede activarse a través del homebanking.

El organismo que regula la competencia en el Reino Unido (CMA por sus siglas en inglés) investigará a Apple para determinar si la compañía tiene una posición dominante en relación con la distribución de aplicaciones de la tienda App Store, y aplica términos y condiciones injustas y anticompetitivas a los desarrolladores.

Además de diseñar, fabricar y comercializar dispositivos electrónicos como teléfonos inteligentes y tabletas, Apple también opera la App Store.

Todas las aplicaciones disponibles a través de la App Store deben ser aprobadas por Apple, y esta aprobación depende de que los desarrolladores acepten ciertos términos.

En ese sentido, los desarrolladores dijeron a la CMA que Apple les imponía condiciones injustas a cambio de vender sus aplicaciones a los clientes a través de la App Store, que sigue siendo el único mercado en ese rubro para el iPhone y el iPad.

Apple cobra una comisión del 30 por ciento en la mayoría de las compras digitales a través de la App Store, que se reduce al 15 por ciento en el caso de algunas suscripciones.

Andrea Coscelli, director ejecutivo de la CMA, dijo que millones de personas usan aplicaciones todos los días para verificar el clima, jugar un juego o pedir comida para llevar, por lo tanto las quejas de que Apple está usando su posición en el mercado para establecer términos que son injustos o que pueden restringir la competencia y la elección, lo que podría hacer que los clientes salgan perdiendo al comprar y usar aplicaciones, «merecen un examen cuidadoso».

«Nuestro análisis continuo de los mercados digitales ya ha descubierto algunas tendencias preocupantes. Sabemos que las empresas, así como los consumidores, pueden sufrir daños reales si las prácticas anticompetitivas de las grandes tecnologías no se controlan», subrayó.

«Es por eso que seguimos adelante con la creación de la nueva Unidad de Mercados Digitales y el lanzamiento de nuevas investigaciones donde tengamos motivos para hacerlo», adelantó.

La Comisión Europea (CE) tiene actualmente cuatro investigaciones antimonopolio abiertas en Apple, que se lanzaron antes del final del período de transición del Brexit del Reino Unido, que incluyen tres informes abiertos en la App Store de Apple.