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Diego Carmona, Fiscal Anticorrupción en Chubut, revela detalles sobre el trabajo de la oficina, la presentación del informe anual y las áreas de competencia.

Diego Carmona, Fiscal Anticorrupción en Chubut, brindó una entrevista detallada a Radio 3, donde compartió información relevante sobre el funcionamiento de la oficina y los desafíos que enfrentan en la lucha contra la corrupción en la administración pública.

«Estamos terminando el informe anual para llevarlo a la legislatura», afirmó Carmona. «Nosotros tenemos la obligación de presentar un informe anual, pero nos gusta hacer un informe más amplio, con objetivos y proyectos para adelante». Destacó el aumento en el número de denuncias recibidas, lo que indica un mayor conocimiento por parte de la población sobre el trabajo de la Fiscalía Anticorrupción.

Carmona explicó que la competencia de la Oficina abarca cualquier lugar donde se administren fondos públicos provinciales. «Si hay alguna irregularidad en el manejo de esos fondos, nosotros tenemos competencia«, afirmó. Esta jurisdicción incluye subsidios otorgados a cooperativas, vecinales, gremios, clubes de fútbol y otras instituciones.

Con respecto a la relación entre la Fiscalía Anticorrupción y el Tribunal de Cuentas, Carmona señaló que ambos realizan controles en distintos momentos. «El Tribunal de Cuentas nos remite irregularidades para que evaluemos la posibilidad de la denuncia penal«, explicó.

Sobre los 150 presuntos delitos que están siendo investigados, Carmona mencionó que la mayoría pertenece al ámbito provincial. «Una gran mayoría ha tenido que ver con infraestructura escolar, contrataciones irregulares y entrega de subsidios», detalló.

El Municipio activa un plan estratégico para preservar el orden ambiental, abordando desde la erradicación de yuyos hasta la mejora de la seguridad ciudadana. Con un 0800 para denuncias, se busca la colaboración ciudadana en la gestión del entorno urbano.

Bajo la consigna ambiental de preservar y sostener el orden estético y ecológico en Trelew, la Secretaría de Servicios Públicos y Ambiente puso en marcha desde hace algunos días un plan estratégico integral ampliado de intervención inmediata. El objetivo es mejorar el aspecto visual de la ciudad y la seguridad de los peatones y automovilistas en sectores que impliquen riesgos. También se dispuso de un 0800 para denuncias.

El plan consiste en la erradicación de yuyos y residuos en la vía pública; además de cortes y recortes de brotes en altura y mejorar la copa de los árboles que transmiten inseguridad al transeúnte y al automovilista. Es una labor responsable por parte de los equipos municipales, teniendo en cuenta que no es época de poda, simplemente se desmalezan algunos sectores en virtud de ofrecer seguridad en zonas complejas.

En este sentido, es oportuno clarificar que la poda indiscriminada es causal de sanciones, también es pasible de multas no recolectar residuos arbóreos y de otros materiales en la vía pública.

El trabajo municipal no se limita al orden, también la gestión actual apela a permitir la accesibilidad en zonas dificultosas. Y asegurar que todos los ciudadanos sientan el acompañamiento del Municipio.

Aspectos a tener en cuenta

El secretario de Servicios Públicos, Sergio Hudson, recomendó que “para realizar la poda de árboles en espacios públicos, por ejemplo, sobre una vereda, el ciudadano tiene que dirigirse a la Municipalidad y consultar un padrón de podadores habilitados”. Distinto es el abordaje en una vivienda particular. “En su predio, cada persona puede hacer esta tarea como le parezca, no hay impedimentos porque es propiedad privada”, dijo el funcionario.

Pero cuando se trata de un espacio público, “se debe pedir autorización hasta para extraer el árbol. Además de solicitar interferencia a quienes prestan servicios de luz, agua, fibra óptica”.

Explicó que “la poda no se puede hacer en cualquier época del año. La Municipalidad -solo por razones vinculadas con la seguridad- recorta alguna extensión de árbol que impliquen riesgos para la comunidad. Hacemos desmalezamiento y corte de rebrotes; y alguna que otra rama que obstaculice el paso peatonal o representen un riesgo”.

Sobre esto, es preciso ejemplificar que “aquellas copas en altura que son azotadas por el viento, y están ubicadas en espacios público, llámese veredas, requieren de la intervención inmediata de equipos municipales. Y para que ello ocurra, cada persona que tiene su vivienda cerca tiene que comunicarse con la Municipalidad para que actúe sobre el particular”.

Lo antes relatado representa un peligro porque “esos árboles pueden caer arriba de un árbol, de una casa o de un peatón”.

Ante cualquier inquietud, comunicarse al 0800-333-1380 del Centro de Atención Integral Ciudadana (CAIC), donde además de solicitar la mantención de árboles y canteros, se podrá denunciar el arrojo de residuos en lugares indebidos de la vía pública.

Lo aseguró la jefa de fiscales, Florencia Gómez.

Al hacer un balance del año, indicó que este tipo de causas se han ido incrementando en el último tiempo, al igual que los delitos contra la propiedad.

Recordó que la Fiscalía atiende todo tipo de delitos, incluso aquellos contra la administración pública y que el promedio general de casos que atienden por año llega a los 3.000.

La fiscal marcó que todos los casos de abuso sexual que investigaron en la Fiscalía a lo largo del año han tenido una condena.

Remarcó que ese dato es sumamente positivo y valoró todo el equipo involucrado para que se alcance el resultado de las investigaciones llevadas a cabo.

Ahora lo denunció una docente que hace poco fue operada de un hombro que se lastimó cuando el sujeto –que encima es policía– le chocó el auto de frente tras meterse en contramano y a gran velocidad a la calle por la que ella circulaba.

La mujer asegura que cuando se le acercó al vehiculo para recriminarle lo que había hecho, no lo vio “en un estado normal” y que luego de negarse a exhibirle la documentación del rodado huyó del lugar.

El caso, según la denunciante, ocurrió la mañana del primero de agosto, aparentemente, poco tiempo después de que con el mismo auto y también ebrio le colisionara el paredón de la casa a su vecina. Tal como se informó desde este mismo portal, a pesar de que la policía había “tapado todo”; seguramente por orden de algún jefe o del mismísimo Arcioni.

De hecho, la docente se dio cuenta por la publicación de Cholila Onlive que era la misma persona que en el mismo vehiculo la había chocado a ella y quiso hacer público su caso, dado que hasta la fecha nadie del Gobierno la ha llamado y no quieren hacer responsable de las consecuencias del siniestro, pese a que el automóvil es de la provincia, pertenece al parque automotor del Ministerio de Educación y que quien lo manejaba era nada más ni nada menos que un policía que custodia y hace de chofer del gobernador Mariano Arcioni.

La maestra, al dialogar con Cholila Onlive, confirmó que el hecho sucedió el primero de agosto a las siete y veinte de la mañana en la calle Domecq García de Puerto Madryn y que el siete de setiembre le operaron uno de los hombros a causa de la lesión que sufrió en el siniestro. Se quejó de que la compañía que tiene asegurado el vehiculo oficial no le reconoce los daños que le provocó al suyo cuando lo colisionó de frente y reiteró que nadie de Gobierno se quiere hacer cargo.

Recordó que aquella mañana ella iba circulando en su coche a baja velocidad y que de pronto vio que un Chevrolet Cruze gris, dobló en la esquina en contramano y que la chocó de frente. Explicó entonces que cuando ella descendió de su auto y se acercó al que la había colisionado para recriminarle al conductor lo que había hecho, este puso reversa y se retiró del lugar. Antes, alcanzó a ver que “no se encontraba en un estado normal”.

La duda que queda dando vueltas después de conocerse este nuevo caso es: ¿habrá otros hechos similares causados por el custodio de Mariano Arcioni? Es indudable que el hombre no debería estar autorizado a manejar por el problema con el alcohol que tendría y mucho menos tener a cargo un vehiculo oficial. Arcioni con su propio peculio debería responder por los daños y perjuicios que su chofer ha venido causando.

El secretario general de la Atech, Daniel Murphy, expresó su malestar por la actitud del Gobierno provincial al no abrir paritarias ni depositar el Fondo Compensador a los docentes. Indicó que tienen en proceso dos denuncias: una por retención indebida de fondos, y otra por incumplimiento de obligaciones de funcionario público.

Murphy detalló que en uno de los casos es ante el juzgado Federal de Comodoro Rivadavia, porque lo que se imputa es un delito federal, que sería por la retención indebida de fondos. Se trata de recursos que llegan con el Fondo Compensador; dinero que según el dirigente sindical, «tiene que ser depositado en el salario docente de todos aquellos que queden por debajo del mínimo nacional», y que «vergonzosamente la provincia está por debajo, por lo que debería percibirse ese monto que es variable de acuerdo al sueldo que cada docente tenga».

«Esto no se está pagando desde hace cuatro meses. Es inaceptable desde todo punto de vista», por lo que desde el gremio se hizo la denuncia, primero ante la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (Ctera), y ellos ante Nación, «pero hasta el momento no tenemos ninguna respuesta, y como se han agotado las vías administrativas es que hicimos una denuncia ante el juzgado federal», aclaró el dirigente.

El juzgado, de manera «llamativa», se declaró incompetente, informó el representante docente; y la mandaron a la oficina judicial de Rawson, que es «es el mismo juzgado que nos ha criminalizado una y otra vez cuando salimos a la ruta a protestar», apuntó con mucha suspicacia. A su vez, representantes del gremio estuvieron el martes presentes en la oficina judicial y en el Ministerio Público Fiscal; y posteriormente ayer fueron informados que lo está analizando el procurador para definir qué ámbito de la Justicia tiene que llevar adelante la investigación de este posible delito.

Por otra parte Atech , está la denuncia contra el secretario de Trabajo, Tobías Gaúd, porque «una vez más incumple sus obligaciones» al no convocar a paritarias «pese a que la Justicia este año fue muy clara en el marco de la Ley 1039 que establece que cuando una organización sindical con personería gremial solicita una paritaria, se tiene que constituir la comisión paritaria», pero no lo han hecho. El malestar se debe a que suspendieron sin fecha la paritaria que había sido prevista para el 15 de septiembre; por lo que la denuncia sigue su curso. Murphy destacó que «está claro que se tiene que investigar y sancionar a los funcionarios que no funcionan», ya que también habría un decreto de este año que dice que «aunque se demoren los fondos la Provincia va a disponer de esos fondos para que lleguen al salario de los docentes», por lo que «en cualquier caso la responsabilidad de la provincia es muy clara», dijo finalmente el representante gremial.

51 años del Trelewazo

Por otra parte, Atech concretó ayer una actividad en Plaza Independencia de Trelew, para recordar los 51 años del «Trelewazo». Marco ideal para subrayar la importancia histórica de este hecho y utilizar ese espacio para continuar con la lucha histórica estudiantil y popular a través de una «Asamblea Unificada».

La secretaria Adjunta de la Regional Este del gremio, Raquel Caprano, explicó que las actividades estuvieron enmarcadas en una jornada provincial de «lucha, visibilización y denuncia», buscando conmemorar la lucha que significó el «Trelewazo», marco en el que se continuó con la línea gremial y se pidió por la «recomposición salarial urgente» y la «defensa de la educación pública».

Las presentaciones contra el exjefe de Gabinete bonaerense, su exmujer Jesica Cirio y la modelo Sofía Clerici son por enriquecimiento ilícito, evasión y lavado de dinero por sus lujosas vacaciones en Europa con una modelo.

Controlan 60 mil hectáreas de naturaleza virgen, con ríos y glaciares.Objetan el armado jurídico a través del cual se concretó la operación.

Según la denuncia, la familia chilena dueña del grupo Explora, dedicada al turismo de alta gama, realizó una compra ilícita de tres estancias patagónicas de una incalculable belleza natural, cercanas al Parque Nacional Los Glaciares, con más de 45 km de costa sobre el Lago San Martin y con más de 60.000 hectáreas de naturaleza virgen, 12.544 hectáreas de bosque nativo y presencia de

El increíble Lago San Martín, en el sur de Argentina. (“El Condor”, “Melenik” y “Veranada de Jones”) Las dos leyes en cuestión son la Ley de Tierras y la Ley de Zona de Frontera. La denuncia y es patrocinada por el abogado Eduardo Barcesat. La Ley de Tierras (26.737) establece que los extranjeros no pueden comprar más de mil hectáreas en territorio Nacional.

Jessica Godoy, una de las primeras madres en denunciar los presuntos abusos por parte de un profesor de música, exigió- durante la movilización en el centro de Comodoro – la inmediata atención médica y psicológica para los más de 60 menores.

Las más de 60 denuncias de abuso contra un profesor de música en el Jardín 406, conmovieron a la comunidad de Comodoro Rivadavia hace un mes y tres días. Jessica Godoy, mamá de una nena de 3 años, fue la primera madre en radicar una denuncia por abuso.

Después siguieron una ola de denuncias por presuntos abusos a alumnos de 3 a 5 años del establecimiento educativo. Hasta la fecha, el docente sigue libre y los padres exigen inmediata atención médica para sus hijos.

Jessica fue la encargada de leer este lunes por la mañana – durante la movilización por las calles céntricas de la ciudad petrolera – una carta abierta para expresar “las injusticias que como familias estamos siendo sometidos”.

Y precisó que las familias han recibido la negativa para que sus hijos reciban «atención pediátrica clínica, psicológica, psiquiátrica, y ginecológica que requieren una urgente atención por lesiones y laceraciones en sus partes íntimas”, así como la realización de estudios médicos.

“Tampoco se quiere brindar atención médica de enfermedades causadas por estrés como fiebre repentina”, expresaron en nota y aseguraron que “esto deriva lamentablemente de que la mayoría de los médicos infantiles se nieguen a atenderlos”.

La madre además denunció que las familias están sufriendo “persecución y hostigamiento sin motivo ninguno”, y además, “se han negado en fiscalía de que las familias podamos ampliar las denuncias”.

Finalmente, las familias lamentaron que estas situaciones repercuten en «daños permanentes» de toda índole como físicos, emocionales, cognitivos y sociales. “ La injusticia en cualquier lugar es una amenaza en todos lados”, concluyeron.

A través de un comunicado, cuestionan a la fiscal que investiga las denuncias por presunto abuso sexual de un profesor de música. Y reiteran el pedido de atención médica para los menores.

Un grupo de padres y madres del Jardín 406 de Comodoro Rivadavia emitió un comunicado en el que cuestionan a la fiscal del caso por “la vulneración reiterada de los Derechos de nuestros hijos/as, lo cual está revestido de una gravedad inusitada”. También la responsabilizan “por los hechos “persecución y hostigamiento hacia nosotros”.

En el texto reiteran su convicción de que sus hijos han sido abusados por el docente sospechoso del caso, al tiempo que denuncian una serie de graves irregularidades por las que responsabilizan a la fiscal. Así lo expresan textualmente:

Se niega la atención médica a nuestros pequeños hijos/as en el Hospital Regional: atención pediátrica clínica, psicológica y psiquiátrica, y la atención ginecológica (observación e intervención) ante los casos que han “requerido oportunamente y requieren hoy” una urgente atención por lesiones y laceraciones en sus partes íntimas y más. También se negó la realización de los estudios clínicos correspondientes que verifiquen los daños sufridos hacia nuestros hijos/as.

Tampoco se quiere brindar atención médica, en ningún centro de Salud Público por enfermedades causadas por el estrés y el trauma, como fiebres repentinas reiteradas, cuando se hace mención a los abusos y/o violaciones que nuestros hijos sufrieron en el JARDÍN 406.

Esto deriva lamentablemente en que la mayoría de los médicos infantiles de cabecera de nuestros hijos e hijas se nieguen a atenderlos. El por qué, “no lo sabemos”.

Denuncian persecución policial

Además, denuncian “persecución y hostigamientos”, según apuntan en el comunicado del siguiente modo:

-Sufrimos persecución policial en la vía pública y en nuestros lugares de trabajo, sin motivo alguno.

-Hostigamiento a través de la presentación de personal policial en nuestros hogares, sin orden que lo requiera, interrogando acerca de la cantidad de personas convivientes en nuestras casas, actividades que realiza cada miembro de la familia, e intentando requisar, patios y demás lugares de la vivienda.

-Intervención ilegal de celulares, y extracción de información valiosa para las denuncias.

-Se ha denegado en Fiscalía la posibilidad de que las familias puedan efectuar la ampliación de las denuncias realizadas inicialmente.

“Todo esto desemboca irreparablemente en nuestros hijos e hijas pequeños, en daños permanentes de toda índole (físicos, emocionales, cognitivos, sociales, etc.) no deseando desenlaces que impliquen una tragedia aún mayor –añade el texto-. Sepa la sociedad de Comodoro Rivadavia, que entre los niños y niñas abusados y violados hay menores con discapacidad. La injusticia en cualquier lugar, es una amenaza para todos”.

Los padres del Jardín 406 se muestran preocupados porque la causa no avanza y por el trato de los trabajadores de la Salud en Comodoro Rivadavia. El foco sobre el rol del Hospital Regional.

Los niños del jardín comenzaron a ser llamados para la entrevista con el equipo de Psicología Forense, pero un grupo de padres cuestiona el trato de la especialista Romina Sacchetti. Según denunciaron ante El Patagónico, la profesional de Salud Mental les comunicó que los niños pueden llegar a declarar dentro de dos meses o dos años.

«En total eran tres sesiones y a mi hijo le queda una sola sesión, pero la psicóloga forense nos dijo que no le iban a tomar declaraciones. Nosotros le hemos planteado que los nenes están hablando de lo que pasó en el jardín. Ellos lo cuentan sin que nosotros preguntemos», sostuvo un grupo de padres ante El Patagónico, pero pidieron resguardar sus nombres por temor a represalias.

«Le presentamos todos los dibujos que hicieron los chicos sobre lo que pasaba en el jardín. Sacchetti nos dijo que no le preguntemos más a los niños para que ella pueda trabajar y ahora nos dice que el miércoles que viene tiene otra sesión y que puede quedar todo en la nada porque los nenes pueden declarar de acá a dos años o a dos meses», cuestionó.

Según el grupo de padres, la psicóloga forense se encarga más de averiguar la rutina de los padres que intentar avanzar en los casos. «Son más de 60 denuncias y no le quieren tomar declaraciones. Esto va a quedar en nada».

Otro punto que cuestiona este grupo es el trato desde el área de Salud Mental del Hospital Regional. «Cuando se conoció el caso, nos dijeron que vayamos al hospital que ahí nos iban a atender, pero cuando llegamos nos dijeron que no nos iban a atender porque iban a entorpecer el trabajo del psicólogo forense», subrayó.

«Hay una mamá que tiene un hijo con autismo y no la atienden en ningún lado. En el comunicado del Hospital Regional dice que hay que dejar los datos para que luego te llamen, pero si uno tiene una crisis, no puede esperar que le llegue el turno. Tiene que estar la guardia 24 horas. Estamos a la deriva», destacó.