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El fraude y estafa en cuentas bancarias, como el robo de claves de acceso a homebanking o de datos de tarjetas de crédito, fue uno de los delitos que más creció el año pasado al pasar de 22 casos denunciados en 2019 a 641 en 2020.

Esta cifra representa un incremento de casi el 3.000 por ciento tras el vuelco masivo de usuarios a canales digitales durante la pandemia, según datos de la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (Ufeci).

Las estafas pueden tener llegar a tener formas más o menos elaboradas pero, en todos los casos, se trata de estrategias con las que los delincuentes atraen la atención de usuarios de dinero digital para hacerse de datos personales y, entonces, robarles dinero, hacer consumos con sus tarjetas o pedir préstamos de rápido otorgamiento.

«Hasta antes de la pandemia este tipo de delito se venía dando más a cuentagotas. Si bien era algo que estaba presente, nunca se había dado con tanta virulencia como cuando empezó la cuarentena», señaló a Télam Horacio Azzorin, fiscal de la Ufeci.

Desde entonces arreciaron casos de personas con cuentas bancarias o tarjetas de crédito asociadas contactados por delincuentes a través de redes sociales, correo electrónicos o hasta llamados telefónicos para ofrecerles supuestas promociones exclusivas, la solución a un inconveniente operativo o hasta regalos o beneficios especiales.

«Hasta antes de la pandemia este tipo de delito se daba a cuentagotas. Nunca se había dado con tanta virulencia como cuando empezó la cuarentena»
HORACIO AZZORIN

«Es el cuento del tío digital -dijo Azzorin-. Los delincuentes contactan por mensajes privados y piden los datos de una cuenta para transferir ese dinero a un tercero que, generalmente, nada tiene que ver pero al que le crearon una cuenta falsa con alguna foto de DNI y datos robados de Internet».

Si bien la Ufeci no centraliza los casos a nivel nacional, el incremento en las denuncias que recibieron en 2020 habla de un aumento que afectó a todo el ecosistema de clientes bancarios o semibancarizados.

En ese sentido, aunque no hay un perfil definido de las víctimas, sí se vio durante la pandemia un salto muy fuerte de personas económicamente activas que comenzaron a comprar con comercio electrónico o de personas que usaron las redes sociales para contactarse con sus bancos ante la dificultad de acceder a una sucursal.

«El denominador común pasa si es una persona atenta o no y cuenta con una educación digital previa», señaló Azzorin.

Las estafas pueden tener llegar a tener formas más o menos elaboradas.
Las estafas pueden tener llegar a tener formas más o menos elaboradas.

Uno de las principales cambios que deja la pandemia es el salto en bancarización de usuarios que, por ejemplo, crearon millones de nuevas cuentas para acceder a los programas como el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) o que comenzaron a usar billeteras digitales para pagar consumos cotidianos.

Para el especialista en ciberseguridad, Alexis Sarghel, el problema de la educación digital y financiera explica por qué en la Argentina funcionan ataques que usan «técnicas viejas» que afectan, sobre todo, «a quienes iniciaron su proceso de bancarización de forma reciente y son más vulnerables».

«En Argentina no hay focos de bandas de crimen organizado que hagan operaciones fuertes, como en México, Chile y Perú, donde se atacaron los protocolos de comunicación bancaria donde se robaron cientos de millones de dólares. Pero sí se ven estos delitos de menor escala», dijo Sarghel,

En ese sentido, agregó. «La clave para frenar este avance de casos pasa más por acciones preventivas que correctivas porque, se quiera o no, el avance de la tecnología es un hecho. Hay que trabajar en la educación digital».

«En Argentina no hay focos de bandas de crimen organizado que hagan operaciones fuertes, como en México, Chile y Perú, pero sí se ven estos delitos de menor escala»
ALEXIS SARGHEL

En los últimos meses, tanto el Banco Central (BCRA) como las principales entidades bancarias del país trabajaron en campañas de concientización conjunta para aconsejar a los usuarios financieros de modo que eviten caer en ciberataques.

La clave, insisten desde el sector financiero, es que la gente advierta que compartir claves o gestionar nuevas por pedido de un supuesto representante del banco es algo muy peligroso.

Entre los consejos más simples pero imprescindibles están: no dar datos confidenciales por teléfono, correo o SMS; ingresar siempre al homebanking a través de la página oficial del banco y no por un buscador; nunca ir a cajeros automáticos si te lo piden por teléfono; verificar que las cuentas de redes sociales de los bancos cuenten con un tilde azul de validación.

También, en el caso de recibir una llamada de un representante del banco del que son clientes: no dar datos personales ni bancarios (claves, Token, números completos de tarjetas o cuentas), no realizar transferencias a cambio de futuros beneficios, e informar al banco si recibimos un contacto desde un canal no oficial.

Por último, la mayoría de los bancos tiene un sistema de alertas por correo y mensaje de texto con el detalle de operaciones realizadas, que les permite mantenerse informado y prevenir o accionar a tiempo en caso de ceder datos personales sin saberlo y que puede activarse a través del homebanking.

La Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia explicó que los delincuentes atraen la atención de usuarios de dinero digital para hacerse de datos personales y robarles, hacer consumos con sus tarjetas o pedir préstamos de rápido otorgamiento.

El fraude y estafa en cuentas bancarias, como el robo de claves de acceso a homebanking o de datos de tarjetas de crédito, fue uno de los delitos que más creció el año pasado al pasar de 22 casos denunciados en 2019 a 641 en 2020.

Esta cifra representa un incremento de casi el 3.000 por ciento tras el vuelco masivo de usuarios a canales digitales durante la pandemia, según datos de la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (Ufeci).

Las estafas pueden tener llegar a tener formas más o menos elaboradas pero, en todos los casos, se trata de estrategias con las que los delincuentes atraen la atención de usuarios de dinero digital para hacerse de datos personales y, entonces, robarles dinero, hacer consumos con sus tarjetas o pedir préstamos de rápido otorgamiento.

«Hasta antes de la pandemia este tipo de delito se venía dando más a cuentagotas. Si bien era algo que estaba presente, nunca se había dado con tanta virulencia como cuando empezó la cuarentena», señaló a Télam Horacio Azzorin, fiscal de la Ufeci.

Desde entonces arreciaron casos de personas con cuentas bancarias o tarjetas de crédito asociadas contactados por delincuentes a través de redes sociales, correo electrónicos o hasta llamados telefónicos para ofrecerles supuestas promociones exclusivas, la solución a un inconveniente operativo o hasta regalos o beneficios especiales.

«Hasta antes de la pandemia este tipo de delito se daba a cuentagotas. Nunca se había dado con tanta virulencia como cuando empezó la cuarentena» HORACIO AZZORIN.

«Es el cuento del tío digital -dijo Azzorin-. Los delincuentes contactan por mensajes privados y piden los datos de una cuenta para transferir ese dinero a un tercero que, generalmente, nada tiene que ver pero al que le crearon una cuenta falsa con alguna foto de DNI y datos robados de Internet».

Si bien la Ufeci no centraliza los casos a nivel nacional, el incremento en las denuncias que recibieron en 2020 habla de un aumento que afectó a todo el ecosistema de clientes bancarios o semibancarizados.

En ese sentido, aunque no hay un perfil definido de las víctimas, sí se vio durante la pandemia un salto muy fuerte de personas económicamente activas que comenzaron a comprar con comercio electrónico o de personas que usaron las redes sociales para contactarse con sus bancos ante la dificultad de acceder a una sucursal.

«El denominador común pasa si es una persona atenta o no y cuenta con una educación digital previa», señaló Azzorin.

Uno de las principales cambios que deja la pandemia es el salto en bancarización de usuarios que, por ejemplo, crearon millones de nuevas cuentas para acceder a los programas como el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) o que comenzaron a usar billeteras digitales para pagar consumos cotidianos.

Para el especialista en ciberseguridad, Alexis Sarghel, el problema de la educación digital y financiera explica por qué en la Argentina funcionan ataques que usan «técnicas viejas» que afectan, sobre todo, «a quienes iniciaron su proceso de bancarización de forma reciente y son más vulnerables».

«En Argentina no hay focos de bandas de crimen organizado que hagan operaciones fuertes, como en México, Chile y Perú, donde se atacaron los protocolos de comunicación bancaria donde se robaron cientos de millones de dólares. Pero sí se ven estos delitos de menor escala», dijo Sarghel,

En ese sentido, agregó. «La clave para frenar este avance de casos pasa más por acciones preventivas que correctivas porque, se quiera o no, el avance de la tecnología es un hecho. Hay que trabajar en la educación digital».

«En Argentina no hay focos de bandas de crimen organizado que hagan operaciones fuertes, como en México, Chile y Perú, pero sí se ven estos delitos de menor escala». ALEXIS SARGHEL.

En los últimos meses, tanto el Banco Central (BCRA) como las principales entidades bancarias del país trabajaron en campañas de concientización conjunta para aconsejar a los usuarios financieros de modo que eviten caer en ciberataques.

La clave, insisten desde el sector financiero, es que la gente advierta que compartir claves o gestionar nuevas por pedido de un supuesto representante del banco es algo muy peligroso.

Entre los consejos más simples pero imprescindibles están: no dar datos confidenciales por teléfono, correo o SMS; ingresar siempre al homebanking a través de la página oficial del banco y no por un buscador; nunca ir a cajeros automáticos si te lo piden por teléfono; verificar que las cuentas de redes sociales de los bancos cuenten con un tilde azul de validación.

También, en el caso de recibir una llamada de un representante del banco del que son clientes: no dar datos personales ni bancarios (claves, Token, números completos de tarjetas o cuentas), no realizar transferencias a cambio de futuros beneficios, e informar al banco si recibimos un contacto desde un canal no oficial.

Por último, la mayoría de los bancos tiene un sistema de alertas por correo y mensaje de texto con el detalle de operaciones realizadas, que les permite mantenerse informado y prevenir o accionar a tiempo en caso de ceder datos personales sin saberlo y que puede activarse a través del homebanking.

El organismo que regula la competencia en el Reino Unido (CMA por sus siglas en inglés) investigará a Apple para determinar si la compañía tiene una posición dominante en relación con la distribución de aplicaciones de la tienda App Store, y aplica términos y condiciones injustas y anticompetitivas a los desarrolladores.

Además de diseñar, fabricar y comercializar dispositivos electrónicos como teléfonos inteligentes y tabletas, Apple también opera la App Store.

Todas las aplicaciones disponibles a través de la App Store deben ser aprobadas por Apple, y esta aprobación depende de que los desarrolladores acepten ciertos términos.

En ese sentido, los desarrolladores dijeron a la CMA que Apple les imponía condiciones injustas a cambio de vender sus aplicaciones a los clientes a través de la App Store, que sigue siendo el único mercado en ese rubro para el iPhone y el iPad.

Apple cobra una comisión del 30 por ciento en la mayoría de las compras digitales a través de la App Store, que se reduce al 15 por ciento en el caso de algunas suscripciones.

Andrea Coscelli, director ejecutivo de la CMA, dijo que millones de personas usan aplicaciones todos los días para verificar el clima, jugar un juego o pedir comida para llevar, por lo tanto las quejas de que Apple está usando su posición en el mercado para establecer términos que son injustos o que pueden restringir la competencia y la elección, lo que podría hacer que los clientes salgan perdiendo al comprar y usar aplicaciones, «merecen un examen cuidadoso».

«Nuestro análisis continuo de los mercados digitales ya ha descubierto algunas tendencias preocupantes. Sabemos que las empresas, así como los consumidores, pueden sufrir daños reales si las prácticas anticompetitivas de las grandes tecnologías no se controlan», subrayó.

«Es por eso que seguimos adelante con la creación de la nueva Unidad de Mercados Digitales y el lanzamiento de nuevas investigaciones donde tengamos motivos para hacerlo», adelantó.

La Comisión Europea (CE) tiene actualmente cuatro investigaciones antimonopolio abiertas en Apple, que se lanzaron antes del final del período de transición del Brexit del Reino Unido, que incluyen tres informes abiertos en la App Store de Apple.

Para todo aquel que aún se mantenga incrédulo con respecto a los manejos políticos del poder judicial, le presentamos una nueva entrega que evidencia la protección de los funcionarios del poder ejecutivo en nuestra provincia. El ministro de Seguridad Federico Massoni fue intensamente asediado por graves denuncias durante la primera etapa de la pandemia en el 2020 por utilizar las circunstancias de aislamiento para cometer ilegalidades en su cargo.

Muchas de esas denuncias implican serias acusaciones, entre otras cosas la de abuso de poder, incumplimiento de los deberes del funcionario público, usurpación de funciones y hasta espionaje ilegal, en varias de ellas los precursores de dichas demandas fueron los abogados Gastón Bordier y Cynthia Tamara Castro.

Una de esas denuncias, quizás la más grave: incumplimiento de los deberes del funcionario público, fue a caer en manos de Fernando Rivarola, actualmente fiscal jefe de la ciudad de Rawson y “empleado” de Federico Massoni, sí… leyó bien.

Seguramente se acordarán de este personaje por su frase célebre “desahogo sexual”, de la que se sirvió para definir la conducta de los implicados en el caso “la manada”, donde investigaba la presunta violación de una joven por parte de un grupo de muchachos de clase pudiente.

En aquella época, Massoni salió a “destruirlo” públicamente con declaraciones muy duras para el tan golpeado Rivarola de aquel momento, quizás porque las repercusiones de sus polémicos dichos a nivel nacional significaban un momento propicio para ser políticamente correcto.

Lo curioso es que en un destello, ambos se “amigaron” poco tiempo después, y Rivarola terminó como capacitador de los centros de monitoreo dependientes del Ministerio de Seguridad y también disertante “premium” de las capacitaciones de la Policía de la provincia… ¿Casualidades?

¿Se habrá despertado con taquicardia una mañana del año 2020 el ministro de Seguridad, luego de soñar que terminaba preso, que decidió repentinamente reconciliarse con el fiscal y sumarlo a su staff?

Las denuncias están actualmente bajo la supervisión de la fiscal María Florencia Gómez, como así se informa en la respuesta por parte del Ministerio Público Fiscal al pedido de expedición interpuesto a ese organismo por los abogados Bordier y Castro, quienes se encontraban curiosos con respecto a la demora del tratamiento de las denuncias.

El problema es que la fiscal María Florencia Gómez pertenece nada más ni nada menos que al equipo de fiscales de Fernando Rivarola, es decir la sede de la Fiscalía de Rawson, por ende, podemos inferir de antemano cual va a ser el tratamiento de las denuncias, a menos que el amigo Rivarola se pelee de nuevo con Massoni.

¿Quién es la fiscal Florencia Gómez?

Es fiscal general de Rawson y subordinada al fiscal jefe Fernando Rivarola.

La dra. Florencia Gómez está muy cuestionada actualmente por su investigación en la muerte de Ronald Guerra, atropellado por el médico Nicolás Suganuma en la madrugada del lunes 18 de enero de este año, quién conducía ebrio en su automóvil al momento del fatídico hecho.

La fiscal Gómez dejó libre a Suganuma y la madre del joven fallecido pidió su destitución del cargo.

A tapar los goles se ha dicho…

Recordemos que la denuncia que ahora habría caído en muy malas manos, provocó en el momento que se interpuso, otra batería mas de denuncias contra Massoni por detención arbitraria de personas, espionaje y violación de una sentencia judicial.

En esas denuncias, no solo fue involucrado el ministro de Seguridad sino que también su mano derecha: el subsecretario de Seguridad Informática e Inteligencia Criminal Federico Pérez Mariani y otros funcionarios como por ejemplo el ministro de Salud Fabián Puratich, la subsecretaria de Planificación y Capacitación del Ministerio de Salud Jimena Marcos y el ministro de Gobierno y Justicia José María Grazzini; prácticamente casi todo un gabinete de Mariano Arcioni denunciado.

Nos preguntamos: ¿Caerán bajo la supervisión de Rivarola las responsabilidades de todos estos funcionarios

¿Rivarola va a tapar los goles por Massoni?

massoni

Foto: Fiscales Héctor Iturrioz, Fernando Rivarola, Silvia Pereira Dos Santos y Florencia Gómez

Hace más de 8 meses que los abogados comodorenses Cinthya Castro y Gastón Bordier denunciaron al ministro de Seguridad y a otros miembros del Gobierno de Mariano Arcioni, acusándolos de haber cometido graves delitos durante los primeros meses de la cuarentena por el coronavirus en Chubut y al día de hoy no se ha realizado ninguna de las diligencias que los denunciantes pidieron para colectar evidencias de los ilícitos que les atribuyen a los funcionarios señalados. El legajo judicial que se armó a tal efecto, con el número 105.897, va y viene desde la oficina de un fiscal a la de otro porque aparentemente no se pondrían de acuerdo todavía sobre quién tendría que investigar a los eventuales imputados. Es indudable que los están protegiendo.

Esa es la lectura que hacen en el entorno de los abogados Castro y Bordier, quienes en las últimas horas enviaron una nota al fiscal jefe de Comodoro Rivadavia Juan Carlos Caperochipi, pidiendo explicaciones del por qué todavía no se ha comenzado a sustanciar investigación penal alguna. Advirtiendo asimismo que la pasividad o inacción de los fiscales podría originar una denuncia penal contra ellos ante la sospecha de connivencia con los denunciados.

La denuncia penal contra Massoni, su hombre de confianza el subsecretario de Seguridad Informática Federico Pérez Mariani, y los ministros Puratich y Grazzini entre otros, fue radicada el año pasado en la fiscalía del doctor Héctor Iturrioz, en Comodoro y él debía darle curso a los fines de que terminara en manos del fiscal de la jurisdicción que debería haber iniciado y llevado adelante la causa, pero al parecer fue enviada a Trelew, estuvo en Rawson y volvió al Ministerio Publico Fiscal de Comodoro Rivadavia. Aunque ahora ultimo los abogados denunciantes recibieron una notificación, en la que se les aclara que sería la fiscal de Rawson María Florencia Gómez la encargada de llevar adelante la investigación contra Massoni y los otros funcionarios.

“En la denuncia se sugerían varias medidas de prueba a llevarse adelante por el fiscal que interviniera, que eran de carácter urgente” y que después de ocho meses aún no se han efectuado. ¿Qué efectividad tendrían entonces si se las realizara ahora?

El “infame” Massoni además de los casi 30 pedidos de juicio político que tiene, ha venido amontonando una cantidad impresionante de denuncias penales, todas relacionadas con presuntos delitos cometidos contra la ciudadanía y el Estado.

Es el funcionario que ostenta un increíble record, sería el ministro con más pedidos de juicio político y con más denuncias penales en la historia democrática de la Provincia de Chubut. Pese a ello aún continúa formando parte del Gobierno y pareciera no estar muy preocupado.

A raíz de esto, los abogados Cynthia Tamara Castro y Gastón Bordier, solicitan con carácter de urgencia que se exhiba el “Legajo de Investigación Fiscal Caso 105.897 caratulado “Castro Cynthia-Bordier Gastón S/Dcia. Incump. Deberes de Funcionario Público”.

Esto es debido a que han sido informados, que las denuncias han sido devueltas a su jurisdicción, ya que han sido remitidas por el Sr. Fiscal General Héctor R. Iturrioz, a la Fiscalía de Trelew y que en la denuncia se sugerían varias medidas de prueba a llevarse adelante por el fiscal que interviniera, las cuales eran de carácter urgente, y teniendo en cuenta que se podría estar frente a una omisión del MPF.

Cabe recordar que en diferentes ocasiones se ha pedido imputar a Massoni por haber violado los deberes a su cargo, haber cometido delitos en el desempeño de sus funciones, violando el orden constitucional y los derechos y garantías de las personas.

En los últimos siete años, uno de cada nueve policías bonaerenses fue acusado de violencia de género. Cualquiera de ellos podría ser Matías Ezequiel Martínez, el femicida de Úrsula Bahillo.

El porcentaje de sanciones expulsivas es escasa: más de un 80% de los investigados por Asuntos Internos siguen en funciones actualmente. A través de un pedido de información pública y el análisis de los datos oficiales, indagamos acerca de lo que pasa cuando la violencia machista se combina con el monopolio de la fuerza.

Matías Ezequiel Martínez, el policía bonaerense que hace cuatro días pasó a engrosar la interminable nómina de femicidas, no estaba solo. Otros 5.955 uniformados varones acusados de violencia machista entre 2013 y 2020 lo acompañan en una lista extensa. La cifra, que es oficial y a la que Perycia accedió a través de un pedido de acceso a la información pública, es muy alta: significa que en los últimos siete años, uno de cada nueve policías hombres ha sido denunciado en la Auditoría General de Asuntos Internos (AGAI) por ejercer violencia de género. A ese número hay que sumarle otro imposible de precisar: quienes nunca serán denunciados. Por miedo.

Hay un dato adicional que vuelve aún más inquietante el panorama: la escasa capacidad (¿y voluntad?) de autodepuración que existe en la Fuerza. Cada vez que un agente policial es denunciado por agredir a una mujer en una dependencia policial o judicial, se abre una Investigación Sumarial Administrativa (ISA) en la Auditoría General de Asuntos Internos (AGAI). Pero la gran mayoría de ellos cumple una suspensión corta y se reintegra a la Fuerza: más del 80% de los casi seis mil agresores siguen en funciones actualmente. Con su arma reglamentaria en la mesa de luz, además de en la cartuchera.

Fuente: El extremo sur de la Patagonia.

Ni Massoni lo va a salvar cuando sus acusadores comiencen a presionar a los fiscales para que hagan su trabajo y dejen de mirar para otro lado; como lo vienen haciendo hasta ahora, en una provincia en la que la Justicia pareciera que le diera impunidad a quienes están bajo el “paraguas protector” del ministro de Seguridad.

El comisario Juan José Ale (foto izq.) denunció a Miguel Gómez (foto der.), a la fiscal Alejandra Hernández y al juez Marcelo Orlando que le negó la prisión domiciliaria a su padre, pese a que era un persona con riesgo de vida frente a la pandemia; y este viernes Gendarmería allanó la comisaría donde el ex jefe de Policía y ex diputado provincial se contagió de coronavirus.

Parece que el lugar donde Ale estuvo alojado había sido clausurado en su momento por un juez, al considerar que no cumplía con las mínimas exigencias para tener allí personas detenidas.

De la diligencia que se hizo este viernes a la mañana no se conocieron detalles. Solo se supo, extraoficialmente, que se trató de una inspección de personal de Gendarmería que hizo un relevamiento y sacó fotos en el sitio en donde estuvo alojado el exjefe de Policía y exdiputado provincial fallecido el lunes 25 de enero por Covid 19.

Allí, según sostienen sus deudos, Ale se habría contagiado de coronavirus, porque al momento en que él estaba preso, en esa comisaría había varios policías infectados con el virus y la mayoría tenía trato con él. Por el contrario, el recientemente asumido jefe de la Unidad de Esquel, el comisario Ariel Jara; “un ladero” que puso “El Tero” Gómez ahí en la ciudad cordillerana, insiste en poner en duda de que Ale se haya contagiado de alguno de sus policías.

El juez Jorge Criado ordenó el allanamiento y su par, el juez José Oscar Colabelli fue quien habría dispuesto la clausura del lugar donde se alojan los detenidos, según se supo.

Ale estando preso ahí había pedido que le dieran la prisión domiciliaria porque era una persona de riesgo ante la pandemia pero el juez denunciado se lo denegó.

El exjefe de Policía había sido sentenciado a 8 años de cárcel por abuso de menores, en un fallo dividido que había sido recurrido y que no estaba firme todavía cuando murió. El hijo que denunció al juez, a la fiscal y al jefe de Policía sostiene que a su padre lo condenaron por algo que no hizo.

Ahora bien, ¿terminará en algo este caso o pasara lo mismo que con otras denuncias que se le han hecho a la plana mayor de la policía, que están guardadas en el cajón del escritorio de algún fiscal?

Luego de que el Banco de Datos de la Defensa Pública relevara un 44% más de hechos de violencia policial, según la comparación entre los informes 2018 y 2019, Germán Kexel, del área Institucional de la Defensa Pública de la Provincia, dialogó con Actualidad 2.0 y mencionó que «cada dos días una persona nos manifiesta que fue víctima de un hecho violento (por parte de la fuerza policial provincial). Es el número promedio de los últimos 16 años».

Detalló que «éste es el informe de casos correspondientes al 2019», no de este año durante la pandemia. «No refleja lo ocurrido en pandemia», aclaró.

Kexel manifestó que «hace 16 años que se miden este tipo de hechos y es necesario partir de un diagnóstico acorde a los tiempos que vivimos. Por eso para nosootrs cobra dimensión especial la presentación de estos informes».

Sobre las mediciones, dijo que «el objetivo es detectar para prevenir nuevos hechos» en cuanto al accionar de la fuerza policial «y replantear prácticas».

«Tenemos medido en esos 16 años un número más genérico que una persona nos manifiesta cada dos días en la Defensa Pública que es víctima de un hecho violento /por parte de la policía provincial) que puede ser un hecho físico o que tenga más contenido psicológico de maltrato», explicó.

«Esto no quita que pueda haber más casos», aclaró. Dijo que la mayoría son denuncias contra «policías de la provincia (más del 95%) y algunas otras dependencias federales como Gendarmería o Policía Federal».

En cuanto a si realizan un seguimiento de esas denuncias y si derivan en sanciones, mencionó que «la siguiente pregunta a la persona es si quiere hacer una denuncia judicial al respecto. Nosotros no somos del Ministerio Público Fiscal, no actuamos de oficio y no podemos hacer algo que vaya en contra de la voluntad de esa persona. Uno de cada tres quiere judicializarlo; la mayor parte no, mucho vinculado a temor por represalias y falta de interés en el funcionamiento de la justicia. Las que se judicializan son las que podemos trabajar haciendo un seguimiento y ahí comienza la discusión más probatoria que siempre es terriblemente compleja para que esto tome forma de caso judicial y que pueda avanzar».

«Hay que trabajar mucho en capacitaciones, en actitudes preventivas que pueden resolver conflictos sin llegar a una causa penal», expresó y dijo que «nuestra obligación es hacer el máximo esfuerzo para que la persona acceda a la Justicia y para que si quiere se transforme en una actuación judicial. Como sabemos que es complejo tenemos que trabajar en otros ámbitos preventivos, como los hábeas corpus colectivos, etc».

Sobre la estadística, explicó que «sube y baja y también tiene que ver con la capacidad de registrar todo eso que se va produciendo. Hoy podemos hablar de 188 personas que le dijeron a la Defensa Pública en 2019 que fueron violentadas. Puede que este año haya 20 menos o 20 más pero se mantiene un número que habla de una problemática», mencionó y recordó el caso de Iván Torres.

«La mejor herramienta son las políticas públicas para prevenir. Hay una herramienta interesante, un proyecto que se presentó en la Legislatura, que es el Mecanismo Provincial de Prevención de la Tortura, que es un proyecto y una obligación del Estado argentino, para que funcione en ese ámbito un colectivo para prevenir hechos de violencia institucional general. Es una gran cuenta pendiente y aportaría un trabajo interdisciplinario que podría perfeccionar la tarea en prevención».

El dato lo reveló en diálogo con este Servicio Informativo, la Jefa de la Comisaría de la Mujer de nuestra ciudad, Comisario Mariel Piriz.

Dijo que estos números comenzaron a aumentarse una vez que se dejó atrás la etapa de Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio y se pasó al Distanciamiento.

“Viene un promedio de 8 mujeres por día, 300 por mes, a realizar consultas, actas, denuncias o a ser orientadas”, dijo Piriz.

Explicó que si la mujer solicita algún tipo de medida cautelar, como la exclusión del hogar o la prohibición de acercamiento, “se le da inmediata intervención a los jueces de familia”.

Piriz se lamentó porque hay muchas personas que no respetan estas medidas cautelares.

“Hay casos reiterados donde los victimarios no cumplen”, contó la Comisario, quien remarcó que todas las mujeres que pasen esta situación, deben dar rápido aviso al 101, “porque si se los encuentra en ese momento ahí si se los puede detener y ponerlos a disposición del Ministerio Público Fiscal por el delito de desobediencia”.

Mariel Piriz agregó que también se reciben muchas denuncias de mujeres que manifiestan molestias u hostigamientos a través de la redes sociales “y eso también es incumplir con las medidas cautelares”, explicó.

Dijo que siempre es importante, aparte de dar aviso de un incumplimiento, acercarse a realizar la denuncia también sobre eso.

La responsable de la Comisaría de la Mujer de nuestra ciudad dijo que por ahora no tuvieron que derivar ningún caso al Centro Integral de la Mujer inaugurado recientemente, pero contó que ello puede llegar a pasar con cualquier victima que carezca de un lugar donde ir luego de una agresión.

Por último, la jefa policial recordó que la Comisaría de la Mujer se encuentra ubicada sobre Pasaje San Juan 345, a la vuelta de la Comisaría Primera y repasó que los números de teléfono son 4423557 o 154413029, con atención las 24 horas del día.