Finlandia se sumó a la ya extensa lista de países que salieron a responder en público afirmaciones de Alberto Fernández. La embajada del país europeo en la Argentina publicó ayer un comunicado en el que aclara cómo funciona el servicio de comunicaciones en Finlandia, luego de que el Presidente dijera que allí la telefonía, internet y la televisión paga son «servicios públicos».
El Presidente había hecho esa afirmación al defender su decisión de declarar, por Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), que esos servicios son «públicos» y «esenciales». La medida congeló las tarifas hasta fin de año y estableció la regulación estatal de los precios.
«Algunos piensan que esta medida es por una pelea. Yo estoy defendiendo los intereses de los argentinos. En Noruega y Finlandia, estos son servicios públicos», había dicho el Presidente.
La embajada de Finlandia, sin embargo, hizo una aclaración. Sin mencionar al Presidente en su comunicado, la sede diplomática informó que el Estado garantiza el acceso a los servicios esenciales, pero dejó en claro que se propicia un esquema de «competencia abierta» entre los actores. Es decir, sin intervención del Estado en las tarifas.
«El mercado finlandés en general se basa en la competencia abierta entre sus actores, lo que propicia un clima de mayor elección y precios competitivos para los consumidores. El objetivo del Gobierno es crear un entorno de mercado que brinde nuevas oportunidades de negocios, promueva las exportaciones y aumente la línea de servicios», dice la embajada.
En Finlandia, es el Ministerio de Transportes y Comunicaciones el encargado de garantizar que toda la población cuente con el acceso a redes de comunicación «fiables y seguras y de capacidad suficiente para satisfacer las necesidades de bienestar y crecimiento de la sociedad».
«Los servicios básicos incluyen los de telefonía, banda ancha y correos, así como las operaciones de televisión y radio de la empresa estatal de comunicaciones, Yle. (…) La buena calidad de los servicios básicos está estipulada por legislación», señala el escrito.
Roces con otros países
Además de Finlandia, desde el comienzo de la pandemia de coronavirus, el Gobierno forzó la reacción diplomática de varios países, como España, Suecia, Chile y Brasil. Todos los roces estuvieron ligados a comparaciones por la efectividad de la política sanitaria.
El último choque fue con el gobierno de Jair Bolsonaro, a principios de mes. La embajada de Brasil en Buenos Aires respondió en duros términos a las declaraciones del ministro de Salud bonaerense, Daniel Gollan, quien había afirmado que, de haberse aplicado la «doctrina Bolsonaro» en la Argentina durante la cuarentena, el país tendría «de 25.000 a 30.000 muertos».
La sede diplomática aseguró que los dichos de Gollan «revelan desconocimiento de la realidad brasileña» y que el ministro reveló «un posible y condenable deseo de generar polémica con un país amigo de la Argentina».
Días antes, España contestó a las afirmaciones del gobernador bonaerense, Axel Kicillof, quien en una conferencia había afirmado que en Barcelona regía una «cuarentena estricta» cuando no era así.
«Ni Barcelona ni ninguna otra parte del territorio español están en cuarentena, ni estricta ni de ninguna clase», sostuvo la embajada.
Suecia, por su parte, pidió al Presidente evitar «hacer comparaciones directas» luego de que el mandatario afirmara en mayo que si la Argentina seguía el «ejemplo sueco» en su cuarentena habría muchos miles de muertos más que los registrados hasta entonces.
«Esta es una nueva enfermedad y pasará tiempo antes de que sepamos qué modelos funcionan mejor», afirmó en ese texto el gobierno sueco.
Fernández también enojó al presidente de Chile, Sebastián Piñera, al decir, en abril, que la tasa nuevos casos detectados por cada 100.000 habitantes era mayor en Chile (31,24) que en la Argentina (4,19).
El gobierno chileno respondió con un informe titulado «Chile versus Argentina» que se centró en la cantidad de tests realizados en Chile, que era mayor a los que se habían efectuado hasta ese momento en la Argentina, por lo que, estadísticamente, iba a dar un número mayor de casos. Después, el Gobierno bajó el tono de la discusión.
Por: Alan Soria Guadalupe, indicó La Nación.
