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En el marco del Plan Provincial del Manejo Sostenible del Guanaco el Gobierno Provincial, a través del Ministerio de la Producción, Comercio e Industria, impulsa el programa “Carne de guanaco” con el fin de promover el consumo, aumentar su visibilidad en el mercado y poner en valor la producción provincial.

Como parte de las acciones llevadas a cabo por el gobierno para fortalecer la industria de esta carne característica de nuestra región, como lo fue la inversión en equipos para facilitar el encierre de guanacos; también se trabaja en fomentar su consumo a partir de la promoción de los distintos cortes.

De acuerdo a lo establecido por el Ministerio de Desarrollo Social, la carne de guanaco se produce cumpliendo con las normas de bienestar animal y se procesa en establecimientos habilitados por SENASA y CAP. Es una carne magra, baja en grasa y colesterol y alta en proteínas de calidad, hierro, zinc y vitamina B12. Asimismo, es una excelente fuente de proteínas de alto valor biológico, esenciales para el crecimiento y la reparación de tejidos; lo que lo convierte en un alimento ideal para incorporar en múltiples menús.

El objetivo del programa es acercar a los ciudadanos una opción de alta calidad, rico en proteínas y de mayor accesibilidad al tener un precio hasta dos veces inferior a la carne vacuna. El valor de referencia por kg puede variar entre 2000 y 2800 pesos dependiendo del tipo de corte: lomo, picada, paleta, entre otros.

En este sentido, durante la etapa de promoción del consumo en el mes de noviembre se colocaron distinciones en los comercios que venden carne de guanaco para facilitar su identificación; y se difunden recetas fáciles para realizar en casa de la mano de reconocidos chefs locales en las que el protagonista del plato es el guanaco.
Ya se encuentra disponible la página oficial del gobierno del Programa “Carne de Guanaco”, la cual contiene recetas, información nutricional y ubicación de los puntos de ventas autorizados con trazabilidad y garantía oficial, ingresando en https://minpro.santacruz.gob.ar/carne-de-guanaco/

El gobernador de Chubut, Ignacio Torres intervino en los medios nacionales para hablar sobre los extorsionadores del SUPA.

Nacho Torres se expresó sobre los sindicalistas de la estiba en prisión domiciliaria por pedirle a un grupo de empresarios pesqueros 20 millones en coimas en dos meses.

El Gobernador de Chubut se animó a enfrentarlos y llevarlos ante la Justicia logrando un hecho inédito en la argentina con el primer sindicalista preso en la era Javier Milei y puede ir más allá comprobando una asociación ilicita en la industria de la pesca con sindicatos que fueron utilizados por mafias perjudicando a Chubut en cientos y cientos de millones de dólares y a los trabajadores que perdieron la temporada.

“El día uno que me toca asumir, me encuentro con un conflicto gremial, como cualquier conflicto que pueda haber, en un contexto de paritaria, en un contexto inflacionario, pero con la particularidad que, por primera vez, un gremio, que es el SUPA, decidió no descargar el langostino de los barcos, lo cual, más allá de que es criminal, derivó en un ecocidio y en una conflictividad muy importante, no solamente por el tema ambiental, sino que paró absolutamente toda la actividad”, detalló Torres al programa de Luis Majul, en Radio 107.9 de Capital Federal.

El mandatario de Chubut recordó que los sindicalistas “se venían manejando con un nivel de impunidad durante muchísimos años. Por eso tomamos la decisión de iniciar las acciones legales correspondientes a través de la Fiscalía de Estado”.

Y afirmó que “me reuní personalmente con todos: con los gremios, con los secretarios, y el conflicto empezó a escalar a un nivel donde hubo amenazas, hubo extorsiones, hay audios de pedido de dinero en negro también, para acordar y dejar trabajar algunas empresas”.

Torres valoró el trabajo de la jueza, quien “con buen tino y con mucho coraje, decidió desaforarlos y dictar la prisión preventiva mientras siga la investigación, que también derivó en hechos de mucha violencia, de desprender fuego una camioneta”.

 

Ignacio Torres intervino en los medios nacionales opinando sobre los extorsionadores del SUPA.

Nacho Torres se expresó sobre los sindicalistas de la estiba en prisión domiciliaria por pedirle a un grupo de empresarios pesqueros 20 millones en coimas en dos meses.

El Gobernador de Chubut se animó a enfrentarlos y llevarlos ante la Justicia logrando un hecho inédito en la argentina con el primer sindicalista preso en la era Javier Milei y puede ir más allá comprobando una asociación ilicita en la industria de la pesca con sindicatos que fueron utilizados por mafias perjudicando a #Chubut en cientos y cientos de millones de dólares y a los trabajadores que perdieron la temporada. #pesca #coimas #sindicalistas

Publicada por Cholila Online Portal de Noticias Digital en Jueves, 15 de febrero de 2024

 

En el día de su cumpleaños, el candidato a presidente de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, emitió su voto después del mediodía en la sede de la Universidad Tecnológica Nacional en la calle Medrano, ubicada en el barrio porteño de Almagro. 

Muchos adherentes a la propuesta politica del candidato se acercaron para verlo votar y le cantaron el feliz cumpleaños. El sábado, desde La Libertad Avanza, habían lanzado una convocatoria por redes sociales para acompañarlo en ese momento.

Este miércoles 18 de enero, en el tercer aniversario del crimen de Fernando Báez Sosa, concluyeron las audiencias de declaraciones testimoniales por las que pasaron un centenar de testigos, familiares y allegados de cada una de las partes, la mayoría de los rugbiers que hablaron tras meses de silencio, y se exhibieron videos, chats y audios que sirvieron para reconstruir los movimientos previos y posteriores de los 8 imputados aquella madrugada en Villa Gesell. Ahora se esperan los alegatos para luego pasar a la lectura del veredicto.

Javier Pablo Laborde, secretario instructor de la causa, quien analizó los celulares de los acusados, contó durante el juicio sobre un grupo llamado “El club del Azote”, integrado por 13 personas de Zárate, entre las cuales estaba el acusado Blas Cinalli, quien a las 5.08 de ese 18 de enero de 2020 refirió lo siguiente: “Nos peleamos, ganamos contra unos chetos, los rompimos. Nos vamos al centro a premiar”.

Fernando Burlando pidió realizarse algunas preguntas a Cinalli, pero éste se negó. De esta forma concluyó la etapa de recepción de testimonios. Los jueces María Claudia Castro, Christian Rabaia y Emiliano Lázzari, dispusieron un cuarto intermedio que permita preparar los alegatos a los abogados Fernando Burlando y Fabián Améndola -que encabezan la representación de los padres de la víctima-, a los defensores Hugo Tomei y Emilia Pertossi y a los fiscales de juicio Gustavo Manuel Dávila y Gustavo García.

En este marco, el TOF N°1 de Dolores dispuso que la semana próxima se lleven a cabo los alegatos de las partes: la fiscalía y la querella lo harán el día 25 de enero y la defensa el día 26.

Se estima que la lectura del veredicto ocurra el 31 de enero. Ese día se conocerá el futuro de Máximo Thomsen (23), Enzo Comelli (22), Matías Benicelli (23), Blas Cinalli (21), Ayrton Viollaz (23), y Luciano (21), Ciro (22) y Lucas Pertossi (23) imputados por el delito de “homicidio doblemente agravado por alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas”, delito que tiene una pena de prisión perpetua.

Tras la última jornada de audiencias los padres de Báez Sosa encabezaron un acto de homenaje en Dolores.

En el día en que se cumplió el tercer aniversario de la muerte de Fernando, una multitud acompañó a Graciela y Silvino Báez Sosa en el homenaje que se llevó a cabo en el Anfiteatro Municipal “Libres del Sur” de Dolores.

“Sin él la vida se terminó para nosotros”, exclamó la madre del joven fallecido, en un desgarrador pedido de Justicia. “Era nuestro sol, hoy estamos vacíos”, añadió. “Cada día nos cuesta más la ausencia de Fernando”, sostuvo por su parte el papá. También hubo actos en Villa Gesell, Mar del Plata, Zárate y en el barrio porteño de Recoleta.

La diputada nacional del PRO-Juntos por el Cambio, Ana Clara Romero, intentó apaciguar la polémica generada con la UCR, a partir de las declaraciones vertidas por la presidenta de Propuesta Republicana, Patricia Bullrich, que en su última visita a la capital provincial convocó a «terminar con las mafias» para «cambiar Rawson, Chubut y la Nación». La legisladora confió a FM EL CHUBUT que la referencia de la dirigente nacional «se sobredimensionó» y no hubo intenciones de «desacreditar a nadie».

El discurso de Bullrich en Rawson provocó una cadena de repudio de toda la esfera radical provincial, reforzada con un comunicado partidario en el que se solicitó a la responsable del PRO Nación que se «retracte públicamente». Igual pedido se extendió a la conducción provincial de ese sector.

«Quienes asistimos al encuentro, apreciamos que Patricia focalizó sobre la lucha contra las mafias, la pobreza, entre otros aspectos genéricos, ni siquiera hizo un balance ni nombró a la gestión actual de Rawson, de un partido que es parte del frente de Juntos por el Cambio», manifestó la diputada nacional.

Añadió que «hay que tener templanza y entender las expresiones en el marco en que fueron dichas. No hay que sobredimensionar expresiones esgrimidas en un contexto general, donde se apuntó a determinados flagelos que hacen a nuestra sociedad y que requieren que todos nos pongamos a trabajar».

Romero argumentó que «no fue un ataque a ningún gobernante ni referente de la coalición, sino un diagnóstico general de la situación que atraviesa nuestro país, cada una de las provincias y localidades». Esto es: «En aquellas ciudades gobernadas por referentes de Juntos por el Cambio, ninguna logra ser una isla respecto a la situación de decadencia general que atraviesa nuestro país».

En el escenario que Romero compartió con Bullrich, el senador nacional, Ignacio «Nacho» Torres, y otros dirigentes, «no hubo declaraciones con ninguna animosidad, ni siquiera se hizo referencia al intendente de Rawson (Damián Biss) ni a su gestión. Lo dijo en términos generales, tuvo más que ver con lo discursivo. No apuntó a desacreditar a nadie; lamento que se hayan tomado las expresiones desde ese lugar», explicó.

Según la testimonial de la Vicepresidenta, los agentes solo atinaron a decirle “vamos, vamos” y no se respetaron todos los puntos del Protocolo 7, que establece pautas para evacuar a un funcionario.

“En ese momento, personal de mi custodia me dijo ‘vamos, vamos’ porque me quería alejar del túmulo y ahí terminé el círculo, firmo los últimos libros y subo. Reitero, solo me di cuenta del hecho cuando lo vi por televisión”.

La frase pertenece a Cristina Kirchner. Es un tramo de su declaración testimonial ante la jueza María Eugenia Capuchetti y el fiscal Carlos Rívolo, que el 2 de septiembre, horas después del ataque, se constituyeron en el domicilio de la Vicepresidenta en Recoleta para conversar con la funcionaria en el marco de la instrucción que acababa de comenzar.

El que le preguntó a la titular del Senado si su custodia le había dado alguna indicación tras el ataque fue Rívolo y la frase de la Vicepresidenta solo colocó más dudas sobre el accionar de sus custodios y la falta de un seguimiento claro del Protocolo Nº 7, que marca las pautas generales con las que debe actuar la custodia de los funcionarios y dignatarios.

La declaración de Cristina Kirchner coloca más dudas sobre el accionar de la custodia

Según Cristina Kirchner, uno de los custodios le dijo “vamos, vamos”. En los videos se observa que su seguridad no habría cumplido con lo pautado en el manual de procedimiento.

TN accedió a documentos oficiales del Ministerio de Seguridad en los que se detallan punto por punto cómo debió haber actuado la custodia según el Protocolo 7. El punto 2.4 del apartado “Reacciones” establece que ante el ataque el jefe de la custodia “deberá hacer agachar al dignatario tomándolo por el cinturón y haciendo que sus rodillas se inclinen ligeramente”. Nada de esto ocurrió.

Los videos muestran cómo tras el ataque de Fernando Sabag Montiel la Vicepresidenta permanece en el lugar y observa cómo la militancia se lleva al atacante. Por las fallas en el operativo de Seguridad, la cartera que conduce Aníbal Fernández abrió un sumario administrativo para establecer si existió responsabilidad o negligencia por parte de los agentes que debían resguardar a Cristina Kirchner.

Qué dice el Protocolo 7 que debieron haber respetado los custodios de Cristina Kirchner

Otro de los puntos que no se respetó es el que indica que en caso de existiera un vehículo cerca del funcionario atacado, este debe ser introducido en el interior. El manual agrega: “Se introducirá al dignatario con la mayor premura en el asiento trasero, debiendo el oficial a cargo colocarse encima de éste, cubriéndolo con su cuerpo. En cuanto le sea posible deberá revisarlo físicamente en forma superficial en busca de heridas”.

A tan solo centímetros de la Vice se encontraba un Toyota Corolla blanco que forma parte de su custodia, pero ninguno de sus agentes la colocó allí. Según la propia Cristina Kirchner instantes después del intento de asesinato continuó con la firma de libros y luego se retiró hacia su departamento.

Que la Vicepresidenta haya permanece en el lugar viola otra de las normativas, ya que el primer ataque puede haber sido una maniobra de distracción. El manual detalla. “La adopción de estos procedimientos son aptos para defender la integridad física del dignatario respecto de un ataque secundario, ello ante la previsión de que el primer ataque que se registre pudiera tratarse de una táctica de distracción”.

La Justicia busca determinar si la custodia actuó acorde a este protocolo.¿Por qué no se trasladó a Cristina Kirchner a un lugar seguro? ¿En qué momento los agentes tomaron noción de que se trataba de un ataque? ¿La reacción fue acorde a lo establecido?

En este sentido, uno de los puntos que no queda claro es si se respetó el punto 2.4.3.2 “B” del tramo “Evacuación”, que establece que “el 2º jefe de la custodia deberá interponer su persona entre el dignatario y el lugar de donde provenga el ataque”.

Más de 100 agentes de seguridad y un protocolo en revisión

La custodia de Cristina Kirchner sigue a cargo de Diego Carbone, histórico jefe de su custodia. La remoción de los agentes no tocó a los altos mandos y Cristina Kirchner tiene 100 agentes de seguridad de la Policía Federal que la cuidan a ella y a su familia.

Se trata de una custodia que trabaja bajo la modalidad denominada24x48, es decir, 24 horas de trabajo y 48 horas de descanso. Todos los agentes se dividen en tres turnos para garantizar la seguridad de la funcionaria durante todo el día, incluido los fines de semana. El ataque provocó que se incremente en 20 la cantidad de agentes en la puerta del edificio de Recoleta y se revean los protocolos.

En La Cámpora continúa el malestar con el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, que tras el ataque se reunió con Cristina Kirchner. La agrupación que comanda Máximo Kirchner lo cuestiona porque debió haber asegurado la zona, ya que la Policía Federal estaba a cargo de la custodia del lugar tras la decisión del juez Gallardo, que le ordenó a la Policía de la Ciudad que se retire.

Cuestionan, a su vez, el accionar de los custodios. Los mismos que -sin intención alguna- Cristina Kirchner parece haber comprometido con su declaración.

Desde el Siatred cuestionaron las declaraciones de la ministra de Educación del Chubut, Florencia Perata, quien dijo que en la provincia «Tenemos el 76% de presencialidad». Y advirtieron que «La sociedad sabe que la presencialidad no está funcionando como era esperable».

El Gobierno Nacional decidió este miércoles suspender las clases por dos semanas en Capital Federal y el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), ante el incremento exponencial de casos de coronavirus en las últimas semanas. En Chubut se decidió no adherir tras asegurar que la situación epidemiológica es distinta.

La ministra de Educación del Chubut, Florencia Perata, confirmó que en la provincia «Tenemos el 76% de presencialidad». Sin embargo, desde el Sindicato de los Trabajadores de la Educación (SITRAED) advierten que no es así.

Gerardo Carranza, secretario general del Sitraed, aseguró al respecto que “el regreso a la presencialidad no es lo que la sociedad pensaba. La presencialidad es bajísima, no se cumple lo que dijeron las autoridades. Desconozco los parámetros que se utilizaron para realizar esa tabulación. La sociedad sabe que la presencialidad no está funcionando como era esperable», dijo.

Y advirtió que hay distintos componentes «como la organización concreta de las burbujas, el estado de los edificios escolares entre otros que limitan el regreso presencial como lo marca el protocolo”.

En este marco, el referente gremial afirmó que se debe evaluar la situación epidemiológica por cada localidad. «Cuando se plantea la suspensión de la presencialidad, hay que analizarlo con los profesionales de la salud para definir el estado de cada comunidad. En la zona cordillerana, la circulación del virus es muy fuerte. Todavía no estamos dimensionando el costo para nuestra sociedad ante un eventual crecimiento exponencial de contagios”.

Y planteó que como gremio «entendíamos que había que volver a la presencialidad pero ahora el análisis hay que hacerlo en los entornos de vínculos sociales fuera de la escuela y no en el momento específico en que el alumno permanece dentro de los establecimientos».

Por último, aclaró que «nuestro trabajo gremial está en evitar los desvíos que se producen por interpretaciones personales en relación con la aplicación de los protocolos» , completó Carranza a Cadena Tiempo.

76% DE PRESENCIALIDAD

En una rueda de prensa en la que participó ADNSUR, Florencia Perata (ministra de Educación) explicó que “el 76% de la presencialidad se obtiene en relación con la cantidad de escuelas que abrieron sus puertas a la regreso de los estudiantes. Hay escuelas que tienen incorporados todos los grados en las burbujas».

Y expuso que «estuve recorriendo las escuelas del Interior donde pude observar todo esto. Hay otras escuelas que están en las etapas de las primeras burbujas donde estamos trabajando, impulsando y asesorando a los equipos directivos que corroboraron el funcionamiento del protocolo y determinaron que se pueden incorporar más burbujas. La presencialidad está cuidada en Chubut y estamos impulsando que cada vez se incorporen más grupos”, dijo.

Asimismo, destacó que en la región de Comodoro Rivadavia, Sarmiento, Trelew y el interior se avanzó con los ingresos del personal auxiliar que –por motivos de renuncia o jubilación- estaban vacantes.

VACUNACIÓN

Perata además se refirió a la vacunación del personal educativo, y explicó que de acuerdo al esquema de vacunación del ministerio de Salud, se comenzó con la vacunación de personas mayores de 60 años y con factores de riesgo. «Hay 3900 docentes vacunados. Ya se está avanzando con el resto de los trabajadores de la Educación que no tienen enfermedades de riesgo. A medida que las escuelas se van incorporando, vamos trabajando en cada una de ellas. Cada una de ellas presenta un protocolo particular que se va a aprobando por la supervisión. El concepto general es que lleguemos a tener todos los grados con presencialidad en burbujas en el marco del protocolo”, afirmó.

El veterano y sobreviviente del Crucero General Belgrano, Daniel González, lo sostuvo en el acto central por Malvinas de Esquel, donde participaron autoridades locales. Allí cuestionó las declaraciones de Massoni a quien le pidió “informarse antes de lanzar palabras inadecuadas”, al tiempo que reflexionó que esto “nos plantea qué tanto se sabe sobre Malvinas”.

En Esquel el acto central por el aniversario de comienzo de la guerra de Malvinas de 1982 se desarrolló en el monumento de la avenida Alvear y pasaje Mermoud, donde participaron el intendente Sergio Ongarato, veteranos de la región cordillerana y autoridades provinciales y locales.

En este contexto, hubo colocación de ofrendas florales y palabras de los presentes. Allí, el veterano esquelense y sobreviviente del Crucero ARA General Belgrano, Daniel González, llamó a colocar a la cuestión Malvinas “como política de Estado”.

En este sentido, cuestionó las expresiones del Ministro de Seguridad, Federico Massoni, que dijo que era “anecdótico haber ido o no a Malvinas”.

“La gesta nos marcó para siempre. 39 años de luces y sombras, de triunfos y fracasos, de memoria y olvido. En los que hemos visto que muchísimos Gobiernos han tratado con la reafirmación de nuestros derechos”, repasó.

Es por ello que enfatizó que “Malvinas debe ser una política de Estado, tendiente a recuperar las Islas pero también que comprenda y proteja a los veteranos, porque hay heridas que no cicatrizan y año a año son muchos los camaradas que ya no volveremos a ver”.

Señaló que como sociedad “no podemos desconocer o ignorar a quienes ofrendaron su vida. Debemos reservarles un lugar en la memoria colectiva y en nuestras aulas. Los veteranos tratamos de mantener viva las llamas pero somos cada vez menos”.

“Resistimos el olvido pero necesitamos del Estado y el Pueblo para mantener vivo el ideal de la causa Malvinas. Parece mentira que tengamos que seguir luchando para que se nos respete”, lamentó.

Apuntó así a “un alto funcionario provincial que dijo que era ‘anecdótico’ haber estado en las islas o en el Continente. Podríamos concluir que para un analfabeto todos los libros son iguales pero un funcionario debe cuidar sus expresiones ya que es responsable de transmitir el pensamiento del Gobierno del que forma parte”.

Por ello “debe informarse antes de lanzar palabras inadecuadas. Tenga en cuenta que una cosa es hablar de morir y otra es morir. Esa es la diferencia”, agregó el veterano, quien reflexionó que “episodios como este nos plantean qué tanto se sabe sobre Malvinas”.

Reconoció que “muchas veces escuchando declaraciones y sentimos que perdimos, ya no en el campo de batalla sino en nuestro suelo, con el silencio de nuestro pueblo porque entender la importancia de nuestro Derecho genuino a la Soberanía sobre las Islas es comprender la verdad histórica y la importancia para la geopolítica nacional que tienen las Islas”.

“Deberíamos tener más programas para capacitar e informar, desde los fundamentos históricos hasta el tiempo presente. Un recorrido por la médula de la gesta Malvinas, vista desde todos los ángulos pero haciendo centro en la cuestión humana”, planteó.

González cerró enfatizando que “con humildad y firmeza proclamamos que ayer, hoy y siempre, las Malvinas son argentinas, esta es la verdad que nos guía a quienes dejamos parte del alma en la turba malvinera o en el mar austral. Tenemos el deber de darle voz a los que no volvieron”.

En el marco de la audiencia de debate por la causa Revelación, continuaron en el día lunes, declarando, en primer lugar, el abogado Alberto Gilardino ex ministro de coordinación de gabinete del ex gobernador Mario Das Neves. Preguntado por los fiscales del Ministerio Público Fiscal, hizo referencia de haber aceptado dinero en más de una oportunidad y que el mismo le fue entregado por quien comandaba en principio esta asociación ilícita que era Diego Correa por la suma de 100 mil pesos indicó

Por otro lado dio cuenta de las funciones que cumplían los secretarios de la unidad gobernador, Diego Correa y Gonzalo Carpintero, haciendo referencia que el primero se ocupaba más de la parte administrativa y Carpintero de las cuestiones institucionales del Gobernador.

También hizo mea culpa de la hipocresía que existe en la política y sobre todo apunto a los sueldos bajos que percibían los funcionarios públicos en esos momento, indicando que no debería ser así para evitar que ocurra este tipo de situaciones, haciendo referencia a lo que se está ventilando en este juicio oral y público. A modo de conclusión Alberto Gilardino reconoció haber recibido dinero en primer lugar, pero con respecto a la suma que se expresan en la lista no eran coincidentes. Asimismo refirió al momento de su renuncia al cargo de ministro de coordinación de gabinete, haciendo hincapié sobre todo en la entrega de un sobre por parte de su ex secretaria lo cual motivo dicha decisión. El sobre que se dio a conocer a través de los periódicos fue reconocido como el sobre “Bomba” que fue entregado en la honorable legislatura dando inicio a las investigaciones en relación a delitos de corrupción, más específicamente a las causa Embrujo, Revelación y Emergencia Climática entre otras más.

El segundo de los testigos, se trató del arquitecto, Alejandro Bertorini expresidente del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) reconoció que durante su gestión no envió planilla alguna de obra pública a Diego Correa, ex secretario de la unidad del gobernador. Bertorini dijo ser arquitecto hace 22 años y conocer a todos los imputados. Asimismo detalló cómo funcionaba el organismo del IPV siendo un ente autárquico. Resaltó que él “envió de planillas sería una acción indebida”

La tercer testigo, fue Sandra Torres, contadora del Instituto Provincial de la Vivienda, refirió durante la gestión de Martin Bortagaray, cuando se enviaban las planillas con las órdenes de pago tanto a Martin Bortgaray como a Diego Correa, siendo esto llamativo, como un Instituto autárquico envía esas planillas a un secretario del Gobernador, acción totalmente fuera de la ley. Asimismo reconoció los chats que fueron entregados por ella y que eran enviados a Diego Correa. También dio detales de las planillas con órdenes de pago que eran enviadas a Diego Correa.

De los testimonios recogidos hasta el momento surgió “un detalle no menor, en la época de la gestión al frente del IPV, su presidente Martin Bortagaray, enviaba planillas de órdenes de pago, maniobra que no se volvió a repetir en otras gestiones”.

Fuente: MPF

Una nueva jornada de testimonios se inició este lunes 15 de marzo en el marco de la causa por la que se investigan supuestos delitos de corrupción durante la última gestión de gobierno de Mario Das Neves.

Nuevamente el ex ministro Coordinador de Gabinete, Alberto Gilardino fue convocado a dar testimonio de su paso por la función pública durante el periodo en que se investigan los hechos.

Luego de un repaso de sus nombramientos (Secretaría de Pesca y Ministerio de Coordinación) se sometió a las preguntas del MPF en cabeza de Marcos Nápoli.

Gilardino explicó las funciones de los ex secretarios privados del extinto gobernador graficando que las cuestiones administrativas estaban a cargo de Diego Correa y las relacionadas a la agenda política eran manejadas por Gonzalo Carpintero.

Resaltó que Correa podía cumplir las funciones de Carpintero en ocasiones pero que no era así de manera inversa, Carpintero sólo se ocupaba de la política.“…Correa tenía mucho manejo, mucho peso, incluso más que yo…”, sentenció.

El testigo fue consultado sobre su aparición en las célebres planillas de cálculos donde se consignaron nombres de funcionarios públicos y montos de dinero supuestamente en carácter de sobresueldos.

Negó haber visto esas planillas y agregó que la suma que se consignó ahí nunca la cobró, Además agregó que para sus pares del gobierno él siempre fue “Beto” en alusión que en los listados aparece como Gilardino además que al tiempo de los supuestos pagos de sobresueldos él ya no cumplía funciones en el gabinete provincial.

Siguiendo con su alocución, Gilardino explicó que luego de reemplazar a Víctor Cisterna en la jefatura de gabinete.

Diego Correa le explicó como se manejaría la gestión diaria había cuenta del delicado estado de salud del gobernador Das Neves y la falta de toma de decisiones producto de esta situación. “…esta plata vas a cobrar en compensación por tu disponibilidad todos los días…”.

Gilardino explicó que le pagaban sobresueldos de $100.000 mensuales y que se hacía en efectivo en la oficina de Correa. “Yo ganaba $35.000 como jefe de gabinete, los funcionarios tienen que ganar más para evitar todo esto. Que haya plata por afuera pasó toda la vida, hay que dejar la hipocresía de lado. Haber cobrado esa plata estuvo mal…”, se sinceró el testigo.

Siguiendo con el relato y a merced de las preguntas, Gilardino explicó que la situación económica y política era sumamente delicada, “…estábamos con un gobernador que se moría, esa era la situación…” graficó.

En ese hilo de explicación resaltó la figura del Ministro de Economía Pablo Oca. “…Realmente era la tarea más fea, decirle que no a todo el mundo porque no había plata y muchas veces por su forma de ser lo hacía de manera bastante fuerte, incluso casi se van a las manos con Correa por ponerse firme con los pagos…”, concluyó.

En segundo término, declaró el Arquitecto Alejandro Bertorini quien se desempeñó como presidente del Instituto Provincial de la Vivienda entre los años 2015 y 2016.

Se refirió al manejo de la gestión del IPV, a la situación económica, los fondos nacionales y provinciales destinados a las obras de vivienda.

En su relato informó que promediando su gestión empezó a advertir situaciones no deseadas haciendo referencia a un supuesto clientelismo político en la atribución de viviendas a tal punto de advertir que se había adulterado el padrón de beneficiarios en favor de “personas allegadas o militantes”. “…Había pedidos indebidos de viviendas para parientes o amigos…”, detalló Bertorini.

El ex presidente del IPV explicó que su relación con el ex secretario de Das Neves era mala. “…Me habían pedido la renuncia del gerente general del Instituto porque me advertían que su tarea en relación a las cooperativas era deficiente…”. El funcionario era el Arq. Guillermo Meyer y lo había designado Bertorini por ser una persona de su confianza. “…Me hicieron saber que debía designar en su reemplazo a Jorge Etchepareborda, quien se desempañaba en el área de cooperativas del IPV, me negué a ello y luego renuncié…”.

Luego fue el turno de la contadora Sandra Torres quien se desempeñó como Directora General de Administración del IPV.La funcionaria hizo un pormenorizado relato del proceso de la administración de los fondos del instituto y la metodología de pagos de certificados de obra.

Torres dejó resaltada la situación de endeudamiento que la provincia arrastraba por ese entonces.

Se decretó la emergencia económica para poder manejar la deuda que alcanzaba los $ 500.000.000. En razón de ello la contadora explicaba que los pagos se analizaban junto al presidente y se priorizaban las situaciones financieras de cada empresa que producto de ello, estaban cada vez más complicadas.

La funcionaria explicó también que el entonces presidente del IPV Martín Bortagaray le explicó que se confeccionaría una lista de empresas para pagar en ocasiones que él no estuviera en la zona y debía mandársela por correo electrónico con copia a Diego Correa. Ya después Correa me mandaba mensajes directamente para chequear la lista y pedir incorporar pagos a otras empresas “…Menedin, Igarzabal, Sudelco…” recordaba.