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El veterano y sobreviviente del Crucero General Belgrano, Daniel González, lo sostuvo en el acto central por Malvinas de Esquel, donde participaron autoridades locales. Allí cuestionó las declaraciones de Massoni a quien le pidió “informarse antes de lanzar palabras inadecuadas”, al tiempo que reflexionó que esto “nos plantea qué tanto se sabe sobre Malvinas”.

En Esquel el acto central por el aniversario de comienzo de la guerra de Malvinas de 1982 se desarrolló en el monumento de la avenida Alvear y pasaje Mermoud, donde participaron el intendente Sergio Ongarato, veteranos de la región cordillerana y autoridades provinciales y locales.

En este contexto, hubo colocación de ofrendas florales y palabras de los presentes. Allí, el veterano esquelense y sobreviviente del Crucero ARA General Belgrano, Daniel González, llamó a colocar a la cuestión Malvinas “como política de Estado”.

En este sentido, cuestionó las expresiones del Ministro de Seguridad, Federico Massoni, que dijo que era “anecdótico haber ido o no a Malvinas”.

“La gesta nos marcó para siempre. 39 años de luces y sombras, de triunfos y fracasos, de memoria y olvido. En los que hemos visto que muchísimos Gobiernos han tratado con la reafirmación de nuestros derechos”, repasó.

Es por ello que enfatizó que “Malvinas debe ser una política de Estado, tendiente a recuperar las Islas pero también que comprenda y proteja a los veteranos, porque hay heridas que no cicatrizan y año a año son muchos los camaradas que ya no volveremos a ver”.

Señaló que como sociedad “no podemos desconocer o ignorar a quienes ofrendaron su vida. Debemos reservarles un lugar en la memoria colectiva y en nuestras aulas. Los veteranos tratamos de mantener viva las llamas pero somos cada vez menos”.

“Resistimos el olvido pero necesitamos del Estado y el Pueblo para mantener vivo el ideal de la causa Malvinas. Parece mentira que tengamos que seguir luchando para que se nos respete”, lamentó.

Apuntó así a “un alto funcionario provincial que dijo que era ‘anecdótico’ haber estado en las islas o en el Continente. Podríamos concluir que para un analfabeto todos los libros son iguales pero un funcionario debe cuidar sus expresiones ya que es responsable de transmitir el pensamiento del Gobierno del que forma parte”.

Por ello “debe informarse antes de lanzar palabras inadecuadas. Tenga en cuenta que una cosa es hablar de morir y otra es morir. Esa es la diferencia”, agregó el veterano, quien reflexionó que “episodios como este nos plantean qué tanto se sabe sobre Malvinas”.

Reconoció que “muchas veces escuchando declaraciones y sentimos que perdimos, ya no en el campo de batalla sino en nuestro suelo, con el silencio de nuestro pueblo porque entender la importancia de nuestro Derecho genuino a la Soberanía sobre las Islas es comprender la verdad histórica y la importancia para la geopolítica nacional que tienen las Islas”.

“Deberíamos tener más programas para capacitar e informar, desde los fundamentos históricos hasta el tiempo presente. Un recorrido por la médula de la gesta Malvinas, vista desde todos los ángulos pero haciendo centro en la cuestión humana”, planteó.

González cerró enfatizando que “con humildad y firmeza proclamamos que ayer, hoy y siempre, las Malvinas son argentinas, esta es la verdad que nos guía a quienes dejamos parte del alma en la turba malvinera o en el mar austral. Tenemos el deber de darle voz a los que no volvieron”.

En el marco de la audiencia de debate por la causa Revelación, continuaron en el día lunes, declarando, en primer lugar, el abogado Alberto Gilardino ex ministro de coordinación de gabinete del ex gobernador Mario Das Neves. Preguntado por los fiscales del Ministerio Público Fiscal, hizo referencia de haber aceptado dinero en más de una oportunidad y que el mismo le fue entregado por quien comandaba en principio esta asociación ilícita que era Diego Correa por la suma de 100 mil pesos indicó

Por otro lado dio cuenta de las funciones que cumplían los secretarios de la unidad gobernador, Diego Correa y Gonzalo Carpintero, haciendo referencia que el primero se ocupaba más de la parte administrativa y Carpintero de las cuestiones institucionales del Gobernador.

También hizo mea culpa de la hipocresía que existe en la política y sobre todo apunto a los sueldos bajos que percibían los funcionarios públicos en esos momento, indicando que no debería ser así para evitar que ocurra este tipo de situaciones, haciendo referencia a lo que se está ventilando en este juicio oral y público. A modo de conclusión Alberto Gilardino reconoció haber recibido dinero en primer lugar, pero con respecto a la suma que se expresan en la lista no eran coincidentes. Asimismo refirió al momento de su renuncia al cargo de ministro de coordinación de gabinete, haciendo hincapié sobre todo en la entrega de un sobre por parte de su ex secretaria lo cual motivo dicha decisión. El sobre que se dio a conocer a través de los periódicos fue reconocido como el sobre “Bomba” que fue entregado en la honorable legislatura dando inicio a las investigaciones en relación a delitos de corrupción, más específicamente a las causa Embrujo, Revelación y Emergencia Climática entre otras más.

El segundo de los testigos, se trató del arquitecto, Alejandro Bertorini expresidente del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) reconoció que durante su gestión no envió planilla alguna de obra pública a Diego Correa, ex secretario de la unidad del gobernador. Bertorini dijo ser arquitecto hace 22 años y conocer a todos los imputados. Asimismo detalló cómo funcionaba el organismo del IPV siendo un ente autárquico. Resaltó que él “envió de planillas sería una acción indebida”

La tercer testigo, fue Sandra Torres, contadora del Instituto Provincial de la Vivienda, refirió durante la gestión de Martin Bortagaray, cuando se enviaban las planillas con las órdenes de pago tanto a Martin Bortgaray como a Diego Correa, siendo esto llamativo, como un Instituto autárquico envía esas planillas a un secretario del Gobernador, acción totalmente fuera de la ley. Asimismo reconoció los chats que fueron entregados por ella y que eran enviados a Diego Correa. También dio detales de las planillas con órdenes de pago que eran enviadas a Diego Correa.

De los testimonios recogidos hasta el momento surgió “un detalle no menor, en la época de la gestión al frente del IPV, su presidente Martin Bortagaray, enviaba planillas de órdenes de pago, maniobra que no se volvió a repetir en otras gestiones”.

Fuente: MPF

Una nueva jornada de testimonios se inició este lunes 15 de marzo en el marco de la causa por la que se investigan supuestos delitos de corrupción durante la última gestión de gobierno de Mario Das Neves.

Nuevamente el ex ministro Coordinador de Gabinete, Alberto Gilardino fue convocado a dar testimonio de su paso por la función pública durante el periodo en que se investigan los hechos.

Luego de un repaso de sus nombramientos (Secretaría de Pesca y Ministerio de Coordinación) se sometió a las preguntas del MPF en cabeza de Marcos Nápoli.

Gilardino explicó las funciones de los ex secretarios privados del extinto gobernador graficando que las cuestiones administrativas estaban a cargo de Diego Correa y las relacionadas a la agenda política eran manejadas por Gonzalo Carpintero.

Resaltó que Correa podía cumplir las funciones de Carpintero en ocasiones pero que no era así de manera inversa, Carpintero sólo se ocupaba de la política.“…Correa tenía mucho manejo, mucho peso, incluso más que yo…”, sentenció.

El testigo fue consultado sobre su aparición en las célebres planillas de cálculos donde se consignaron nombres de funcionarios públicos y montos de dinero supuestamente en carácter de sobresueldos.

Negó haber visto esas planillas y agregó que la suma que se consignó ahí nunca la cobró, Además agregó que para sus pares del gobierno él siempre fue “Beto” en alusión que en los listados aparece como Gilardino además que al tiempo de los supuestos pagos de sobresueldos él ya no cumplía funciones en el gabinete provincial.

Siguiendo con su alocución, Gilardino explicó que luego de reemplazar a Víctor Cisterna en la jefatura de gabinete.

Diego Correa le explicó como se manejaría la gestión diaria había cuenta del delicado estado de salud del gobernador Das Neves y la falta de toma de decisiones producto de esta situación. “…esta plata vas a cobrar en compensación por tu disponibilidad todos los días…”.

Gilardino explicó que le pagaban sobresueldos de $100.000 mensuales y que se hacía en efectivo en la oficina de Correa. “Yo ganaba $35.000 como jefe de gabinete, los funcionarios tienen que ganar más para evitar todo esto. Que haya plata por afuera pasó toda la vida, hay que dejar la hipocresía de lado. Haber cobrado esa plata estuvo mal…”, se sinceró el testigo.

Siguiendo con el relato y a merced de las preguntas, Gilardino explicó que la situación económica y política era sumamente delicada, “…estábamos con un gobernador que se moría, esa era la situación…” graficó.

En ese hilo de explicación resaltó la figura del Ministro de Economía Pablo Oca. “…Realmente era la tarea más fea, decirle que no a todo el mundo porque no había plata y muchas veces por su forma de ser lo hacía de manera bastante fuerte, incluso casi se van a las manos con Correa por ponerse firme con los pagos…”, concluyó.

En segundo término, declaró el Arquitecto Alejandro Bertorini quien se desempeñó como presidente del Instituto Provincial de la Vivienda entre los años 2015 y 2016.

Se refirió al manejo de la gestión del IPV, a la situación económica, los fondos nacionales y provinciales destinados a las obras de vivienda.

En su relato informó que promediando su gestión empezó a advertir situaciones no deseadas haciendo referencia a un supuesto clientelismo político en la atribución de viviendas a tal punto de advertir que se había adulterado el padrón de beneficiarios en favor de “personas allegadas o militantes”. “…Había pedidos indebidos de viviendas para parientes o amigos…”, detalló Bertorini.

El ex presidente del IPV explicó que su relación con el ex secretario de Das Neves era mala. “…Me habían pedido la renuncia del gerente general del Instituto porque me advertían que su tarea en relación a las cooperativas era deficiente…”. El funcionario era el Arq. Guillermo Meyer y lo había designado Bertorini por ser una persona de su confianza. “…Me hicieron saber que debía designar en su reemplazo a Jorge Etchepareborda, quien se desempañaba en el área de cooperativas del IPV, me negué a ello y luego renuncié…”.

Luego fue el turno de la contadora Sandra Torres quien se desempeñó como Directora General de Administración del IPV.La funcionaria hizo un pormenorizado relato del proceso de la administración de los fondos del instituto y la metodología de pagos de certificados de obra.

Torres dejó resaltada la situación de endeudamiento que la provincia arrastraba por ese entonces.

Se decretó la emergencia económica para poder manejar la deuda que alcanzaba los $ 500.000.000. En razón de ello la contadora explicaba que los pagos se analizaban junto al presidente y se priorizaban las situaciones financieras de cada empresa que producto de ello, estaban cada vez más complicadas.

La funcionaria explicó también que el entonces presidente del IPV Martín Bortagaray le explicó que se confeccionaría una lista de empresas para pagar en ocasiones que él no estuviera en la zona y debía mandársela por correo electrónico con copia a Diego Correa. Ya después Correa me mandaba mensajes directamente para chequear la lista y pedir incorporar pagos a otras empresas “…Menedin, Igarzabal, Sudelco…” recordaba.

El Presidente Alberto Fernández en su visita a Chubut, se vio envuelto en una bataola entre manifestantes anti minería y una grupo que estaría identificado con el gremio UOCRA.

Al respecto el vice intendente de Comodoro, Othar Macharashvili se sumó a las críticas y desde Twitter expresó

“Para un control de tránsito en la Av Tiburón a las 18hs se movilizó más de 50 agentes, incluyendo la GEOP. Para la custodia del Presidente que vino a la zona de incendio en cordillera, el Ministro de Seguridad dispone 5 policías. Tome nota escribano Arcioni, ¿esas son las prioridades?” se preguntó el mandatario.

La Cámara de Representantes de Estados Unidos votó del impeachment al presidente Donald Trump por «incitación a la insurrección» tras el asalto al Capitolio.

El presidente Donald Trump aguarda inusualmente callado la decisión del Senado de los Estados Unidos, donde este miércoles por la tarde se vota la propuesta de la Cámara de Representantes de hacerle un juicio político por sus declaraciones incendiarias sobre un supuesto fraude electoral que incitaron la toma del Capitolio el 6 de enero pasado.

Para el final de la votación se registraron 232 votos a favor del impeachment de Donald Trump y 197 en contra, informó el sitio The New York Times. Hacía falta 217 apoyos para la iniciativa de la bancada demócrata.

Será la segunda vez que Donald Trump atraviese un juicio político: la primera fue en diciembre de 2019, cuando la Cámara Baja lo acusó de presionar al Gobierno de Ucrania para que investigara a su rival demócrata Joe Biden.

Pero en 2020, cuando el proceso quedó en manos del Senado de mayoría republicana, fue absuelto por sólo un voto de diferencia.

En cambio la votación de este miércoles en la Cámara baja significa que Trump será juzgado por un Senado de mayoría demócrata recién conformada.

A siete días de pasarle el mando de la nación a Joe Biden, Donald Trump será acusado formalmente de «incitación a la insurrección» debido a la «divulgación de declaraciones falsas» sobre un supuesto fraude electoral que nunca fue probado.

Los mensajes en Twitter de Donald Trump podrían haber sido un episodio más de su verborrágica presencia en las redes sociales, pero a sólo una semana de que termine su mandato el efecto que produjeron esos tuits le valió la pérdida del apoyo de al menos seis senadores republicanos, que ya anunciaron que apoyarán el pedido de juicio político impulsado por los demócratas.

De hecho, 10 los votos logrados este miércoles en la Cámara baja corresponden a republicanos que le retiraron su apoyo al mandatario saliente.

La Cámara de Representantes finalizó su actividad sobre este tema y volverá a reunirse el viernes, 15 de enero.

Fuente: M1

La Unión de Asambleas se declara en estado de alerta máxima, asamblea y movilización permanente. Repudio puntual a las declaraciones del ministro de Salud.

Los asambleístas del No a la Mina convocan esta tarde a las 20 horas desde Plaza San Martín, a una marcha de antorchas para continuar las acciones de movilización frente a la amenaza de la zonificación.

Esta mañana compartieron desde el local del No a la Mina un nuevo documento de la unión de asambleas y repudieron particularmente las expresiones del ministro de salud, Fabián Puratich, a quien desde hace unos días le exigen un pronunciamiento como el responsable máximo de salud de la provincia.

Parte de las expresiones volcadas en duros términos sobre el ministro de Salud:

“La constitución provincial establece la responsabilidad de controlar los factores sociobiológicos y ambientales. Podemos denunciar que el ministro de salud está incumpliendo con sus deberes de funcionario público. Tiene el deber de asesorar al gobernador por los riesgos de salud que podría traer aparejado el proyecto de las empresas mineras”.

Luego, le recordaron que “no puede estar al margen de lo expresado por Arcioni” y dijeron que “no sabemos si el ministro está presionado por sus compromisos políticos o es un incompetente”.

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, volvió a ser centro de polémica por una frase homofóbica. El martes, en referencia a la lucha contra la pandemia de coronavirus, el mandatario dijo que es necesario “enfrentarla con coraje” y que Brasil debe dejar de ser “un país de maricas”.

Durante el evento de relanzamiento del turismo, llevado a cabo en el Palacio del Planalto, el presidente del país vecino sostuvo que la enfermedad fue “sobredimensionada” y criticó a quienes comenzaron a asustar a la gente con la posibilidad de una segunda ola.

«Ahora todo es la pandemia. Lo siento por los muertos, lo siento. Todos vamos a morir un día, aquí todos moriremos algún día. De nada sirve huir de esto, de la realidad. Tenemos que dejar de ser un país de maricas”, expresó en su discurso.

Bolsonaro celebró además la suspensión de los exámenes con la vacuna china en San Pablo determinada por la Agencia Sanitaria federal, lo que causó críticas del gobierno paulista que sospecha de “politización” del caso.

La Agencia Nacional de Vigiliancia Sanitaria (Anvisa) interrumpió las pruebas con la vacuna CoronaVac a causa de la muerte de uno de los cerca de 10 mil voluntarios. Sin embargo, según la prensa brasileña, se trató de un suicidio.

El mandatario anunció semanas atrás que no comprará esa vacuna Coronavac y acusó al gobernador Joao Doria, de ser un “dictador” por defender el fármaco chino y la inmunización obligatoria. “Muerte, invalidez, anomalía, ésta es la vacuna respaldada por Doria», apuntó el jefe de Estado en sus redes sociales.

Las recientes declaraciones del Goberandor del Chubut, Mariano Arcioni, sobre los planes de avanzar con la minería en la zona de la Meseta causaron fuerte malestar.

A raíz de los dichos del mandatario provincial, las asambleas de Esquel y Trevelin decidieron organizar una caravana de autos para este viernes desde las 11 horas.

La convocatoria fue bajo el mensaje de “vienen por todo, llegó la hora de copar la calle”.

La concentración de los vehículos y bicicletas fue en Avenida Yrigoyen y Alvear, a las 11 horas. Los manifestantes llevaron banderas y pancartas rechazando la explotación minera.

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, le puso más leña al fuego en la polémica desatada por la obligatoriedad o no de la vacuna para combatir el nuevo coronavirus y afirmó que en su casa solo su mascota es obligado a recibir los antivirus, informaron el sábado (24.10.2020) diversos medios de prensa.

«Buenas noches a todos. La vacuna obligatoria aquí solo es para Faisca (chispa)», escribió Bolsonaro en su perfil de Twitter posando en una foto al lado de su perro, en una afirmación que fue interpretada como provocación en medio de la disputa ideológica que mantiene con el gobernador de Sao Paulo, Joao Doria.

La afirmación de Bolsonaro se da un día después de que la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (Anvisa) de Brasil, órgano regulador, autorizara la importación de seis millones de dosis de la vacuna Coronavac, desarrollada por el laboratorio chino Sinovac y que en Brasil es probaba por el estatal Instituto Butantán.

Malestar en el ejecutivo
La decisión de la Anvisa se produjo después del veto de Bolsonaro a la compra de 46 millones de dosis, que había sido anunciada por el ministro de Salud, el general Eduardo Pazzuello, creando un malestar en el Ejecutivo.

A pesar de la importación de las seis millones de dosis, la Anvisa aclaró que todavía no significa que el Instituto Butantán, un centro inmunológico referente del país y que forma parte del Gobierno regional de Sao Paulo, esté autorizado para aplicarlas en la población.

Brasil, con casi 157.000 muertes y 5,4 millones de casos de COVID-19, es uno de los tres países del mundo más afectados por la pandemia, junto a Estados Unidos y China.

Sao Paulo quiere que vacuna sea obligatoria
El regulador indicó que la importación de las otras cuarenta millones de dosis no envasadas, consideradas como materia prima para la producción local de la vacuna, está en trámite y la autorización depende del cumplimiento de algunos requisitos técnicos que restan por parte del Instituto Butantán.

Mientras Bolsonaro se opone a la obligatoriedad de la vacuna, Doria, un antiguo aliado y ahora potencial rival político de cara a las elecciones presidenciales de 2022, insiste en tornarla obligatoria para toda la población de Sao Paulo, estado de 46 millones de habitantes y el más goleado por el coronavirus.

Brasilien Corona-Pandemie temporäres Krankenhaus in Rio (picture-alliance/AA/F. Teixeira)
Brasil totaliza a la fecha 156.471 fallecidos por coronavirus, cifra que lo ratifica como la segunda nación del mundo con mayor número de víctimas mortales por la pandemia.

Sobre el polémico asunto, el magistrado Ricardo Lewandowski anunció el viernes que llevará al plenario del Supremo Tribunal Federal (STF), la corte máxima del país, el debate judicial de tres procesos sobre la obligatoriedad o no de la vacuna.

Bolsonaro, que apuesta por la vacuna desarrollada por el laboratorio anglo-sueco AstraZeneca y la universidad británica de Oxford, autorizó la liberación de recursos para la compra de noventa millones de dosis.

Otros antídotos en prueba
Además de esas dos vacunas, en el país se prueban la europea de la multinacional Johnson & Johnson, la del consorcio BioNTech (Alemania) y Wyeth/Pfizer (Estados Unidos) y otra de origen sintético que está siendo desarrollada por la farmacéutica estadounidense Covaxx y la red de laboratorios brasileños Dasa.

La vacuna rusa Sputnik V, por ser desarrollada totalmente fuera del país, no tiene voluntarios y su autorización de comercialización se dará con el «registro» que se otorgará «después de cumplir con todas las exigencias», apuntó la Anvisa, que acompaña las negociaciones de los estados de Bahía y Paraná (sur) con Rusia.

El estado de Bahía (nordeste) también tiene un acuerdo preliminar con la estatal china Sinopharm para probar dos antivirus de ese laboratorio que están siendo desarrollados en Pekín y Wuhan.

Finlandia se sumó a la ya extensa lista de países que salieron a responder en público afirmaciones de Alberto Fernández. La embajada del país europeo en la Argentina publicó ayer un comunicado en el que aclara cómo funciona el servicio de comunicaciones en Finlandia, luego de que el Presidente dijera que allí la telefonía, internet y la televisión paga son «servicios públicos».

El Presidente había hecho esa afirmación al defender su decisión de declarar, por Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), que esos servicios son «públicos» y «esenciales». La medida congeló las tarifas hasta fin de año y estableció la regulación estatal de los precios.

«Algunos piensan que esta medida es por una pelea. Yo estoy defendiendo los intereses de los argentinos. En Noruega y Finlandia, estos son servicios públicos», había dicho el Presidente.

La embajada de Finlandia, sin embargo, hizo una aclaración. Sin mencionar al Presidente en su comunicado, la sede diplomática informó que el Estado garantiza el acceso a los servicios esenciales, pero dejó en claro que se propicia un esquema de «competencia abierta» entre los actores. Es decir, sin intervención del Estado en las tarifas.

«El mercado finlandés en general se basa en la competencia abierta entre sus actores, lo que propicia un clima de mayor elección y precios competitivos para los consumidores. El objetivo del Gobierno es crear un entorno de mercado que brinde nuevas oportunidades de negocios, promueva las exportaciones y aumente la línea de servicios», dice la embajada.

En Finlandia, es el Ministerio de Transportes y Comunicaciones el encargado de garantizar que toda la población cuente con el acceso a redes de comunicación «fiables y seguras y de capacidad suficiente para satisfacer las necesidades de bienestar y crecimiento de la sociedad».

«Los servicios básicos incluyen los de telefonía, banda ancha y correos, así como las operaciones de televisión y radio de la empresa estatal de comunicaciones, Yle. (…) La buena calidad de los servicios básicos está estipulada por legislación», señala el escrito.

Roces con otros países

Además de Finlandia, desde el comienzo de la pandemia de coronavirus, el Gobierno forzó la reacción diplomática de varios países, como España, Suecia, Chile y Brasil. Todos los roces estuvieron ligados a comparaciones por la efectividad de la política sanitaria.

El último choque fue con el gobierno de Jair Bolsonaro, a principios de mes. La embajada de Brasil en Buenos Aires respondió en duros términos a las declaraciones del ministro de Salud bonaerense, Daniel Gollan, quien había afirmado que, de haberse aplicado la «doctrina Bolsonaro» en la Argentina durante la cuarentena, el país tendría «de 25.000 a 30.000 muertos».

La sede diplomática aseguró que los dichos de Gollan «revelan desconocimiento de la realidad brasileña» y que el ministro reveló «un posible y condenable deseo de generar polémica con un país amigo de la Argentina».

Días antes, España contestó a las afirmaciones del gobernador bonaerense, Axel Kicillof, quien en una conferencia había afirmado que en Barcelona regía una «cuarentena estricta» cuando no era así.

«Ni Barcelona ni ninguna otra parte del territorio español están en cuarentena, ni estricta ni de ninguna clase», sostuvo la embajada.

Suecia, por su parte, pidió al Presidente evitar «hacer comparaciones directas» luego de que el mandatario afirmara en mayo que si la Argentina seguía el «ejemplo sueco» en su cuarentena habría muchos miles de muertos más que los registrados hasta entonces.

«Esta es una nueva enfermedad y pasará tiempo antes de que sepamos qué modelos funcionan mejor», afirmó en ese texto el gobierno sueco.

Fernández también enojó al presidente de Chile, Sebastián Piñera, al decir, en abril, que la tasa nuevos casos detectados por cada 100.000 habitantes era mayor en Chile (31,24) que en la Argentina (4,19).

El gobierno chileno respondió con un informe titulado «Chile versus Argentina» que se centró en la cantidad de tests realizados en Chile, que era mayor a los que se habían efectuado hasta ese momento en la Argentina, por lo que, estadísticamente, iba a dar un número mayor de casos. Después, el Gobierno bajó el tono de la discusión.

Por: Alan Soria Guadalupe, indicó La Nación.