La comisión bicameral parlamentaria que controla los decretos de necesidad y urgencia analiza desde las 13 el decreto del Gobierno nacional que declara como servicios públicos esenciales a la telefonía celular, Internet y televisión paga, y congela los aumentos de tarifas hasta fin de año.
La reunión analizará ese DNU junto con otros tres: el de extensión de la moratoria para las pymes, el del plan Procrear de viviendas y el de creación de una agencia para promover la investigación del desarrollo tecnológico.
El titular de la comisión, Marcos Cleri (Frente de Todos), confirmó a Télam que en la reunión se buscará emitir dictamen sobre el decreto anunciado el viernes por el presidente Alberto Fernández y publicado el sábado en el Boletín Oficial.
De todos modos, la convocatoria de la comisión no está exenta de polémicas ya que Juntos por el Cambio decidió impugnar la realización del plenario bicameral y no participar, según adelantó a Télam el diputado radical por Mendoza Luis Petri.
Los legisladores de JxC decidieron enviar una nota a Cleri donde afirman que la reunión no fue convocada con el plazo de 48 horas hábiles y que la modalidad virtual de funcionamiento se encuentra suspendida ya que no se ha renovado el protocolo en la Cámara de Diputados que venció el pasado 7 de agosto.
El Decreto 690 declara «servicios públicos esenciales y estratégicos en competencia» a la telefonía celular y fija, Internet y la televisión paga, al tiempo que ordena suspender «cualquier aumento de precios o modificación de los mismos» hasta el 31 de diciembre, una decisión que fue justificada por la emergencia causada por la pandemia de coronavirus.
Uno de los puntos centrales del decreto es la decisión de incorporar a la Ley de Telecomunicaciones un artículo por el cual se establece que los «Servicios de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) y el acceso a las redes de telecomunicaciones para y entre licenciatarios y licenciatarias de servicios TIC son servicios públicos esenciales y estratégicos en competencia».
Además, la norma prevé que «la autoridad de aplicación garantizará su efectiva disponibilidad», señaló Télam.
