Luego de que el presidente de la Nación Alberto Fernández confirmara a través de un decreto que los integrantes de la Cámara Federal porteña Leopoldo Bruglia y hablo Bertuzzi deben volver a sus tribunales orales federales originales y que el juez de Tribunal Oral Germán Castelli debe regresar a un Tribunal Oral Federal de La Plata, los diputados de la Coalición Cívica anunciaron que denunciarán el hecho al que consideran “un avasallamiento al Poder Judicial que altera el orden constitucional”.
La denuncia que el espacio liderado por Elisa Carrió presentará ante el juez Sebastián Casanello, señala, que “…cabe mencionar que el Poder Ejecutivo nacional y un conjunto de senadores de la nación, junto a la Vicepresidenta de la Nación en su carácter de presidenta de dicho cuerpo, realizaron un procedimiento manifiestamente ilegal que culminó con el desplazamiento de tres jueces federales, evidenciando una remoción ‘encubierta’”.
La denuncia agrega: “Ahora bien, ¿cuáles son las razones por las que dicho procedimiento resulta ilegal y, por lo tanto, configura un avasallamiento institucional? A continuación abordaremos brevemente dichos argumentos en virtud de los cuales, a nuestro entender, los jueces Bertuzzi, Bruglia y Castelli no requieren de un nuevo acuerdo del Senado para continuar en sus cargos por lo que su desplazamiento resulta ilegal. En primer lugar, cabe recordar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación se expresó respecto a la situación de los traslados de magistrados mediante las acordadas N° 4/2018 y 7/2018, donde distinguió aquellos casos en los que efectivamente se requiere un nuevo acuerdo del Senado de aquellos en donde dicho procedimiento no es necesario. Y, como se verá, de dichas acordadas surge con total claridad que en los casos de los traslados de los doctores Bertuzzi, Bruglia y Castelli no resulta adecuado iniciar un nuevo procedimiento de designación”.
Luego del desplazamiento los tres jueces pidieron una licencia extraordinaria hasta que la Corte Suprema de Justicia de la Nación resuelva la situación de cada uno de ellos.
Los diputados de la Coalición Cívica consideran que los traslados fueron avalados por la Corte Suprema de Justicia de la Nación durante el gobierno anterior que los hizo. “Por lo tanto -dice la denuncia-, teniendo en cuenta que los casos de los doctores Bertuzzi, Bruglia y Castelli se trataron de traslados de magistrados federales para desempeñar funciones de la misma jerarquía dentro de la jurisdicción federal, resulta evidente que, tal como expresamente estableció la Corte Federal en la acordada citada, no es necesario llevar a cabo un nuevo procedimiento de designación, tal como erróneamente se pretende a través de los mensajes 60 y 58 del Poder Ejecutivo nacional”.
En la ampliación de la denuncia también cuestionan el procedimiento realizado por el Senado de la Nación, presidido por Cristina Kirchner, para revisar los traslados de los tres jueces ya que, según explican “fueron designados en sus cargos actuales mediante decretos que se encuentran firmes y consentidos”.
Los legisladores concluyeron que “teniendo en cuenta lo establecido por la acordada 7/2018 de la Corte Suprema y las garantías consagradas en nuestra Constitución Federal, resulta evidente que los doctores Bertuzzi, Bruglia y Castelli no requieren de un nuevo procedimiento de designación, por lo que deben permanecer en sus cargos mientras dure su buena conducta, sin ningún tipo de interferencia por parte de los otros poderes del Estado; y, eventualmente, solo podrán ser removidos mediante el procedimiento de enjuiciamiento de magistrados. De lo descripto precedentemente surge con claridad que el procedimiento iniciado por el Consejo de la Magistratura de la Nación, el Poder Ejecutivo nacional, la Vicepresidenta de la Nación y un conjunto de senadores es manifiestamente ilegal. Consecuentemente, dichos acontecimientos afectan la independencia del Poder Judicial de la nación y, por lo tanto, la forma republicana de gobierno contemplada en la Constitución Nacional. Dicho en otros términos: configura un avasallamiento al Poder Judicial que altera el orden constitucional”.
Los diputados hicieron un recuento de las intervenciones de los tres jueces en casos de corrupción en los que estuvieron involucrados ex funcionarios del kirchnerismo, entre ellos Cristina Kirchner, y explicaron: “En conclusión, pareciera evidente que, en rigor, lo que se pretende es remover a aquellos magistrados que dictan sentencias contrarias a los deseos de Cristina Fernández de Kirchner, con el objetivo de garantizar su impunidad”.
Fuente: Infobae
