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A través de un documento enviado a la Oficina Judicial de Comodoro Rivadavia, los jueces penales de esa circunscripción, advierten sobre las implicancias de la exposición pública que ha tenido la presunta inconducta de la jueza Mariel Suárez, y se niegan a integrar tribunal con la magistrada en cuestión. Desde la Asociación de Mujeres Penalistas de Argentina (AMPA), cuestionan la medida adoptada por los magistrados al advertir que se vulneran garantías constitucionales.

El argumento de los jueces de Comodoro se basa en que tras el escándalo mediático que devino en una investigación a la jueza Suárez, resulta necesario, “renovar la confianza pública y el honorable servicio” de Justicia, “dado el inicio de un sumario administrativo por el Superior Tribunal de Justicia y la existencia de dos denuncias ante el Consejo de la Magistratura”.

En ese contexto, los magistrados pusieron en conocimiento de la Oficina Judicial que, “no integraremos ningún tribunal” con la jueza Suárez, “hasta tanto su situación procesal sea definida”.

Sabedores de las diferencias de criterio que pueden surgir como resultado de esta decisión, los jueces penales de Comodoro afirman que su preocupación, “se centra en la protección del regular desenvolvimiento de los procesos, la validez de las resoluciones que puedan recaer y por sobre todo la credibilidad de las decisiones de los tribunales colegiados que integraremos”, indicaron.

Vulneración de garantías

La respuesta de la Asociación de Mujeres Penalistas de Argentina (AMPA), quienes han apoyado a la jueza Suárez desde que se hizo pública la investigación por presunta inconducta, emitieron una comunicación en la que rechazan el pedido de los jueces penales de Comodoro Rivadavia, “toda vez que se trata de una evidente vulneración de las garantías constitucionales que ese cuerpo bajo pretexto de respectar la ley, han avasallado”.

Desde AMPA sostienen que han sido “los propios magistrados quienes han puesto en riesgo el principio de inocencia”, ratificando su apoyo a la jueza Mariel Suárez, en el entendimiento de que ésta ha sido víctima de “persecución y hostigamiento”.

El abuelo de Lucio, Ramón Dupuy, brindó un conmovedor testimonio desde General Pico donde este domingo habrá una movilización. “En este año y pico teníamos que pagarle 3 mil pesos para verlo por videollamada», reveló. Y contó que «cuando lo retaban ese nene se hacía pis encima porque les tenía pánico».

“Hace un año le dije a los jueces que le dejen la tenencia a mi hijo porque lo iban a matar», dijo Ramón Dupuy, abuelo del pequeño Lucio luego del brutal crimen ocurrido en Santa Rosa.

Y añadió: «La propia madre y su pareja lo mataron, lamentablemente estas mujeres, estas cosas mataron a mi nieto a golpes”.

Ramón Dupuy habló con el sitio digital «En Boca de Todos» desde General Pico, donde este domingo -a partir de las 18:00 horas- habrá una movilización convocada en la Plaza San Martín de esa ciudad. También está prevista otra protesta, pero en la Plaza San Martín de la capital pampeana.

El velatorio del nene se realizó este sábado, desde las 19 a las 22 horas. Todavía no fue sepultado, por decisión de la Justicia.

“La gente se tiene que enterar todo lo que paso mi nieto Lucio de 5 años. La propia madre y su pareja lo mataron. Es algo que no tiene sentido, no tiene lógica, es un dolor inmenso. Lamentablemente esta mujer, esta cosa mato a mi nieto a golpes, no sé el motivo por qué no nos dicen nada desde la justicia, no nos dicen cómo murió, qué paso, qué le hicieron”, reprochó.

El abuelo de Lucio también hizo referencia a la lucha que llevaron adelante en la familia por lograr su tenencia. “Todo empieza hace 3 años atrás, que viene ella que no lo puede sostener al nene. Se separa de mi hijo y ella se va a Santa Rosa con otra pareja, otra mujer y no podían tener a la criatura», contó.

«Antes que se cumplieran los dos años ella perdía la patria potestad y un mes antes no sé quién se lo sacó (al padre) y a ese juez o jueza que me mire a la cara, le dije, esa criatura termina mal porque algo le van a hacer, hoy se ven las consecuencias», denunció.

«Se lo dije a todo el mundo y nadie me quiso hacer caso. Hoy perdimos una criatura matada a golpes. Ellas lo mataron a golpes, ¿por qué? Cuando lo retaban ese nene se hacía pis encima porque les tenía pánico, es una locura lo que hicieron”, reveló.

Ramón Dupuy también reveló que para poder ver a su nieto tenía que mandarle plata a Magdalena Espósito Valentí, la madre del niño. “En este año y Pico teníamos que pagarle 3 mil pesos para verlo por videollamada. A veces me lo podían traer, cuando le dábamos plata”, dijo.

“Le pido a los jueces que cambien esto para que no haya otro Lucio. Esto no es justo, no todas las madres tienen la patria potestad por ser buenas personas», reclamó.

 

El ministro protegido del gobernador Arcioni sigue usando también fondos públicos para sostener su remoto proyecto de llegar a ser senador de Chubut y mientras la seguridad de los ciudadanos que dice que va a representar en el Congreso está en crisis, con un notable crecimiento de los delitos en toda la provincia; distrae a los policías que deberían estar ocupados en contrarrestar el accionar de los delincuentes para llevarlos a hacer campaña con él.

En Trelew, en donde puso un jefe de la Unidad Regional que habla de “sensación de inseguridad”, hubo en estos últimos meses –coincidentemente con la llegada de Luis Villagrán–, un montón de robos y asaltos; dos crímenes seguidos que no están aún esclarecidos, la policía pareciera haberse retirado de la calle y Massoni lo único que hace es echarle la culpa de todo a los jueces.

Fue en julio de este año y en un medio de Madryn que es afín al ministro, en donde un magistrado justamente de esa ciudad contestó enérgicamente en aquella ocasión las críticas que Massoni le hacía al Poder Judicial, también, con relación a los detenidos.

“Como todas las declaraciones que hace en campaña el ministro Massoni falta a la verdad”, denunció el juez de Ejecución Penal Daniel Yangüela y a renglón seguido al desmentirlo a Massoni sobre la situación carcelaria y de alojamiento de detenidos que se da en Chubut le endilgó “falta de gestión” y “conductas payasescas que se dan en campaña con el ministro Massoni desde siempre”, aseguró.

“Primero y principal; si es cierto que hay condenados en comisarías y que es responsabilidad directa del Poder Ejecutivo: todo eso viene de antaño, ya el gobernador (Mario) Das Neves cuando inició la obra del Instituto (Penitenciario) Penal (ubicado camino a Madryn) lo hizo, supuestamente, para demoler la Alcaidía (de Trelew) y cuando se lo inauguró no se demolió la Alcaidía. Es más, se intentó duplicar con módulos la capacidad del Penal”, explicó Yangüela.

“El tema es que el ministro (Massoni), lejos de ampliar el penal, lo que amplió fue la (cantidad de) camas dentro de los cubículos en donde tienen que estar los detenidos; esto es, ampliar la capacidad en base a hacer un camastro más de cemento sin tener en cuenta la infraestructura sanitaria, los espacios comunes, el personal de seguridad que se requiere para el manejo de esa cantidad de detenidos en un pabellón, que hace mucho más dificultoso y peligroso para que entre (al lugar) el personal policial”, consignó el juez.

“Si se tiene un discurso de ´mano dura´ y gente presa, deben construirse lugares en donde se pueda tener a esos detenidos en condiciones adecuadas”, añadió Yangüela, contestándole al “payaso” de Massoni.

“Lo que habría que recordarle al ministro es que él se comprometió en 60 días a solucionar con obras y personal la cuestión del penal (IPP) de ruta 3: y esto fue hace un año. ¿Y ahora se queja de las resoluciones de la Justicia? Debería quejarse de la falta de gestión y de la falta de recursos del propio Poder Ejecutivo. Pero estas conductas payasescas, tratando de no ofender a los payasos que tienen una profesión digna, se dan en campaña con el ministro Massoni desde siempre”, señaló el magistrado.

Al finalizar el juez Yangüela aseguró: “Chubut es una de las tres únicas provincias (del país) que no tiene servicio penitenciario provincial y Massoni también debería preguntarse por qué tenemos una estructura policial sin patrulleros, sin personal y con un sargento con 15 años de antigüedad cobrando como un empleado de un kiosco. Creo que ahí tiene que buscar respuestas el ministro Massoni y no seguir mintiéndole a la gente”.

El Consejo de la Magistratura finalizó con el tratamiento de los diversos puntos del Orden del Día previstos en la convocatoria que se desarrolló en el Hotel Lucania de Comodoro Rivadavia. Luego de un arduo trabajo, se logró avanzar en la selección de nuevos jueces de Cámara para distintas circunscripciones judiciales y también se abordó la denuncia presentada contra un juez de la ciudad petrolera. Tal como se había anunciado, uno de los temas centrales previstos era cubrir cinco cargos en distintas Cámaras de Apelaciones en lo Civil y Comercial. Luego de los exámenes escritos y orales, así como las entrevistas individuales, el pleno del Consejo seleccionó como nuevo juez de Cámara de Apelaciones Civil y Comercial para Trelew a Guillermo Walter, y a Guillermo Hansen como nuevo juez de Cámara Civil de Apelaciones Civil y Comercial para Puerto Madryn.

También se seleccionaron tres nuevos jueces para la Cámara de Apelaciones Civil y Comercial de Comodoro Rivadavia, cargos en los que fueron elegidos María Marta Nieto, Verónica Robert y Manuel Pis Diez.

Sumario a Caviglia

En referencia a la segunda de las cuestiones, se decidió no archivar el sumario 142/21, en la denuncia realizada por el gobernador Mariano Arcioni contra el juez penal de Comodoro Rivadavia, Miguel Caviglia, y remitirlo al STJ para que se le imponga una sanción al considerar que sus declaraciones pidiendo la renuncia del mandatario
constituyen una “falta de decoro susceptible de responsabilidad administrativa”, según el artículo 13 de la Ley I N° 231, y el artículo 10 Inc. B del Reglamento Interno del Poder Judicial la presentación.

La denuncia se había originado en octubre del año pasado, cuando el Fiscal de Estado, Andrés Giacomone, en representación del gobernador Mariano Arcioni, denunció a Caviglia por expresiones públicas en medios periodísticos en las que “aprovechándose de su investidura se extralimitó con opiniones dignas de partidismo político, cuestión que configura una intromisión de poderes, un claro activismo político y por consiguiente un claro acto de mal desempeño de su cargo”.

Mal desempeño

Para el gobernador, los dichos radiales del juez comodorense constituyeron “hechos de tal gravedad institucional” que podían considerarse “en las causales de mal desempeño previstas en el artículo 165 de la constitución provincial”. En aquella oportunidad, el juez Caviglia había expresado entre otras cuestiones que “hay una planta política sobredimensionada, con empleados que no concurren a trabajar en el Valle, porque sabemos que son ñoquis. La única posibilidad de la provincia va a ser un sinceramiento total y absoluto que va a tener que llevar adelante quien responda a los destinos de nuestra provincia”.

Y para Arcioni, lo de mayor gravedad fueron sus dichos respecto a que “estoy total y absolutamente decepcionado del señor gobernador, a quien solicito, con todo respeto, que dé un paso al costado porque ha demostrado que no es lo suficientemente idóneo o que no le permiten las circunstancias salir adelante de esta coyuntura tan terrible”. Ahora será el Superior Tribunal de Justicia el organismo que evalúe la sanción que corresponde al magistrado por su actuación, que fue evaluada como una “falta de decoro” por parte del Consejo de la Magistratura.

La ANSES difundió este jueves un informe sobre la jubilación de jueces, fiscales y miembros del Poder Judicial en el que se consignó que el 25% de los funcionarios judiciales que habían sido intimados por el organismo para que finalizaran el trámite jubilatorio completaron el procedimiento de retiro y se jubilaron.

«Uno de cada cuatro jueces, fiscales y funcionarios judiciales que mantenían en suspenso su retiro ya se jubilaron», informaron fuentes de la ANSES sobre el procedimiento del organismo que, como se realiza con el resto de los ciudadanos, solicitó a «más de 210 magistrados» que «entreguen la documentación faltante o bien desestimen el trámite» para jubilarse.

«El 25 por ciento de las 210 carpetas presentadas en su momento por los funcionarios judiciales completaron su gestión en la ANSES y accedieron a su jubilación», subrayaron desde el organismo previsional y de la seguridad social.

El informe aludió a la situación resultante de la modificación del régimen previsional establecida por la ley 27546, sancionada por el Congreso en marzo de 2020 (que fijó un nuevo régimen jubilatorio para magistrados y funcionarios del Poder Judicial).

Esa ley transfirió desde el Consejo de la Magistratura a la ANSES la competencia para ejecutar los trámites de jubilación de jueces, fiscales y funcionarios judiciales.

«El 25 por ciento de las 210 carpetas presentadas en su momento por los funcionarios judiciales completaron su gestión en la ANSES y accedieron a su jubilación»

Tras ese cambio en la normativa, la ANSES constató que «más de 210 magistrados» habían iniciado las gestiones para jubilarse aunque habían dejado el trámite inconcluso, una práctica bastante usual entre magistrados y miembros del ministerio público.

Quienes optaban por esa estrategia de dejar la jubilación en ‘stand-by’ seguían desempeñando la actividad como jueces o fiscales, y si en el Consejo de la Magistratura llegaba a prosperar alguna denuncia en contra de su desempeño en el cargo, entonces sí completaban el trámite.

Sobre esta cuestión, en la ANSES informaron que a partir de los cambios dispuestos por la ley 27546 se realizó una «investigación de rutina» por la cual se comprobó que «había funcionarios judiciales con expedientes de hasta 13 años en stand-by».

Esos magistrados, fiscales o integrantes del Poder Judicial, remarcaron, «mantenían en suspenso su jubilación, con los perjuicios y gastos administrativos que eso generaba al organismo».

Por último, desde la entidad anunciaron que «el resto de los expedientes» jubilatorios pertenecientes a jueces, fiscales y funcionarios judiciales que están iniciados pero que permanecen inconclusos por decisión de los propios interesados «pasará a una revisión caso por caso, para definir su situación».

Estamos hablando de Chubut, donde hay una crisis terminal. Se adeudan tres meses y el medio aguinaldo al océano de empleados públicos que se amontonaron en 2 décadas, en una economía destruída. Es el final catastrófico de una demagogia cocinada en los últimos 20 años que engordó al Estado provincial, liquidó a la economía privada y generó una crisis fiscal indomable que hace rato se trasladó a la política y ahora, finalmente, se transformó en una crisis institucional, donde los tres poderes del Estado se están tirando con todo.

La casta clientelar que quebró Chubut carece de valentía y liderazgo para buscar una solución. Y la crisis se hace institucional.

Ayer, el gobernador Mariano Arcioni, anunció que va a pedir el juicio político de dos jueces, a los que acusa de hacer partidismo político a través de los medios de comunicación.

La verdad es que los dos jueces arrojaron baldes de nafta sobre la crisis chubutense. Uno de ellos dijo que lo que todos saben: que la planta política que mantiene el Estado sigue repleta de ñoquis. El otro juez directamente le pidió a Arcioni que se vaya. Eso de por sí es insólito. Pero además el juez fustigó a los legisladores por no destituir a Arcioni. Es un todos contra todos que nadie sabe cómo se va a resolver.

La Legislatura le aprobó un permiso a Arcioni para que se endeude para pagar sueldos. Pero eso, además de no resolver la cuestión de fondo, es pensamiento mágico: no hay nadie dispuesto a prestarle un centavo a Chubut. Y la Cámara de Diputados de la Nación se negó a tratar un proyecto presentado por un diputado chubutense que directamente pidió que la Nación le de un subsidio de 30 mil millones de pesos a Chubut para poner al día los sueldos. Una provincia planera quieren. Por suerte, Diputados lo rechazó.

Corrompidos por el clientelismo

El desastre de Chubut, dice un estudio encargado por las empresas de la provincia, empezó en 2003, cuando el clientelismo estalló y nunca frenó. En aquel año, los estatales eran 22.000. En junio de este año, los empleados del sector público eran 65 mil.

Eso sucede cuando una casta política corrupta se apropia del Estado para financiar con el presupuesto público su propia perpetuación. Un puestito, un voto. En Chubut el líder de esa camarilla fue el exgobernador Mario das Neves, muerto en 2017 y padrino de Arcioni. En cada provincia pongan ustedes el nombre que más les guste.

En Chubut todos admiten que fue así. La semana pasada, el intendente de El Maitén, Oscar Currilén, reconoció que en su municipio hay muchos ñoquis, que se acomodan en tareas pasivas o ni siquiera van a trabajar y que él es en parte responsable. “Pero no está en mí echar gente, no puedo, y terminan con tareas pasivas y dando vueltas”, dijo. La irresponsabilidad al palo.

Cuando Arcioni sucedió a Das Neves en 2017 mantuvo la tónica. Para ser elegido en un segundo mandato otorgó en campaña en 2018 aumentos de hasta 100%, que todos sabían que no se iban a poder pagar.

¿Qué más quieren?

Toda esa casta corrupta -y muchos de los ciudadanos, que participan de estas fiestas cuando aceptan un acomodo para vivir de arriba- logró quebrar a una provincia privilegiada. Chubut tiene petróleo, pesca, ganadería, minería y turismo. Pero encima cobra regalías petroleras que le pagamos todos en el surtidor. Y encima paga menos impuestos que el resto del país por ser zona patagónica. Y, encima, de esos impuestos que pagan los otros, se queda con más dinero que el promedio, porque también está privilegiada en la coparticipación.

O sea: ¿qué más quieren? ¿los chubutenses van a seguir con el pensamiento mágico, exigiendo que alguien les regale más dinero?

¿Cómo hacen para estar en crisis contando con todas esas ventajes? La respuesta es sencilla. Y la da el Indec: en el Gran Comodoro Rivadavia sólo el 30,5% de la población total trabaja (y la enorme mayoría son todos esos empleados públicos). Pese a eso, el desempleo es sólo 6,5%. Es decir, demasiados chubutenses ni trabajan ni buscan trabajo.

Este es el desastre estructural que la demagogia populista construyó en gran parte del país. Es lindo mientras dura regalar puestitos, sueldos y subsidios. Pero un día se cierran todas las puertas, como sucede hoy en Chubut. Y la casta política que hizo el desastre es demasiado cobarde e inepta para convencer a una sociedad cómplice y a estas alturas en gran parte parasitaria, de que es necesario aceptar el ajuste y reformar todo. Entonces corren para adelante. Y tarde o temprano chocan. Por ahí va corriendo Chubut, ahora ya con un conflicto de poderes. Pero, ojo: no es sólo Chubut. Medio país está en el mismo camino.

Dos jueces de la ciudad de Comodoro Rivadavia, Miguel Angel Caviglia y Alejandro Soñis, hicieron fuertes declaraciones contra el Gobierno provincial, al punto de pedir que el gobernador mariano Arcioni de un paso al costado, además de cuestionar el exceso de empleados públicos y calificar a la zona del Valle como un lugar lleno de “ñoquis”.

Caviglia y Soñis hicieron declaraciones en El Comodorense Radio. El primero expresó que “estamos muy preocupados con esta situación y más allá del pago de nuestro salario que nos adeudan al día de la fecha tres meses devengados y el medio aguinaldo correspondiente al mes de julio, nos encontramos en una situación realmente agobiante, mucha gente desesperada porque no hay ningún tipo de respuestas del Gobierno provincial.”

“No hay más que versos y expectativas y lo único que hacen es endeudarnos más a la provincia y no dar ningún tipo de respuestas a algo que no admite más espera”, manifestó el juez, en un tono inusual para un magistrado para referirse a otro poder del Estado.

Caviglia aclaró que están evaluando llevar adelante algún tipo de medida: “La situación está muy tirante y no creo que pasen muchos días para que se resuelva”, dijo sin aclarar a qué se refería.

Soñis, por su parte comentó que “vemos muy preocupados y con mucho enojo los ataques al sistema de justicia, es un desprestigio continuo. El otro día veíamos con bastante desazón que querían hacer creen el problema económico de la Justicia tenía que ver con el nivel de sueldos que había por parte de algunos poderes. Yo creo que ya nadie cree esta situación, es difícil creer que tenga que ver con el nivel de sueldos, además de que no lo ganamos, directamente no lo percibimos”.

Soñis disparó más fuerte: “A mí me preocuparía más el nivel de corrupción que pueda haber en algún lugar determinado de la provincia que el nivel de sueldos que están devengados y no percibidos”, expresó.

Manifestó también que no cobrar hace más de tres meses les ha generado perjuicios concretos con compromisos que tienen y no pueden afrontar “la situación es insostenible”.

Caviglia, mientras tanto, se quejó de que “hay una planta política sobredimensionada, con empleados que no concurren a trabajar en el Valle, porque sabemos que son ñoquis. La única posibilidad de la provincia va a ser un sinceramiento total y absoluto que va a tener que llevar adelante quien responda a los destinos de nuestra provincia”, manifestó.

“Estoy total y absolutamente decepcionado del señor gobernador, a quien solicito, con todo respeto, que dé un paso al costado porque ha demostrado que no es lo suficientemente idóneo o que no le permiten las circunstancias salir adelante adelante de esta coyuntura tan terrible”, concluyó.

 

Los jueces de la ciudad de Comodoro Rivadavia, Miguel Angel Caviglia, Alejandro Soñis, se refirieron en el día de hoy a los atrasos salariales que padecen y la deuda del medio aguinaldo.

Miguel Angel Caviglia, expresó “estamos muy preocupado con esta situación y más allá del pago de nuestro salario que nos adeudan al día de la fecha tres meses devengados y el medio aguinaldo correspondiente al mes de julio, nos encontramos en una situación realmente agobiante, mucha gente desesperada porque no hay ningún tipo de respuestas del gobierno Provincial”.

“No hay más que versos y expectativas y lo único que hacen es endeudarnos más a la provincia y no dar ningún tipo de respuestas a algo que no admite más espera”, manifestó el juez.

Expresó también que “pasan las días, las horas y lejos estamos de algún reconocimiento por parte de Nación con respecto a la provincia”.

Aclaro que están evaluando llevar adelante algún tipo de medida “la situación está muy tirante y estamos frente a una situación que no creo que pasen muchos días para que se resuelva”

Alejandro Soñis por su parte comentó “estamos muy preocupado, respuestas no vemos, desde mayo que venimos reclamando, esto pareciera que se ha naturalizado”

Agregó también que “vemos muy preocupado y con mucho enojo ataques al sistema de justicia, es un desprestigio continuo, el otro día veíamos con bastante desazón que querían hacer creen el problema económico de la justicia tenia que ver con el nivel de sueldo que había por parte de algunos poderes” y dijo “yo creo que ya nadie cree esta situación, es difícil creer que tenga que ver con el nivel de sueldo, ademas de que no lo ganamos, directamente no lo percibimos”.

“A mi me preocuparía más el nivel de corrupción que pueda haber en algún determinado de la provincia que el nivel de sueldos que están devengados y no percibidos”, expresó Soñis.

Manifestó también que no cobrar hace más de tres meses les ha generado perjuicios concretos con compromisos que tienen y no pueden afrontar “la situación es insostenible”.

Caviglia se refirió a los pedidos de juicio político hacia el gobernador Mariano Arcioni “Han minimizado los tres o cuatro pedidos de juicio político que están el la Legislatura, dicen que no estábamos frente a situaciones que podían hacer prosperar un juicio político del gobernador”.

Agregó también “hay una planta política sobredimensionada, con empleados que no concurren a trabajar en el Valle, porque sabemos que son ñoquis”.

“La única posibilidad de la provincia va a ser un sinceramiento total y absoluto que va a tener que llevar adelante quien responda a los destinos de nuestra provincia”, manifestó.

“Estoy total y absolutamente decepcionado del señor gobernador a quien solicito, con todo respeto, que de un paso al costado porque ha demostrado que no es lo suficientemente idóneo o que no le permiten las circunstancias salir adelante adelante de esta coyuntura tan terrible”, concluyó.

Luego de que el presidente de la Nación Alberto Fernández confirmara a través de un decreto que los integrantes de la Cámara Federal porteña Leopoldo Bruglia y hablo Bertuzzi deben volver a sus tribunales orales federales originales y que el juez de Tribunal Oral Germán Castelli debe regresar a un Tribunal Oral Federal de La Plata, los diputados de la Coalición Cívica anunciaron que denunciarán el hecho al que consideran “un avasallamiento al Poder Judicial que altera el orden constitucional”.

La denuncia que el espacio liderado por Elisa Carrió presentará ante el juez Sebastián Casanello, señala, que “…cabe mencionar que el Poder Ejecutivo nacional y un conjunto de senadores de la nación, junto a la Vicepresidenta de la Nación en su carácter de presidenta de dicho cuerpo, realizaron un procedimiento manifiestamente ilegal que culminó con el desplazamiento de tres jueces federales, evidenciando una remoción ‘encubierta’”.

La denuncia agrega: “Ahora bien, ¿cuáles son las razones por las que dicho procedimiento resulta ilegal y, por lo tanto, configura un avasallamiento institucional? A continuación abordaremos brevemente dichos argumentos en virtud de los cuales, a nuestro entender, los jueces Bertuzzi, Bruglia y Castelli no requieren de un nuevo acuerdo del Senado para continuar en sus cargos por lo que su desplazamiento resulta ilegal. En primer lugar, cabe recordar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación se expresó respecto a la situación de los traslados de magistrados mediante las acordadas N° 4/2018 y 7/2018, donde distinguió aquellos casos en los que efectivamente se requiere un nuevo acuerdo del Senado de aquellos en donde dicho procedimiento no es necesario. Y, como se verá, de dichas acordadas surge con total claridad que en los casos de los traslados de los doctores Bertuzzi, Bruglia y Castelli no resulta adecuado iniciar un nuevo procedimiento de designación”.

Luego del desplazamiento los tres jueces pidieron una licencia extraordinaria hasta que la Corte Suprema de Justicia de la Nación resuelva la situación de cada uno de ellos.

Los diputados de la Coalición Cívica consideran que los traslados fueron avalados por la Corte Suprema de Justicia de la Nación durante el gobierno anterior que los hizo. “Por lo tanto -dice la denuncia-, teniendo en cuenta que los casos de los doctores Bertuzzi, Bruglia y Castelli se trataron de traslados de magistrados federales para desempeñar funciones de la misma jerarquía dentro de la jurisdicción federal, resulta evidente que, tal como expresamente estableció la Corte Federal en la acordada citada, no es necesario llevar a cabo un nuevo procedimiento de designación, tal como erróneamente se pretende a través de los mensajes 60 y 58 del Poder Ejecutivo nacional”.

En la ampliación de la denuncia también cuestionan el procedimiento realizado por el Senado de la Nación, presidido por Cristina Kirchner, para revisar los traslados de los tres jueces ya que, según explican “fueron designados en sus cargos actuales mediante decretos que se encuentran firmes y consentidos”.

Los legisladores concluyeron que “teniendo en cuenta lo establecido por la acordada 7/2018 de la Corte Suprema y las garantías consagradas en nuestra Constitución Federal, resulta evidente que los doctores Bertuzzi, Bruglia y Castelli no requieren de un nuevo procedimiento de designación, por lo que deben permanecer en sus cargos mientras dure su buena conducta, sin ningún tipo de interferencia por parte de los otros poderes del Estado; y, eventualmente, solo podrán ser removidos mediante el procedimiento de enjuiciamiento de magistrados. De lo descripto precedentemente surge con claridad que el procedimiento iniciado por el Consejo de la Magistratura de la Nación, el Poder Ejecutivo nacional, la Vicepresidenta de la Nación y un conjunto de senadores es manifiestamente ilegal. Consecuentemente, dichos acontecimientos afectan la independencia del Poder Judicial de la nación y, por lo tanto, la forma republicana de gobierno contemplada en la Constitución Nacional. Dicho en otros términos: configura un avasallamiento al Poder Judicial que altera el orden constitucional”.

Los diputados hicieron un recuento de las intervenciones de los tres jueces en casos de corrupción en los que estuvieron involucrados ex funcionarios del kirchnerismo, entre ellos Cristina Kirchner, y explicaron: “En conclusión, pareciera evidente que, en rigor, lo que se pretende es remover a aquellos magistrados que dictan sentencias contrarias a los deseos de Cristina Fernández de Kirchner, con el objetivo de garantizar su impunidad”.

Fuente: Infobae

El presidente del Consejo de la Magistratura, Enrique Maglione, en diálogo con Crónica se refirió a la situación del fiscal Héctor Iturrioz y planteó que, en breve deberán dar inicio los dos juicios políticos que fueron pedidos para el magistrado de Comodoro. Maglione puso el foco de análisis en el accionar del funcionario al momento de detener al exministro de Familia de la provincia, Martín Bortagaray, y señaló que, al ser un técnico del derecho, Iturrioz debió haber sabido que la detención del exfuncionario provincial traería consecuencias aparejadas.

El fiscal Héctor Iturrioz, cuestionado en el último tiempo, tiene dos pedidos de juicio político. Uno de ellos es por la detención del extitular de la cartera de Familia a nivel provincial, Martín Bortagaray. El otro es por su desempeño como magistrado a lo largo de los tres primeros años de función. El titular del Consejo de la Magistratura, Enrique Maglione, habló sobre los pedidos de juicio político para el magistrado de la ciudad petrolera y trazó un análisis profundo al respecto.

En primer término, el abogado recordó que para los cargos de magistrados, luego de transcurridos tres años de haber comenzado en la función, todos son sometidos a un proceso de evaluación, para determinar si el desempeño fue o no satisfactorio. “Si la evaluación es aprobada, de ahí en adelante, si el magistrado en cuestión no incumple con su tarea en ningún sentido, el cargo se transforma en vitalicio.

Todos los cargos que comprenden jueces, fiscales y defensores tienen esta modalidad. La evaluación es algo que se hace una sola vez, pero obviamente, en el medio puede pasar algo y, independientemente de haber tenido una buena evaluación antes, la persona puede ser removida.

Mientras dure la buena conducta, el hombre o mujer en el cargo se puede jubilar en esa función, o por lo menos en el sistema. Pero si incurre en alguna de las causales de mal desempeño, se puede iniciar un sumario administrativo”, explicó.
Si el escenario de mal desempeño ocurriera, se inicia el sumario administrativo en el Consejo de la Magistratura y el organismo determina si corresponde o no la máxima pena, que sería la destitución.

“Se transfieren todas las actuaciones al Tribunal de Enjuiciamiento y se lleva a cabo un juicio constitucional con todas las garantías necesarias. La persona puede ser destituida o absuelta, porque puede demostrar que no incurrió en ninguna irregularidad, en ningún incumplimiento de funciones. También puede caber una inhabilitación para cargos públicos, dependiendo de la gravedad del caso”, agregó Enrique Maglione.

Causales diversas para el segundo jury

Por último, el titular del Consejo de la Magistratura se refirió a las causales del segundo pedido de juicio político en contra del fiscal Iturrioz y planteó que debido a una serie de causas que nunca terminaron de resolverse en Comodoro, sumado a una serie de denuncias en contra del magistrado, se decidió avanzar con un segundo jury.

“En el segundo pedido de juicio político contra Iturrioz hay causales diversas. Hubo una serie de denuncias de procesos que no llegaban a buen puerto por falta de investigación.

Esto derivó en causas resonantes en Comodoro Rivadavia. En esto no hubo ningún tipo de subjetividad, porque todo lo planteado fue demostrado. Además, hubo una comisión integrada por cuatro miembros, cada uno representando los estamentos del Consejo.

Uno para los empleados judiciales, otro para los funcionarios, uno para los abogados y un consejero popular. A Iturrioz se le dio la posibilidad de que se defendiera, él habló en el Consejo antes de que nosotros emitiéramos la votación. Se otorgaron todas las garantías habidas y por haber. No hubo una cuestión subjetiva contra el fiscal”, señaló Enrique Maglione.

En esta línea el funcionario planteó, respecto a las fallas del fiscal de Comodoro, que al día de hoy tiene dudas sobre si fueron mayúsculas o mayores que las de otros, pero sí resaltó que en su momento, sí se determinó que así fue, esto tuvo motivos válidos. “Nosotros no tenemos algo en contra de Iturrioz. En su momento, él dijo a los medios de comunicación que había una suerte de persecución del Consejo de la Magistratura hacia su persona.

Seguramente debe haber dicho esto por alguna cuestión particular que le ocurría en ese momento. Lo conozco poco y sé que es una persona algo impulsiva, pero más allá de esto tengo que decir que no existe ningún tipo de animadversión contra su persona. Además, no somos nosotros los que hacemos la denuncia, nosotros solo actuamos de oficio”.

Concurso para cubrir dos cargos de jueces en Comodoro

Por último, el presidente del Consejo de la Magistratura se refirió a un concurso para cubrir dos cargos para jueces en la ciudad petrolera.

“La semana próxima vamos a tener una sesión para efectuar un llamado a concurso que quedó cerrado desde el año pasado y que quedó pendiente por el tema de la pandemia, para cubrir dos cargos de jueces en la ciudad de Comodoro Rivadavia, uno para juez civil en el Juzgado Civil número tres y otro para el Juzgado Laboral número tres.

El concurso va a ser los días miércoles 16, jueves 17 y viernes 18. Por otro lado, hemos hecho un llamado a concurso para cubrir treinta y tres cargos en el Poder Judicial. Se van a ir fijando las fechas a la brevedad”, concluyó.

El fiscal cometió “una falta en su función, un error inexcusable del derecho”

Maglione ahondó en las causales de los juicios políticos pedidos para el fiscal Iturrioz y resaltó que, de cierto modo, el funcionario incumplió con sus funciones cuando detuvo al exministro Bortagaray. “Él tendría que haberle pedido al gobernador que le saque los fueros al ministro, para luego recién detenerlo”, señaló.

Como dato a destacar, hay que decir que el organismo que tomó la decisión de efectivizar los pedidos de juicio político fue el Consejo de la Magistratura. En tanto, la denuncia por la detención del ministro Bortagaray fue hecha por un particular.

Posterior a esto, la institución presidida por Enrique Maglione conformó una Comisión de Admisibilidad, compuesta por cuatro consejeros.

Esos cuatro consejeros determinaron que la denuncia era viable. “Se hizo un sumario administrativo, en este caso a tres magistrados. El pleno del Consejo aprobó el dictamen del sumariante, que fue Luis Torrijos -vicepresidente del Consejo de la Magistratura-.

Además, la Comisión de Evaluación, también compuesta por cuatro consejeros, le hizo una evaluación a Iturrioz y dio negativa, es decir que no fue satisfactorio su desempeño en estos tres años”, explicó el titular del Consejo de la Magistratura.

Arbitrariedad en la causa de Bortagaray

Respecto a la causa del exministro Martín Bortagaray, que fue detenido cuando todavía tenía fueros, el presidente del Consejo de la Magistratura planteó que “se determinó que hubo una arbitrariedad por parte del fiscal Iturrioz. No hay ningún tipo de animosidad en contra de él, pero los hechos fueron así.

Esto es algo que lo determinó el sumariante, me refiero a la arbitrariedad. Esto constituye una falta en su función, un error inexcusable del derecho, el haber pedido y llevado adelante la detención de un ministro que tenía fueros constitucionales, él debió haber sabido que no podía hacer eso. Tendría que haberle pedido al gobernador que le saque los fueros al ministro, para luego recién detenerlo”.

Además, el funcionario hizo hincapié en la “espectacularidad” que tuvo la causa. “En su momento, cuando yo emití mi voto, dije que debían ser tres los magistrados remitidos al Tribunal de Enjuiciamiento.

Los fiscales son el control de la legalidad, y los jueces el control de la constitucionalidad, por lo tanto ellos no pueden desconocer la ley, el derecho. Lo puede desconocer cualquier persona de la calle, pero no un magistrado, porque se presume que conocen el derecho. Eso para nosotros fue una falta grave, por eso se derivó en los juicios políticos”.