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El fiscal denunciado es Fernando Rivarola; el del caso de la “violación en manada” de playa Unión que a comienzos de este año tuvo que afrontar serias críticas y hasta pedidos de renuncia desde distintos sectores de la sociedad argentina, al trascender a nivel nacional e internacional por considerar que los imputados habían tenido “un desahogo sexual”.

La denunciante de Rivarola es la doctora Florencia Gómez –fiscal de Rawson–, quien habló por Radio 3 AM 780 en los siguientes términos: “Soy una persona educada que jamás le falto el respeto a nadie, y exijo entonces que se me trate como corresponde”

“Pienso que estamos en una época en la que hubo un cambio para que las mujeres tengamos la posibilidad de hacer los reclamos que corresponden, exigiendo que se nos trate como se debe”, opinó y consignó: “Primero y principal con el respeto que se le debe tener a cualquier persona y darnos el lugar que corresponde también como mujer”.

“Una de las cuestiones en las que hago hincapié en la denuncia –contó— es que tome como última opción el ir hasta el Consejo de la Magistratura, porque previamente ya había hecho las presentaciones correspondientes institucionalmente y no recibí respuestas. Entonces me vi obligada en hacer la denuncia en el Consejo”

¿Qué es lo que se denuncia concretamente ahí? Se le consultó. “Maltrato institucional y violencia de género”, respondió Gómez y luego explicó que su jefe (Rivarola) “constantemente desmerecía mi trabajo, lo desprestigiaba y no me trataba como un par. Más allá que una sea mujer se merece respeto, como cualquier persona, colega o compañero de trabajo (…) Yo viví situaciones violentas y dudo que se hubiese manejado así si hubiese sido un fiscal hombre. Esto que estoy diciendo lo puse mejor aclarado en la denuncia”, agregó.

–Y estos maltratos, esta situación de violencia de género ¿Cuándo comienza, hace poco? Se le preguntó. “Empecé a compartir con él la oficina, cuando el doctor (Fernando) Rivarola llega a Rawson en enero de 2019. Siempre trabajé con el doctor Heiber (el fiscal que renunció hace tres meses, denunciando presiones de sus superiores); fui su funcionaria y después tres años fiscal a la par de él:  éramos tres fiscales, Rivarola, Heiber y yo, y nunca tuve ningún tipo de inconveniente con el doctor Heiber con quien venía trabajando desde hacía cinco años, ni con el (recordado) doctor (Sergio) Ferrín con el que tampoco tuve ningún problema, inclusive, fui tratada muy educadamente, como corresponde al cargo, a la función y a la persona”, insistió. “Siempre me trataron con total educación y respeto”, subrayó.

“No fue así cuando me tocó trabajar sola con el doctor Rivarola, que fue hace poco después que renunciara el doctor Heiber. Ya había habido situaciones que puse en conocimiento pero no se tomó ningún tipo de medida, entonces esto género –al no tomarse ninguna medida—que cada vez se incrementara más el destrato”, indicó.

–Claro, porque él conoció o se enteró de que usted lo había denunciado. Se le apuntó. “Sí, fui haciendo como corresponde institucionalmente las denuncias internas, poniendo en conocimiento a mis superiores situaciones violentas que más allá de ser mujer creo que ninguna persona debe sufrirlas en un ámbito de trabajo o donde fuere”.

“Siempre digo que la violencia jamás se la debe justificar, nada la justifica. Nada, absolutamente nada. Nadie merece ser violentado y todo el mundo debe ser respetado”, agregó.

—Estos maltratos que usted denuncia, ¿comenzaron por algo en particular? Se le consultó. “No, no hubo nada en particular. Simplemente empezaron a surgir y fueron delante de compañeros. Hay gente que en la denuncia aparece como testigos de estas situaciones que me tocó vivir”, contó.

Se le preguntó luego cómo se sentía el día después que trascendiera públicamente su denuncia, como un hecho que no tiene precedentes en la Procuración Fiscal y en el Poder Judicial de Chubut.

“Lamento tener que haber llegado a esta situación, de tener que denunciarlo, porque hubiese sido mucho más próspero para nuestro trabajo el que esta persona hubiera cambiado su actitud conmigo. Pero evidentemente tuve que llegar hasta esta instancia porque lejos de desistir en sus actitudes hacia mí las fue incrementando: se incrementó el desprecio, las situaciones de violencia y aumentó también el interés de desprestigiar mi trabajo”, denunció.

–¿Su jefe superior el procurador General Jorge Miquelarena la llamó? Se le consultó. “No. Aún no (…) Me llamaron de todos lados, mujeres que se solidarizaron conmigo (sobre todo) y que ahora se van a empezar a animar a hacer las respectivas denuncias. Yo siempre digo con respeto uno consigue mejores resultados en cualquier trabajo: yo soy una persona educada, que jamás le falto el respeto a nadie, y entonces estoy exigiendo que se me trate como corresponde, nada más. No estoy exigiendo que se me trate diferente, quiero que se me trate como persona y como mujer. Que se me respete”, concluyó Florencia Gómez.

Fuente: Radio 3 Cadena Patagonia

La fiscal general de Rawson, Florencia Gómez, denunció ante el Consejo de la Magistratura a su jefe, el fiscal Fernando Rivarola. Le imputó maltrato, violencia laboral y de género, abuso de poder, arbitrariedad y la “búsqueda deliberada” de perjudicar su carrera profesional.

La fiscal describió “una relación problemática y por demás compleja” con Rivarola que “a esta altura es de carácter personal y ajena a lo estrictamente laboral”.

El fiscal llegó a Rawson en enero de 2019 y desde entonces “mantuvo el peor trato conmigo tanto desde lo personal como desde su cargo”, precisa la denuncia. Primero organizaba reuniones sólo con el exfiscal Osvaldo Heiber, sin convocar a Gómez. “O criticando abiertamente mi trabajo, desacreditándolo delante del personal y mis pares”. La funcionaria aseguró que Rivarola “critica incluso cuestiones de mi personalidad, como mi tono de voz”.

La relación “empeoró y su maltrato y animosidad aumentaron al notar que yo no permitía que me falte el respeto y exigía que respete mi trabajo y cargo”.

Gómez denunció que Rivarola “siempre se encargó de modificar mi equipo de trabajo, siempre conté con menos personas a cargo, e incluso intentó alterar o cuestionar desde mis vacaciones hasta cuando debí tomar breves licencia por enfermedad”. Cuando la fiscal fue contacto estrecho de Covid, Rivarola llamó al Hospital de Rawson para exigir información sobre su caso.

“Jamás escuchó mis pedidos de la necesidad de más personal, al cual maneja en forma totalmente arbitraria, para su conveniencia”.

También lo acusó de manipular los turnos: “En la actualidad cumplo con 15 día de guardia pasiva, y 5 de guardia activa, mientras él no cumple con guardias activas e incluso determinó que la Dra. (Eugencia) Domínguez (procuradora fiscal a su cargo) tampoco cumplirá con guardias”.

“Utiliza su cargo para perjudicarme y para hacer valer respecto al resto del personal su poder y conseguir que se acerquen a él y se alejen o se pongan en contra mío –reclamó Gómez-. Rivarola no ocultaba su desprecio hacia mí y busca sin lugar a dudas que no aguante su presión y renuncie o directamente intentar atacarme por intermedio de ustedes (por el Consejo)”.

La fiscal reveló que su jefe “se jactaba y reiteraba en las pocas reuniones entre las tres fiscales generales que existían en ese momento. Aseguraba que iba a hacer el peor informe para que no me confirmen”.

“La situación jamás mejoró y Rivarola siguió y aumentó su conducta arbitraria buscando incluso poner al personal en mi contra y desautorizándome en forma permanente”.

“Llegó al límite”

La denuncia presentada ante la Magistratura describe que “lo que ya era impertinente y fuera de sus deberes llegó a un límite el día que entró a una oficina donde estaba con Alejandro Soulages (empleado) y empezó a gritarme violentamente, al límite que Soulages intervino exigiéndole que se calme y se controle. Esta forma de intentar imponerse a los gritos se reiteró”.

Un hecho más grave ocurrió el 1º de julio. “Intentó imponer nuevamente su voluntad a los gritos y con maltrato pero con un nivel de virulencia extremo, dentro del ámbito laboral, en oficinas públicas y en horario de atención al público. No mantuvo los parámetros mínimos de respeto que puede exigirse más aún a un funcionario público y más aún cuando se está dirigiendo a una mujer, siendo esta la razón por la que se permite utilizar estos excesos violentos contra mí”.

Fue una discusión por una fecha de vacaciones. “Explotó en ira gritándome en la oficina de choferes del MPF en forma totalmente violenta y golpeando un almanaque de la pared con una lapicera. Más allá que no le asistía razón alguna en su reclamo, lo grave fue su maltrato y su conducta desajustada”. Gómez se fue urgente del trabajo “ante la angustia, nerviosismo y llanto que me generó”. Lo vieron los empleados y hasta vecinos citados. Canceló entrevistas por no estar en condiciones.

La primera denuncia fue al día siguiente, ante el procurador general Jorge Miquelarena. “En todos los casos que Rivarola recurrió a los gritos, buscó avasallarme con ese tipo de violencia aprovechando que soy mujer, dado que jamás lo vi maltratar de esa forma a un hombre”.

Aunque tras la queja con el procurador el fiscal jefe no volvió a gritarle, “el destrato sigue ocurriendo a diario, buscando en forma silenciosa dañar mi trabajo y que el resto del personal desconozca mi autoridad y mi cargo”.

Gómez mencionó a Patricia Cárcamo, funcionaria del equipo de Rivarola. “Se dirigió en forma alterada en mi contra porque en el único caso que tiene conmigo le asigné una audiencia, siendo estas conductas producto del destrato y desacreditación de Rivarola en mi contra”.

“Odio personal

Según la denuncia, Rivarola tiene “animosidad, desprecio y destrato dado que como lo ha manifestado en voz alta, hará todo lo posible para dañar mi carrera”.

La fiscal interpretó que “existe un odio y desprecio personal y alejado de cualquier fundamento Iaboral hacia mí”. Y consideró: “No resulta justo ni correcto que por un desprecio personal de Rivarola se empañe mi carrera”.

La fiscal describió que sólo cuenta con un procurador fiscal y una o dos administrativos. “Jamás conté con más personal a pesar de mis pedidos, cuando lo normal es contar al menos con dos funcionarios y personal administrativo a cargo”.

Llegó a tener más de 500 causas activas “soportando sola presiones de todo tipo sumado a la falta total de apoyo e incluso al ataque permanente de Rivarola, que prioriza su odio personal sobre su tarea”.

“Sé de las presiones que debo soportar propias de mi cargo y demostré aplomo y carácter, pero no tengo que soportar al maltrato y machismo de Rivarola y menos aún permitir que dañe mi carrera en aras de lastimarme personalmente y sin importarle el daño que genere al sistema”, advirtió.

Explicó que primero reclamó internamente ante la Procuración para evitar un escándalo. “Pero ante la escalada de Rivarola y los ataques en mi contra considero pertinente la denuncia formal”.

Gómez también reveló en su denuncia un presunto acuerdo del fiscal jefe con Cárcamo, la procuradora fiscal Eugenia Domínguez y una mediadora de Fiscalía de apellido Cancilleri -“amiga íntima de Rivarola, siendo él quien le consiguió la designación en su trabajo”-.

Este grupo se habría reunido y “se glorificaron de haber armado una operación `brillante´ para atacarme y evitar que sea confirmada por el Consejo, cuestión que daban por segura”. Describió este acuerdo como un “ataque deliberado y con intenciones concretas lejanas al bien común”.

La denunciante también pide investigar a Diego Cruceño, secretario del Consejo que estuvo un tiempo adscripto en Fiscalía “a pedido de Rivarola, siendo él como su esposa sus íntimos amigos”. Gómez relató que Cruceño estuvo en Fiscalía este mes para reunirse con Cárcamo. “Fue una señal de alarma por lo extraño del encuentro y por la búsqueda de esquivarme de Cruceño. Juntando todos los indicios se volvió claro que realmente intentarían generarme un daño en forma organizada y deliberada”.

Desde este lunes el Consejo de la Magistratura desarrolla una intensa agenda en Comodoro Rivadavia, y ya avanzó en varios puntos, como la aprobación del presupuesto para funcionar a lo largo de 2022, así como el llamado para la realización de nuevos concursos destinados a cubrir cargos vacantes en el Poder Judicial.

El presidente del cuerpo, Enrique Maglione, recibió el saludo del intendente anfitrión, Juan Pablo Luque, durante un parate de la sesión que se desarrolla en el Hotel Lucania de la ciudad petrolera.

En uno de los puntos tratados, el pleno aprobó por unanimidad el archivo de la denuncia que había presentado el periodista Luis Dupuy pidiendo la destitución del fiscal Marcos Nápoli, por las causales de presunto mal desempeño y desconocimiento inexcusable del derecho, por su actuación en la causa “Revelación”.

Dupuy reprochaba a Nápoli la decisión de haber avanzado en la suspensión de juicio a prueba con más de 25 empresarios y el haber accedido a un acuerdo con los abogados de los ex funcionarios Pablo Oca y Gonzalo Carpintero, quienes estaban dispuestos a asumir su culpabilidad a cambio de no ir a un juicio oral y de que les sea bajada la pena.

Hay que recordar que el Consejo de la Magistratura lleva adelante hasta el viernes el tratamiento de un Orden del Día compuesto de 10 puntos: 1) Informe de Presidencia; 2) Tratamiento de los Informes de Admisibilidad, que se encuentren pendientes y finalizados; 3) Tratamiento de Dictámenes de Comisión de Evaluación que estuvieren concluidos.

El punto 4) será la Celebración de los Concursos Públicos de antecedentes y oposición, para cubrir los cinco cargos de Jueces de Cámara de Apelaciones Civil y Comercial para las ciudades de Trelew (un cargo), Puerto Madryn (un cargo), y Comodoro Rivadavia (tres cargos).

También se abordará: 5) Tratamiento de las Designaciones de los Magistrados/as, que hayan obtenido Acuerdo Legislativo, a la fecha; 6) Reunión de Comisión de Presupuesto y Reglamento; 7) Tratamiento del Proyecto de Ley de presupuesto general para el Ejercicio del año 2022.

Los últimos puntos serán: 8) Declarar de Interés Institucional el «Simulacro Federal de Juicio por Jurado», a realizarse el día 29 de septiembre del 2021, en la ciudad de Rada Tilly; 9) Realizar el llamado a Concursos Públicos de antecedentes y oposición de los cargos que se encuentran vacantes a la fecha; 10) Tratamiento del Informe Final del Sumario N° 142/21, en la denuncia del gobernador Mariano Arcioni contra el Juez Penal de la ciudad de Comodoro Rivadavia, Miguel Ángel Caviglia.

Es por la “detención ilegal” de un periodista y dueño de un portal de noticias. El irregular procedimiento se hizo sin orden de un juez y a punta de pistola delante de los pequeños hijos de la víctima. Fue el año pasado en la ruta 25 entre Trelew y Gaiman.

Un exfiscal de Chubut, el subjefe de Policía, el director de Seguridad de la plana mayor, un comisario, un subcomisario y dos suboficiales; fueron denunciados penalmente por distintas participaciones en una sucesión de graves delitos cometidos al efectuar una detención ilegal, que podrían llevarlos a todos a la cárcel.

En tribunales, los que conocen el caso desde el otro lado del mostrador aseguran que hay suficientes pruebas para que eso ocurra y si sucediese sería un hecho sin precedentes en la historia de la policía del Chubut. Más allá del tembladeral que produciría en la estructura superior de la fuerza y el impacto que tendría en el Gobierno provincial.

La víctima y denunciante que quiere llevar al exfiscal y a los policías a la Justicia, y lograr que sean condenados, es el periodista Darío Fernández; el dueño del portal de noticias “Cholila Online” al que le quisieron “armar” una causa judicial el año pasado, usando una denuncia mentirosa de su exmujer, con la finalidad de llevarlo a prisión y destruirlo social y moralmente.

Él y muchos creen que todo está relacionado a una feroz persecución de la que viene siendo víctima por poner al descubierto casos de corrupción en el Gobierno, a través de su portal de noticias.

De hecho, el sitio web ha sido objeto de ataques cibernéticos que lo han dejado fuera de internet en varias ocasiones, justo cuando Darío Fernández escribía y exhibía documentación sobre algún supuesto negociado o maniobra espuria del mismo gobierno o de alguien de su cercano entorno, por ejemplo.

Dentro de unos días se va a cumplir un año de aquel momento en el que el periodista fue detenido entre Trelew y Gaiman, en procedimiento hecho a espaldas de la Justicia encabezado por el subjefe de policía Néstor Ángel “El Tero” Gómez Ocampo y el director de Seguridad de la fuerza, Paulino Gómez.

Ese día había estado en playa Unión con su exmujer y cuando caía la tarde emprendía el regreso a Cholila junto a dos pequeños hijos, cuando en medio de “un operativo cerrojo” lo interceptaron en la ruta 25 y a punta de pistola lo sacaron prácticamente a la rastra de la camioneta para tirarlo al suelo y esposarlo, mientras los nenes, llorando, suplicaban que no le hicieran nada a su padre.

Esos chicos quedaron traumados de por vida, y el procedimiento que presenciaron fue declarado “ilegal” al otro día por la jueza Mirtha del Valle Moreno, cuando dispuso la inmediata libertad de Darío Fernández después que durmiera una noche en la Alcaidía Policial de Trelew por orden del subjefe de Policía, “El Tero” Gómez Ocampo.

Esta es solo una parte de lo que próximamente deberá ser dirimido en tribunales y llegado el momento en un juicio oral y público con varios imputados de graves delitos.

Algunos abogados con trayectoria en el fuero penal del Valle consultados por este diario respecto de los cargos que podrían pesar sobre los denunciados y eventuales acusados en un proceso penal, hablaron de “un concurso de delitos” que no son excarcelables y que tienen severas sanciones con varios años de cárcel en el Código Penal, y detallaban, por ejemplo; “privación ilegítima de la libertad agravada, como uno de los ilícitos más complicados. Abuso de autoridad, vejaciones o apremios ilegales, amenazas con arma, agravadas y hasta la posible comisión de un delito de “estafa procesal”, que es intentar engañar a un juez para que con su fallo perjudique a alguien que es inocente.

La semana pasada el abogado de Darío Fernández presentó la denuncia penal en la fiscalía de turno pidiendo que se promueva la correspondiente investigación penal contra: “el doctor Osvaldo Heiber, exfiscal general de la provincia, hoy, de profesión abogado. Néstor Gómez Ocampo, subjefe de la policía de Chubut. Paulino Gómez, director de Seguridad de la policía de Chubut.

Subcomisario Gabriel Casalnuovo, de la Brigada de Investigaciones. César Bartels, comisario inspector. Segundo jefe del Área de Investigaciones. Abel Cañupán, sargento y el chofer Gonzalo Landero, sargento. Todos funcionarios de la policía de Chubut al momento del hecho de la detención del señor Luis Darío Fernández”, aclara.
“Todo esto en orden a la posible comisión del delito de apremios ilegales y demás tipificaciones jurídicas que se sugerirán en el apartado pertinente”, agrega en el escrito.

En la denuncia se pide la “urgente” realización de una sucesión de diligencias y medidas de prueba, que por el momento y hasta tanto la fiscalía decida concretarlas, se mantienen en secreto.

Un fiscal de Morón denunció hoy al expresidente Mauricio Macri por “instigación al delito y desobediencia” por un posteo en sus redes sociales en el que pidió a los intendentes de la provincia de Buenos Aires “no apoyar las medidas” del Gobierno nacional y mantener las clases presenciales.

La presentación la hizo Javier Ignacio Baños, Agente Fiscal a cargo de la Unidad Funcional de Juicio y Flagrancia Nro. 1 del Departamento Judicial de Morón, ante la fiscalía general de ese departamento.

Según la presentación, el fiscal pidió que se investigue si Macri cometió los delitos de violación de medidas para impedir la propagación de una epidemia, instigación a cometer delitos y desobediencia, que prevén penas de entre seis meses y dos años de prisión.

Citó un tuit del expresidente de ayer en el que posteó: “Los intendentes de PBA tienen la oportunidad de imponer su liderazgo para que las pocas escuelas que están abiertas continúen así. Es fundamental preservar el vínculo entre los alumnos y la escuela y no apoyar fallidas decisiones improvisadas, basadas en la intuición o el miedo”.

El fiscal consideró que “sucintamente, el expresidente de la Nación Argentina realiza a través de la mentada red social un llamado público a los gobernantes municipales a que desobedezcan las decisiones adoptadas por el gobernador de la provincia de Buenos Aires”.

El ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Juan Cabandié, dijo que el fuego fue intencional, por lo que iba a presentarse ante la Justicia para hacer una denuncia.

Así lo dijo en conferencia de prensa el ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Juan Cabandié, dijo que el fuego fue intencional, por lo que iba a presentarse ante la Justicia para hacer una denuncia y además informó que había 15 personas desaparecidas.

Sin embargo, autoridades provinciales y locales confirmaron que hubo una sola persona herida de gravedad y se descartaron desapariciones aunque se trabajaba en el cruce de datos de evacuados y autoevacuados.

El intendente de El Hoyo, Pol Huisman, remarcó que «no hay anoticiamiento de personas desaparecidas aunque si hay personas que no se encuentran, a causa de la falta de telefonía y energía eléctrica».

«Tenemos autoevacuados y necesitamos esa información», y pidió a las personas que se autoevacuaron que se comuniquen para dar información sobre su ubicación.

Además, en conferencia de prensa, Huisman confirmó que el incendio sigue activo en la cordillera y que no había energía en la Comarca y en El Hoyo tampoco había agua.

Focos

Según el reporte diario del Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF) cinco focos permanecían activos este miércoles; y si bien la lluvia trajo algo de alivio a la zona, los brigadistas continuaban combatiendo las llamas en las localidades de Las Golondrinas, Cholila, Cerro Radal, El Maitén, El Hoyo, Epuyén, y Lago Puelo.

«Llueve intensamente en toda la Comarca Andina. Especialmente en #Cholila donde el incendio está en vías de extinguirse. En #ElHoyo no hay focos en la zona urbana. Inclusive no se percibe humo por efecto de la lluvia», informó este miércoles pasado el mediodía la Federación Chubutense de Bomberos Voluntarios, que además confirmó que no hay víctimas fatales registradas, pero si personas que se autoevacuaron, y de las cuales se desconocía su paradero.

Además se informó que el subcomandante Ricardo Saavedra director del Comando Único de Operaciones (CUO) provincial, recorrió junto al director nacional del CUO y el director de la Defensa Civil de Chubut un asentamiento informal de la localidad de El Hoyo donde se quemaron una gran cantidad de viviendas, la mayoría precarias.

En tanto, la Policía de Chubut, recorría los lugares afectados junto a personal de Defensa Civil buscando indicios que permitan dar con los responsables del incendio.

Este miércoles, el intendente de Lago Puelo, Augusto Sánchez, dijo que «este es el peor escenario para un incendio de interfases, se están dando las condiciones para que sea un incendio catastrófico».

En Lago Puelo, unas 200 personas fueron evacuadas mientras que siete personas resultaron heridas, y una de ellas de gravedad, fue internada en la ciudad de Bariloche.

Especialistas en el tema consideraban que las llamas se propagaron rápidamente por los intensos vientos que soplaron con ráfagas de hasta 100 kilómetros.

Según se informó oficialmente, dicho decreto considera que «se produjeron incendios y éstos se propagaron de manera imprevista, generando consecuencias devastadoras en la población, daños materiales en establecimientos y viviendas; lo que hace necesario adoptar medidas extraordinarias para hacer frente a la grave situación».

Los incendios, según confirmó el ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Juan Cabandié, comenzaron este martes de manera simultánea en siete localidades de la comarca andina.

«Ayer (por el martes) en un lapso de tres horas desde las 4:00 de la tarde hubo simultaneidad en siete localidades distintas donde se prendió fuego intencionalmente y eso afectó a la región de una manera enorme», relató el funcionario en conferencia de prensa.

El presidente Alberto Fernández, se refirió a los incendios en su cuenta de Twitter: «Desde el Gobierno nacional seguimos de cerca lo que ocurre con los incendios en Río Negro y Chubut y hemos enviado 2 helicópteros, 3 aviones hidrantes, 12 autobombas, vehículos de apoyo y 62 brigadistas convocados por el Sistema Nacional de Manejo del Fuego».

Fuente: Puntal Villa María

 

 

Luego de varias denuncias de vecinos de Corcovado contra la policía por «apremios», se dispuso el traslado de todos los integrantes de la Comisaría de la localidad.

Ante una serie de denuncias que le llegaron al ministro de seguridad de Chubut a través de redes sociales, según indicó, se tomó la decisión. Además destacó que los fiscales de la región le comentaron que tienen también varias presentaciones por apremios que son investigadas en ese ámbito.

Una de las denuncias fue la de un joven que a través de redes sociales contó que el personal policial del lugar lo habría perseguido y golpeado tres oportunidades. Ahora sólo quedaría el Jefe policial, porque asumió hace pocos días.

Al respecto, el ministro de seguridad señaló que se trata de localidades chicas y no es difícil individualizar a los protagonistas, pero para evitar más inconvenientes decidió remover del lugar a todos los efectivos de la fuerza, lo que estaría concretado para el viernes. «Se dispuso el cambio todos los integrantes de la comisaría, queda sólo el comisario» remarcó.

Asimismo, indicó que tomó contacto con la familia de una de las personas que denunciaron. «Hablé con la madre de una de las víctimas y me pareció muy razonable lo que me explicó» dijo a El Chubut.

La Denuncia 

El joven relató que: «hoy decido hacer esto público porque ya es la cuarta vez que me pasa. La primera me secuestraron mi auto y le pusieron azúcar al motor para que se rompa, la segunda me volvieron a secuestrar el auto y me agredieron físicamente (esa vez solo fue una cachetada). La tercera no solo me secuestraron el auto sino que también me golpearon, causándome una abertura en la cabeza, la cual tuvieron que hacerme puntos y me robaron mi celular».

Y destacó que «Todas esas veces la excusa era que andaba en estado de ebriedad o fuera del horario permitido, pero esa no es la manera de actuar y menos contra un pibe como yo, que como todos saben no jodo a nadie, no me meto con nadie, nunca estuve metido en quilombos, jamás uso cuchillo ni agredí a ninguna autoridad, ni siquiera insultos. El pueblo es chico, todos nos conocemos y saben cómo soy».

Según indicó, en la cuarta oportunidad, explicó «fue un caso de total abuso de poder, ya que me estaba yendo a Esquel y tuve un accidente en la ruta, se me fue el auto para afuera, llegaron los policías primero y me llevaron al hospital, desde el hospital la doctora que me atendió (que fue testigo de todo), dijo que estaba bien, que no me había pasado nada», aunque al salir del centro asistencial, sostuvo, «me agarran los policías y me llevan a la comisaría, me meten al calabozo y se acerca un policía que estaba de civil en ese momento, en pantalón corto y sin el uniforme policial, a pegarme sin ningún motivo. Luego de eso me llevan al hospital, y la misma doctora que se da cuenta de la situación me deriva a Esquel y no me entrega a ellos, porque tenía miedo de que me maten», relató.

El joven señaló que todas las denuncias están hechas en Fiscalía, «pero nadie hace nada. La policía de Corcovado tiene dentro de su institución a varios policías corruptos y abusivos que no es necesario dar sus nombres, ya que el pueblo es chico y todos sabes quiénes son (los mismos de siempre). Hoy decido hacer esto público, porque tengo miedo de que si hay una próxima vez, no sé si la cuento», lamentó.

Este lunes un joven de 37 años realizo una presentación espontánea en la Subcomisaria de Lago Rivadavia, avisando que el dia 20 pasadas las 21hs, despisto en Ruta 71 y su auto cayo al Lago Rivadavia.

El joven manifesto que no sufrio lesiones y que no dio aviso enseguida del accidente porque no contaba con medio de comunicacion.

En el operativo esta trabajando el Director de Proteccion Civil de Esquel Sergio Caneo y el Guardaparque y Buzo Ariel Rodriguez, quienes ubicaron el vehiculo hundido en el lago Rivadavia, realizaron el amarre del mismo para luego retirarlo del agua.

Fuente: Fm del Lago

Los familiares del ex jefe de Policía del Chubut pidieron el cambio de carátula y ampliarán este miércoles la denuncia responsabilizando al Juez Orlando, la Fiscal y el Jefe de la Policía Miguel Gómez. Ale falleció el pasado 25 de enero por complicaciones asociadas al coronavirus mientras cumplía condena por abuso sexual a dos menores. Le habían negado la prisión domiciliaria.

Familiares del ex diputado y exjefe de Policía del Chubut, Juan Ale, ampliarán la denuncia en las próximas horas y piden que su muerte sea caratulada como homicidio.

El hijo de Ale había realizado una denuncia contra el Juez que ordenó su detención, a quien también acusaron de «insensibilidad» ya que no se tuvo en cuenta su estado de salud ni edad y fue alojado en dependencias policiales, donde contrajo coronavirus, falleciendo finalmente a consecuencia de las complicaciones de esa enfermedad.

En el momento de la denuncia, Fiscalía ordenó el secuestro de la historia clínica del Hospital de Esquel y se allanó la Comisaría Primera de Esquel donde estaba detenido Ale por orden del juez Orlando de Puerto Madryn en el marco de unas sentencias condenatorias por dos casos de abuso sexual a menores, que aún no estaban firmes.

Ahora, Juan José Ale, hijo del ex jefe policial, indicó que ampliarán las denuncias, ya que consideran que la responsabilidad no sólo recae en el juez sino también en los funcionarios de Fiscalía y el Jefe de Policía de Chubut.

Según explicó Ale, el delito a imputar no sólo es el de prevaricato ( delito que consiste en que una autoridad, juez u otro servidor público dicta una resolución arbitraria en un asunto administrativo o judicial a sabiendas de que dicha resolución es injusta y contraria a la ley), sino también consideran que hay un homicidio «al menos culposo»

Puntualizó que los responsables directos son los funcionarios judiciales que tomaron la medida: Juez Orlando y de la Fiscal Hernández, pero también que por la muerte de Juan Ale mientras estaba alojado en dependencias policiales debe responder el propio jefe de la policía de la provincia, Miguel Gómez.

La familia sostiene que las circunstancias en que estaba detenido tuvieron directa relación con el fatal desenlace. «La detención fue una condena a muerte», sostiene su hijo y remarca que fue privado de su libertad cuando la sentencia no estaba firme y aún se estaba analizando la responsabilidad, con la opción de recurrir en dos instancias más. «En el caso de mi padre no tenemos duda que era inocente y murió de esa forma», enfatiza.

«Tenía picos de presión, era hipertenso y tenía un problema renal probado y constatado en el expediente. Sabemos que si lo enviaban detenido a una comisaría donde había ya casos positivos de COVID previo al arribo, es obvio que existe una gran posibilidad que contraiga el virus».

Además, buscan que se investigue la actuación del Jefe de Policía Miguel Gómez, responsable de que a Ale se lo traslade a Trelew.

«Nosotros le dijimos muchas veces que en el centro de detención de Trelew había muchos policías detenidos que tenían problemas personales con mi padre» señaló y agregó luego que «no podemos enviar un detenido a un lugar donde hay problemas con otros. En todo caso que cumpla la pena, pero no enviarlo para que lo maten o lo hieran», reseña EQSNotas.

En ese sentido, Ale cuestiona la negativa de Gómez de trasladar a su padre a la dependencia de la Policía Montada, de Esquel, que evitaba el desarraigo y no tenía casos de COVID 19.

Las investigaciones vinculadas a la muerte de Ale se tramitan en Esquel, mientras que las relacionadas con la tarea de los funcionarios judiciales se realiza en Trelew, a partir de una definición adoptada por el Procurador General, Jorge Miquelarena, que separó ambas instancias.

Fuente: EQSNotas

María Elena Paggi, periodista de Esquel, ha presentado una denuncia en la policía de Esquel contra sus vecinos, por violentar las cerraduras que había instalado en las puertas de entrada al campo de su propiedad.

Al referirse al hecho, afirma que «ellos pasaban por una senda dentro de mi campo», el cual «no es camino vecinal, no hay servidumbre de paso, pues, ellos tienen otra entrada».

En la denuncia describe todos los vehículos que entraron luego de que cortaran la cadena y lograran dar apertura a la Tranquera, así mismo, dispuso llevar una máquina para la apertura de un pozo en el lugar.