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Tras varias horas de tensión que se viven desde este miércoles por la mañana afuera del Jardín N°406 de Comodoro Rivadavia, y tras el insistente pedido de los papás que denunciaron abuso sexual a 14 nenes, se hizo presente en el lugar la fiscal general, Andrea Rubio.

Según indicaron los papás, hay al menos 14 menores que asisten al jardín que fueron abusados sexualmente por el profesor de música, quien fue apartado del cargo.

La fiscal aclaró que “Le habíamos pedido al personal policial que tenían que hacer las denuncias y en función de eso se va a investigar”. Y aclaró que en la Seccional Segunda se están tomando algunas denuncias, al igual que en la Comisaría de la Mujer.

“Hay que formular las denuncias para poder realmente hacer investigaciones, que un psicólogo entreviste a los nenes y verificar que existió el delito y de ahí avanzar”, agregó.

Rubio detalló que hay una sola denuncia formulada y esta mañana la causa se asignó: “hay que investigarlo, se pidió la suspensión del profesor”.

Ante la insistencia de los padres para tener al docente, la fiscal explicó que “ustedes tienen sospechas tienen que hacer la denuncia, necesitamos que se denuncien todos los casos. Para eso tenemos que investigar, ustedes tienen que dejar constancia”.

Por último, confirmó que existe un psicólogo en la fiscalía “pero hay que hacer la denuncia”.

En Corcovado se ha generado una polémica por los fondos que el intendente Héctor Ariel Molina no habría girado para el normal funcionamiento del Concejo Deliberante de esa localidad, y asimismo le reclaman al mandatario las explicaciones correspondientes por una diferencia de 15 millones de pesos en la ejecución presupuestaria del año 2021. Creen, que el origen del pedido de esas explicaciones es la falta de envío de los fondos para la casa legislativa.

Los integrantes de ese órgano legislativo dieron a conocer un documento en que manifiestan que no cuentan con los fondos suficientes para operar con normalidad, que han tenido que suspender el servicio de limpieza en el edificio, se adeudan dietas a los ediles y no pueden pagar al asesor legal.

En el comunicado, los ediles expresaron a la comunidad, que «en este mes no se han girado los fondos correspondientes y necesarios para el funcionamiento de este cuerpo: durante este mes se ha debido prescindir del asesoramiento legal necesario, debido a que los fondos no alcanzan para pagar al profesional correspondiente, también se deberá prescindir de la persona que realiza las tareas de limpieza en la sede del Concejo, entre otras situaciones».

Según destacan, «el pasado 20 de septiembre se solicitó al Intendente la ampliación presupuestaria debido a que hubo ingresos extraordinarios por al menos $ 9.000.000 y se preveía, de nuestra parte el agotamiento de algunas partidas presupuestarias, pero el 26 de septiembre el intendente respondió negativamente a esa solicitud indicando que los fondos eran suficientes. Al entregar los fondos de octubre al Concejo Deliberante, se observó que entregó menos dinero del que corresponde, que adeuda parte de la dieta de 2 concejales, y que los fondos son insuficientes para el normal funcionamiento del Concejo Deliberante».

Según entienden, «estas situaciones reflejan la falta de respeto del intendente Municipal hacia el Concejo Deliberante y un intento de condicionar su funcionamiento, y se suma al desprecio que reflejó hacia la Ley de Corporaciones al no presentarse a la sesión del 27 de septiembre en la cual debía explicar las diferencias de $ 15.375.471,61 en la ejecución presupuestaria de 2021. Es nuestra intención que toda la población conozca esta situación que se atraviesa en nuestra localidad», advirtieron.

Docentes, auxiliares y padres de alumnos de la Escuela Nº 126 se hicieron presentes en la Dirección de Obras Públicas para reclamar explicaciones por las denuncias de sabotaje y la problemática edilicia en la institución.

Ayer en horas de la mañana un grupo de docentes, auxiliares de educación y padres de alumnos de la Escuela Nº 126 acompañados por el gremio de ATECh se hicieron presentes en la Dirección de Obras Públicas para exigir explicaciones respecto a las denuncias de sabotaje en el sistema de calefacción de la institución y ante la problemática edilicia que padecen en el establecimiento.

En este sentido Alejandra Soto, secretaria General de la Regional Sur de ATECh explicó que “es preocupante la situación y lo que públicamente ha dicho el señor Boudargham (director de Obras Públicas) y el ministro de Educación (José Grazzini) donde tilda de un ‘claro sabotaje que se llevó adelante en la escuela’. Es algo gravísimo cuando estamos diciendo que las instituciones vienen denunciando continuamente la problemática que hay a causa de la falta de inversión, no hay responsables a los que tenemos que echarles la culpa para deslindarnos de responsabilidad, el único que tiene que dar cuentas de la realidad y rectificarse de sus dichos es el ministro de Educación y el director de Obras Públicas”.

Asimismo, apuntó que “ha tildado de saboteadores a quienes están viviendo esta situación y quisieran estar en las condiciones que corresponde, teniendo clases como debe ser y con las condiciones adecuadas y recursos correspondientes” en referencia al personal docente y auxiliares.

Y por otra parte cuestionó que ayer, “inmediatamente después de que llegamos tenemos presencia policial injustificada porque estamos reclamando lo que corresponde, pero ponen a la policía en el medio, enfrentando trabajadores con trabajadores y cercenando el derecho a reclamar”.

Deterioro

Por su parte Karina Moreno, docente de la Escuela Nº 126 planteó que “pedimos a la directora el acta donde firma Camuzzi que habla de la cañería rota en el aula donde el personal de Obras Públicas fue el que desarmó todo porque estaba sin habilitar ese aula hace más de dos semanas; entre ellos se culpan, Boudargham dijo que había sido sabotaje, sentimos que ensució a toda la comunidad y nosotros somos parte de ella” afirmó.

Además, remarcó que “esta es una escuela centenaria; en abril cumplió años y hubo muchos políticos, se sacaron fotos y prometieron cosas pero cada vez la escuela está más deteriorada. Hay un aula que no se puede utilizar porque llueve constantemente, el agua que entra llega hasta los pasillos, se ve la cañería de electricidad, el aislante, en otras faltan pedazos de techo y se embolsa el viento y queda con tierra, pisos rotos, baños inutilizados, porque Obras Públicas no los puede cambiar porque son caros y no hay presupuesto” detalló sobre los inconvenientes edilicios.

En tanto, señaló que “si ellos mandan personal que arregle cosas y las dejan rotas tienen que verificar a quién mandan; dicen que siempre va un inspector, pero en la 126 no llego nadie, nadie controla a los contratistas” sostuvo.

Un diálogo que no pudo ser

Poco antes del mediodía finalmente, Daniel Boudargham, director de Obras Públicas llegó a su oficina y dialogó con los presentes pero las constantes interrupciones hicieron que no pudieran culminar con la charla, por lo que terminó dando por finalizado el encuentro con los presentes.

En este marco, el funcionario expresó: “yo jamás nombré a alguien, la denuncia se hizo porque encontramos cuatro lugares donde consideramos que hubo sabotaje, no le echo la culpa al padre ni al docente ni a nadie. Como funcionario público corresponde decir lo que pasó, en la (escuela) 111 le pedí a la directora que haga la denuncia correspondiente”.

Una denuncia penal complica el pase del ex ministro de Seguridad de Chubut, Federico Massoni, a Juntos por el Cambio. El explosivo ex funcionario fue denunciado por administración fraudulenta agravada en perjuicio de la administración pública por su supuesto involucramiento en la privatización de las plantas de verificación técnica vehicular de la provincia.

La denuncia fue presentada por el sargento Luis Suárez, representante del Consejo de Bienestar Policial en Chubut, y se encuentra en manos del fiscal jefe de la Unidad Especial de Delitos contra la Administración Pública de la Provincia, Omar Rodríguez.

Según consta en la denuncia, Massoni realizó diferentes maniobras ilegales entre el 2018 y el 2019 para lograr una virtual privatización de las plantas de verificación técnica vehicular correspondientes a la Policía de la provincia del Chubut.

Este objetivo fue conseguido el 7 de agosto de 2019 con la firma del «Contrato de Administración de Plantas Verificadoras», celebrada entre el Ministerio de Coordinación de Gabinete, representada por Massoni en su calidad de Ministro, y la Cámara de Grabadores de Autopartes de Vehículos y Motovehículos por un plazo de diez años. Se trata de un contrato irregular, que no contaría con los procesos administrativos correspondientes y ni con documentación regla, según los denunciantes.

Massoni logró cierta notoriedad por sus declaraciones desafiantes hacia la Casa Rosada al estilo de Sergio Berni. Luego de una fallida candidatura en 2021, ahora negocia su incorporación a Juntos por el Cambio.

La denuncia llega en un momento muy inoportuno para Massoni. El ex ministro viene negociando su pase a Juntos por el Cambio, empujado por presidente de la UCR local, Damián Biss. El radicalismo de Chubut no tiene ningún candidato que mida para disputarle al PRO la candidatura a gobernador y por eso apuesta a Massoni para meterse en esa discusión.

Massoni logró en su momento cierta notoriedad pública por sus declaraciones desafiantes contra la ex ministra de Seguridad nacional, Silvina Frederic, al estilo de Sergio Berni.

En la denuncia se afirma que «el ex ministro intervino en los expedientes y desvió la voluntad de la Administración Pública para lograr este contrato, obteniendo importantes ganancias y afectando económicamente a la provincia del Chubut y a todos los ciudadanos que realizaron el trámite de verificación desde la fecha, ya que imperativamente deben abonar una tasa elevada que no posee sustento normativo».

Mediante ese contrato, Massoni dispuso que la Cámara «tomara a su cargo el manejo íntegro de la administración, contratación de personal administrativo residente en la provincia del Chubut, informatización de turnos, provisión y llenado de Formularios 12 necesarios para la verificación de automotores de la Policía de la provincia del Chubut, con excepción de la actividad que desarrollan los peritos verificadores».

Para autorizar la firma de ese contrato se emitió el Decreto 640/2019, fechado el 6 de junio de 2019, mediante el cual se autorizó al Ministerio de Gobierno a «contratar en forma directa» a la Cámara de Grabadores de Autopartes de Vehículos y Motovehículos para las funciones mencionadas.

Luego, fechado dos días antes de la firma del contrato, el 5 de agosto de 2019, se dictó el Decreto 842/2019, mediante el que se modifica el referido Decreto 640 y se habilitó a firmar el contrato al Ministerio de Coordinación de Gabinete. En ese período Massoni pasó del Ministerio del Gobierno al Ministerio de Coordinación del Gabinete y firmó el contrato.

El denunciante afirmó que Massoni siempre tuvo un «interés personal» detrás del negocio de la concesión de las plantas de verificación personal. En ese sentido, expresó que el 24 de agosto de 2018 ya había intentado avanzar con la «privatización» del servicio mediante la firma de un documento idéntico al contrato en cuestión, pero titulado «Convenio Marco de Cooperación entre el Ministerio de Gobierno y la Cámara de Grabadores de Autopartes de Vehículos y Motovehículos».

A raíz de este contrato, la Cámara obtendría una ganancia neta de $8.000.000 mensuales, según estimaciones reflejadas en la denuncia. Es decir, el Estado continúa afrontando costos del servicio a cambio de un modesto 14% de participación en las ganancias, mientras que el concesionario obtiene un 86% de lo recaudado.

La jueza penal María Tolomei resolvió sobreseer a un acusado del delito de violación de domicilio en concurso real con amenazas agravadas por uso de arma de fuego, enmarcado en contexto de violencia de género, en concurso ideal con tenencia ilegal de arma de fuego de uso civil, en calidad de autor, por el que fuera imputado.

La resolución de la magistrada se conoció en el marco de una audiencia preliminar llevada a cabo durante la jornada de este jueves 21 de abril del corriente, en el tercer piso del edificio de tribunales de Trelew, y fue a partir del relato que la denunciante manifestó ante la jueza.

La funcionaria de fiscalía Julieta Gamarra, solicitó a la mujer que relate el hecho tal como ocurrió realmente, en oposición al que denunció oportunamente, y que diera lugar a la apertura de investigación, hasta llegar a la instancia preliminar al juicio oral y público.

MINTIÓ PARA COMENZAR OTRA RELACIÓN

La denunciante reconoció haber mentido porque, según contó, todo empezó con una discusión en la que pretendía que su pareja se fuera de la vivienda ya que pretendía comenzar otra relación. El sujeto se negaba a irse, de modo que la mujer llamó a la policía.

La supuesta víctima contó que recordaba que en la vivienda había un arma de fuego, tipo tumbera, que había encontrado su pareja hace unos dos años, producto de su actividad como recolector urbano.

Al llegar la policía, la mujer les dijo que su pareja la había amenazado con esa arma. Seguidamente reconoció que nunca pensó que esa situación iba a derivar en todo lo que ocurrió después. “Fue todo invento mío”, reconoció.

A su turno el defensor público, Alejandro García, de acuerdo a lo manifestado por la denunciante, solicitó el sobreseimiento de su asistido.

El Ministerio Público Fiscal también consideró que debía dictarse el sobreseimiento de los delitos imputados, por lo que finalmente, la magistrada procedió a dictar el sobreseimiento, en orden al delito de violación de domicilio en concurso real con amenazas agravadas por uso de arma de fuego, enmarcado en Ley N° 26485 de violencia contra la mujer, en concurso ideal con tenencia ilegal de arma de fuego de uso civil, en calidad de autor por el que fuera imputado, cerrando definitivamente este proceso.

El Juzgado Federal de Esquel resolvió suspender la excursión al alerzal milenario mientras se investiga la denuncia presentada por autoridades del Parque Nacional “Los Alerces” por una supuesta contaminación de las aguas del Lago Menéndez por derrame de combustible.

La medida se dispuso a partir de la denuncia realizada por la Intendencia del Parque que se radicó en noviembre del año pasado pero que recién esta semana la Justicia se expidió.

El fiscal federal, Federico Baquioni, confirmó la decisión de la Justicia Federal indicando que es una medida precautoria hasta tanto se establezca si hubo o no contaminación.

“Es una investigación por supuesta contaminación”, señaló y remarcó que se trabaja en la “reconstrucción de los hechos y de quienes han sido los autores”.

“El Juzgado Federal emitió una cautelar tendiente a prevenir que esos riesgos no sigan ocurriendo hasta que se apruebe el diagnóstico ambiental, además del plan de gestión para prevenir”, que debe presentar la empresa, señaló.

Detalló que hubo peritos de la Policía Federal que tomaron muestras para buscar indicios de contaminación y que el caso es jurisdicción de la Justicia Federal, no solo por ser un parque nacional sino que “hay un compromiso internacional asumido de conservación”.

“La medida cautelar suspende la actividad hasta que se presente el diagnostico de impacto ambiental, que acarrea una serie de actividades que se deben realizar para prevenir futura contaminación”, precisó.

“Se corta el vínculo con el padre o la madre en un día, pero se tarda años en restablecerlo”, dice este ex juez de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de Capital. Desidia, mala praxis, ignorancia, escasez de medios: son algunas de las razones que facilitan la judicialización de los conflictos por la tenencia de los hijos, con grave afectación de los derechos del niño.

La Ley no es mala, pero no se cumple, explica Mauricio Luis Mizrahi, ex juez de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de la Ciudad de Buenos Aires. Ante una denuncia de violencia familiar, muchos jueces “se cubren” dictando de inmediato una cautelar que excluye abruptamente al progenitor denunciado de la vida del niño. Una denuncia equivale entonces a una condena, porque el siguiente paso que define la norma es una audiencia para escuchar a la parte denunciada y acá es donde la justicia empieza a fallar: prácticamente nunca se realiza en las 48 horas que fija la ley, los plazos se eternizan, “como yo lo vengo denunciando -dice-, por la burocracia judicial”.

Mauricio Mizrahi es doctor en Derecho y Ciencias Sociales, fue juez civil por casi 30 años y es profesor titular consulto de la Universidad de Buenos Aires. Ha publicado el libro Responsabilidad parental y también varios trabajos para explicar el fenómeno de la “alienación parental”, realidad que muchos niegan pese a la evidencia del incremento de las falsas denuncias de violencia familiar que suelen ser el primer paso de una larga serie de acciones destinadas a excluir a uno de los progenitores de la vida del niño, que pasa a estar bajo dominio total del denunciante, al punto de asumir su discurso. No significa que todas las denuncias sean falsas, aclara Mizrahi, pero muchos jueces fallan en la celeridad para investigar y resolver estos casos en los que el paso del tiempo significa para los menores la pérdida de un progenitor y en ocasiones de toda la familia paterna o materna.

Entre los déficits que señala están ciertos errores en la interpretación de la Convención de los derechos del niño y en la aplicación de la Ley de violencia familiar que él no atribuye necesariamente a la mala fe sino más bien a la ignorancia o, en otras palabras, a la falta de formación y especialización, tanto de los magistrados como de los psicólogos que los asisten en estas causas. Pero la mayor dificultad radica en la escasez de juzgados de familia que es quizás la principal causa de una morosidad en los procesos que deriva en grandes injusticias. La Corte Suprema tiene autonomía como para decidir la creación de nuevos juzgados, apunta Mizrahi, quien, preocupado por llamar la atención sobre estas falencias, ha convocado en junio próximo a unas jornadas interdisciplinarias en torno a la problemática de la “alienación parental” y el abordaje de estos conflictos familiares que judicializan la infancia.

En esta entrevista con Infobae, Mauricio Mizrahi se explaya sobre las causas de las anomalías en el funcionamiento de los juzgados de familia, falencias que han habilitado una nueva industria del juicio en el marco de separaciones litigiosas y que afectan en especial los derechos del niño.

— Se observa actualmente una proliferación de litigios familiares, tal vez porque hay más separaciones, y surgen conflictos en torno a la tenencia de los hijos. ¿Cuál es la causa por la cual un padre, o una madre, puede pasar hasta cinco o seis años sin ver a sus hijos incluso habiendo sido absuelto por la justicia?

— Las razones son varias. Cuando se interrumpe el contacto de una madre o un padre con el hijo, y no hay una solución rápida, y no hay una causa razonable, porque si se trata de un padre golpeador o un violador, es lógico que no haya contacto. Pero dejando de lado esas situaciones, cuando no hay ninguna causa importante se debe a varios factores. Primero, al funcionamiento de los tribunales. Todos sabemos, no es ninguna novedad, que no funcionan bien los tribunales, están abarrotados de trabajo, yo he publicado muchos trabajos denunciando esta situación. No solo en este gobierno sino también con el anterior. O sea que vienen gobiernos de diferentes signos y todos con la misma política de no hacer las inversiones necesarias. Por otro lado, hay jueces que no son lo suficientemente capaces porque hay una deformación, que también he denunciado, de los concursos, que en este gobierno y en el anterior en gran parte eran digitados, con lo cual no llegan a jueces los candidatos más idóneos. Otra razón es que muchos psicólogos no entienden esta problemática.

— Se dice que va una madre o un padre y denuncia “mi ex abusó de mi hijo” y basta la palabra de esa persona para que el juez dicte una orden de alejamiento. ¿Es así?.

— Lamentablemente es así en muchos casos. Salvo honorables excepciones de jueces muy precavidos. No solamente por abuso sexual, cualquier denuncia de violencia familiar. En la Capital Federal tenemos una Oficina de Violencia Doméstica, la famosa OVD, que es realmente un desastre, porque recibe la denuncia de la mujer, puede ser de un hombre también, y no confrontan, no citan al denunciado. De modo tal que basta que alguien haga la denuncia para que el denunciado se convierta en presuntamente culpable. No quiero decir que sean falsas las denuncias. Una denuncia puede ser muy falsa como muy verdadera. Abuso, maltrato, lesiones, puede ser mentira o verdad. Es tarea del tribunal investigar. El problema es que dictan la cautelar inmediatamente. Yo he denunciando esta situación que se debe entre otras cosas a que los jueces quieren cubrirse. Pero además, no puede haber atención personalizada por la gran cantidad de expedientes de violencia que entran por día en cada juzgado.

— ¿Tiene idea del número?

— No con exactitud, pero sí que superan la capacidad del tribunal. Pero por otro lado los jueces quieren cubrirse, entonces ante el riesgo de que pueda ser verdad, cortan el vínculo. Como vengo denunciando, se corta el vínculo en… ¿sabe cuánto?: en un día. ¿Y sabe cuánto tarda en restablecerse? De repente, tres años. Por la burocracia judicial.

— El siguiente paso es que no cumplen el Código de Procedimiento, ¿no?

— ¿Los jueces? No lo cumplen.

— Porque el Código dice, lo leí en sus artículos, que el juez tiene que hacer una audiencia a las 48 horas.

— Tal cual. Hay varias violaciones de la norma por los jueces. En general las leyes no son malas, tratan de guardar el equilibrio, lo que se llama la compensación. Entonces por un lado, la ley autoriza al juez a dictar la medida inmediata, pero por el otro le ordena al juez que dentro de las 48 horas debe citar al denunciado con lo cual éste puede ir y decir “la verdad es ésta, yo no hice tal cosa, o tal otra” y el juez inmediatamente levanta la medida. Esa audiencia no se hace ni en Capital Federal ni en provincia. ¿Sabe lo que hacen? Citan al denunciado, y le hacen firmar como que vino y cumplió.

— O sea que lo notifican.

— Lo notifican, exactamente. La otra violación es que no escuchan al niño, están violando totalmente la Convención (de los derechos del niño). O sea que un chico de 8 años por ejemplo se entera de un día para el otro que no puede ver más al padre o a la madre sin que el juez lo haya citado. Cuando hablo con los jueces, me dicen y qué querés, estamos sobrepasados.

Cuando no le ve mucha verosimilitud a la denuncia, el juez debe reemplazar la prohibición del vínculo entre el denunciado y su hijo por un sistema de comunicación supervisada.

— ¿Por qué ante una denuncia de violencia doméstica el juez toma una decisión tan drástica de cortar el vínculo del niño con el progenitor o progenitora denunciado, los abuelos, los tíos, toda la familia del ex denunciado o denunciada? Usted sostiene que puede haber medidas intermedias. Soluciones que eviten una ruptura drástica del vínculo.

— Totalmente. Cuando yo estaba en la Cámara, Cámara Civil, Sala B, me llegaban apelaciones, y hay un olfato, uno está acostumbrado a esto y cuando no le ve mucha verosimilitud a la denuncia lo que hace es reemplazar la prohibición por un sistema de comunicación asistida o supervisada. Se nombran trabajadoras sociales que, hasta que quede dilucidado el tema, por lo menos la persona ve a los hijos unas horas dos veces por semana por ejemplo.

— Con la presencia de un profesional.

— Sí, sí, sí. ¿Por qué no hacen eso? No tengo problema de decirlo: porque no se trata del hijo de esos jueces, porque si fueran hijos de ellos seguramente lo pensarían dos veces antes de cortar los vínculos. Es una forma de proceder alegremente, superficialmente, en muchos jueces. En otros no. Quiero aclarar que hay muchos jueces responsables. Pero otros no se dan cuenta de la dimensión del problema.

Hay abogados inescrupulosos que le dicen al cliente ‘¿por qué no le hacés una denuncia de violencia familiar?’
— Claro, porque un niño de 2, 3, 4 años que es aislado por completo de su padre durante cuatro o cinco años, después la revinculación…

— …es un desastre.

— Es encontrarse con un desconocido.

— Así es. En cambio con un sistema de régimen asistido por lo menos sigue alguna suerte de vínculo entre ellos. Después se verá qué pasa en el trámite. Pero todo es muy lento. El sistema judicial es muy lento. Y eso va en contra de los derechos de los afectados. Además hay abogados inescrupulosos. También los hay muy serios y muy responsables. Pero hay otros que le dicen al cliente “¿por qué no le hacés una denuncia de violencia familiar?” Hay abogados inescrupulosos que no merecen ejercer la profesión.

— Algunos padres me decían que hay una falla del sistema sobre la cual se montó una industria del juicio, porque hay una proliferación de este tipo de situaciones, ¿no? ¿Se está haciendo una estadística, para saber, en las separaciones litigiosas, qué porcentaje hay de falsas denuncias?

— No, pero se sabe que hay abuso de las denuncias de violencia familiar. Hay abuso por parte de los profesionales porque por más que el cliente le diga lo que le diga, si el abogado se pone firme, si es serio, le dice: perdóneme, si no me da elementos yo no voy a hacer la denuncia. Inclusive si se actuara bien y se trata de una denuncia inescrupulosa e ilegal puede haber responsabilidad del abogado que está mintiendo a la Justicia, es una irregularidad. Puede ser objeto de sanciones. Pero, ¿sabe lo que pasa? Hay una identificación entre las relaciones de pareja y las relaciones parento-filiales, entonces hay una creencia en gran parte inconsciente del afectado, hombre o mujer, que tiene una herida narcisista, que fue abandonado, o traicionado, y usa como arma al chico. ¿De mala fe? Muchas veces sí. Pero otras veces es un manejo inconsciente del progenitor que dice: bueno, si mi relación sentimental con Fulana o Fulano terminó también tiene que terminar la relación de mi hijo con ese Fulano o Fulana. Es la identificación o confusión de la relación de pareja con la relación parento-filial. Son un verdadero drama estas situaciones y ahí es donde se producen los casos de alienación parental de los que he sido testigo en el funcionamiento de los tribunales.

El intendente Juan Pablo Luque confirmó que se ratificará la denuncia contra la jueza por mal desempeño luego de conocerse el polémico video besándose con un preso. “Entendemos que trató de sacar una ventaja lucrativa porque manifiesta que visita al preso porque está escribiendo un libro”, dijo.

A fines de diciembre se conoció un video de la jueza penal de Comodoro Rivadavia Mariel Suárez, donde se la ve besándose con Cristian «Mai» Bustos luego de que fuera condenado a perpetua por la muerte de un policía. Hubo presentaciones para pedir su destitución desde distintos sectores, entre ellos, desde la municipalidad de Comodoro Rivadavia.

El intendente Juan Pablo Luque, confirmó que la denuncia contra magistrada por mal desempeño y donde se pide además su destitución, será ratificada próximamente por la Asesoría Letrada a cargo de Guillermo Hugues.

Y explicó que “más allá de la situación romántica o no de la jueza con una persona que está presa por hechos aberrantes”, desde el municipio “entendemos que la jueza trató de sacar una ventaja lucrativa porque manifiesta que visita al preso porque está escribiendo un libro”, dijo y agregó que su visita fue “en su rol de magistrada”.

Luque aseguró además de esta situación que hay un agravante que se suma y es que Mariel Suárez “ ha actuado en la causa formando opinión sobre una sentencia donde intenta una situación más benévola para el preso”, por lo ques señala «es una situación de gravedad y que justamente es el tipo de magistrados que no queremos en la provincia”.

Finalmente, reiteró – en diálogo con FM del Viento – que “obviamente que va a ser ratificada” la denuncia en contra de la magistrada de Comodoro Rivadavia, ni bien retornen los funcionarios de dicha área tras su receso del periodo de vacaciones.

Puerto Madryn es uno de los destinos elegidos de las vacaciones de verano, y con un 90% de ocupación, también crecen las estafas. “Hay varios casos de personas que alquilan online un alojamiento inexistente y se enteran cuando ya han pagado”, alertaron desde la Fiscalía.

Los estafadores se multiplican en redes sociales aprovechando la necesidad de los turistas de alquilar para vacacionar en la ciudad o de los interesados en conseguir un alquiler permanente. Para conseguir su objetivo piden señas del 50% y, cuando los inquilinos llegan al supuesto lugar a alquilar, no existe o vive otra persona; también roban fotos e información de los departamentos de otras personas y los ofrecen como propios.

En Facebook es habitual ver escraches a presuntos estafadores o leer testimonios de las víctimas. Belén Jiménez contó a EL CHUBUT que buscando alquiler hizo una publicación y recibió mensajes de un hombre que le mandó fotos y que la trataba de convencer para que pague el total, pero ella le envió solo la seña. “Le pagué por trasferencia y cuando fui a Madryn la casa no existía”, se lamentó.

Otra mujer, Ángeles Sevillano, publicó un escrache afirmando que estaban usando fotos de su propiedad, un departamento a alquilar para cuatro personas. Como estos, todos los días se leen advertencias de personas que cayeron o estuvieron a punto de caer en las redes de un estafador.

En diálogo con EL CHUBUT, el fiscal jefe, Alex Williams, explicó que “pasa todos los años y en todos los lugares, pero esta temporada aún más porque aumentó el turismo interno producto de la pandemia. Y muchas veces las personas caen en estafas producto de la tentación de reservar lugares por valores por debajo del mercado sin chequear correctamente la información”.

En caso de ser víctima de un estafador, la denuncia formal se debe hacer en el Ministerio Público Fiscal. Para realizarla es necesario conservar comprobantes de pago, depósito y/o transferencia bancaria, junto con las capturas de pantalla del anuncio y de toda conversación que acredite la reserva, los servicios contratados y los pagos (mensajes de texto, WhatsApps, correos electrónicos, entre otros.

RECOMENDACIONES

“Hay varias recomendaciones para evitar caer en este tipo de estafas. Principalmente, buscar referencias de los alojamientos en páginas oficiales o en portales especializados, y tratar de optar por aquellas propiedades que están inscriptas en registros oficiales, como el de la Secretaría de Turismo”, indicó Williams.

Asimismo, aconsejó recurrir a la página oficial los alojamientos habilitados, buscar en las plataformas reconocidas (Booking o Despegar, por ejemplo) y siempre validar en las webs oficiales cualquier teléfono de contacto que se encuentre en las redes sociales en relación a un alquiler disponible.

El senador Ignacio “Nacho” Torres del bloque “Integración y Desarrollo Chubutense” participó de la firma de la denuncia por «mal desempeño» de la jueza Mariel Alejandra Suárez quien fue vista junto al preso «Mai» Bustos.

El comunicado fue enviado al Consejo de Magistratura de la provincia del Chubut y participó en la firma la senadora Edith Elizabeth Terenzi, Mercedes Jara, Telma Roberts, Fabiana Roberts, Claudia Roberts, y Leopoldo Roberts.

La denuncia se labró luego de hacerse público un video de la magistrada supuestamente besándose con el preso condenado a perpetua, Cristian «Mai» Bustos en el Instituto Penitenciario Provincial (IPPV), ubicado al norte de Trelew.

Torres recordó que la jueza ya hace unos años atrás había sido destituida porque «expuso a una menor (que fue abusada) sexualmente con un trabajo práctico con la identificación de la chica. Ayer veía una nota en medios nacionales en la que la jueza se reía y decía que toda esta situación le iba a servir para la difusión de su libro», dijo.