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La jueza penal María Tolomei resolvió sobreseer a un acusado del delito de violación de domicilio en concurso real con amenazas agravadas por uso de arma de fuego, enmarcado en contexto de violencia de género, en concurso ideal con tenencia ilegal de arma de fuego de uso civil, en calidad de autor, por el que fuera imputado.

La resolución de la magistrada se conoció en el marco de una audiencia preliminar llevada a cabo durante la jornada de este jueves 21 de abril del corriente, en el tercer piso del edificio de tribunales de Trelew, y fue a partir del relato que la denunciante manifestó ante la jueza.

La funcionaria de fiscalía Julieta Gamarra, solicitó a la mujer que relate el hecho tal como ocurrió realmente, en oposición al que denunció oportunamente, y que diera lugar a la apertura de investigación, hasta llegar a la instancia preliminar al juicio oral y público.

MINTIÓ PARA COMENZAR OTRA RELACIÓN

La denunciante reconoció haber mentido porque, según contó, todo empezó con una discusión en la que pretendía que su pareja se fuera de la vivienda ya que pretendía comenzar otra relación. El sujeto se negaba a irse, de modo que la mujer llamó a la policía.

La supuesta víctima contó que recordaba que en la vivienda había un arma de fuego, tipo tumbera, que había encontrado su pareja hace unos dos años, producto de su actividad como recolector urbano.

Al llegar la policía, la mujer les dijo que su pareja la había amenazado con esa arma. Seguidamente reconoció que nunca pensó que esa situación iba a derivar en todo lo que ocurrió después. “Fue todo invento mío”, reconoció.

A su turno el defensor público, Alejandro García, de acuerdo a lo manifestado por la denunciante, solicitó el sobreseimiento de su asistido.

El Ministerio Público Fiscal también consideró que debía dictarse el sobreseimiento de los delitos imputados, por lo que finalmente, la magistrada procedió a dictar el sobreseimiento, en orden al delito de violación de domicilio en concurso real con amenazas agravadas por uso de arma de fuego, enmarcado en Ley N° 26485 de violencia contra la mujer, en concurso ideal con tenencia ilegal de arma de fuego de uso civil, en calidad de autor por el que fuera imputado, cerrando definitivamente este proceso.

El Juzgado Federal de Esquel resolvió suspender la excursión al alerzal milenario mientras se investiga la denuncia presentada por autoridades del Parque Nacional “Los Alerces” por una supuesta contaminación de las aguas del Lago Menéndez por derrame de combustible.

La medida se dispuso a partir de la denuncia realizada por la Intendencia del Parque que se radicó en noviembre del año pasado pero que recién esta semana la Justicia se expidió.

El fiscal federal, Federico Baquioni, confirmó la decisión de la Justicia Federal indicando que es una medida precautoria hasta tanto se establezca si hubo o no contaminación.

“Es una investigación por supuesta contaminación”, señaló y remarcó que se trabaja en la “reconstrucción de los hechos y de quienes han sido los autores”.

“El Juzgado Federal emitió una cautelar tendiente a prevenir que esos riesgos no sigan ocurriendo hasta que se apruebe el diagnóstico ambiental, además del plan de gestión para prevenir”, que debe presentar la empresa, señaló.

Detalló que hubo peritos de la Policía Federal que tomaron muestras para buscar indicios de contaminación y que el caso es jurisdicción de la Justicia Federal, no solo por ser un parque nacional sino que “hay un compromiso internacional asumido de conservación”.

“La medida cautelar suspende la actividad hasta que se presente el diagnostico de impacto ambiental, que acarrea una serie de actividades que se deben realizar para prevenir futura contaminación”, precisó.

“Se corta el vínculo con el padre o la madre en un día, pero se tarda años en restablecerlo”, dice este ex juez de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de Capital. Desidia, mala praxis, ignorancia, escasez de medios: son algunas de las razones que facilitan la judicialización de los conflictos por la tenencia de los hijos, con grave afectación de los derechos del niño.

La Ley no es mala, pero no se cumple, explica Mauricio Luis Mizrahi, ex juez de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de la Ciudad de Buenos Aires. Ante una denuncia de violencia familiar, muchos jueces “se cubren” dictando de inmediato una cautelar que excluye abruptamente al progenitor denunciado de la vida del niño. Una denuncia equivale entonces a una condena, porque el siguiente paso que define la norma es una audiencia para escuchar a la parte denunciada y acá es donde la justicia empieza a fallar: prácticamente nunca se realiza en las 48 horas que fija la ley, los plazos se eternizan, “como yo lo vengo denunciando -dice-, por la burocracia judicial”.

Mauricio Mizrahi es doctor en Derecho y Ciencias Sociales, fue juez civil por casi 30 años y es profesor titular consulto de la Universidad de Buenos Aires. Ha publicado el libro Responsabilidad parental y también varios trabajos para explicar el fenómeno de la “alienación parental”, realidad que muchos niegan pese a la evidencia del incremento de las falsas denuncias de violencia familiar que suelen ser el primer paso de una larga serie de acciones destinadas a excluir a uno de los progenitores de la vida del niño, que pasa a estar bajo dominio total del denunciante, al punto de asumir su discurso. No significa que todas las denuncias sean falsas, aclara Mizrahi, pero muchos jueces fallan en la celeridad para investigar y resolver estos casos en los que el paso del tiempo significa para los menores la pérdida de un progenitor y en ocasiones de toda la familia paterna o materna.

Entre los déficits que señala están ciertos errores en la interpretación de la Convención de los derechos del niño y en la aplicación de la Ley de violencia familiar que él no atribuye necesariamente a la mala fe sino más bien a la ignorancia o, en otras palabras, a la falta de formación y especialización, tanto de los magistrados como de los psicólogos que los asisten en estas causas. Pero la mayor dificultad radica en la escasez de juzgados de familia que es quizás la principal causa de una morosidad en los procesos que deriva en grandes injusticias. La Corte Suprema tiene autonomía como para decidir la creación de nuevos juzgados, apunta Mizrahi, quien, preocupado por llamar la atención sobre estas falencias, ha convocado en junio próximo a unas jornadas interdisciplinarias en torno a la problemática de la “alienación parental” y el abordaje de estos conflictos familiares que judicializan la infancia.

En esta entrevista con Infobae, Mauricio Mizrahi se explaya sobre las causas de las anomalías en el funcionamiento de los juzgados de familia, falencias que han habilitado una nueva industria del juicio en el marco de separaciones litigiosas y que afectan en especial los derechos del niño.

— Se observa actualmente una proliferación de litigios familiares, tal vez porque hay más separaciones, y surgen conflictos en torno a la tenencia de los hijos. ¿Cuál es la causa por la cual un padre, o una madre, puede pasar hasta cinco o seis años sin ver a sus hijos incluso habiendo sido absuelto por la justicia?

— Las razones son varias. Cuando se interrumpe el contacto de una madre o un padre con el hijo, y no hay una solución rápida, y no hay una causa razonable, porque si se trata de un padre golpeador o un violador, es lógico que no haya contacto. Pero dejando de lado esas situaciones, cuando no hay ninguna causa importante se debe a varios factores. Primero, al funcionamiento de los tribunales. Todos sabemos, no es ninguna novedad, que no funcionan bien los tribunales, están abarrotados de trabajo, yo he publicado muchos trabajos denunciando esta situación. No solo en este gobierno sino también con el anterior. O sea que vienen gobiernos de diferentes signos y todos con la misma política de no hacer las inversiones necesarias. Por otro lado, hay jueces que no son lo suficientemente capaces porque hay una deformación, que también he denunciado, de los concursos, que en este gobierno y en el anterior en gran parte eran digitados, con lo cual no llegan a jueces los candidatos más idóneos. Otra razón es que muchos psicólogos no entienden esta problemática.

— Se dice que va una madre o un padre y denuncia “mi ex abusó de mi hijo” y basta la palabra de esa persona para que el juez dicte una orden de alejamiento. ¿Es así?.

— Lamentablemente es así en muchos casos. Salvo honorables excepciones de jueces muy precavidos. No solamente por abuso sexual, cualquier denuncia de violencia familiar. En la Capital Federal tenemos una Oficina de Violencia Doméstica, la famosa OVD, que es realmente un desastre, porque recibe la denuncia de la mujer, puede ser de un hombre también, y no confrontan, no citan al denunciado. De modo tal que basta que alguien haga la denuncia para que el denunciado se convierta en presuntamente culpable. No quiero decir que sean falsas las denuncias. Una denuncia puede ser muy falsa como muy verdadera. Abuso, maltrato, lesiones, puede ser mentira o verdad. Es tarea del tribunal investigar. El problema es que dictan la cautelar inmediatamente. Yo he denunciando esta situación que se debe entre otras cosas a que los jueces quieren cubrirse. Pero además, no puede haber atención personalizada por la gran cantidad de expedientes de violencia que entran por día en cada juzgado.

— ¿Tiene idea del número?

— No con exactitud, pero sí que superan la capacidad del tribunal. Pero por otro lado los jueces quieren cubrirse, entonces ante el riesgo de que pueda ser verdad, cortan el vínculo. Como vengo denunciando, se corta el vínculo en… ¿sabe cuánto?: en un día. ¿Y sabe cuánto tarda en restablecerse? De repente, tres años. Por la burocracia judicial.

— El siguiente paso es que no cumplen el Código de Procedimiento, ¿no?

— ¿Los jueces? No lo cumplen.

— Porque el Código dice, lo leí en sus artículos, que el juez tiene que hacer una audiencia a las 48 horas.

— Tal cual. Hay varias violaciones de la norma por los jueces. En general las leyes no son malas, tratan de guardar el equilibrio, lo que se llama la compensación. Entonces por un lado, la ley autoriza al juez a dictar la medida inmediata, pero por el otro le ordena al juez que dentro de las 48 horas debe citar al denunciado con lo cual éste puede ir y decir “la verdad es ésta, yo no hice tal cosa, o tal otra” y el juez inmediatamente levanta la medida. Esa audiencia no se hace ni en Capital Federal ni en provincia. ¿Sabe lo que hacen? Citan al denunciado, y le hacen firmar como que vino y cumplió.

— O sea que lo notifican.

— Lo notifican, exactamente. La otra violación es que no escuchan al niño, están violando totalmente la Convención (de los derechos del niño). O sea que un chico de 8 años por ejemplo se entera de un día para el otro que no puede ver más al padre o a la madre sin que el juez lo haya citado. Cuando hablo con los jueces, me dicen y qué querés, estamos sobrepasados.

Cuando no le ve mucha verosimilitud a la denuncia, el juez debe reemplazar la prohibición del vínculo entre el denunciado y su hijo por un sistema de comunicación supervisada.

— ¿Por qué ante una denuncia de violencia doméstica el juez toma una decisión tan drástica de cortar el vínculo del niño con el progenitor o progenitora denunciado, los abuelos, los tíos, toda la familia del ex denunciado o denunciada? Usted sostiene que puede haber medidas intermedias. Soluciones que eviten una ruptura drástica del vínculo.

— Totalmente. Cuando yo estaba en la Cámara, Cámara Civil, Sala B, me llegaban apelaciones, y hay un olfato, uno está acostumbrado a esto y cuando no le ve mucha verosimilitud a la denuncia lo que hace es reemplazar la prohibición por un sistema de comunicación asistida o supervisada. Se nombran trabajadoras sociales que, hasta que quede dilucidado el tema, por lo menos la persona ve a los hijos unas horas dos veces por semana por ejemplo.

— Con la presencia de un profesional.

— Sí, sí, sí. ¿Por qué no hacen eso? No tengo problema de decirlo: porque no se trata del hijo de esos jueces, porque si fueran hijos de ellos seguramente lo pensarían dos veces antes de cortar los vínculos. Es una forma de proceder alegremente, superficialmente, en muchos jueces. En otros no. Quiero aclarar que hay muchos jueces responsables. Pero otros no se dan cuenta de la dimensión del problema.

Hay abogados inescrupulosos que le dicen al cliente ‘¿por qué no le hacés una denuncia de violencia familiar?’
— Claro, porque un niño de 2, 3, 4 años que es aislado por completo de su padre durante cuatro o cinco años, después la revinculación…

— …es un desastre.

— Es encontrarse con un desconocido.

— Así es. En cambio con un sistema de régimen asistido por lo menos sigue alguna suerte de vínculo entre ellos. Después se verá qué pasa en el trámite. Pero todo es muy lento. El sistema judicial es muy lento. Y eso va en contra de los derechos de los afectados. Además hay abogados inescrupulosos. También los hay muy serios y muy responsables. Pero hay otros que le dicen al cliente “¿por qué no le hacés una denuncia de violencia familiar?” Hay abogados inescrupulosos que no merecen ejercer la profesión.

— Algunos padres me decían que hay una falla del sistema sobre la cual se montó una industria del juicio, porque hay una proliferación de este tipo de situaciones, ¿no? ¿Se está haciendo una estadística, para saber, en las separaciones litigiosas, qué porcentaje hay de falsas denuncias?

— No, pero se sabe que hay abuso de las denuncias de violencia familiar. Hay abuso por parte de los profesionales porque por más que el cliente le diga lo que le diga, si el abogado se pone firme, si es serio, le dice: perdóneme, si no me da elementos yo no voy a hacer la denuncia. Inclusive si se actuara bien y se trata de una denuncia inescrupulosa e ilegal puede haber responsabilidad del abogado que está mintiendo a la Justicia, es una irregularidad. Puede ser objeto de sanciones. Pero, ¿sabe lo que pasa? Hay una identificación entre las relaciones de pareja y las relaciones parento-filiales, entonces hay una creencia en gran parte inconsciente del afectado, hombre o mujer, que tiene una herida narcisista, que fue abandonado, o traicionado, y usa como arma al chico. ¿De mala fe? Muchas veces sí. Pero otras veces es un manejo inconsciente del progenitor que dice: bueno, si mi relación sentimental con Fulana o Fulano terminó también tiene que terminar la relación de mi hijo con ese Fulano o Fulana. Es la identificación o confusión de la relación de pareja con la relación parento-filial. Son un verdadero drama estas situaciones y ahí es donde se producen los casos de alienación parental de los que he sido testigo en el funcionamiento de los tribunales.

El intendente Juan Pablo Luque confirmó que se ratificará la denuncia contra la jueza por mal desempeño luego de conocerse el polémico video besándose con un preso. “Entendemos que trató de sacar una ventaja lucrativa porque manifiesta que visita al preso porque está escribiendo un libro”, dijo.

A fines de diciembre se conoció un video de la jueza penal de Comodoro Rivadavia Mariel Suárez, donde se la ve besándose con Cristian «Mai» Bustos luego de que fuera condenado a perpetua por la muerte de un policía. Hubo presentaciones para pedir su destitución desde distintos sectores, entre ellos, desde la municipalidad de Comodoro Rivadavia.

El intendente Juan Pablo Luque, confirmó que la denuncia contra magistrada por mal desempeño y donde se pide además su destitución, será ratificada próximamente por la Asesoría Letrada a cargo de Guillermo Hugues.

Y explicó que “más allá de la situación romántica o no de la jueza con una persona que está presa por hechos aberrantes”, desde el municipio “entendemos que la jueza trató de sacar una ventaja lucrativa porque manifiesta que visita al preso porque está escribiendo un libro”, dijo y agregó que su visita fue “en su rol de magistrada”.

Luque aseguró además de esta situación que hay un agravante que se suma y es que Mariel Suárez “ ha actuado en la causa formando opinión sobre una sentencia donde intenta una situación más benévola para el preso”, por lo ques señala «es una situación de gravedad y que justamente es el tipo de magistrados que no queremos en la provincia”.

Finalmente, reiteró – en diálogo con FM del Viento – que “obviamente que va a ser ratificada” la denuncia en contra de la magistrada de Comodoro Rivadavia, ni bien retornen los funcionarios de dicha área tras su receso del periodo de vacaciones.

Puerto Madryn es uno de los destinos elegidos de las vacaciones de verano, y con un 90% de ocupación, también crecen las estafas. “Hay varios casos de personas que alquilan online un alojamiento inexistente y se enteran cuando ya han pagado”, alertaron desde la Fiscalía.

Los estafadores se multiplican en redes sociales aprovechando la necesidad de los turistas de alquilar para vacacionar en la ciudad o de los interesados en conseguir un alquiler permanente. Para conseguir su objetivo piden señas del 50% y, cuando los inquilinos llegan al supuesto lugar a alquilar, no existe o vive otra persona; también roban fotos e información de los departamentos de otras personas y los ofrecen como propios.

En Facebook es habitual ver escraches a presuntos estafadores o leer testimonios de las víctimas. Belén Jiménez contó a EL CHUBUT que buscando alquiler hizo una publicación y recibió mensajes de un hombre que le mandó fotos y que la trataba de convencer para que pague el total, pero ella le envió solo la seña. “Le pagué por trasferencia y cuando fui a Madryn la casa no existía”, se lamentó.

Otra mujer, Ángeles Sevillano, publicó un escrache afirmando que estaban usando fotos de su propiedad, un departamento a alquilar para cuatro personas. Como estos, todos los días se leen advertencias de personas que cayeron o estuvieron a punto de caer en las redes de un estafador.

En diálogo con EL CHUBUT, el fiscal jefe, Alex Williams, explicó que “pasa todos los años y en todos los lugares, pero esta temporada aún más porque aumentó el turismo interno producto de la pandemia. Y muchas veces las personas caen en estafas producto de la tentación de reservar lugares por valores por debajo del mercado sin chequear correctamente la información”.

En caso de ser víctima de un estafador, la denuncia formal se debe hacer en el Ministerio Público Fiscal. Para realizarla es necesario conservar comprobantes de pago, depósito y/o transferencia bancaria, junto con las capturas de pantalla del anuncio y de toda conversación que acredite la reserva, los servicios contratados y los pagos (mensajes de texto, WhatsApps, correos electrónicos, entre otros.

RECOMENDACIONES

“Hay varias recomendaciones para evitar caer en este tipo de estafas. Principalmente, buscar referencias de los alojamientos en páginas oficiales o en portales especializados, y tratar de optar por aquellas propiedades que están inscriptas en registros oficiales, como el de la Secretaría de Turismo”, indicó Williams.

Asimismo, aconsejó recurrir a la página oficial los alojamientos habilitados, buscar en las plataformas reconocidas (Booking o Despegar, por ejemplo) y siempre validar en las webs oficiales cualquier teléfono de contacto que se encuentre en las redes sociales en relación a un alquiler disponible.

El senador Ignacio “Nacho” Torres del bloque “Integración y Desarrollo Chubutense” participó de la firma de la denuncia por «mal desempeño» de la jueza Mariel Alejandra Suárez quien fue vista junto al preso «Mai» Bustos.

El comunicado fue enviado al Consejo de Magistratura de la provincia del Chubut y participó en la firma la senadora Edith Elizabeth Terenzi, Mercedes Jara, Telma Roberts, Fabiana Roberts, Claudia Roberts, y Leopoldo Roberts.

La denuncia se labró luego de hacerse público un video de la magistrada supuestamente besándose con el preso condenado a perpetua, Cristian «Mai» Bustos en el Instituto Penitenciario Provincial (IPPV), ubicado al norte de Trelew.

Torres recordó que la jueza ya hace unos años atrás había sido destituida porque «expuso a una menor (que fue abusada) sexualmente con un trabajo práctico con la identificación de la chica. Ayer veía una nota en medios nacionales en la que la jueza se reía y decía que toda esta situación le iba a servir para la difusión de su libro», dijo.

El escándalo por la visita de Mariel Suárez a Cristian ‘Mai’ Bustos en el Instituto Penitenciario chubutense explotó tras la denuncia de un oficial del penal.

La jueza comodorense sigue en el ojo de la tormenta tras el escándalo que se generó en torno a su visita al doble homicida ‘Mai’ Bustos. Se aguardan las posibles sanciones que podrían caberle por comportamiento fuera de los límites de su función.

Luego se dieron a conocer las imágenes donde la jueza comodorense compartía mates y charla con el reo, y presuntamente se unían en un beso.

Tras ello la magistrada argumentó que su visita había sido con fines académicos, dado que pensaba escribir un libro con el preso oriundo de Corcovado como uno de los protagonistas principales.

La noticia tomó inmediata repercusión nacional e internacional, al mismo tiempo que llegaron las declaraciones de funcionarios y legisladores pidiendo que sea sumariada y apartada del cargo.

Finalmente, en las últimas horas se presentó en el Consejo de la Magistratura una denuncia contra la jueza Mariel Suárez. El escrito al que tuvo acceso El Comodorense hace hincapié en cuatro puntos centrales para sostener la acusación, entre ellos que la magistrada incurrió en una infracción al relacionarse con el reo del que ella misma participó en su enjuiciamiento, con fines de escribir un libro del que luego sacaría provecho económico vendiéndolo a terceros.

A partir de ello se iniciará una investigación que buscará comprobar las infracciones de la jueza en función y establecer las sanciones que le correspondan a la magistrada.

El juez penal de Sarmiento, Alejandro Rosales, analiza el pedido de elevación a juicio oral y público de la causa penal impulsada contra el oficial de policía Gabriel Segundo Cayupul (38) y la agente Patricia Elizabeth Gajardo (37). Los empleados policiales fueron acusados por el Ministerio Público Fiscal, como presuntos autores de los delitos de privación ilegítima de la libertad, vejaciones y abuso de autoridad. Asimismo, el Ministerio Público de la Defensa, se constituyó como querellante y denunció la práctica de violencia institucional por parte de la policía de Chubut. En tanto, el abogado particular Carlos Cerbino, requirió el sobreseimiento de sus asistidos.

Los hechos

En la ocasión, la Procuradora Fiscal Marisol Sandoval, relató los hechos que figuran en la pieza de acusación pública.
En este sentido, la Procuradora señaló que el hecho investigado ocurrió el 30 de abril de 2020, en la comisaría de Ricardo Rojas. En esa ocasión, la víctima se presentó en la dependencia con la intención de dialogar con el personal policial.

En tanto, al llegar al lugar, detrás de ella arribó el móvil policial. De ese vehículo, descendió el jefe de la comisaría Gabriel Cayupul.

Luego de discutir con la denunciante, el oficial la tomó de su brazo derecho y por la fuerza, la ingresó a la dependencia policial. Finalmente, la arrojó en el baño de la comisaría. Asimismo, se informó que unos minutos más tarde, ingresó la agente Gajardo. La mujer policía, le indicó a la víctima que por órdenes del jefe de la comisaría debía desnudarse por completo. Según manifestó la empleada policial, el fundamento de su exigencia a los fines de poder constatar si la mujer llevaba entre sus prendas algún arma de fuego o cuchillo.

Más tarde, la acusada le ordenó a la víctima que se vistiera. Luego la trasladó a la oficina del responsable de la dependencia policial de Ricardo Rojas. Allí, el oficial Cayupul, volvió a insultar a la mujer detenida.

A ello, se agregó que las autoridades policiales, en ningún momento, le informaron los motivos de su detención. Por último, se indicó que la mujer permaneció retenida -de manera ilegal- por el plazo de dos horas aproximadamente.

En este contexto, Sandoval enumeró y fundamentó los medios de prueba testimoniales y documentales que la parte acusadora presentará en las audiencias de debate.

Violencia Institucional

A su turno, el abogado Gustavo Oyarzun -constituido como querellante- sostuvo que también formularon acusación de manera autonóma. Asimismo, refirió las normativas vinculadas al rol del Ministerio de la Defensa Pública, para constituirse como querellante en casos de violencia institucional.

En este sentido, explicó que toman una definición de violencia institucional como un conjunto de prácticas estructurales, arraigadas y crónicas, cometidas por la policía de la provincial de Chubut, en violación de los derechos elementales de los ciudadanos.También agregó que en la causa se evidencian situaciones de violencia de género y simbólica, que podrían agravar la pena de los acusados.

Por último, adelantó que solicitaría la aplicación de una pena de cinco años de prisión y diez años de inhabilitación, para el oficial Cayupul. En tanto, pedirá al tribunal la pena de dos años de prisión en suspenso, y cinco años de inhabilitación para desempeñarse en comisarías, para la agente Gajardo.

La defensa pide absoluciones

Luego, el abogado particular Cerbino, solicitó el sobreseimiento de los dos empleados policiales. Sus fundamentos, se basaron en que los acusadores no lograron determinar con precisión y claridad, una pieza acusatoria que permita someter a sus defendidos a un juicio oral y público. Por otra parte, el abogado defensor, ofreció prueba testimonial y documental, para las eventuales audiencias de debate.

Luego de escuchar los pedidos de las partes, el magistrado, dispuso un cuarto intermedio e indicó que la próxima semana dará a conocer su resolución.

El acto judicial se desarrolló en la sala de audiencia de la oficina judicial y fue presidido por el juez Alejandro Rosales. La fiscalía estuvo representada por la Procuradora Fiscal, Marisol Sandoval. En tanto los imputados, participaron mediante conexión telemática desde Alto Río Senguer y Ricardo Rojas, respectivamente. Los procesados recibieron la asistencia técnico legal del abogado particular Carlos Alberto Cerbino. El abogado de la Defensa Pública, Gustavo Oyarzun, actuó como parte querellante

El Consejo de la Magistratura definió por mayoría, ya que la decisión fue dividida, de archivar la denuncia contra el fiscal Daniel Báez, vinculada con su desempeño en una investigación de un caso de abuso sexual infantil. La decisión es importante porque se trata de uno de los postulantes -propuesto por el gobernador Mariano Arcioni- a integrar el Superior Tribunal de Justicia de Chubut.

Báez fue cuestionado por no haber impulsado el juicio y por haber requerido el archivo de la causa, que luego fue reimpulsada por la apelación del abogado del padre de la víctima.

En la sesión de este miércoles en Esquel, el pleno del Consejo de la Magistratura debió definir entre dos dictámenes: si el caso era archivado o si se abría un sumario en su contra. Finalmente, optó por la primera opción, llevando tranquilidad ante el pliego que espera tratamiento en la Legislatura.

Tal como informó ADNSUR, la denuncia de la Asociación Civil de Madres de Víctimas de Trata de Personas fue presentada en marzo ante el consejo, cuestionando la actuación del fiscal en una causa que involucraba a un niño cómo víctima de abuso sexual infantil.

El cuestionamiento hacia la actuación del fiscal es por haber pedido en su momento el archivo de la investigación (por entender que no había pruebas para impulsar la acusación), pero la querella se opuso y logró llevar el caso a juicio, con sentencia condenatoria para la madre y la pareja del niño.

El fiscal denunciado es Fernando Rivarola; el del caso de la “violación en manada” de playa Unión que a comienzos de este año tuvo que afrontar serias críticas y hasta pedidos de renuncia desde distintos sectores de la sociedad argentina, al trascender a nivel nacional e internacional por considerar que los imputados habían tenido “un desahogo sexual”.

La denunciante de Rivarola es la doctora Florencia Gómez –fiscal de Rawson–, quien habló por Radio 3 AM 780 en los siguientes términos: “Soy una persona educada que jamás le falto el respeto a nadie, y exijo entonces que se me trate como corresponde”

“Pienso que estamos en una época en la que hubo un cambio para que las mujeres tengamos la posibilidad de hacer los reclamos que corresponden, exigiendo que se nos trate como se debe”, opinó y consignó: “Primero y principal con el respeto que se le debe tener a cualquier persona y darnos el lugar que corresponde también como mujer”.

“Una de las cuestiones en las que hago hincapié en la denuncia –contó— es que tome como última opción el ir hasta el Consejo de la Magistratura, porque previamente ya había hecho las presentaciones correspondientes institucionalmente y no recibí respuestas. Entonces me vi obligada en hacer la denuncia en el Consejo”

¿Qué es lo que se denuncia concretamente ahí? Se le consultó. “Maltrato institucional y violencia de género”, respondió Gómez y luego explicó que su jefe (Rivarola) “constantemente desmerecía mi trabajo, lo desprestigiaba y no me trataba como un par. Más allá que una sea mujer se merece respeto, como cualquier persona, colega o compañero de trabajo (…) Yo viví situaciones violentas y dudo que se hubiese manejado así si hubiese sido un fiscal hombre. Esto que estoy diciendo lo puse mejor aclarado en la denuncia”, agregó.

–Y estos maltratos, esta situación de violencia de género ¿Cuándo comienza, hace poco? Se le preguntó. “Empecé a compartir con él la oficina, cuando el doctor (Fernando) Rivarola llega a Rawson en enero de 2019. Siempre trabajé con el doctor Heiber (el fiscal que renunció hace tres meses, denunciando presiones de sus superiores); fui su funcionaria y después tres años fiscal a la par de él:  éramos tres fiscales, Rivarola, Heiber y yo, y nunca tuve ningún tipo de inconveniente con el doctor Heiber con quien venía trabajando desde hacía cinco años, ni con el (recordado) doctor (Sergio) Ferrín con el que tampoco tuve ningún problema, inclusive, fui tratada muy educadamente, como corresponde al cargo, a la función y a la persona”, insistió. “Siempre me trataron con total educación y respeto”, subrayó.

“No fue así cuando me tocó trabajar sola con el doctor Rivarola, que fue hace poco después que renunciara el doctor Heiber. Ya había habido situaciones que puse en conocimiento pero no se tomó ningún tipo de medida, entonces esto género –al no tomarse ninguna medida—que cada vez se incrementara más el destrato”, indicó.

–Claro, porque él conoció o se enteró de que usted lo había denunciado. Se le apuntó. “Sí, fui haciendo como corresponde institucionalmente las denuncias internas, poniendo en conocimiento a mis superiores situaciones violentas que más allá de ser mujer creo que ninguna persona debe sufrirlas en un ámbito de trabajo o donde fuere”.

“Siempre digo que la violencia jamás se la debe justificar, nada la justifica. Nada, absolutamente nada. Nadie merece ser violentado y todo el mundo debe ser respetado”, agregó.

—Estos maltratos que usted denuncia, ¿comenzaron por algo en particular? Se le consultó. “No, no hubo nada en particular. Simplemente empezaron a surgir y fueron delante de compañeros. Hay gente que en la denuncia aparece como testigos de estas situaciones que me tocó vivir”, contó.

Se le preguntó luego cómo se sentía el día después que trascendiera públicamente su denuncia, como un hecho que no tiene precedentes en la Procuración Fiscal y en el Poder Judicial de Chubut.

“Lamento tener que haber llegado a esta situación, de tener que denunciarlo, porque hubiese sido mucho más próspero para nuestro trabajo el que esta persona hubiera cambiado su actitud conmigo. Pero evidentemente tuve que llegar hasta esta instancia porque lejos de desistir en sus actitudes hacia mí las fue incrementando: se incrementó el desprecio, las situaciones de violencia y aumentó también el interés de desprestigiar mi trabajo”, denunció.

–¿Su jefe superior el procurador General Jorge Miquelarena la llamó? Se le consultó. “No. Aún no (…) Me llamaron de todos lados, mujeres que se solidarizaron conmigo (sobre todo) y que ahora se van a empezar a animar a hacer las respectivas denuncias. Yo siempre digo con respeto uno consigue mejores resultados en cualquier trabajo: yo soy una persona educada, que jamás le falto el respeto a nadie, y entonces estoy exigiendo que se me trate como corresponde, nada más. No estoy exigiendo que se me trate diferente, quiero que se me trate como persona y como mujer. Que se me respete”, concluyó Florencia Gómez.

Fuente: Radio 3 Cadena Patagonia