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La vicepresidenta Cristina Kirchner anunció por Twitter que recusará a la jueza federal María Eugenia Capuchetti, a cargo del ataque frente a su casa en Recoleta, a la que acusó de obstruir la investigación. Publicó un video en el que dijo que la quieren “presa o muerta” y buscó vincular con el atentado al diputado del PRO Gerardo Milman.

La expresidenta anunció en un tuit: “Quiero compartir con ustedes el siguiente video. A raíz de los hechos que van a ver y escuchar, he instruido a mis abogados a recusar a la jueza María Eugenia Capuchetti”.

El video comienza con un relato en off del ataque: “El 1° de septiembre, antes de las 21, en la puerta de su casa intentaron asesinar a Cristina Fernández de Kirchner. El agresor gatilló el arma a 15 centímetros de su cara, pero la bala no salió. Los militantes lo detuvieron en el acto y lo entregaron a la Policía. Su nombre es Fernando Sabag Montiel. No actuó solo. Estaba acompañado por Brenda Uliarte, quien junto a otros cómplices lo instigó a cometer el crimen”.

Califica al atentado como “el más grave de una sucesión de acciones violentas contra Cristina registradas este año” y se pregunta: “¿Pero quién estuvo detrás del intento de asesinato?”. Luego aparece el nombre de Milman: “Días más tarde del atentado, un testigo se presentó en el juzgado de Capuchetti para aportar información. Declaró que dos días antes del atentado, en el bar Casablanca, en la esquina del Congreso nacional, escuchó decir al diputado Gerardo Milman, junto a dos mujeres que lo acompañaban, lo siguiente: ‘Cuando la maten, yo voy a estar camino a la Costa’”.

La vicepresidenta Cristina Kirchner anunció que recusará a la jueza federal María Eugenia Capuchetti, a cargo de la causa del atentado .

Después de mostrar imágenes en las que se ve cuando Milman entra al bar Casablanca frente al Congreso junto con dos mujeres, indica que verificó que el diputado estaba ese día “en el lugar y hora” que indicó el testigo, acompañado por sus dos asesoras y que “al otro día viajó a la Costa”. Luego menciona: “A los dos días quisieron asesinar a Cristina”.

Luego indica que las asesoras del diputado del PRO declararon en la causa, que negaron la reunión y su presencia en Casablanca, hasta que les mostraron las imágenes donde se las veía entrar y salir del bar. La voz plantea: “Recién entonces admitieron que aquella reunión había existido”.
Después se plantean críticas a la jueza: “Pese a que (las asesoras de Milman) iniciaron su declaración bajo juramento mintiendo, la jueza Capuchetti no tomó ninguna medida para seguir investigando. Milman todavía no fue citado a declarar en la causa”.

 

Cristina Kirchner apuntó contra los antecedentes de Gerardo Milman y una de sus asesoras

En el video que publicó Cristina Kirchner apuntaron contra los antecedentes de Milman y de Carolina Gómez Mónaco, una de las asesoras del diputado del PRO.

  • Mencionan que Milman fue viceministro de Seguridad durante la gestión de la actual presidenta de PRO Patricia Bullrich, y que manejó el área de Inteligencia. Además indica que integra la mesa de PRO y en que es diputado nacional por ese espacio.
  • En cuanto a Gómez Mónaco explica que fue Miss Argentina en 2012 y que Milman la designó cinco años después como directora de la Escuela de Inteligencia Criminal de la República Argentina.
  • Plantea que “es dueña de Luxa Estética, creada el mismo año de su designación como funcionaria”.

Las causas que rodearon el atentado avanzan lento en expedientes separados pese a la existencia de actores y hechos comunes y al pedido expreso de la Vicepresidenta para unificarlas. Las dudas, cruces y certezas, desde Uliarte hasta el Grupo Caputo, Bullrich y Milei. El rol de la Corte.

La Corte Suprema tardó unas horas en responder al proyecto de que los jueces paguen Impuesto a las Ganancias, mientras que en 52 días no dio respuesta alguna a la tentativa de matar a la vicepresidenta de la Nación. Ni un amague de reforzar al equipo de la jueza María Eugenia Capuchetti, de sacarle provisoriamente la instrucción de los cientos de causas que tiene o permitirle que su juzgado no entre en turno por un par de meses para que se pueda concentrar en el expediente del intento de magnicidio.

La Procuración, alineada con el macrismo, tampoco reacciona: en la causa por las rutas de Santa Cruz hay dos fiscales y un gran equipo al que llaman Los Vikingos porque supuestamente iban a arrasar con todo en la causa contra Cristina Kirchner. Por ahora protagonizan un naufragio escandaloso.

En el expediente sobre la tentativa de atentado de Juncal y Uruguay hay un único fiscal, Carlos Rivolo, y su dotación es la habitual. El resultado es una lentísima investigación en la que, por ejemplo, un neonazi dice que empresarios vinculados al macrismo le pagaron 13 millones de pesos para fabricar muebles y que todo se inició porque una hermana de un exministro de Mauricio Macri justito pasó por la puerta de una carpintería, sin historia y sin capacidad para fabricar nada. Transcurridas dos semanas, no se sabe si los muebles existen o no existen y, especialmente, qué se hizo con el dinero.

A los pagos conocidos, ahora se sumaron otros 50 mil dólares. El dinero fue localizado el jueves pasado en uno de los allanamientos que ordenó el juez Marcelo Martínez de Giorgi en el marco de la investigación por las amenazas de Revolución Federal, el grupo que pasó a la fama porque usaba antorchas encendidas para protestar frente a la Casa Rosada y pedir bala para los kirchneristas. El dinero pertenecía a Leonardo Sosa, uno de los fundadores del grupo que fue detenido junto a Morel. En el lugar había 465 billetes de 100 dólares, 51 de 50 dólares y 4 de 20.

Las causas que rodean el intento de matar a Cristina Kirchner plantean numerosos interrogantes. Pero uno de los problemas es que continúan tramitando separadas. Existen dos expedientes que deberían tramitar de manera conjunta como exigió la querella de la vicepresidenta Cristina Kirchner. La causa por incitación a la violencia sobre Revolución Federal está en el juzgado de Martínez de Giorgi e interviene el fiscal Gerardo Pollicita; la causa del atentado a CFK está en el juzgado de Capuchetti.

El fiscal Pollicita considera que puede existir un nexo entre las dos causas. Para él, Revolución Federal “se terminó constituyendo (…) en uno de los actores que sembraron en la sociedad la escalada de violencia y odio, cuyo acto más trascendente resultó ser el intento de homicidio de la Vicepresidente de la Nación, el pasado 1 de septiembre”. En la misma causa, Martínez de Giorgi negó la excarcelación a los cuatro detenidos de Revolución Federal al entender que los hechos podrían «guardar vinculación» con el atentado que investiga su colega. Pese a estos elementos, la jueza Capuchetti se resiste a unificar las causas y vincularlas. ¿Cuáles son los cruces y los vacíos en la investigación?

1. ¿Hay real conexión con dirigentes de Juntos por el Cambio?

Ya apareció un nombre en escena en las causas, Hernán Carrol. Un sujeto que aparece en varias fotos en el medio de Patricia Bullrich y Javier Milei. El que apretó el gatillo, Fernando Sabag Montiel, le dijo a la jueza que Carrol designaría a su defensor y le pagaría. De entrada, Sabag y Brenda Uliarte parecían náufragos, solos, en el mar. Ahora figuran bastante rodeados. Está claro que estuvieron en una marcha con Revolución Federal, participaron de un vivo de Instagram con Nueva Centro Derecha, de Carrol, y en un cumpleaños de esta última agrupación. Todo eso en las dos semanas previas al ataque. Todavía no es mucho, pero es bastante si se considera que se perdieron celulares, que se borraron mensajes y que hay una exasperante lentitud para investigar las relaciones Carrol-Revolución Federal-Brenda-Sabag.

2. ¿Hay algún indicio de que algunos de los llamados “halcones” de Juntos por el Cambio sabía del ataque?

En el expediente de la causas existen testimonios que lo sugieren. Y lo más llamativo fue el proyecto del halcón Gerardo Milman, firmado el 19 de agosto, que dice textualmente: “No vaya a ser que algún vanguardista iluminado pretenda favorecer el clima de violencia que se está armando, con un falso ataque a la figura de Cristina, para victimizarla”. Es obvio que Milman, mano derecha de Patricia Bullrich, sabía de la existencia de algo. Parece llamativo que no lo convoquen a declarar. Una mirada benévola interpretaría que Milman estaba al tanto del ataque y no lo denunció ni lo frenó. Objetivamente hablando, Juntos por el Cambio entra en el radar de lo ocurrido.

3. ¿Amenaza Sabag desde la cárcel?

La carta en la que destituyó a sus defensores oficiales parece un apriete. Desde la cárcel dice, tácitamente, “me impulsaron a hacer lo que hice, me dejaron solo, pónganme un abogado y páguenlo”. En declaraciones radiales, Carrol mira para otro lado. Pero hay una parte de la historia que no se conoce porque no se secuestraron los celulares a tiempo y se borró gran parte de lo que había en el Samsung de Sabag. Por ahora, no hay explicación de cómo Sabag y Brenda estuvieron en el cumpleaños de un dirigente de Nueva Centro Derecha, el grupo a través del cual Carrol fue candidato de José Luis Espert y figura en fotos, con la bandera de la agrupación, tanto con Milei como con Bullrich. Falta conocer toda la relación de Sabag-Brenda con está organización mitad patovica, mitad fascista, que dice luchar “contra el gobierno neomarxista de Alberto Fernández y Cristina Kirchner”.

4. ¿Y Brenda Uliarte?

También hay enormes vacíos en la investigación. Hay preguntas que se caen de maduras. ¿Cómo llegó a participar de la marcha de Revolución Federal en la que tiraron antorchas contra la Casa Rosada y tuvieron que intervenir los bomberos? ¿No hay un solo mensaje? ¿Ni un chat? Sigue sin explicación real este nexo entre quienes gatillaron y quienes impulsaban la idea de matar a CFK y recibieron dinero de la familia Caputo.

O sea, Brenda Uliarte y Sabag estaban en un grupo que vendía copos y cuyo referente, Gabriel Carrizo, mencionó –en mensajes que había borrado, pero fueron recuperados por la PSA– que el ataque se iba a hacer una semana más tarde con un arma aportada por él, un calibre 22. En paralelo, otro grupo, Revolución Federal, también hablaba de matar a CFK –infiltrando a la Cámpora-, además de dispararle a Máximo Kirchner y al presidente Alberto Fernández. Brenda Uliarte estuvo con ellos frente a la Casa Rosada, sin que se haya encontrado hasta ahora la forma en que se vincularon.

5. El hilo del dinero

Página/12 publicó este sábado, en exclusiva, que el líder de Revolución Federal, Jonathan Morel, admitió haber recibido 13 millones de pesos de Caputo Hermanos, la familia del exministro de Finanzas de Mauricio Macri. En la presentación de la empresa, a cargo de Matías Cúneo Libarona, se agregan remitos (notas de entrega) poco entendibles: por ejemplo, le compraron a Morel 144 colchones; 144 almohadas, sillas que no eran de madera sino de metal, veladores, un montón de productos que ni siquiera corresponden a una carpintería. En su indagatoria ante el juez Marcelo Martínez de Giorgi y el fiscal Gerardo Pollicita, Morel dijo que Rossana Caputo pasó frente a la carpintería en Boulogne y lo contrató. Así de simple. Toda la historia se cae a pedazos. Lo que suma asombro es que los aportes de Caputo Hermanos se conocen hace dos semanas y en este tiempo no se terminó de determinar exactamente cuál es la verdad. A simple vista parece evidente que se usó la cuestión de los muebles como forma de hacerle llegar dinero a un grupo que hostigaba al gobierno de manera violenta y en un punto confluyó con quienes estuvieron accionando un arma en la esquina de Uruguay y Juncal, tras varios días de hacer inteligencia sobre la llegada de la vicepresidenta.

Las piezas no encajan en esta novela. La impresión es que sigue rigiendo el lawfare, la guerra judicial, la mayor parte de las veces aplicada a armar causas para perseguir opositores, pero otras veces a amortiguar las acusaciones contra las fuerzas de derecha. Desde la Corte Suprema hasta la Procuración, pasando por el edificio de Comodoro Py, el intento de magnicidio se maneja como si fuera una causa más y no un hecho de máxima gravedad institucional. Tiene mayor impacto el pago del Impuesto a las Ganancias.

Tras una investigación de requisas informáticas, este martes, Fernando Sabag Montiel fue imputado por pedofilia. Su celular tenía más de 100 fotos y videos de menores de edad “participando de actividades sexuales explícitas”.

A mediados de septiembre, el fiscal Carlos Rívolo había enviado a la Justicia porteña todo el material recuperado del celular de Sabag Montiel.

En el marco de la investigación, la fiscal Daniela Dupuy, del Ministerio Fiscal Porteño, intimó a Sabag Montiel a hacer un descargo sobre el material encontrado en la tarjeta SD del dispositivo.

La imputación formal contra Sabag Montiel es por tenencia con fines de distribución de casi 120 archivos de imágenes y videos, y la distribución de tres videos de pedofilia.

El celular del imputado no había podido ser requisado en un principio. Sin embargo, sí se logró extraer la tarjeta de memoria SD donde se encontraron estas fotografías.

Cincuenta gigas de información del teléfono celular fueron recuperados durante una pericia hecha por la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), incluidos los mensajes y contactos en el sistema de mensajería encriptado Telegram.

«50 gigas es el total de información recuperada del teléfono de Sabag Montiel», informaron fuentes de la investigación a Télam.

El teléfono de Sabag Montiel se había resetado al inicio de la investigación, tras ser manipulado en un intento por abrirlo, y en un primer momento sólo se accedió a parte del contenido.

La pericia para intentar recuperar los datos que pudieran continuar alojados en la «nube» comenzó el 28 de septiembre último en la Oficina Criminalística de la PSA con presencia de peritos de la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) y la querella que representa a la Vicepresidenta.

El procedimiento consistió en la validación de la tarjeta SIM del teléfono secuestrado a Sabag Montiel en un nuevo equipo de comunicaciones de similares características al suyo.

Durante el proceso se restablecieron contraseñas y esto «permitió recuperar la totalidad de los registros obrantes» en esas cuentas, un procedimiento conocido como «take out». En relación al sistema de mensajería WhatsApp no se encontraron copias de seguridad en las cuentas de Google obtenidas pero sí se descargaron los datos existentes en la «nube» del servidor de la aplicación y serán analizados.

En cuanto a la red social Instagram, se detectaron cuentas vinculadas a Sabag Montiel pero suspendidas por decisión de la empresa «Meta».

En particular, se recuperaron mensajes de Telegram desde diciembre de 2020 y archivos multimedia que se espera provean «información clave» a fines de establecer si hubo «autores intelectuales» en el plan para atentar contra la Vicepresidenta que se concretó sin éxito el 1 de septiembre cuando volvía a su departamento del barrio porteño de Recoleta.

Sabag Montiel y su novia Brenda Uliarte están procesados con prisión preventiva como autores del intento de magnicidio cometido contra la Vicepresidenta el 1 de septiembre pasado.

Paralelamente, los otros dos detenidos por el hecho, Agustina Díaz y Gabriel Carrizo, apelaron ante la Sala I de la Cámara Federal porteña los procesamientos con prisión preventiva como partícipes secundarios del intento de homicidio y ahora acusado de pedofilia.

La Cámara Federal porteña puso a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner al borde de otro juicio oral y público, esta vez por el presunto delito de “peculado” por la utilización de aviones de la flota presidencial para trasladar muebles para los hoteles familiares en El Calafate.

Por unanimidad, los jueces Pablo Bertuzzi, Leopoldo Bruglia y Mariano Llorens calificaron la conducta de la vicepresidenta como utilización “en provecho propio un servicio pagado por la administración pública».

El camarista Llorens, incluso, propuso que la confirmación del procesamiento fuera notificada al Senado para que avanzara con el desafuero de Cristina Kirchner con miras a una eventual detención, invocando los tratados internacionales de combate contra la corrupción.

La Cámara convalidó todo lo actuado anteriormente y volvió a pronunciarse sobre un caso en el que ya había intervenido, pero que había sido parcialmente revertido por la Cámara Federal de Casación –el máximo tribunal penal del país- por omisiones de procedimiento.

La nueva confirmación del procesamiento deja a la vicepresidenta encaminada a un nuevo juicio oral y público, en el que podría ser condenada a penas de hasta diez años de prisión.

La resolución indica que “tanto ella, como su familia, eran los beneficiarios directos de la utilización de los servicios pagados con el presupuesto nacional».

La vicepresidenta, cuando ejercía la primera magistratura, “utilizó el avión Tango 01 en varias oportunidades para transportar muebles, ropa de blanco y otro tipo de enseres, que no tenían una utilidad relacionada con la función pública que desempeñaba”.

“Utilizó en provecho propio un servicio pagado por la administración pública, incurriendo en una conducta merecedora de reproche penal», resume la resolución, de una treintena de páginas.

El camarista Llorens, por su parte, firmó un voto en el que subrayó la «grave falta ética» de la ex presidenta e impulsó su juicio político con el fin de proceder a su detención.

Llorens consideró la conducta de Cristina Kirchner como constitutiva de “una matriz de corrupción especialmente dañina para los destinos de la Nación, que debe ser prevenida, erradicada y sancionada”.

En ese esquema, propuso al juez de la instancia anterior, en este caso Julián Ercolini, “analizar si el camino para asegurar las medidas de cautela personal es el juicio que la Constitución Nacional impone para la separación del funcionario del ejercicio del rol con el que fue investido, a fin de tornar efectivo su encarcelamiento provisional”.

El fallo dispuso también la falta de mérito para el senador Oscar Parrilli, quien también aparecía investigado en la causa.

Según la testimonial de la Vicepresidenta, los agentes solo atinaron a decirle “vamos, vamos” y no se respetaron todos los puntos del Protocolo 7, que establece pautas para evacuar a un funcionario.

“En ese momento, personal de mi custodia me dijo ‘vamos, vamos’ porque me quería alejar del túmulo y ahí terminé el círculo, firmo los últimos libros y subo. Reitero, solo me di cuenta del hecho cuando lo vi por televisión”.

La frase pertenece a Cristina Kirchner. Es un tramo de su declaración testimonial ante la jueza María Eugenia Capuchetti y el fiscal Carlos Rívolo, que el 2 de septiembre, horas después del ataque, se constituyeron en el domicilio de la Vicepresidenta en Recoleta para conversar con la funcionaria en el marco de la instrucción que acababa de comenzar.

El que le preguntó a la titular del Senado si su custodia le había dado alguna indicación tras el ataque fue Rívolo y la frase de la Vicepresidenta solo colocó más dudas sobre el accionar de sus custodios y la falta de un seguimiento claro del Protocolo Nº 7, que marca las pautas generales con las que debe actuar la custodia de los funcionarios y dignatarios.

La declaración de Cristina Kirchner coloca más dudas sobre el accionar de la custodia

Según Cristina Kirchner, uno de los custodios le dijo “vamos, vamos”. En los videos se observa que su seguridad no habría cumplido con lo pautado en el manual de procedimiento.

TN accedió a documentos oficiales del Ministerio de Seguridad en los que se detallan punto por punto cómo debió haber actuado la custodia según el Protocolo 7. El punto 2.4 del apartado “Reacciones” establece que ante el ataque el jefe de la custodia “deberá hacer agachar al dignatario tomándolo por el cinturón y haciendo que sus rodillas se inclinen ligeramente”. Nada de esto ocurrió.

Los videos muestran cómo tras el ataque de Fernando Sabag Montiel la Vicepresidenta permanece en el lugar y observa cómo la militancia se lleva al atacante. Por las fallas en el operativo de Seguridad, la cartera que conduce Aníbal Fernández abrió un sumario administrativo para establecer si existió responsabilidad o negligencia por parte de los agentes que debían resguardar a Cristina Kirchner.

Qué dice el Protocolo 7 que debieron haber respetado los custodios de Cristina Kirchner

Otro de los puntos que no se respetó es el que indica que en caso de existiera un vehículo cerca del funcionario atacado, este debe ser introducido en el interior. El manual agrega: “Se introducirá al dignatario con la mayor premura en el asiento trasero, debiendo el oficial a cargo colocarse encima de éste, cubriéndolo con su cuerpo. En cuanto le sea posible deberá revisarlo físicamente en forma superficial en busca de heridas”.

A tan solo centímetros de la Vice se encontraba un Toyota Corolla blanco que forma parte de su custodia, pero ninguno de sus agentes la colocó allí. Según la propia Cristina Kirchner instantes después del intento de asesinato continuó con la firma de libros y luego se retiró hacia su departamento.

Que la Vicepresidenta haya permanece en el lugar viola otra de las normativas, ya que el primer ataque puede haber sido una maniobra de distracción. El manual detalla. “La adopción de estos procedimientos son aptos para defender la integridad física del dignatario respecto de un ataque secundario, ello ante la previsión de que el primer ataque que se registre pudiera tratarse de una táctica de distracción”.

La Justicia busca determinar si la custodia actuó acorde a este protocolo.¿Por qué no se trasladó a Cristina Kirchner a un lugar seguro? ¿En qué momento los agentes tomaron noción de que se trataba de un ataque? ¿La reacción fue acorde a lo establecido?

En este sentido, uno de los puntos que no queda claro es si se respetó el punto 2.4.3.2 “B” del tramo “Evacuación”, que establece que “el 2º jefe de la custodia deberá interponer su persona entre el dignatario y el lugar de donde provenga el ataque”.

Más de 100 agentes de seguridad y un protocolo en revisión

La custodia de Cristina Kirchner sigue a cargo de Diego Carbone, histórico jefe de su custodia. La remoción de los agentes no tocó a los altos mandos y Cristina Kirchner tiene 100 agentes de seguridad de la Policía Federal que la cuidan a ella y a su familia.

Se trata de una custodia que trabaja bajo la modalidad denominada24x48, es decir, 24 horas de trabajo y 48 horas de descanso. Todos los agentes se dividen en tres turnos para garantizar la seguridad de la funcionaria durante todo el día, incluido los fines de semana. El ataque provocó que se incremente en 20 la cantidad de agentes en la puerta del edificio de Recoleta y se revean los protocolos.

En La Cámpora continúa el malestar con el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, que tras el ataque se reunió con Cristina Kirchner. La agrupación que comanda Máximo Kirchner lo cuestiona porque debió haber asegurado la zona, ya que la Policía Federal estaba a cargo de la custodia del lugar tras la decisión del juez Gallardo, que le ordenó a la Policía de la Ciudad que se retire.

Cuestionan, a su vez, el accionar de los custodios. Los mismos que -sin intención alguna- Cristina Kirchner parece haber comprometido con su declaración.

Este miércoles, la justicia procedió a la detención de Nicolás Gabriel Carrizo, un supuesto vendedor de “copos de nieve” que se presentó en una entrevista por Telefé Noticias junto a Brenda Uliarte, la novia de quien disparó el arma contra la Vicepresidente de la Nación.

Se trata de Nicolás Gabriel Carrizo, un presunto integrante del grupo «los copitos» que acompañó a Brenda Uliarte en una entrevista por televisión.

El joven fue detenido por la causa que investiga el atentado contra Cristina Fernández de Kirchner, según informaron a Télam fuentes de la investigación.

El supuesto integrante del grupo conocido como «los copitos», se suma a los ya arrestados Fernando Sabag Montiel, Uliarte y Agustina Díaz.

 

Para este viernes por la tarde, el presidente de la Nación convocó a distintos actores sociales a una mesa de diálogo que se desarrollará a las 16 en Casa Rosada.

Este viernes, en las primeras horas de la tarde, el presidente Alberto Fernández arribó al departamento de Cristina Kirchner, ubicado en el barrio porteño de Recoleta de cara a una ardua jornada de movilización y reflexión en relación al intento de magnicidio que sufrió la vicepresidenta.

Al mismo tiempo, ministros, intendentes, referentes gremiales y militantes se movilizan a Plaza de Mayo para repudiar el ataque.

Durante esta mañana, Alberto Fernández encabezó una reunión de gabinete en Casa Rosada. Luego, convocó a distintos actores sociales a una mesa de diálogo que se desarrollará a las 16 en Casa Rosada.

La Justicia investiga varias hipótesis, entre ellas analiza el rol de la seguridad de la Vicepresidenta, durante los hechos sucedidos durante la noche del jueves, cuando un hombre gatilló un arma a pocos centímetros de la ex jefa de Estado.

Referentes de los tres poderes del Estado repudiaron el atentado. La Corte Suprema difundió un comunicado y oficialistas y opositores se reunieron anoche en el Congreso para una declaración conjunta. Este sábado podría haber una asamblea legislativa para condenar el ataque.

Mientras tanto, se espera que Fernando Sabag Montiel, el detenido por dispararle a CFK, sea indagado por la jueza federal María Eugenia Capuchetti.

Una testigo que se encontraba en el lugar, aseguró que estaba a medio metro cuando el agresor intento dispararle a Cristina Kirchner.

Gina, una vecina que se encontraba en el lugar, habló sobre el intento de asesinato a Cristina Kirchner: “Yo estaba hablando con la vicepresidenta en el momento del atentado pero no vi el arma”.

Y aseguró que se encontraba a medio metro cuando el agresor intento dispararle: “Cuando se corre a la siguiente persona es cuando ocurre el hecho”.

 

Personal policial detuvo en las últimas horas a una persona armada afuera de la casa de la vicepresidenta.

El hecho que se produjo este jueves por la noche generó una conmoción en Recoleta, donde desde hace días varios militantes y funcionarios mantiene un acampe de respaldo. Allí, un hombre penetró el círculo de personas que rodeaba a Cristina Kirchner y alcanzó a apuntar un arma enfrente de ella.

“Una persona que es indicada por quienes estaban cerca de él, muestra un arma. Fue detenida por personal de la custodia, la apartan y se encuentra el arma. Ahora tiene que ser analizada la situación por nuestra gente especializada para analizar huellas y la disposición de esta persona”, detalló Aníbal Fernández, ministro de Seguridad de la Nación, en declaraciones a C5N.

Hasta el momento no hay confirmación sobre la autenticidad del arma. De hecho, el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, mostró cautela ante lo ocurrido.

Fuentes del Gobierno indicaron que el detenido es un hombre de nacionalidad brasileña de 35 años. Contaba con un antecedente por portación de armas no convencionales el 17 de marzo de 2021.

 

#ÚltimoMinuto || 🚨 Minutos después de las 21h se produjo un atentado contra la vida de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner

🚨 El tiro no salió y los presentes señalaron al presunto agresor, que fue reducido por agentes que hallaron el arma entre sus prendas.

#CholilaOnline #LaVerdadSinVueltas #URGENTE #Policiales #Nacionales #Asesinar #Vicepresidenta #Argentina

Publicada por Cholila Online Portal de Noticias Digital en Jueves, 1 de septiembre de 2022

 

El pasado jueves durante la vigilia para apoyar a Cristina Kirchner en Recoleta, tras el pedido de condena en la causa Vialidad, significó un día histórico para Argentina. El ataque a la vicepresidenta generó conmoción mundial.

A pesar que líder del Frente de Todos pareció no tomar dimensión de lo sucedido, el hecho generó conmoción a nivel mundial. Este viernes, el presidente Alberto Fernández decretó feriado nacional con el fin de «recuperar la convivencia democrática».

Fuentes de la Policía Federal confirmaron que Fernando Sabat Montiel, un hombre procedente de Brasil, de 35 años, fue el atacante. Contaba con antecedentes por portación de arma. En marzo, fue detenido junto a un auto Chevrolet Prisma de color negro. Cuando el hombre buscó sus documentos en el auto, dejó caer un cuchillo de 35 centímetros de largo, y declaró que lo tenía allí para defensa personal.

Precisamente, Montiel gatilló la pistola sin que saliera un proyectil frente a la cara de la exmandataria poco después de las 21 horas. Habría utilizado una pistola Bersa calibre 380 y tenía balas en su cargador.

Tanto desde el Gobierno como de la oposición, incluido el expresidente Mauricio Macri, repudiaron el ataque y pidieron su esclarecimiento. También emitió su mensaje el gobernador de Chubut, Mariano Arcioni, entre otros funcionarios de la provincia.

El hombre fue trasladado a la aicaldía de la Policía Federal en Villa Lugano y quedó a disposición de la jueza federal María Eugenia Capuchetti.

En cuanto a Cristina Kirchner, según fuentes de su círculo más cercano, no vio el arma cuando fue gatillada frente a su cara, ya que en ese momento se había agachado para recoger un ejemplar de su libro “Sinceramente” que le habían acercado, señaló Clarín.

Cerca de la medianoche, el presidente Alberto Fernández emitió un mensaje por cadena nacional en el que recalcó que se buscará justicia y que el ataque atentó contra la paz social. Además decretó para el 2 de septiembre “feriado nacional”.

Por último, la medida afectó a los servicios de Comodoro Rivadavia tanto en el ámbito público como privado.