Este miércoles, luego del fracaso de una conciliación de 10 días, la fiscal federal de Bariloche solicitó al juez desalojar a las más de 130 familias que ocupan 60 hectáreas en la Reserva Federal de Mirador Azul y Cabeza del Indio de El Bolsón, desde el 20 de agosto.
A esto, sumó que, luego del traslado, deberán recibir alojamiento de parte de las autoridades de Río Negro. Recordemos que, inicialmente, parte de las familias aseguró que esto era a causa de la falta de viviendas en El Bolsón, pero, luego, se conocieron intereses particulares, ya que se intentaba vender lotes y madera.
A la manifestación, se alinearon movimientos indigenistas ligados a la comunidad mapuche, como la Cooperativa Awka Mallín, cuyo vocero es Juan Fernández, vinculado al asesinato de un policía neuquino en 2012 en San Martín de los Andes a manos de militantes de izquierda chilenos, y Juan Grabois, referente de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP).
La denuncia fue realizada por el INTA, que tiene instalaciones en el lugar, por lo cual se convocó al intendente, Bruno Pogliano. Este había declarado, en su momento: «Para la Justicia no hay delito. Si la Justicia Federal no hace nada, si no ordena el desalojo, va a ser muy difícil parar este daño ambiental que se está produciendo y terminamos privilegiando al que toma”.
La fiscal había dicho que no encontró delitos punibles por la ley, pero, al no tener respuesta para avanzar en la negociación, se venció el plazo. Además, las personas que ocupan el lugar ingresaban materiales de construcción y entraban por distintos pasos, pero lo más grave es que se trata de una reserva forestal y se ve salir del lugar, en vehículos, una gran cantidad de árboles cortados.
Recordemos que la última toma en la zona fue la del predio en Villa Mascardi, donde la ocupación continúa luego de tres años, señaló Red 43.