Así se desprende de un análisis del Gobierno sobre las transferencias del Estado nacional a las provincias en el marco de las medidas de aislamiento realizadas a partir del 20 de marzo, fecha de entrada en vigencia del decreto 297, y hasta el 2 de noviembre pasado.
El documento que se analizaba esta semana en los despachos oficiales destacó que el monto de $ 723.461 millones destinado a asistir a los estados provinciales, las empresas y las familias es equivalente al 40,8% de la coparticipación.
Por un lado se mencionan las transferencias directas a través de Asistencias del Tesoro Nacional y el Fondo Fiduciario de Desarrollo Provincia (FFDP) por $108.073 millones, mientras las indirectas, es decir aquellos fondos girados a las empresas y las familias, sumaron $ 615.389 millones.
Los préstamos otorgados por el FFDP fueron diseñados para cubrir las necesidades financieras específicas de cada provincia en el marco de la pandemia y las medidas sanitarias para su control.
Entre los fondos que el Gobierno nacional distribuyó en las empresas y las familias en todo el territorio nacional figuran los créditos productivos a tasa 24%, los préstamos a tasa 0% para trabajadores monotributistas y autónomos, y los préstamos a empresas otorgados en el marco del Programa Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP).
Todos estos créditos cuentan con garantía estatal (Fogar) y, en algunos casos, subsidio de tasa (Fondep), lo que permitió un aumento sustancial del crédito productivo, utilizado por las empresas para transitar la crisis, reforzar el capital de trabajo y reiniciar actividades cuando esto les fue posible.
Con respecto al salario complementario, que permitió sostener los del sector privado, el Gobierno destinó $ 204.089 millones, mientras que al Ingreso Familiar de Emergencia, diseñado para atender los ingresos de las y los trabajadores del mercado informal, se destinaron $ 258.013 millones.
El ATP (pago directo de una parte sustantiva de la nómina salarial privada) y el IFE fueron las dos políticas más importantes desarrolladas durante la pandemia, puestas en marcha pocos días después del inicio del ASPO.
Desde el 24 de marzo, cuando se publicó el DNU que dio lugar al Ingreso Familiar, se concretaron tres rondas que alcanzaron hasta 9 millones de beneficiarios con un monto de $ 10.000, mientras que el 1° de abril se puso en marcha la primera versión del ATP, que este mes cerró su séptimo ciclo.
Durante el mismo período también se destinaron fondos para reforzar la política alimentaria por $ 4.384 millones, y para otorgar recargas adicionales en las tarjetas, a fin de apoyar a familias con hijos e hijas menores de 6 años, por $ 7.718 millones.
A la vez, los bonos a los jubilados y pensionados, personas con discapacidad y perceptores de la Asignación Universal por Hijo, sumaron $ 43.560 millones.
El miércoles, el gabinete económico ratificó el fortalecimiento de los programas sociales mientras se reduce el paquete de ayuda de la pandemia: en diciembre se duplicará el monto de la Tarjeta Alimentar, que asiste a más de 1,5 millón de familias (unos 2,9 millones de niñas y niños), con una inversión mensual de $ 7.500 millones.
Del mismo modo el Estado fortalecerá durante el último mes del año las transferencias de fondos a municipios y gobernaciones para garantizar la asistencia alimentaria.
En este sentido la AUH sumará 723.000 nuevos niños y niñas que cobrarán el beneficio, entre los cuales 15.000 serán incluidos por la eliminación del tope de 5 hijos/as por familia.
En una segunda etapa se incluirán otros 300.000 chicos y chicas que están aún por afuera del sistema y no figuran en las bases de datos; asimismo, las familias beneficiarias de la AUH cobrarán el plus del 20% en diciembre, lo que demandará más de $ 20 mil millones.
A la par de estas medidas el Ministerio de Desarrollo Social puso en marcha el plan Potenciar Inclusión Joven, destinado a jóvenes de 18 a 29 años, que consiste en una beca de $ 8.500 a quienes presenten un proyecto productivo o social.
El plan Potenciar Trabajo, en tanto, busca reconvertir planes sociales en programas con una contraprestación laboral específica, para casi casi 600 mil beneficiarios.
A todas esas medidas tomadas por el Estado se añade el proyecto de ley enviado al Congreso nacional, relacionado con la asistencia a familias durante los primeros 1.000 días de un bebé (desde el momento de la gestación hasta que haya cumplido los 2 años).
Finalmente, para empresas que desarrollan sus actividades en sectores no críticos y sigan muy afectadas por la pandemia, el Estado relanzó el Programa de Recuperación Productiva (Repro), por el cual podrán acceder a una suma fija mensual de $ 9.000 por trabajador.
