Desde Ambiente en Lucha venimos impulsando la movilización para evitar la aprobación del proyecto megaminero, que quiere entregar la meseta al saqueo. Lo hacemos junto con las distintas asambleas de Chubut y la coordinadora nacional Basta de Falsas Soluciones.
La megaminería es una nueva forma de colonización, como dijo nuestro diputado nacional de Izquierda Socialista en el Frente de Izquierda, Juan Carlos Giordano, en la radio abierta que hizo esta semana la Asamblea de Vecinos Autoconvocados por el No a la Mina de Esquel.
El proyecto Navidad no va a solucionar la crisis económica provincial
Navidad es un proyecto megaminero en la zona de Gastre donde hace años querían poner un basurero nuclear. La canadiense Pan American Silver, que quiere explotarlo, estima que pueden extraerse 16 millones de onzas de plata anuales durante diecisiete años. La minera se llevaría unos 6.000 millones de dólares.
El gobierno promete aumentar las regalías a las empresas con la conformación de un “bono de compensación minera”, un “fondo fiduciario de infraestructura económica” y otros. Dice que las aumentará más de 3%, que es el máximo que permite el código minero menemista. Los “expertos jurídicos” dicen que esto sería “ilegal” y las mineras le iniciarían juicios a la provincia si antes no se deroga la ley nacional, algo que no va a ocurrir, entre otras cosas porque el gobierno nacional está a fondo con el desarrollo de la megaminería en todo el país.
De todas maneras, el proyecto Navidad estaría aportando de regalías solo 11 millones de dólares por año. Esto significa apenas el 4% de las actuales regalías petroleras. De esta plata, 5% sería destinado exclusivamente a la autoridad de aplicación de la ley de zonificación y a la autoridad de control ambiental. Los nuevos “fondos” que ingresarían estarían dedicados a la construcción de infraestructura para la zona, es decir, para la actividad minera y no para los habitantes de la provincia o de la misma zona afectada. O sea, las mineras se llevan 6.000 millones y dejan a la provincia 170 millones. ¡Un negocio redondo! Y nada de esto resolvería la miseria salarial de docentes y estatales, ni la destrucción de la educación y la salud pública provincial.
Fuente: Izquierda Socialista
