Unas 400 personas que se desempeñan como policías, que hace cinco meses produjeron una protesta para reclamar mejores salarios, fueron suspendidas este martes (09.02.2021) y quedaron al borde de la cesantía, informaron autoridades del área de Seguridad de Argentina.
Durante la protesta, los cuerpos uniformados habían llegado a rodear -armados y con sus vehículos- a la residencia oficial de Olivos (al norte de Buenos Aires,) aunque en aquellos momentos no se encontraba en el lugar el presidente Alberto Fernández. «No cumplieron con su misión de policías. No cumplieron con la ley», dijo el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, en declaraciones a una radio local.
A partir de la sanción, quedan desafectados del servicio y deben entregar su arma reglamentaria. En total, la oficina de Asuntos Internos investiga a unos 1.800 efectivos policiales involucrados. Las autoridades no descartan ampliar la lista de personas sancionadas.
Pese a que el Gobierno declaró ilegal aquella medida de fuerza, se dispuso una mejora en los ingresos de policías, activamente apoyados por exmiembros de la fuerza exonerados por delitos o faltas disciplinarias.
Sin embargo, al concentrarse frente a Olivos, y en otros predios de seguridad, quienes participaron en la protesta violaron normas sanitarias en vigor contra el COVID-19, que registra casi dos millones de casos y más de 49.000 muertes en un país de 45 millones de habitantes.
Los sumarios internos fueron elaborados por «gravísimas faltas administrativas», tras cinco meses de investigación. La fuerza policial bonaerense es la más grande de Argentina, con casi 90.000 agentes y goza de mala fama por casos de «gatillo fácil», entre otros delitos. Mientras dure la suspensión, las personas sancionadas cobrarán solo 50 por ciento de sus salarios e incluso podrían ser despedidas.
Mientras dure la suspensión, las personas sancionadas cobrarán solo 50 por ciento de sus salarios e incluso podrían ser despedidas.