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Esta semana se reúne el Consejo de Bienestar Policial, a la espera de una respuesta del Ejecutivo de Chubut sobre la deuda salarial y la necesidad de analizar un aumento para el personal. «La Policía está muy mal, desde 2019 que no recibimos aumento, estamos por debajo de la línea de pobreza», afirmó el suboficial Mayor Retirado, Julio Moreira, integrante del Consejo de Bienestar Policial.

Moreira advierte que la situación del personal policial es grave desde el punto de vista económico y socia, «hemos golpeado puertas con el Consejo de Bienestar y el señor Ministro Massoni, prometió que nos iba a atender y dijo que se preocupaba por la Policía, pero llegó marzo y no nos atendió, se burló de nosotros».

«Estamos todos los días custodiándolos a ellos y sus familias, y no reconocen el sacrificio del policía, que todos los días se juega la vida con la pandemia y la delincuencia. Hoy, la situación está muy complicada», expuso Moreira, quien denunció que «actualmente, en Puerto Madryn, un policía percibe un sueldo entre los $42.000 y $43.000 mensuales, tenemos un básico de $18.000».

Asimismo, detalló que «en Comodoro Rivadavia están ganando $53.000 y un suboficial mayor tiene un básico de $23.000, y la verdad es que cualquier empleado provincial está más alto que nosotros en ese ítem».

Notas dentro de un cajón

Por otro lado, Moreira manifestó que «estamos reclamando que se nos debe un mes a quienes están en actividad», sumando a ello que «a los jubilados y retirados nos deben los dos meses, los aumentos y ya estamos cansados, es un montón de dinero».
«Hace dos días se pasó una nota y el Jefe se comprometió a dar una respuesta en 72 horas, por lo que el viernes la tendríamos respecto de qué van a hacer con nosotros», indicó Moreira al señalar que esa respuesta sería tratada en reunión del Consejo de Bienestar Policial.

«No queremos llegar a eso»

Consultado sobre eventuales medidas de fuerza, considerando que la actual normativa impide que los integrantes de la Policía se sindicalicen, Moreira anticipó que «es algo que se verá con compañeros de toda la provincia, pero hay un malestar bastante complicado, es como si el policía hoy estuviera con temor» y aclaró que «tampoco incentivamos a que se haga un acuartelamiento o retención de servicios, porque ya vemos que somos fundamentales, pertenecemos a una institución que debe cuidar la seguridad y no queremos llegar a eso».

«Se viene fea la mano»

«Confiamos en el ministro Massoni y nos mintió, y nosotros no andamos con vueltas», sostuvo Moreira al remarcar que es necesario que se solucione la situación salarial, «porque se viene fea la ‘mano’», fundamentando que «hoy día, el policía a veces almuerza, pero no cena».

«Ellos nos dicen que esperemos a que ‘arreglen’ todos los gremios, pero nosotros no somos gremialistas ni tenemos gremio, queremos arreglar nuestro sueldo aparte; pero hoy hay un Consejo de Bienestar Policial puesto por ley», apuntó, remarcando que «algunos tenemos más de 30 años en la fuerza y queremos disfrutar de nuestra familia y de nuestros nietos».

Fuente: El Diario Web

Un testigo clave en el juicio en Estados Unidos contra el policía blanco acusado de asesinar al afroamericano George Floyd intentó evitar su comparecencia, debido a que podría incriminarse a sí mismo por otros cargos, mientras un instructor de uso de la fuerza de Minneapolis, donde ocurrió la muerte por asfixia que reabrió las heridas acerca del racismo en el país y generó masivas protestas, dijo que el agente fue entrenado para evitar precisamente la presión en el cuello de un detenido.

Floyd, de 46 años, fue arrestado el 25 de mayo afuera de un negocio de la ciudad de Minneapolis, en el estado de Minesota, luego de ser acusado de intentar paga con un billete falso. El video de un transeúnte mostró a Floyd llorando porque no podía respirar mientras otros espectadores le gritaban al policía Dereck Chauvin, acusado de asesinato y homicidio involuntario, que soltara al hombre negro, a quien inmovilizó tomandolo por el cuello durante más de nueve minutos .

Los fiscales buscan demostrar que la muerte de Floyd fue por asfixia, mientras que la defensa de Chauvin afirma que se debió a drogas ilegales encontradas tras la autopsia en el cuerpo de la víctima. Morries Hall, quien estaba con Floyd en su automóvil poco antes de su muerte, por lo que es un testigo clave, está bajo custodia y apareció hoy en la audiencia a través de un video tras haber sido citado para testificar.

El abogado de Hall dijo que «hay una acusación de que el Sr. Floyd ingirió una sustancia controlada mientras la policía lo sacaba del automóvil… Esto deja al señor Hall potencialmente incriminándose a sí mismo». De hecho, el defensor de Chauvin, Eric Nelson, confirmó que quería preguntar a Hall si había vendido o dado drogas a Floyd.

Luego de que la defensa de Hall argumentara que era imposible que su cliente testificara sin incriminarse a sí mismo, el juez Peter Cahill dijo que «hay un resquicio muy pequeño y estrecho que podría ser permisible», y que más tarde decidirá sobre la solicitud de no testificar, informó AFP.

En lugar de cerrar filas para proteger a un compañero, varios de los miembros más experimentados de la Policía de Minneapolis condenaron abiertamente el accionar de Chauvin ante Floyd y calificaron sus acciones como excesivas.

A la policía de Minneapolis se le enseña a sujetar a los sospechosos combativos con una rodilla en la espalda o los hombros si es necesario, pero se les dice que «se mantengan alejados del cuello cuando sea posible», testificó el teniente Johnny Mercil, un instructor de uso de la fuerza que se convirtió en el último miembro de la Policía en subir al estrado como parte de un esfuerzo de los fiscales para desmantelar el argumento de que Chauvin estaba haciendo para lo que fue entrenado cuando puso su rodilla en el cuello de Floyd.

Según el testimonio y los registros presentados este martes, Chauvin tomó un curso de 40 horas en 2016 sobre cómo reconocer a las personas en crisis, incluidas las que sufren problemas mentales o los efectos del consumo de drogas, y cómo usar técnicas de desescalada para calmarlos. Los registros muestran que Chauvin también recibió capacitación en el uso de la fuerza en 2018.

Mercil dijo que a los que asistieron se les enseñó que la santidad de la vida es una piedra angular de la política departamental y que los oficiales deben usar la menor cantidad de fuerza requerida para que un sospechoso cumpla.

Bajo el contrainterrogatorio del abogado de Chauvin, Mercil testificó que los agentes están entrenados en algunas situaciones para usar su rodilla sobre la espalda o el hombro del sospechoso y emplear su peso corporal para mantener el control.

Pero Mercil agregó: «Les decimos a los oficiales que se mantengan alejados del cuello cuando sea posible».

Nelson ha argumentado que el oficial blanco ahora despedido «hizo exactamente lo que había sido entrenado para hacer durante sus 19 años de carrera», y ha sugerido que las drogas ilegales en el sistema de Floyd y sus condiciones de salud subyacentes fueron la causa de su muerte y no por la asfixia de Chauvin.

Pero Chauvin había sido certificado para realizar resucitación cardiopulmonar, y la oficial de Minneapolis Nicole Mackenzie, que entrena a miembros de la fuerza en atención médica, testificó el martes que la política del departamento requería que comenzara la ayuda antes de que llegaran los paramédicos, si es posible.

Chauvin, quien fue despedido de la policía después del asesinato, se declaró inocente de los cargos y se enfrenta a una pena de hasta 40 años de prisión si el jurado lo encontrara responsable del cargo más grave que se le imputa, homicidio en segundo grado.

El hecho de violencia se registró este domingo por la madrugada, cerca de las 3, en Río Pico cuando un grupo de ebrios intentó ingresar a un bar ubicado en inmediaciones de la avenida San Martín y comenzó a generar disturbios.

Al tomar intervención el personal policial se constató que se trataba de un grupo de más de 20 personas, encabezados por el vicepresidente del Concejo Deliberante de la localidad; quienes ante la arenga del edil comenzaron a atacar a los uniformados.

Con golpes de puño y rebenques, el grupo comenzó a violentar a los uniformados que se vieron superados en cantidad y debieron pedir refuerzos a la Comisaría local, convocándose a efectivos que estaban de franco. Sin embargo, seguían en minoría por lo que se convocó a refuerzos de Gobernador Costa.

Luego del hecho, los sujetos de dieron a la fuga a contramano, alcoholizados y en 4 autos (un Volkswagen Voyage, un Ford Fiesta, un Citroën C3 y un Renault 9), festejando lo ocurrido y llevándose de “trofeo” la gorra de uno de los uniformados.

Una vez en la localidad, los efectivos de Gobernador Costa realizaron una recorrida y localizaron al Voyage e identificando a dos sujetos, los cuales comenzaron a insultar a los uniformados y terminaron siendo detenidos.

En cuanto al resto de las personas, están identificadas en su mayoría pero no hubo detenciones al momento.

En lo que respecta a los policías que fueron agredidos físicamente, uno sufrió la pérdida de un diente y otro lesiones en diferentes partes del cuerpo. Asimismo, uno sufrió la rotura de su chaleco antibalas y el patrullero terminó con daños materiales.

El ministro del Interior de Uruguay, Jorge Larrañaga, encabezó este miércoles una reunión virtual con los 19 jefes de Policía y los directores generales de su cartera, para coordinar los operativos para evitar aglomeraciones en todo el país durante la Semana de Turismo.

Según el sitio Subrayado, Larrañaga informó que, desde el 21 de diciembre pasado, cuando entró a regir la limitación del derecho de reunión, hasta ahora se realizaron 4.400 operativos “que han demostrado ser eficaces, eficientes, para buscar controlar las aglomeraciones”.

“Ahora cambia el contexto, la situación es más compleja”, afirmó el ministro y adelantó que se destinarán unos 2.500 efectivos policiales para controlar las aglomeraciones en todo el país.

“Tenemos el aval del Poder Legislativo por 120 días más para seguir actuando en la limitación del derecho de reunión y para controlar las aglomeraciones”, enfatizó.

Larrañaga comprometió los máximos esfuerzos de la Policía Nacional y del Ministerio del Interior “para luchar contra el Covid y para preservar la salud de la población”.

“Para continuar con el esfuerzo de procurar lo que es objetivo del gobierno y objetivo nacional, que las vacunas le ganen a los contagios, que las vacunas y la inmunización puedan ir hacia adelante para disminuir los contagios y poder controlar la epidemia”, subrayó el titular de Interior.

Fuente: M1

Luego de varias denuncias de vecinos de Corcovado contra la policía por «apremios», se dispuso el traslado de todos los integrantes de la Comisaría de la localidad.

Ante una serie de denuncias que le llegaron al ministro de seguridad de Chubut a través de redes sociales, según indicó, se tomó la decisión. Además destacó que los fiscales de la región le comentaron que tienen también varias presentaciones por apremios que son investigadas en ese ámbito.

Una de las denuncias fue la de un joven que a través de redes sociales contó que el personal policial del lugar lo habría perseguido y golpeado tres oportunidades. Ahora sólo quedaría el Jefe policial, porque asumió hace pocos días.

Al respecto, el ministro de seguridad señaló que se trata de localidades chicas y no es difícil individualizar a los protagonistas, pero para evitar más inconvenientes decidió remover del lugar a todos los efectivos de la fuerza, lo que estaría concretado para el viernes. «Se dispuso el cambio todos los integrantes de la comisaría, queda sólo el comisario» remarcó.

Asimismo, indicó que tomó contacto con la familia de una de las personas que denunciaron. «Hablé con la madre de una de las víctimas y me pareció muy razonable lo que me explicó» dijo a El Chubut.

La Denuncia 

El joven relató que: «hoy decido hacer esto público porque ya es la cuarta vez que me pasa. La primera me secuestraron mi auto y le pusieron azúcar al motor para que se rompa, la segunda me volvieron a secuestrar el auto y me agredieron físicamente (esa vez solo fue una cachetada). La tercera no solo me secuestraron el auto sino que también me golpearon, causándome una abertura en la cabeza, la cual tuvieron que hacerme puntos y me robaron mi celular».

Y destacó que «Todas esas veces la excusa era que andaba en estado de ebriedad o fuera del horario permitido, pero esa no es la manera de actuar y menos contra un pibe como yo, que como todos saben no jodo a nadie, no me meto con nadie, nunca estuve metido en quilombos, jamás uso cuchillo ni agredí a ninguna autoridad, ni siquiera insultos. El pueblo es chico, todos nos conocemos y saben cómo soy».

Según indicó, en la cuarta oportunidad, explicó «fue un caso de total abuso de poder, ya que me estaba yendo a Esquel y tuve un accidente en la ruta, se me fue el auto para afuera, llegaron los policías primero y me llevaron al hospital, desde el hospital la doctora que me atendió (que fue testigo de todo), dijo que estaba bien, que no me había pasado nada», aunque al salir del centro asistencial, sostuvo, «me agarran los policías y me llevan a la comisaría, me meten al calabozo y se acerca un policía que estaba de civil en ese momento, en pantalón corto y sin el uniforme policial, a pegarme sin ningún motivo. Luego de eso me llevan al hospital, y la misma doctora que se da cuenta de la situación me deriva a Esquel y no me entrega a ellos, porque tenía miedo de que me maten», relató.

El joven señaló que todas las denuncias están hechas en Fiscalía, «pero nadie hace nada. La policía de Corcovado tiene dentro de su institución a varios policías corruptos y abusivos que no es necesario dar sus nombres, ya que el pueblo es chico y todos sabes quiénes son (los mismos de siempre). Hoy decido hacer esto público, porque tengo miedo de que si hay una próxima vez, no sé si la cuento», lamentó.

Joven discapacitado golpeado por la policía

El caso ocurrió la madrugada del lunes 22 de febrero y tiene dos versiones totalmente distintas: la oficial, la que esgrimió el polémico Massoni (ministro de Seguridad) en una conferencia de prensa, en la que cuestionó la actuación de la jueza que intervino en el hecho; como si él hubiera sido testigo del episodio, y la de los acusados de haber atacado a unos “inofensivos” policías que andaban de patrullaje.

Dos datos a tener en cuenta. Uno de los “inofensivos” policías ya ha tenido problemas con otros pobladores y uno de los supuestos agresores es un joven que tiene una discapacidad en una mano.

Desde que Massoni asumió al frente del Ministerio de Seguridad de la provincia son innumerables los hechos de violencia policial contra civiles. Solo basta con hacer memoria y recordar la seguidilla de casos que hubo en Trelew el año pasado, durante los primeros meses de cuarentena o los de Madryn en donde a los tiros con balas de goma desconcentraron una reunión familiar en la que había pequeños y gente mayor.

También en Comodoro se registró una sucesión de episodios de esta característica y ninguno todavía ha sido dirimido en la Justicia porque los fiscales de Miquelarena tienen las “denuncias cajoneadas”, tal como se viene poniendo en evidencia a través de sucesivas publicaciones que se han hecho en este portal de noticias.

El caso de Cholila ha originado cierta indignación entre algunos pobladores de la localidad porque al parecer los hechos no ocurrieron como trascendió en los medios de prensa que le son afines al charlatán de Massoni y habría testigos que lo acreditarían sin son llamados a declarar ante la Justicia.

Por eso debe haber sido que la jueza interviniente no tomó ninguna medida con los jóvenes que fueron acusados de haber atacado sin ningún motivo a unos policías que –según dijo Massoni—andaban de patrullaje.

A continuación se transcribe la denuncia que hicieron los supuestos agresores de los policías, a los que en Lago Puelo no les quisieron tomar una ampliación porque los empleados judiciales estaban de paro.

“Siendo el día 25 de febrero de 2021, en la localidad de Cholilla, de la provincia de Chubut; ante usted se presentan Romero Lucas Damián, Roberts Jeremías Jerusalén, y Huenelaf Roy para ampliar la denuncia hecha el 24 de febrero de 2021, vía correo electrónico a la fiscalía de Lago Puelo a la hora 16:21 contra los policías Troncoso Alex, Castillo Pablo y Hermosilla Natalia, de la policía de la localidad de Cholilla; los cuales llevaron a cabo un abuso de autoridad generando un pleito en el que hubo lesiones producidas por los oficiales TRONCOSO y CASTILLO hacia nosotros; y también una amenaza e intimidación con arma de fuego, por parte del oficial CASTILLO”.

Luego de esta introducción, los denunciantes cuentan su versión del hecho por el cual fueron acusados por los policías de los cargos de atentado y lesiones contra ellos.

“Los hechos ocurrieron la madrugada del 23 de febrero del año 2021, luego que fuéramos a verificar la presencia de un auto frente a la tranquera del campo de Jeremías Roberts por miedo de que pudiera ser un robo, ya que habíamos denunciado uno anteriormente en ese mismo campo (agregando que por la misma nunca tuvimos respuesta), y queremos dejar en claro que el lugar de los hechos es un terreno privado propio”.

“Al ver que era la policía, nos bajamos y dialogamos tranquilamente (con ellos), les explicamos porqué habíamos ido a verificar su presencia en el lugar; ellos nos dijeron que estaban haciendo la recorrida de rutina y a la hora de despedirnos nos subimos a nuestro vehículo cuando en ese momento el oficial CASTILLO siendo conductor del patrullero, da la vuelta y se nos pone al lado y nos dice de manera prepotente y violenta, que nos iba a hacer una infracción vehicular por tener un foco roto, a lo que el dueño del vehículo le responde que tenía los repuestos pero que no había tenido tiempo de cambiarlo”.

“Luego de eso el oficial CASTILLO se descontroló, bajó del patrullero y se acercó a nuestro vehículo, ante lo cual también se bajó el dueño de nuestro vehículo. Primero, hubo un cruce de palabras hasta que el oficial intentó reducir a Jeremías Roberts y este respondió con un empujón, originándose un forcejeo y golpes entre los ambos”

En eso, yo Lucas y la oficial Natalia (Hermosilla) intentamos separarlos y lo logramos, al punto que se terminó el pleito. Pero luego, otra vez el oficial CASTILLO comenzó a agredirnos verbalmente, a incitar a la violencia, generando un nuevo pleito entre ambos oficiales y nosotros. Fueron forcejeos y golpes e inesperadamente el oficial CASTILLO sacó su arma y disparó al aire, teniéndonos, en especial a mí, muy cerca de él, lo que hizo que todos quedemos impactados y sintiendo miedo por lo que podía pasar, ya que cabe agregar la relación con el oficial CASTILLO viene siendo mala desde tiempo atrás por la manera que se ha dirigido a nosotros en reiteradas ocasiones. Lo alumbramos con el celular y le dijimos que teníamos todo filmado, y en ese momento el oficial CASTILLO se desesperó, subió rápidamente al auto, llamó a sus compañeros para que subieran también al patrullero, y se fueron del lugar sin decirnos nada”, cuenta el denunciante.

“Por no saber cómo reaccionar, ese mismo día a la tarde no hicimos la denuncia, ya que teníamos miedo de denunciar en la misma comisaría donde trabajan estos policías y no sabíamos dónde más dirigirnos. Ese mismo día, a la tarde-noche, se nos informó en nuestros domicilios particulares sobre denuncia por atentado y lesiones (en perjuicio de) los policías y al otro día, el 24 de febrero, nos citaron a la comisaria para informarnos de la imputación y tomarnos nuestros datos”, recuerda.

“A continuación nos fuimos a la localidad del El Hoyo, a formular la denuncia correspondiente en la sede de la fiscalía de ese lugar pero al llegar nos dijeron que no tomaban denuncias por estar en paro por temas laborales, y nos dejaron un correo al cual estoy en este momento mandando esta denuncia”, agrega.

En los últimos siete años, uno de cada nueve policías bonaerenses fue acusado de violencia de género. Cualquiera de ellos podría ser Matías Ezequiel Martínez, el femicida de Úrsula Bahillo.

El porcentaje de sanciones expulsivas es escasa: más de un 80% de los investigados por Asuntos Internos siguen en funciones actualmente. A través de un pedido de información pública y el análisis de los datos oficiales, indagamos acerca de lo que pasa cuando la violencia machista se combina con el monopolio de la fuerza.

Matías Ezequiel Martínez, el policía bonaerense que hace cuatro días pasó a engrosar la interminable nómina de femicidas, no estaba solo. Otros 5.955 uniformados varones acusados de violencia machista entre 2013 y 2020 lo acompañan en una lista extensa. La cifra, que es oficial y a la que Perycia accedió a través de un pedido de acceso a la información pública, es muy alta: significa que en los últimos siete años, uno de cada nueve policías hombres ha sido denunciado en la Auditoría General de Asuntos Internos (AGAI) por ejercer violencia de género. A ese número hay que sumarle otro imposible de precisar: quienes nunca serán denunciados. Por miedo.

Hay un dato adicional que vuelve aún más inquietante el panorama: la escasa capacidad (¿y voluntad?) de autodepuración que existe en la Fuerza. Cada vez que un agente policial es denunciado por agredir a una mujer en una dependencia policial o judicial, se abre una Investigación Sumarial Administrativa (ISA) en la Auditoría General de Asuntos Internos (AGAI). Pero la gran mayoría de ellos cumple una suspensión corta y se reintegra a la Fuerza: más del 80% de los casi seis mil agresores siguen en funciones actualmente. Con su arma reglamentaria en la mesa de luz, además de en la cartuchera.

Fuente: El extremo sur de la Patagonia.

Unas 400 personas que se desempeñan como policías, que hace cinco meses produjeron una protesta para reclamar mejores salarios, fueron suspendidas este martes (09.02.2021) y quedaron al borde de la cesantía, informaron autoridades del área de Seguridad de Argentina.

Durante la protesta, los cuerpos uniformados habían llegado a rodear -armados y con sus vehículos- a la residencia oficial de Olivos (al norte de Buenos Aires,) aunque en aquellos momentos no se encontraba en el lugar el presidente Alberto Fernández. «No cumplieron con su misión de policías. No cumplieron con la ley», dijo el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, en declaraciones a una radio local.

A partir de la sanción, quedan desafectados del servicio y deben entregar su arma reglamentaria. En total, la oficina de Asuntos Internos investiga a unos 1.800 efectivos policiales involucrados. Las autoridades no descartan ampliar la lista de personas sancionadas.

Pese a que el Gobierno declaró ilegal aquella medida de fuerza, se dispuso una mejora en los ingresos de policías, activamente apoyados por exmiembros de la fuerza exonerados por delitos o faltas disciplinarias.

Sin embargo, al concentrarse frente a Olivos, y en otros predios de seguridad, quienes participaron en la protesta violaron normas sanitarias en vigor contra el COVID-19, que registra casi dos millones de casos y más de 49.000 muertes en un país de 45 millones de habitantes.

Los sumarios internos fueron elaborados por «gravísimas faltas administrativas», tras cinco meses de investigación. La fuerza policial bonaerense es la más grande de Argentina, con casi 90.000 agentes y goza de mala fama por casos de «gatillo fácil», entre otros delitos. Mientras dure la suspensión, las personas sancionadas cobrarán solo 50 por ciento de sus salarios e incluso podrían ser despedidas.

Mientras dure la suspensión, las personas sancionadas cobrarán solo 50 por ciento de sus salarios e incluso podrían ser despedidas.

 

Entre los efectivos comenzaron a circular mensajes en rechazo a los dichos de Berni, que habló de “sacar a los tiros” a quienes tomen una comisaría.

El 11 de febrero podría realizarse una protesta de policías bonaerenses en la Costa Atlántica en reclamo de mejoras salariales y este viernes el ministro de Seguridad de la Provincia, Sergio Berni, advirtió que no tolerará ninguna medida de fuerza: “¿Qué voy a hacer si me toman una comisaría? Voy y los saco a tiros.”.

Luego de que se hicieran públicas estas palabras, en las redes los efectivos comenzaron a compartir mensajes que acusan a Berni de “amedrentar” y “despertar provocación”. También piden “escuchar y solucionar definitivamente las reales necesidades del personal” y critican las amenazas de abrir un sumario a agentes que se quejaron de que “no tenían combustible” para patrullar. En algunas localidades, como City Bell, vecinos también llaman a hacer un “alarmazo” contra la inseguridad.

Sergio Berni: “Si me toman una comisaría voy y los saco a los tiros”

En este contexto, en el Ministerio de Seguridad y la administración de Axel Kicillof, temen que se de una situación similar a la vivida en septiembre, cuando miles de agentes salieron a las calles sin conducción formal.

Desde la cartera que conduce Berni le brindaron a TN.com.ar una respuesta tajante: “Cualquiera que intente tomar una comisaria será tratado como lo que esta haciendo y obviamente tendremos el apoyo de aquellos que defienden la democracia frente a estos intentos. Los que se pongan del lado de los insurrectos deberán dar explicaciones a la sociedad”.

“La insurrección de septiembre fue un acto fuera de la ley. Si ellos están molestos que lean la ley y el reglamento”, recalcaron.

La convocatoria a la protesta se lleva adelante a través de las redes sociales y desde una página de Facebook llamada “Policías Reclamando”, que tiene 56 mil seguidores.

“Nos comprometimos a una reparación histórica”
“Nosotros con el gobernador Kicillof nos comprometimos a una reparación histórica: equiparar a los policías bonaerenses con los sueldos de las fuerzas federales, y ya empezamos por los escalafones más bajos”, aseguró Berni en diálogo con Clarín. El funcionario precisó que la propuesta de la Provincia debe ser aceptada ya que “esto no es una negociación”.

En septiembre de 2020, tras una semana de tensión y protestas, la gestión de Kicillof llegó a un acuerdo salarial con los uniformados. Allí anunciaron que el ingreso mínimo de bolsillo de un policía bonaerense trepaba a $44.000. Además se llevó a $5.000 el dinero estipulado para el uniforme y una mejora en las horas cores (extras), que pasaron de 40 a 120 pesos.

El jueves, en un acto de entrega de patrulleros en Escobar, Kicillof multiplicó la críticas contra la gestión anterior: “Veo los patrulleros y cuando Ariel (Sujarchuk) me dice que durante los cuatro años anteriores perdió efectivos policiales y que cuando asumimos en el distrito quedaban 20 patrulleros, yo me pregunto qué hubiera pasado si en vez de pagar publicidad en las redes sociales y llenar de carteles con lo que teóricamente estaban haciendo, ponían los patrulleros, los sueldos para la policía y se dedicaban a las cosas serias y reales en lugar de trabajar en la virtualidad, propaganda y el verso”.

Dos agentes de la policía del Capitolio de EE.UU. fueron suspendidos —y hasta 15 más están bajo investigación— por su comportamiento durante el asalto al Capitolio de la semana pasada, y los agentes federales analizarán si los agentes de la ley actuales y anteriores desempeñaron un papel en el motín.

Uno de los agentes de policía del Capitolio se tomó una selfi con alguien que era parte de la turba que se apoderó del Capitolio y el otro usó una gorra de «Make America Great Again» y comenzó a dirigir a la gente alrededor del edificio, según el representante demócrata Tim Ryan, de Ohio. No reveló cuántos otros agentes estaban bajo investigación, pero confirmó que eran entre 10 y 15, y no dijo por qué estaban siendo examinados, excepto que fue su comportamiento durante el motín.

El FBI dice que ha recibido información sobre «protestas armadas» en los 50 capitolios estatales
Los miembros demócratas de la Cámara han planteado preguntas sobre posibles simpatías por los atacantes entre las filas de la Policía del Capitolio de Estados Unidos. Esa agencia no ha respondido a la solicitud de comentarios de CNN.

El jefe disciplinario de la mayoría de la Cámara de Representantes, Jim Clyburn, un demócrata de Carolina del Sur, se encuentra entre los que tienen otras preguntas sobre si algunos agentes de la Policía del Capitolio ayudaron a los manifestantes y fueron cómplices de la insurrección del miércoles. Clyburn, por ejemplo, dijo que era sospechoso que los agitadores supieran la ubicación de las oficinas de los legisladores.

Los primeros videos, uno que muestra a un partidario de Trump tomándose una selfi con un agente de policía cerca de una entrada al Capitolio y otro que parece mostrar a la policía dejando entrar a los manifestantes al edificio, se volvieron virales en las redes sociales.

Más tarde se descubrió que el segundo video fue tomado una hora después de que el Capitolio fuera penetrado por la turba.

La representante Zoe Lofgren, una demócrata de California que preside uno de las comisiones de la Cámara de Representantes que supervisan a la Policía del Capitolio, dijo que habría una investigación sobre esos videos.

Descifrando los símbolos y grupos extremistas en la insurrección del Capitolio de EE.UU.
«Varias redes sociales han indicado preocupaciones sobre agentes individuales que, ya sabes, si miras el video, pueden haberse tomado selfis con estos sediciosos o incluso haberlos dejado entrar», dijo Lofgren.

«Necesitamos investigar eso a fondo, pero también sé que hubo muchos agentes que respondieron con tremenda valentía. Muchos agentes resultaron heridos al proteger el Capitolio y les agradecemos su patriotismo en la protección de este templo de la democracia».