La Secretaría de Comercio Interior imputó a ocho empresas de planes de ahorro previo para la compra de vehículos 0 kilómetro, por presuntos incumplimientos de la obligación legal de publicar los contratos modelo y, algunas de ellas, por establecer jurisdicciones de reclamos lejanas al domicilio de las y los consumidores.
A través de la Subsecretaría de Acciones para la Defensa de las y los Consumidores, se imputó a las empresas Nissan Argentina Plan de Ahorro; Toyota Plan Argentina de Ahorro; Chevrolet de Ahorro; Plan Rombo; Plan Ovalo; Volkswagen de Ahorro; Círculo De Inversores Unipersonal; y FCA de Ahorro.
A partir de una investigación de oficio, la Dirección Nacional de Defensa del Consumidor y Arbitraje en Consumo detectó que estas empresas «no habrían cumplido con la obligación de publicar una copia del contrato modelo de adhesión».
Por otra parte, cinco de estas empresas también fueron imputadas por incluir en los contratos de adhesión presuntas cláusulas de prórroga de jurisdicción, lo cual implica una violación a los derechos de poder realizar reclamos y litigar en la jurisdicción correspondiente al domicilio del comprador.
De acuerdo con un comunicado, la Dirección Nacional de Defensa del Consumidor y Arbitraje en Consumo realiza regularmente investigaciones de oficio para verificar que las empresas proveedoras de bienes y servicios cumplan con la normativa vigente y no vulneren los derechos de las y los consumidores.
Esto surge del trabajo de monitoreo de cumplimiento de la normativa de la cual es autoridad de aplicación para prevenir inconductas por parte de las empresas más allá de los reclamos que realizan los afectados.
Comercio Interior señaló que las empresas imputadas administran los planes de ahorro para la venta de automóviles de las automotrices, con las que tienen una relación meramente contractual para la venta de vehículos bajo la modalidad de plan de ahorro previo.
Las empresas cuentan con 5 días hábiles para hacer el descargo correspondiente y dar las explicaciones del caso, y luego continúa el proceso administrativo para determinar si corresponden sanciones.