A través de un informe, el Sistema de Naciones Unidas en Argentina alertó sobre “la conservación y el uso sostenible” de los humedales en el país. El contexto es urgente: crisis climática, pérdida de biodiversidad e incendios. Fue precisamente ante la enorme crisis de las quemas intencionales en el delta del Paraná en 2020 que el tema se introdujo con fuerza en la arena pública con la consigna “Ley de humedales ya”. Un proyecto -unificado en base a quince iniciativas, incluida la del FIT Unidad – llegó a tener dictamen de una comisión, pero nunca llegó al recinto.
Con enfoque en la justicia ambiental, el extenso documento que presentó la ONU Argentina en colaboración con ACNUDH, FAO Argentina, PNUD, ONU Ambiente, OPS y Unesco atraviesa diferentes esferas de la problemática de estos territorios donde el agua es protagonista. Con apartados que desarrollan desde la normativa internacional y constitucional a los “servicios ecosistémicos” y el financiamiento, su fin es influenciar directamente en el debate legislativo.
La presentación virtual se realizó el Día Mundial del Agua y sus oradores principales fueron Roberto Valent, coordinador del SNU Argentina, y María Eugenia di Paola del PNUD. Además, fueron invitados autoridades de los Ministerios de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Agricultura, Ganadería y Pesca, Gladys González, presidenta de la comisión ambiental del Senado, y Andrés Nápoli, titular de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN).
El avance de la pandemia y la aceleración del cambio climático global, ya con estatus de emergencia, son el marco general de la propuesta. El trabajo apunta que los humedales, proveedores agua, alimentos, biodiversidad e infraestructura para el sostén de medios de vida y economías locales y nacionales, “son esenciales para lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible” que aprobaron los Estados miembros de la ONU en 2015, con énfasis en “poner fin a la pobreza y proteger el planeta”. Su conservación es una medida que juzga clave para abordar tanto la degradación de la naturaleza como la crisis climática, ya que son reservorios de dióxido de carbono y reguladores de temperatura.
Es obligación del Estado, señala el reporte, garantizar un ambiente “sin riesgos, limpio, saludable y sostenible”, y menciona especialmente a las comunidades más vulnerables, a la infancia y a los pueblos originarios, cuya salud, alimentación y hasta cultura se ven afectadas por la destrucción de humedales.
A nivel planetario, los humedales han venido en franco declive desde la década de 1970, perdiéndose un 35 %, según consignan a partir del Informe de Perspectiva Mundial sobre los Humedales de 2018. Allí la Convención Ramsar señala que “si bien a escala mundial todavía cubren una superficie mayor que la de Canadá, los humedales están disminuyendo rápidamente”, y las poblaciones de especies de animales continentales se redujeron un 81 %, mientras que en el caso de las costeras y marinas la pérdida llegó al 36 %.
Estos ecosistemas esenciales se encuentran de norte a sur de nuestro país, que adhirió a la Convención Ramsar a través del Congreso en 1991. Los emprendimientos productivos, forestales e inmobiliarios de diversa índole los han alterado significativamente, afectando a su vez la diversidad biológica que albergan y derechos fundamentales de las comunidades cuya subsistencia depende de ellos. Están detrás del saqueo del agua y las quemas para rebrote en las islas del Paraná, pero también en el relleno de humedales y las fumigaciones con agrotóxicos en la ecorregión del Iberá, la zona norte y las reservas naturales del sur del Gran Buenos Aires.
Fuente: La Izquierda Diario
