Recientemente fue conocida la propuesta de Mariano Arcioni enviada al Poder Legislativo donde se requiere que el fiscal Daniel Báez, un oscuro funcionario sospechado de actos de corrupción y cuestionado por relacionarse íntimamente con un narcotraficante, sea designado para ocupar el cargo de magistrado en un órgano tan importante para los derechos de los chubutenses como el Superior Tribunal de Justicia.
Eduardo Hualpa, el actual coordinador de la Patagonia del Centro de Acceso a la Justicia, dependiente del Ministerio de Justicia de la Nación, ni bien tuvo conocimiento de esto salió al cruce por las redes sociales y se rumorea que realizará una presentación judicial puesto a que sostiene que la terna propuesta por el poder ejecutivo es arbitraria, aduciendo que se habrían omitido los pasos legales correspondientes que incluyen la obligación de requerir la participación de los ciudadanos emitiendo opinión sobre los candidatos.
Hualpa considera que la “propuesta” de Arcioni es una “grave violación legal” donde se deja afuera de decisiones de tal envergadura a todos los chubutenses.
En una extensa publicación en su perfil de Facebook explicó cuáles fueron los procedimientos que se saltearon, donde se destaca no haber sido publicada la propuesta en el Boletín Oficial por 2 días ni en diarios de circulación provincial por 3 días, como así lo exige la ley V-152 en su artículo 5. Tampoco se convocó a los ciudadanos, organizaciones no gubernamentales, colegios y asociaciones profesionales, ni a las entidades académicas y de derechos humanos para que presenten en el poder ejecutivo por escrito y con fundamentación las posturas y observaciones que consideren de interés expresar en relación a los candidatos a ocupar esos cargos (artículo 7, ley V-152).
Es decir, lo que pasó fue una propuesta emanada por el gobernador a espaldas del pueblo para ocupar un cargo tan crucial como lo es ser miembro del Superior Tribunal de Justicia. Un órgano del Estado de derecho que podría ser en el futuro un actor clave ante cualquier conflicto que se pueda generar en el ámbito judicial con controversiales proyectos gubernamentales como la Megaminería.
Recordemos que el fiscal general madrynense Daniel Báez es más conocido en su profesión por parte del ciudadano común por estar sospechado de graves actos de corrupción como: proteger a miembros del poder público que cometen delitos, relacionarse amistosamente con un narcotraficante (Omar “cura” Segundo), participar de supuestas persecuciones políticas a los medios opositores en colaboración del ministro de Seguridad Federico Massoni, haber sido el presunto autor intelectual del secuestro “express” de la ex – funcionaria fiscal Sandra Nieves Sancha, Incautar ilegalmente dispositivos informáticos de un periodista con el fin de averiguar sus fuentes de información, etc. Un personaje de éstas características es la que iríamos a tener en el tribunal supremo de la provincia, decidiendo sobre situaciones legales delicadas de los ciudadanos, en caso de que se llegue a aprobar esa terna.